STS 64/2017, 8 de Febrero de 2017

La sentencia impugnada, dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha 17 de mayo de 2016 , condena a los recurrentes como autores de un delito de asesinato a la pena de diecisiete años y seis meses de prisión y como autores de un delito de robo con violencia en casa habitada a una pena de tres años y seis meses. Frente a ella se alzan los presentes recursos, interpuestos por los dos condenados y por la acusación particular, fundados en un total de siete motivos.

Los hechos declarados probados consisten, en síntesis, en que los dos acusados, puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito, se dirigieron la mañana del 9 de junio de 2012 a un domicilio de la localidad de Villaconejos (Madrid), que consistía en una casa de dos plantas con dos viviendas.

Encontrando vacías las viviendas, lo que comprobaron llamando reiteradamente al timbre, procedieron a entrar en la casa, para lo cual uno de ellos saltó con la ayuda del otro el muro de la vivienda por su parte trasera, accediendo a un patio y permitiendo la entrada del otro. Utilizando una escalera, que se encontraba en el lugar, se introdujeron por la ventana de la cocina del piso superior, que los inquilinos habían dejado abierta.

Una vez en la vivienda superior, se apoderaron de una serie de objetos. Posteriormente los acusados se dirigieron al piso de abajo, abriendo la puerta principal de acceso al domicilio, con la finalidad de encontrar otros bienes de que apoderarse, siendo sorprendidos por su propietario Luis Pablo , de 79 años de edad, que había regresado a la vivienda. Al verse sorprendidos, tanto para evitar ser identificados como para asegurar su propósito de enriquecimiento, procedieron a golpear repetidamente a Luis Pablo en la cabeza, ocasionándole varias contusiones a nivel craneal; seguidamente le ataron de pies y manos, utilizando una camiseta y un cordón blanco, para las manos y un cordón de similares características para los pies y le colocaron una toalla alrededor del cuello, que le tapaba los orificios respiratorios, dándole muerte por asfixia mecánica por estrangulación, así como por sofocación.

RECURSO DE Victor Manuel .

El primer motivo del recurso interpuesto por esta representación, por infracción de ley, alega vulneración de los arts. 237 , 238 , 240 y 241 2 CP, así como 21 7º en relación con el 21 4º del mismo texto legal .

Por lo que se refiere al robo la parte recurrente estima que deben ser calificados separadamente el robo cometido en el piso superior, que el recurrente califica como un robo con fuerza en casa habitada, y el del piso inferior, que el recurrente considera que no llegó a cometerse porque la propia sentencia estima no acreditado que se sustrajesen bienes en dicha planta, por lo que únicamente debería ser condenado el recurrente por el robo del piso superior.

En segundo lugar, se impugna la desestimación de la atenuante de confesión, por estimar que el recurrente ha aceptado haber participado en los hechos e incluso ha denunciado al otro recurrente, por lo que se le debe apreciar la concurrencia de la atenuante.

El art. 242.1 C. Penal castiga al culpable de robo con violencia o intimidación con la pena de prisión de dos años a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase. Dicho delito queda cualificado como agravado. "cuando el robo se cometa en casa habitada o en cualquiera de sus dependencias", castigándose con la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.

El cauce casacional elegido impone el respeto del relato fáctico. Como señala la sentencia de instancia, en el caso presente se ha acreditado, que los acusados, guiados del ánimo de apoderarse de bienes o dinero ajenos, se introdujeron en una casa de dos plantas accediendo al patio de la misma, tras saltar el muro que cerca la finca, y una vez en el interior se apoderaron en el piso superior de los objetos y dinero reseñados en los hechos probados. En el desarrollo de su acción son sorprendidos en la planta baja por el dueño de la casa, al que dan muerte. El hecho configura, en consecuencia, un delito de robo con violencia en las personas.

La concurrencia de un robo con fuerza en las cosas, respecto de la vivienda superior, y un robo con violencia, respecto de la vivienda inferior, en una misma acción y sin solución de continuidad, debe resolverse, como concurso de normas, por el principio de especialidad, castigándose el delito más grave, que es el robo con violencia.

En consecuencia, la primera de las alegaciones del motivo queda desvirtuada.

Por lo que se refiere a la atenuante de confesión, el recurso debe ser desestimado por las razones ya expuestas en la sentencia de instancia. En efecto, ha señalado esta Sala que la apreciación de la atenuante analógica de confesión requiere que se dé en el caso concreto una cooperación tangible de la persona acusada de cierta relevancia y también se considera necesario un grado importante de veracidad en sus manifestaciones ( SSTS 11 de julio de 2013 y 5 de noviembre de 2013 ).

En el caso presente, la confesión es tardía, dado que cuando el recurrente declara ya se conocían los hechos delictivos, así como sus posibles autores, y el recurrente ya estaba identificado, siendo localizado cuando se encontraba en prisión en Italia.

Asimismo, la confesión es parcial, pues el recurrente sólo reconoce su participación en el robo, pero no en el delito más grave, que es el asesinato.

Y, en cualquier caso, se trata de una confesión inveraz, pues el recurrente trata de imputarle el asesinato al otro acusado para conseguir su impunidad.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

El segundo motivo, por error en la valoración de la prueba al amparo del art 849 2º de la Lecrim , se apoya como documento en el informe pericial para negar la participación del recurrente en el asesinato.

Se alega también, al amparo del art 852 de la Lecrim , vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, por estimar el recurrente que no está acreditada su intervención en el asesinato.

Desde la primera perspectiva, error en la valoración de la prueba al amparo del art 849 2º de la Lecrim , la desestimación del motivo se impone dado que se vulneran de modo manifiesto los requisitos de este cauce casacional.

La doctrina de esta Sala (Sentencias de 23 de marzo de 2012, núm. 209/2012 y 28 de febrero de 2013, núm. 128/2013 , entre otras muchas) considera que para que quepa estimar que ha habido infracción de ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba en los términos prevenidos en el art.849.2º de la Ley Enjuiciamiento Criminal , es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir que sea un documento propiamente dicho el que acredite el dato de hecho contrario a aquello que ha fijado como probado la Audiencia, y no una prueba de otra clase, por más que esté documentada en la causa; 2º) Que este documento acredite la equivocación del Juzgador, esto es, que en los hechos probados de la Sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar; 3º) Que, a su vez, ese dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal, que conoció de la causa en la instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas, y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la Lecrim .; 4º) Por último, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos, de hecho o de derecho, que no tienen aptitud para modificarlo.

Asimismo la doctrina de esta Sala (sentencia 834/96, de 11 de Noviembre , entre otras muchas), admite excepcionalmente la virtualidad de la prueba pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia impugnada en casación cuando: a) existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes, y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario; b) cuando contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen.

En ambos casos cabe estimar acreditado documentalmente el error del Tribunal. En el primero porque, asumiendo el informe, el texto documentado de éste permite demostrar que ha sido apreciado erróneamente al incorporarlo a los hechos probados de un modo que desvirtúa su contenido probatorio. En el segundo porque, al apartarse del resultado único o coincidente de los dictámenes periciales, sin otras pruebas que valorar y sin expresar razones que lo justifiquen, nos encontramos, como dice la sentencia núm. 310/95, de 6 de marzo , ante un "discurso o razonamiento judicial que es contrario a las reglas de la lógica, de la experiencia o de los criterios firmes del conocimiento científico".

En el caso actual la Sala sentenciadora no solo no se ha apartado del resultado de la prueba pericial, sino que se apoya completamente en ella, pues una de las consideraciones que formularon los Médico forenses, tanto en el informe de autopsia como en el plenario, es que al menos dos personas intervinieron en la acción de dar muerte a la víctima, por lo que la prueba pericial no solo no acredita error alguno del Tribunal sentenciador, sino que reafirma su acierto.

En consecuencia, este primer submotivo, por error de hecho, debe ser desestimado.

La segunda alegación, dentro de este mismo motivo, invoca el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas, c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior ( art 14 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ).

En reiterados pronunciamientos esta Sala viene manteniendo que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.

En el caso actual la Sala sentenciadora dispuso de una prueba de cargo suficiente, tanto directa como indiciaria, para considerar acreditada la participación del recurrente en el asesinato.

En primer lugar, su propia declaración, admitiendo haber entrado en la casa de autos, junto con el otro acusado, con la intención de apoderarse de bienes y dinero que pudieran encontrar. Por lo tanto, el recurrente estaba allí, en el momento del hecho, y era la única persona que pudo participar, junto con el otro acusado, en la ejecución de la muerte.

En segundo lugar, el resultado de la prueba pericial, pues los Médicos forenses, tanto en el informe de autopsia como en el plenario, afirmaron que al menos dos personas intervinieron en la acción de dar muerte a la víctima, por lo que, si los autores fueron necesariamente dos, y en el momento del hecho solo se encontraban dentro de la casa los dos ladrones, necesariamente tuvieron que ser ellos los que ocasionaran la muerte al propietario.

En tercer lugar, la concurrencia de un motivo, pues el hecho de dar muerte al propietario de la vivienda no tuvo otra finalidad que la de que los ladrones evitaran ser descubiertos e identificados, procurando así la impunidad para su acción depredatoria, por lo que en el recurrente concurría un motivo evidente para participar en la muerte.

En cuarto lugar, un razonamiento que efectúa el propio Tribunal, valorando como prueba indiciaria la forma en que se ató y atacó a la víctima. Señala el Tribunal sentenciador, que la forma e instrumentos con que fue atado la víctima, inducen a pensar en la necesidad de que quien realiza la acción de atarlo, al menos las manos, necesitaba la ayuda de otra persona. Los instrumentos para atarlo (una camiseta y un cordón eléctrico), salvo en el supuesto de propia ayuda de quien es atado, estando quieto y dejándose atar, requieren por lógica y por experiencia, la ayuda de otra persona, que sujete a la persona que va a ser atada. No son instrumentos (como serían, por ejemplo, unos grilletes o una sirga), que faciliten la acción de una sola persona para inmovilizar y con solo una mano atar a la víctima.

Y, en quinto lugar, la ausencia de la menor verosimilitud en la versión alternativa del recurrente, como la Sala sentenciadora razona detalladamente.

Procede, por tanto, la desestimación completa del motivo.

RECURSO DE Ceferino .

El primer motivo, por infracción de ley, plantea en realidad la presunción de inocencia, pues se limita a cuestionar la suficiencia de la prueba de cargo que implica en los hechos al recurrente.

El motivo carece de fundamento. La principal prueba de cargo contra este recurrente viene constituida por la declaración del otro condenado Victor Manuel .

Es sabido que la declaración incriminatoria del coimputado exige algún dato que corrobore mínimamente su contenido para tener consistencia plena como prueba de cargo ( STC 115/1998 , 68/2001, de 17 de marzo y STC 68/2002 , entre otras muchas). Pero en el caso actual sobran estos elementos de corroboración, como analiza minuciosamente la Audiencia.

En primer lugar, hay dos testigos que lo reconocieron rondando la casa.

En segundo lugar, desde el teléfono del coimputado, y poco después de la comisión del hecho se realizaron varias llamadas telefónicas a la madre del ahora recurrente, es decir que el teléfono de Victor Manuel fue utilizado por Ceferino para llamar a su propia madre, el día de los hechos y poco después del asesinato, lo que indica que era el acompañante de Victor Manuel el día de autos.

En tercer lugar, en el patio trasero de la casa se encontró un guante en el que pericialmente se localizaron los perfiles genéticos indubitados de Victor Manuel y Ceferino .

Existen otros datos, analizados razonada y razonablemente por la sentencia impugnada, pero estos tres son suficientes como elementos objetivos de corroboración de las declaraciones del coimputado, que la propia Sala sentenciadora ha calificado de verosímil pues se prestó de forma clara, sencilla, sin dudas ni contradicciones.

El motivo, por todo ello, debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso interpuesto por la representación de este condenado, por vulneración del derecho a un proceso público con todas las garantías, la parte recurrente alega que la sentencia impugnada carece de una motivación suficiente para conocer los motivos en que se fundamenta la condena impuesta.

El motivo debe ser necesariamente desestimado. Basta dar lectura al minucioso y detallado apartado C) del fundamento jurídico tercero de la sentencia impugnada, para constatar que la condena del recurrente aparece razonada y razonablemente fundada, tanto desde la perspectiva fáctica como desde la jurídica.

En esta fundamentación, que se extiende a lo largo de nada menos que quince folios de la sentencia impugnada (del folio 19 al 34, de una sentencia de 41), se analiza con gran minuciosidad la declaración del coimputado que implica al recurrente en el robo y en el asesinato, exponiendo detenidamente la doctrina jurisprudencial relativa a la valoración como prueba de cargo de las declaraciones de los coimputados, en general, para seguidamente analizar de modo específico la credibilidad de la declaración del coimputado Victor Manuel , en el caso específicamente enjuiciado.

Seguidamente se van analizando separadamente y con gran minuciosidad los diversos elementos de corroboración concurrentes, desde las declaraciones testificales que han identificado al recurrente, hasta la aparición de un guante en el patio de la casa donde se cometió el robo con restos biológicos del recurrente, prueba indiscutible de que estuvo allí. Se analiza y valora con gran minuciosidad y acierto el resultado de las investigaciones realizadas sobre las llamadas telefónicas efectuadas desde la zona de los hechos, o poco después de su realización, incluidas la identificación de llamadas a la madre del propio recurrente, Florencia , que se encontraba en Italia (prefijo del teléfono núm. 39). La utilización del teléfono del propio Victor Manuel para llamar a la madre de Ceferino , el mismo día de los hechos, ratifica la relación entre ambos y el hecho de que estuvieron juntos el día del asesinato. Las 36 llamadas realizadas desde el teléfono de Florencia a un determinado terminal permiten deducir que este terminal era el de su hijo Ceferino , y dicho terminal activó el repetidor de Villaconejos, lugar donde se cometió el robo y asesinato, el día de los hechos, lo que sitúa al Ceferino en el lugar del crimen.

La Sala sentenciadora también analiza minuciosamente las alegaciones de descargo de la parte recurrente, descartándolas de forma razonada y razonable.

Es decir que Victor Manuel declara de forma fiable para el Tribunal de Instancia que era Ceferino quien le acompañaba el día del crimen. Esta manifestación aparece confirmada, entre otros indicios a los que se refiere la sentencia de instancia, por declaraciones de testigos que le identificaron en las proximidades del lugar del crimen, por las llamadas telefónicas realizadas a continuación del mismo y por la presencia de restos biológicos suyos en el patio de la casa donde se cometió el asesinato. La motivación fáctica de la sentencia impugnada es ejemplar, por lo que el motivo carece del menor fundamento.

RECURSO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.

El primer motivo de recurso de la acusación particular, por infracción de ley al amparo del art 849 1º de la Lecrim , sostiene la tesis de que debería haberse condenado a los acusados por dos delitos de robo, uno consumado por robo con fuerza en casa habitada en la planta alta y otro en grado de tentativa acabada de robo con violencia por el robo intentado en la vivienda del piso inferior que concluyó en asesinato de su morador.

El motivo carece de fundamento, pues ya se ha explicado que al haberse realizado ambas acciones en la misma casa, en unidad de acto, debe ser sancionado el conjunto de la conducta objeto de acusación como un robo con violencia consumado. Como recuerda, entre otras muchas, la STS de 22 de mayo de 2008 , " en los casos en que concurran en los mismos hechos las modalidades sustractivas de robo con violencia o intimidatorio y de robo con fuerza, este último quedará absorbido por el delito de robo con violencia o intimidación".

El segundo motivo, también por infracción de ley, interesa la aplicación de la agravante de abuso de superioridad prevista en el art 22 2º CP .

El motivo debe ser desestimado pues la sentencia de instancia ya ha apreciado la agravante de alevosía. El abuso de superioridad constituye una alevosía menor o de segundo grado ( STS 24/2016, de 28 de enero ), por lo que la apreciación de la alevosía excluye el abuso de superioridad, siendo incompatibles ambas agravantes.

El tercer motivo es subsidiario de los dos anteriores, pues se interpone para solicitar la imposición de penas superiores, en el caso de prosperar las anteriores alegaciones. Desestimadas éstas, el motivo carece ya de contenido.

Procede, por todo ello, la desestimación de los tres recursos de casación interpuestos, con imposición a las partes recurrentes de las costas de los mismos, por ser preceptivas.