ATS, 11 de Enero de 2017
| Ponente | ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER |
| ECLI | ES:TS:2017:470A |
| Número de Recurso | 706/2016 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 11 de Enero de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a once de Enero de dos mil diecisiete.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Angel Blasco Pellicer
Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Sevilla se dictó sentencia en fecha 25 de septiembre de 2013 , en el procedimiento nº 982/2012 seguido a instancia de D. Luis Manuel contra AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) y MINISTERIO FISCAL, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por ambas partes, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 11 de junio de 2015 , que desestimaba los recursos interpuestos y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 26 de noviembre de 2015, se formalizó por el letrado de la Diputación de Sevilla en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 24 de octubre de 2016, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
Es objeto del actual recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede en Sevilla) de 11 de junio de 2015 (R. 1475/2014 ), en la que se confirma el fallo de instancia que declaró la improcedencia del despido con las consecuencias legales inherentes a tal declaración. El demandante que venía prestando servicios para el Ayuntamiento de Alcalá del Río desde el 17 de noviembre de 2005, ostentando la categoría profesional de Peón, fue despedido el 15 de junio de 2012 con efectos de 1 de julio de 2012 por causas objetivas de índole económico, siendo despedidos en dicha fecha otros siete trabajadores por idénticas causa.
Ante la Sala de suplicación el trabajador recurrente denunció la nulidad de su cese por motivos discriminatorios, en particular, señaló que el mismo aconteció tras la victoria del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2011; cuestión a la que se da una respuesta negativa a la vista de las acreditadas dificultades económicas por las que atravesaba la Corporación Municipal, a lo que se anuda el hecho de que no se conocen los porcentajes totales de composición ideológica del conjunto del personal del Ayuntamiento. Suerte distinta corrió el motivo dirigido a poner de manifiesto el incumplimiento de comunicar el cese a los representantes de los trabajadores ex art. 53.1 ET , al constar únicamente una comunicación de las causas genéricas por las que se iba a proceder al cese, más no el número e identidad de los trabajadores afectados, excluyéndose asimismo conceptos relevantes como el importe de las indemnizaciones reconocidas, sin que empañe tal aseveración el hecho de que dicho conocimiento pudiera desprenderse del contenido del acta de la reunión celebrada el 15 de junio de 2012. El éxito de este motivo, exonera a la Sala de abordar el destinado a poner en cuestión la mala situación económica del Ayuntamiento.
Disconforme la Administración demandada con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de 20 de noviembre de 2014 (rec. 2613/13 ), en la que se contempla un despido objetivo llevado a cabo en el Ayuntamiento de Alcalá del Río, y en la que se da lugar al recurso de suplicación deducido por la Administración recurrente, declarando ajustados a derecho los despidos, en particular, se declara cumplida la exigencia legal del deber de información a la representación de los trabajadores.
Así las cosas, la cuestión de fondo que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina versa sobre el contenido y el alcance de uno de los requisitos exigidos en el ET para la licitud o validez del despido objetivo por causas empresariales; tal requisito es el que contempla el artículo 53.1 c) ET , consistente en dar " a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento " " copia" del " escrito de preaviso " de la decisión del empresario de poner fin al contrato de trabajo. Este precepto ha suscitado diversos problemas de interpretación, que han sido ya resueltos por la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo, en particular en TS 18 de abril de 2007 (rcud 4781/2005 ).
Sentado lo anterior, ciertamente existe ab initio una identidad material entre las resoluciones enfrentadas dentro del recurso, pues en ambas se suscita análoga cuestión en relación al incumplimiento de la previsión legal obrante en el art. 53.1 c) ET de "dar copia a la representación legal de los trabajadores", si bien, califican de manera diversa el despido en orden a considerar o no cumplida tal formalidad, dando por lo tanto apariencia de contradicción, pues en la recurrida se deja constancia de que el Comité de empresa y diversas secciones sindicales habían recibido comunicación del Consistorio exponiendo la mala situación económica y anunciando las medidas de ahorro a adoptar. En la referencial consta en el HP 3º que de las circunstancias económicas que da lugar a la adopción del despido del actor y de los restantes trabajadores se da conocimiento al Presidente del Comité de Empresa, así como a las diferentes secciones Sindicales. Ahora bien, mientras que en la recurrida se declara la insuficiencia de tal información, sin que la misma quede subsanada por el contenido del acta de 15 de junio de 2012, en la referencial se alcanza solución diversa.
En suma, la información sobre la situación económica y decisión extintiva origen de la controversia fue proporcionada al Comité de Empresa en una reunión formal del comité de empresa. Pero lo cierto es que no es exactamente esta comunicación personal, sino la entrega de copia del escrito de preaviso (o de documento equivalente) el medio que prevé la Ley para dar noticia a los representantes de los trabajadores del despido por causas empresariales de un empleado comprendido en su ámbito de representación.
Ahora bien, el recurso debe inadmitir al concurrir como motivo de inadmisión la falta de contenido casacional al acomodarse la sentencia que se recurre a la TS 10 de febrero de 2016 (rec. 2502/14 ) y las que en ella se citan, con arreglo a las cuales hay una previsión específica, contenida en el art. 53.1 c) ET que es que se entregue copia de la carta de despido a la representación legal de los trabajadores, por lo que esta será la forma en la que habrá de realizarse la citada información. A mayor abundamiento, aunque no existiera esa concreta precisión, la comunicación requeriría la entrega de copia para poder cumplir las previsiones del art. 64.6 ET , es decir, para que los representantes puedan proceder al examen adecuado de la carta, las causas alegadas, en su caso, número de trabajadores afectados, finalidad que no se conseguiría mediante la mera presencia de un miembro del comité de empresa en el acto de entrega a los trabajadores de las cartas de despido y la suscripción de las mismas.
En este sentido debe recordarse que la función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que carezcan de contenido casacional de unificación de doctrina aquellos recursos interpuestos contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo (Auto de fecha 21 de mayo de 1992 (R. 2456/1991 ), y Sentencias de 3 de mayo de 2006 (R. 2401/2005 ), 30 de mayo de 2006 (R. 979/2005 ), 22 de noviembre de 2006 (R. 2792/2001 ), 29 de junio de 2007 (R. 1345/2006 ), 12 de julio de 2007 (R. 1714/2006 ), 3 de octubre de 2007 (R. 3386/2006 ), 15 de noviembre de 2007 (R. 1799/2006 ), 15 de enero de 2008 (R. 3964/2006 ), 21 de febrero de 2008 (R. 1555/2007 ), 28 de mayo de 2008 (R. 814/2007 ), y 18 de julio de 2008 (R. 1192/2007 ).
En consecuencia, vistas las alegaciones de la Administración recurrente y de conformidad con lo establecido en los artículos 219.1 , 225.5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado de la Diputación de Sevilla, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 11 de junio de 2015, en el recurso de suplicación número 1475/2014 , interpuesto por D. Luis Manuel y el AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Sevilla de fecha 25 de septiembre de 2013 , en el procedimiento nº 982/2012 seguido a instancia de D. Luis Manuel contra AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) y MINISTERIO FISCAL, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
