ATS 3/2017, 1 de Diciembre de 2016
| Ponente | ANA MARIA FERRER GARCIA |
| ECLI | ES:TS:2016:11939A |
| Número de Recurso | 1469/2016 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 3/2017 |
| Fecha de Resolución | 1 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil dieciséis.
Por el Juzgado de lo Penal número uno de Plasencia se dictó Sentencia de veintidós de marzo de 2016 , en los autos de Procedimiento Abreviado nº 434/2015, dimanantes de las Diligencias Previas nº 1116/2013 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Navalmoral de la Mata, en la que se condena a Teodoro como responsable en concepto de autor de un delito contra las relaciones familiares, en su modalidad de abandono de familia, por impago de prestaciones económicas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de doce meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas; así como al pago de las costas procesales. Además, la Sentencia del Juzgado de lo Penal condenó a Teodoro a indemnizar, como responsable civil directo, a Visitacion , en la cantidad que en ejecución de resulte por el importe de la mitad de las cuotas del crédito hipotecario insatisfechas por aquél entre enero de 2009 y abril de 2011; más, en su caso, los correspondientes intereses legales; y todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran corresponder a esa perjudicada, por los demás importes, incluidos los de alimentos también impagados, total o parcialmente, de las que en la Sentencia se deja hecha expresa reserva.
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por Teodoro , dictándose Sentencia por la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección 2ª) de treinta de mayo de 2016 , por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto, imponiendo al recurrente las costas procesales de la alzada.
Contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres se interpone por Teodoro , recurso de casación, mediante la presentación del correspondiente escrito por parte del Procurador de los Tribunales D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri. Como primer motivo se alega, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de ley por vulneración del artículo 227.2º del Código Penal ; y como segundo motivo, se sostiene de acuerdo con el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de precepto constitucional por vulneración del artículo 25 de la Constitución .
En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso, el Ministerio Fiscal interesó la admisión del mismo, únicamente en relación a la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, de conformidad con el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de esta Sala Segunda de nueve de junio de 2016.
Por otro lado, Visitacion , como parte recurrida, mediante la presentación del correspondiente escrito por parte de la Procuradora de los Tribunales Dª. Patrocinio Bermejo Dávila, interesó la inadmisión del mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución la Excma. Sra. Magistrada Dª. Ana Maria Ferrer Garcia.
ÚNICO.-
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Como primer motivo se alega, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de ley por vulneración del artículo 227.2º del Código Penal ; y como segundo motivo, se sostiene de acuerdo con el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de precepto constitucional por vulneración del artículo 25 de la Constitución .
Se considera en el recurso que esta Sala Segunda debe entrar a valorar los motivos desarrollados en el mismo, al considerar que la Sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Cáceres es una de las resoluciones que el actualmente vigente artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como susceptibles de ser recurridas en casación, invocando la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable para el reo.
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El derecho al recurso está comprendido dentro del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución , pero siempre que se trate de recursos previstos en la ley, pues no permite habilitar medios de impugnación al margen de lo regulado en las leyes.
Conviene recordar, que la Sentencia del Tribunal Constitucional número 88/97, de 5 de mayo , señala que aunque el acceso a los recursos legalmente establecidos forma parte de la tutela judicial efectiva, este derecho no queda vulnerado cuando el recurso interpuesto es inadmitido por el órgano judicial competente en virtud de la concurrencia de algunas de las causas legalmente previstas al efecto, añadiendo la citada sentencia del Tribunal Constitucional que la interpretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios.
Sobre la retroactividad de las leyes, el Tribunal Constitucional (sentencias 149/1995 de 16 de octubre y 374/1993 de 13 de diciembre ) recuerda que el fenómeno de la retroactividad es posible si la propia ley lo autoriza.
Conviene recordar que las leyes procesales no son leyes penales, por lo que no es posible el efecto retroactivo de las mismas, sino que únicamente son aplicables a los procedimientos en vigor con arreglo a las circunstancias establecidas para el procedimiento aplicable.
La STS 1336/2011, de 12 de diciembre señala que, el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aplicable con carácter supletorio, por prescripción del artículo 4 de la misma ley , dispone que salvo que se establezca otra cosa en las disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos se sustanciarán siempre con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.
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A la vista de lo anteriormente expuesto, se hace necesario antes de entrar en el fondo del recurso, analizar si la resolución que se impugna es susceptible de ser recurrida en casación en el caso que nos ocupa.
Se trata de una Sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Cáceres, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por Teodoro , frente a una Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Plasencia.
Para abordar esta cuestión, se hace necesario partir de una premisa esencial, cual es que la redacción actual del artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la otorgada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Dicha reforma entró en vigor el seis de diciembre de 2015 ( Disposición final cuarta de la Ley 41/2015 ), siendo determinante que en la Disposición transitoria única de la Ley 41/2015, se establezca que se aplicará "a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor".
Por lo tanto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al amparo de la cual son recurribles en casación las Sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, no puede incidir, en virtud de la Disposición transitoria referida, sobre un proceso, como el que nos ocupa, incoado en virtud de Auto del Juzgado instructor de treinta de septiembre de 2013 (folios 25 y 26 de las actuaciones), es decir, más de dos años antes de que entrase en vigor la modificación referida, en el que se acordó la incoación de Diligencias Previas para tomar declaración y hacer ofrecimiento de acciones a la denunciante Visitacion (ésta última parte recurrida ante esta Sala), así como la libranza de exhorto para la toma de declaración del recurrente en calidad de imputado.
En conclusión, la modificación legal operada por la Ley 41/2015 no puede tener efectos retroactivos sobre el presente procedimiento, al no estar previsto expresamente en su Disposición transitoria, única posibilidad que posibilitaría que esta Sala conociese sobre el fondo del recurso de casación interpuesto. No pudiéndose invocar, ante dicha falta de previsión, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ya que no estamos en el ámbito de la normatividad penal sustantiva, sino de la procesal penal, donde la redacción del artículo 792.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , vigente y aplicable al procedimiento del que estamos tratando, establecía que "contra la sentencia dictada en apelación no cabrá recurso alguno".
Esta solución se ha mantenido por esta Sala anteriormente en Autos de fechas 3 y 6 de mayo de 2016 , recaídos en los recursos de queja números 20186/2016 y 20124/2016 , así como, en el auto de inadmisión de fecha 9 de junio de 2016, recaído en el recurso nº 547/2016 .
Procede, pues, inadmitir el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 884.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia se ha de dictar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan y firman los Excmos. Sres que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
