ATS, 30 de Noviembre de 2016
| Ponente | JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA |
| ECLI | ES:TS:2016:10722A |
| Número de Recurso | 1840/2013 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 30 de Noviembre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta de Noviembre de dos mil dieciséis.
La representación procesal de la entidad Fleca Rosell, S.L. presentó escrito en el que interpuso los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 6 de junio de 2013, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 610/2012 , dimanante del juicio ordinario n.º 400/2011, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Sant Feliu de Llobregat.
Por la indicada Audiencia Provincial se tuvo por interpuestos los recursos y se acordó la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo, Sala Primera, con emplazamiento de las partes.
Recibidos los autos en este Tribunal han comparecido la procuradora D.ª Adela Cano Lantero, en nombre y representación de la mercantil Fleca Rosell, S.L., como parte recurrente, y el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de la entidad UNNIM Banc, S.A., como parte recurrida.
En cumplimiento del artículo 473.2.II LEC se acordó poner de manifiesto a las partes personadas ante esta Sala la posible concurrencia de causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal, que consta notificada.
La representación procesal de la entidad recurrente ha expuesto las razones por las que entiende que el recurso debe ser admitido. Además, solicita la incorporación al amparo del art. 271.2 LEC , de los documentos consistentes en testimonios de varias sentencias, firmes, dictadas en otros procesos seguidos por la misma mercantil ahora recurrente contra otras entidades bancarias, en las que se ha declarado la nulidad de diversos swaps, de contratación anterior al del presente proceso.
La representación procesal del banco recurrido no ha efectuado alegaciones.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Antonio Seijas Quintana
La sentencia contra la que se han interpuesto los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, formulados de forma conjunta por la misma parte litigante, se ha dictado, en segunda instancia, en un juicio que accede al recurso de casación en su modalidad de existencia de interés casacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 477.2.3.º LEC . Así pues, en aplicación de la disposición final 16.ª.1.5.ª.II LEC debe decidirse en primer término si procede la admisión del recurso de casación, ya que de no ser así la inadmisión del recurso de casación comportaría la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal.
Procede la admisión del recurso de casación interpuesto por Fleca Rosell, S.L. al no advertirse en esta fase causa legal de inadmisión.
Admitido el recurso de casación que determina, como se ha indicado en el fundamento jurídico primero de este auto, el carácter recurrible de la sentencia de segunda instancia a través del recurso extraordinario por infracción procesal conjuntamente interpuesto, corresponde ahora examinar si, atendidos los motivos planteados, procede la admisión de dicho recurso, y la respuesta debe ser negativa ya que concurre en todos ellos la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento, según se puso de manifiesto a las partes en el trámite de audiencia previo a esta resolución y según se razona a continuación:
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En el motivo primero, porque lo que se plantea en definitiva son cuestiones de valoración jurídica sustantiva relativas a la suficiencia de la información recibida, en concreto si la documentación contractual es suficiente para cubrir las exigencias de información derivadas de la normativa aplicable, la inclusión en la misma de los estudios sobre las previsiones de evolución del índice de referencia y su finalidad especulativa o de cobertura, y sobre el perfil o experiencia del cliente.
En todo caso, debe recordarse que, como se ha reiterado por esta Sala, en nuestro sistema procesal civil, como regla general, no es admisible la revisión de la prueba practicada en la instancia por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, como se desprende de la propia enumeración de motivos de recurso contenida en el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Sin perjuicio de lo cual, es posible cierto control sobre las conclusiones de hecho que sirven de base a la sentencia recurrida -la de apelación- de forma excepcional, al amparo del ordinal 4º del artículo 469.1 LEC , siempre que, conforme a la doctrina constitucional, no superen el test de la razonabilidad exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE . En relación con lo cual, el Tribunal Constitucional (TC) ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, por ejemplo, en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , y 211/2009, de 26 de noviembre , destacó que «concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración».
Como se dijo en las sentencias núm. 101/2011, de 4 de marzo , 263/2012, de 25 de abril , 418/2012, de 28 de junio , 262/2013, de 30 de abril , y 235/2016, de 8 de abril , «[n]o todos los errores en la valoración de la prueba tienen relevancia constitucional [...], dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, - material o de hecho -, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales».
La aplicación de esta doctrina lleva también a la apreciación de la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento, pues la mercantil recurrente no ha puesto de manifiesto la existencia de ese error incontestable en la valoración de la prueba.
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En el motivo segundo, porque en la sentencia recurrida no se atribuye a la mercantil recurrente las consecuencias desfavorables de la falta de prueba de un hecho. Según ha reiterado esta Sala, la carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. De tal manera que solo se infringe dicho precepto si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas aplicables para su atribución a una y otra de las partes, establecidas en el citado art. 217 LEC y desarrolladas por la jurisprudencia ( Sentencia de esta Sala núm. 244/2013, de 18 de abril , entre otras muchas).
No es esto lo que se plantea en el motivo, sino que en su desarrollo argumental subyace la disconformidad de la mercantil recurrente con la conclusión de la sentencia recurrida según la cual el banco le suministró la información sobre el negocio a través de la documentación contractual. En definitiva, en la sentencia recurrida no se declara la falta de prueba del hecho de la información; cuestión distinta -y ajena a este recurso- es la valoración jurídica de la suficiencia de la información a efectos de considerar la existencia de error vicio.
En consecuencia no pueden tenerse en consideración las alegaciones efectuada en el trámite de audiencia previo a esta resolución, debiendo inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal, que perderá el depósito constituido.
La inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal supone que no procede la incorporación a las actuaciones de los documentos que se han acompañado al escrito cumplimentando el trámite de audiencia previo a esta resolución, ya que han sido aportados en consideración a las alegaciones efectuadas respecto a la admisibilidad del motivo primero.
No procede efectuar expresa imposición de las costas de este recurso, ya que la parte recurrida no ha efectuado alegaciones en el trámite de audiencia.
Admitido el recurso de casación, de conformidad con el art. 485 LEC , la parte recurrida podrá formalizar su oposición al recurso de casación por escrito en el plazo de veinte días desde la notificación de este auto, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría de la Sala.
De conformidad con lo previsto en el artículo 208.4 LEC procede declarar que contra este auto no cabe recurso alguno por así establecerlo los artículos 483.5 y 473.3 LEC .
LA SALA ACUERDA
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) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Fleca Rosell, S.L. contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 6 de junio de 2013, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 610/2012 , dimanante del juicio ordinario n.º 400/2011, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Sant Feliu de Llobregat.
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) Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición a los recursos. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría.
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) No admitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto contra dicha sentencia por Fleca Rosell, S.L., que perderá el depósito constituido.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
