ATS, 7 de Julio de 2016

PRIMERO .- Por la Procuradora de los Tribunales D. ª Pilar Marta Bermejillo de Hevia, en nombre y representación de D. Gonzalo , se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 19 de noviembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 1172/2014 , sobre denegación de nacionalidad.

SEGUNDO .- En virtud de providencia de 6 de abril de 2016 se acordó poner de manifiesto a las partes, por un plazo común de diez días para alegaciones, la posible concurrencia de las siguientes causas de inadmisión del recurso:

"- Carecer manifiestamente de fundamento el recurso interpuesto, al no contener una crítica razonada de la concreta fundamentación jurídica de la sentencia recurrida; así como por pretenderse a través del recurso de casación una revisión de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia, lo que no es posible en el recurso extraordinario de casación. ( artículo 93.2.d LRJCA ).

- Asimismo, en relación con el segundo motivo del recurso, carecer manifiestamente de fundamento, por introducir una cuestión (la relativa a la infracción del artículo 221 del Reglamento del Registro Civil ) que no fue examinada ni resuelta por la sentencia de instancia, sin denunciar la incongruencia omisiva ( artículo 93.2.d) LRJCA ).

- Carecer de interés casacional, por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas a tal efecto en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998."

Ha presentado alegaciones únicamente el Sr. Abogado del Estado, en su calidad de parte recurrida.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina , Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia impugnada desestima el recurso interpuesto por D. Gonzalo contra la resolución del Ministerio de Justicia de 14 de junio de 2013 (aunque, sin duda por error, tanto en el encabezamiento como en el fallo de la sentencia de instancia se dice que es de fecha de 14 de junio de 2014 ), que le denegó la nacionalidad española.

Contiene la sentencia de instancia la siguiente fundamentación jurídica (que transcribimos en cuanto ahora interesa):

"[...] Del examen de los elementos que obran en el expediente se desprende que el promotor del expediente, de nacionalidad cubana, promovió la petición de nacionalidad española por residencia con fecha 25 de junio de 2012. Adjuntó a su petición el pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta de residencia, volante de empadronamiento con su esposa e hija en Zaragoza con fecha de alta 5 de diciembre de 2008, y certificado negativo de antecedentes penales de Cuba. En el acta de ratificación de 25 de junio de 2012 manifestó que carecía de medios de vida en ese momento. Aportó, no obstante, Informe de vida laboral de 25 de junio de 2012, que acredita 1 año, 5 meses y 13 días de cotización en la Seguridad Social, y que se encuentra en situación de desempleo desde el 9 de marzo de 2009; habiendo percibido la prestación por desempleo y el subsidio entre el 9 de marzo de 2009 y el 14 de febrero de 2012.

Obra acta de audiencia reservada, con el cuestionario realizado, con un total de 26 preguntas, de las que solo se respondieron de forma correcta 9 preguntas, lo que motivó que tanto el Ministerio fiscal como el Encargado del Registro Civil informaran desfavorablemente la petición , remarcando que, además, carecía de medios de vida.

El informe de 18 de febrero de 2013 de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil certifica que cuenta con permiso de residencia y trabajo desde el 30 de mayo de 2007, prorrogado sin interrupción, hasta el 31 de mayo de 2012, fecha en la que obtuvo la autorización de residencia de larga duración.

El cuestionario plantea un conjunto de preguntas que abarcan el nombre del Jefe del Estado, forma de Estado y de gobierno, límites territoriales, pertenencia organizaciones supranacionales o internacionales, definición de elementos culturales y geográficos básicos (ríos locales, provincias de la Comunidad y sus límites), o propios de Zaragoza (frutas de Aragón, sitios de Zaragoza etc.), o la edad a la que se puede votar. Y en su gran mayoría no han sido contestadas de forma correcta. Aun cuando consideremos su grado de dificultad o complejidad, o el nivel de instrucción del interesado, descubrimos que ignora cuestiones que son básicas en un ciudadano que se va a integrar en la estructura del Estado ; lo que denota que no conoce de forma adecuada la sociedad en la que afirma querer integrarse, pese a compartir con ella elementos culturales o lazos de unión de carácter histórico, en tanto que es originario de un país de habla hispana. Pero solo este elemento, recalcado por el demandante, no es suficiente para la adquisición de la nacionalidad española.

En suma, aunque valoremos las respuestas en su conjunto ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 26 Noviembre 2013, rec. 4/2013 ), teniendo en cuenta el grado de instrucción del peticionario, observamos un desconocimiento importante de la sociedad y de sus instituciones básicas (Jefatura del Estado, Gobierno, mayor edad, elementos culturales propios y cercanos etc) que se estima no puede concurrir en un ciudadano que al adquirir la nacionalidad va a formar parte de esa estructura a con un conjunto de derechos nuevos que le permitirán participar en unas instituciones de las que desconoce prácticamente todo.

Las respuestas permiten ponderar si se aprecia o no una "integración suficiente" en la sociedad ( artículo 22.4 Código Civil ). El conocimiento de la lengua y del marco institucional forma parte del grado de adaptación a la cultura española , que, a su vez, es un componente del requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española que la parte interesada debe justificar , si bien el nivel de exigencia en cuanto al conocimiento de la lengua y de las instituciones españolas puede modularse en función del grado de instrucción del interesado y de las demás circunstancias que concurran en el mismo (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 4 Diciembre 2014, Rec. 1411/2013 ; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 7 Mayo 2013, rec. 468/2011 ; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 15 Febrero 2012, rec. 444/2010 ).

Por lo tanto, en este caso no procede estimar el recurso, toda vez que el grado de integración se muestra insuficiente. El Tribunal Supremo ha confirmado en sendas ocasiones que el "palmario desconocimiento de aspectos elementales del funcionamiento de las instituciones públicas españolas" es causa para denegar la nacionalidad, "sin que su limitado nivel académico sea excusa suficiente para justificar tal ignorancia, pues las preguntas que se hicieron versaban sobre cuestiones básicas que se encuentran al alcance de cualquier persona adulta con un mínimo de interés por la sociedad en que desarrolla su vida" ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 26 Septiembre 2011, rec. 2208/2009 ), como sucede en este caso.[...]"

(La negrita y el subrayado se añaden)

SEGUNDO .- En su escrito de interposición del recurso de casación, la parte recurrente formula dos motivos, en los que se denuncian claramente vicios "in iudicando", incardinables en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

Así, en el motivo primero se denuncia la infracción del artículo 22.4 del Código Civil , manifestando esencialmente la parte recurrente su discrepancia con la valoración efectuada por la Sala de instancia al considerar que el allí demandante no había acreditado un suficiente grado de integración en la sociedad española, ante el desconocimiento que había evidenciado, en el cuestionario practicado, de cuestiones básicas referidas a la sociedad y a las instituciones españolas. Destaca, por contra, el recurrente su especial vinculación con España, por proceder de un país hispano hablante como es Cuba, así como su arraigo familiar, social y laboral en nuestro país, factores que entiende que no han sido tenidos en cuenta por la sentencia de instancia.

En el segundo motivo se aduce la infracción del artículo 221 del Reglamento del Registro Civil , alegando en esencia el recurrente que la entrevista personal del peticionario con el Encargado del Registro Civil no se produjo y que la sentencia de instancia debió haber descartado dicho medio de prueba, pues en cualquier caso tampoco está de acuerdo con el contenido del examen que le fue efectuado, del que entiende que no resultaban argumentos suficientes para descartar su integración en la sociedad española, habiéndosele privado además de su derecho a ser oído.

TERCERO .- Como antes apuntamos, se ha suscitado en este caso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA , a cuyo tenor la Sala dictará Auto de inadmisión "en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad" .

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, resulta evidente la concurrencia de los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida, pues, en efecto: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada; b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales; y c) toda la argumentación impugnatoria desplegada por la parte recurrente se centra en el tema de fondo, como es propio del motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

Así pues, el tema realmente controvertido es si, al margen de estas consideraciones, debe apreciarse la concurrencia de la causa de inadmisión planteada, por concurrir los requisitos exigidos a tal efecto por el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional .

CUARTO .- Pues bien, acerca de la interpretación de dicho artículo 93.2.e) nos hemos pronunciado en Autos de esta Sala y Sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 ( RRC 3287/2009 y 2785/2009 ), señalando en este último lo siguiente:

"[...] para responder a ese interrogante resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE ), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible. Por eso, esta Sala ha afirmado reiteradamente que la finalidad del recurso de casación es corregir los errores en que hubieran podido incurrir los Tribunales de instancia en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia.

Es en este contexto como debe entenderse la previsión del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a cuyo tenor el recurso de casación carecerá de interés casacional cuando no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad.

El precepto contempla dos supuestos diferenciados en los que puede apreciarse carencia de interés casacional como causa de inadmisión del recurso de casación: el primero, cuando el recurso no afectare a un gran número de situaciones, y, el segundo, cuando no poseyera el suficiente contenido de generalidad.

Respecto del primero de los supuestos enunciados y a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esa causa de inadmisión, resulta obligado partir de la base de que cuando en el recurso de casación se plantea, como corresponde conforme a su naturaleza, una cuestión atinente a la recta interpretación y aplicación de una norma jurídica, siempre cabrá sostener que la cuestión suscitada trasciende del caso litigioso y puede proyectarse sobre otros pleitos, pues lo habitual es que las normas jurídicas se aprueben con vocación de generalidad, siendo excepcionales las llamadas "normas singulares" o "normas de caso único".

Por eso, de aceptarse acríticamente la tesis consistente en que la concurrencia de la causa de inadmisión que nos ocupa debe descartarse siempre que la cuestión interpretativa y aplicativa de la norma, cuya infracción se denuncia, pueda repercutir sobre otros casos, la causa de inadmisión del artículo 93.2.e) sería prácticamente inaplicable y su inclusión en la Ley de la Jurisdicción resultaría superflua por inútil desde el momento que su operatividad real quedaría apriorísticamente reducida a casos anecdóticos; conclusión que, obviamente, ha de rechazarse, pues es evidente que si el legislador ha incluido en la Ley procesal esta causa de inadmisión del recurso de casación, es porque a través de la misma pretende filtrar y delimitar los asuntos que merecen ser examinados en el marco de este recurso extraordinario.

Sobre la base de estas consideraciones debe apreciarse la exigencia de que el asunto no afecte a un gran número de situaciones para que el recurso sea considerado carente de interés casacional.

Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del articulo 93.2 de la Ley Jurisdiccional , que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.

Por el contrario, debe afirmarse que un asunto revestirá un contenido de generalidad que justifique su admisión, entre otros, en los siguientes casos: primero, cuando se trate de un recurso que plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre el que no haya doctrina jurisprudencial, o aún habiéndola haya sido desconocida o infringida por el Tribunal de instancia; segundo, cuando se trate de un recurso que, aun versando sobre cuestiones que ya han sido examinadas y resueltas por la jurisprudencia, realiza un enfoque crítico de la misma que pudiera dar pie a una reconsideración de dicha doctrina y eventualmente a su cambio; y tercero, cuando el asunto suscitado, aun sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, plantea una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Ahora bien, esta enumeración se realiza de forma ejemplificativa, y carece de pretensión de exhaustividad, lo que permitirá que en adelante este Tribunal, atendiendo a las singularidades que presente el caso concreto, delimite con mayor precisión el alcance de este concepto jurídico indeterminado.

No es ocioso señalar que el Tribunal Constitucional ha llegado a conclusiones similares en la reciente STC (Pleno) 155/2009 de 25 de junio de 2009 , donde, interpretando una causa de inadmisión del recurso de amparo constitucional que guarda similitudes con la aquí concernida, consistente en carecer el recurso de amparo de "especial trascendencia constitucional", ha afirmado lo siguiente:

"Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC . En este sentido considera que cabe apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido. Tales casos serán los siguientes: a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE ; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la Ley o de otra disposición de carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la Ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional ( art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (RCL 1985\1578, 2635) ); g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios".

QUINTO .- Partiendo, pues, de estas premisas, y descendiendo al examen del caso que ahora nos ocupa, hemos de concluir que este recurso de casación carece de interés casacional y por ende resulta inadmisible, toda vez que las cuestiones suscitadas por la parte recurrente en torno a la interpretación y valoración del concepto jurídico indeterminado "suficiente grado de integración en la sociedad española" ( art. 22.4 Cc ), en lo que respecta a la exigencia de un suficiente grado de conocimiento de aspectos básicos de las instituciones y/o costumbres españolas, han sido ya examinadas y resueltas por una jurisprudencia consolidada y uniforme, que, lejos de haber sido ignorada por la Sala de instancia, ha sido expresamente recogida en su sentencia y aplicada al caso examinado. Así, la sentencia de instancia cita de forma expresa, transcribiéndola parcialmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2011 (RC 2208/2009 ). Y en el mismo sentido, cabe señalar que también se ha pronunciado la posterior sentencia de esta Sala de 17 de octubre de 2011 (RC 5113/2009 ), sentencias éstas que conforman una clara línea jurisprudencial que ha sido respetada por la sentencia de instancia.

Así las cosas, la principal cuestión litigiosa queda reducida al problema singular y casuístico de si en atención a las circunstancias puramente personales del interesado, este reúne el requisito del "suficiente grado de integración en la sociedad española" a efectos del reconocimiento de la nacionalidad española. Pues bien, es claro que esta específica cuestión no presenta una relevancia jurídica tal que justifique su examen por el Tribunal Supremo.

SEXTO .- Por lo demás, en cuanto a la concreta denuncia efectuada en el segundo motivo del recurso relativa a la supuesta infracción del artículo 221 del Reglamento del Registro Civil , alegándose que la entrevista personal del peticionario con el Encargado del Registro Civil no se produjo, habiéndosele privado de su derecho a ser oído, lo cierto es que, tal y como se anunció en la providencia de audiencia de 6 de abril de 2016, esta alegación carece manifiestamente de fundamento, toda vez que, aunque la infracción del artículo 221 del Reglamento del Registro Civil no fue invocada en la demanda, sí se denunció en la misma la falta de una entrevista personal del peticionario con el Encargado del Registro Civil, pero - tal y como el propio recurrente en casación reconoce en el tercer párrafo del segundo motivo- la sentencia no resolvió esta cuestión, ocurriendo que tal omisión no se ha denunciado en debida forma por incongruencia omisiva y por la vía del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional . Sin esta denuncia, y sin su éxito previo, no le es dable a este Tribunal de casación pronunciarse sobre esta cuestión.

SÉPTIMO .- En definitiva, por las razones cumplidamente expuestas, procede declarar la inadmisión del presente recurso, en aplicación del artículo 93.2, apartados d ) y e), de la Ley Jurisdiccional .

OCTAVO .- Al declararse inadmisible el recurso de casación no exclusivamente por falta de interés casacional ( artículos 93.5 de la Ley Jurisdiccional 29/98) es procedente condenar a la parte recurrente en las costas de aquél, si bien esta Sala, haciendo uso de la facultad concedida por el artículo 139.3, señala la cantidad de 500 euros como la máxima que la parte recurrida puede reclamar por todos los conceptos.

Este pronunciamiento sobre costas tiene su fundamento en la expresión literal del artículo 93.5, que esta Sala interpreta ahora en el sentido de no impedir la norma general de condena en costas sino en los casos exclusivos en que se aplica sólo a todos los motivos la causa de inadmisión de falta de interés casacional.

Por lo expuesto,

Inadmitir el recurso de casación nº 332/2016 interpuesto por la representación procesal de D. Gonzalo contra la sentencia de 19 de noviembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 1172/2014 , resolución que se declara firme; con imposición de costas en los términos expresados en el último de los razonamientos jurídicos de la presente resolución.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados