ATS, 9 de Junio de 2016

PRIMERO.- Por el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 15 de septiembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 33/2014, sobre denegación de nacionalidad.

SEGUNDO.- Mediante providencia de 8 de febrero de 2016, se acordó poner de manifiesto a las partes, por un plazo común de diez días para alegaciones, la posible concurrencia de la causa de inadmisión del recurso siguiente: carecer de interés casacional por concurrir, en el caso examinado en este recurso, las circunstancias previstas a tal efecto en el artículo 93.2.e) LJCA.

El trámite ha sido evacuado, tanto por la Administración recurrente, como por el recurrido, D. Augusto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, Magistrado de la Sala

PRIMERO.- La Sentencia impugnada estima el recurso interpuesto por D. Augusto contra la Resolución del Ministerio de Justicia de 21 de junio de 2013, que le denegó la nacionalidad española.

Comienza dicha sentencia su fundamentación jurídica con el análisis de los artículos 21 y 22 del Código Civil, para examinar, a continuación, las circunstancias del caso, con los siguientes razonamientos:

"Está acreditado que el recurrente, D. Augusto, nacido en Marruecos el día NUM000 de 1971, casado, reside en España, en una vivienda en propiedad habiendo obtenido permiso de residencia inicial en nuestro país el día 27 de marzo de 2000, ha trabajado en la agricultura en España y a fecha 5 de marzo de 2014 tenía cotizados 4310 días a la Seguridad Social. En la actualidad, es decir al tiempo de la tramitación del expediente administrativo de nacionalidad, se encontraba en situación de incapacidad laboral. Ratificó su solicitud de nacionalidad española ante el Registro Civil de Murcia. Según informe del Ministerio del Interior obrante en el expediente administrativo remitido a este tribunal no le constan antecedentes penales y se halla arraigado en la sociedad española. El Juez Encargado del Registro Civil informó desfavorablemente su solicitud por considerar que el recurrente no mostró un aceptable grado de integración en la sociedad española y por desconocer la organización política, territorial y costumbres de España. No consta, sin embargo, dato alguno sobre las preguntas que supuestamente fueron formuladas al recurrente ni de las respuestas emitidas, en su caso. El Ministerio Fiscal no consta se opusiera a la solicitud de nacionalidad española."

(...)"A pesar de que el informe del Encargado del Registro Civil de Murcia concluye falta de integración del recurrente en la sociedad española, lo cierto es que no constan los fundamentos fácticos de tal conclusión. Se echa de menos la existencia de un acta completa que acredite la existencia de un examen detallado sobre la integración del recurrente, donde deben constar las preguntas que se le formulan y las correspondientes respuestas. En todo caso, consta que el Encargado del Registro Civil de Murcia manifestó que el actor habla y lee el castellano, si bien al escribir comete muchas faltas de ortografía. En cuanto al requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española, y al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( artículo 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999 (RJ 1999, 4597), citando otras muchas como las de 22-6-82 (RJ 1982, 4829), 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 (RJ 1998, 10312) y 24-4- 99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, 3 como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles. La integración social no deriva exclusivamente del grado de conocimiento del idioma, que en el presente caso resulta negativo, sino de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como con las leyes y forma de vida de nuestra sociedad."

"El informe del Encargado del Registro Civil informó desfavorablemente la solicitud de nacionalidad del recurrente con base en la falta de integración de éste en la sociedad española, pero lo cierto es que no constan los fundamentos fácticos de tal conclusión. Se echa de menos en el expediente administrativo tramitado la existencia de un acta completa que acredite la existencia de un examen detallado sobre la integración de la recurrente, donde deben constar las preguntas que se le formulan y las correspondientes respuestas. Por lo tanto, no constando acreditados los fundamentos fácticos para que este tribunal pueda concluir la falta de integración del recurrente en la sociedad española, dadas las circunstancias de hecho concurrentes a que más arriba se ha hecho referencia, y que ponen de manifiesto que el recurrente aparece adaptado a las costumbres españolas, según la información oficial que obra en el expediente administrativo remitido a este tribunal, es lo procedente concluir la anulación de la resolución recurrida, que no se ajusta al ordenamiento jurídico porque aparece insuficientemente motivada y ocasiona clara indefensión al demandante, lo que nos lleva a estimar el recurso y anular la actuación administrativa impugnada - artículos 68.1 b ), 70.2 y 71.1 a) de la Ley Jurisdiccional -, declarando el derecho del recurrente a la nacionalidad española solicitada."

SEGUNDO.- El escrito de interposición del recurso se articula en dos motivos, ambos, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional.

En el primero de ellos, se denuncia la infracción del artículo 22.4 CC, el art. 221 del RRC y el art. 319 LEC. Alega, en esencia, el Abogado del Estado que la sentencia presume la existencia de integración en la sociedad española, por la simple afirmación de que "la resolución recurrida ...aparece insuficientemente motivada", sin tener en cuenta datos relevantes acreditados en los autos y, así, "el Juez Encargado del Registro Civil informó desfavorablemente su solicitud por considerar que el recurrente no mostró un aceptable grado de integración y por desconocer la organización política territorial y costumbres de España". Añade que el art. 221 RRC no exige, como tampoco ninguna otra norma legal, que consten en el expediente administrativo las preguntas y respuestas de la entrevista realizada por el Juez Encargado del Registro Civil al solicitante de nacionalidad, mientras que la jurisprudencia otorga gran importancia al informe del Encargado del Registro Civil al valorar la concurrencia del requisito de "suficiente grado de integración en la sociedad española". Igualmente, se entiende conculcado el art. 319 LEC, toda vez que dicho precepto otorga especial relevancia a los documentos públicos.

En el segundo motivo casacional se pone de manifiesto la supuesta infracción de los arts. 9.3 y 24 CE, al haberse llevado a cabo una valoración ilógica de la prueba. Aduce la parte recurrente que la Sala de instancia realizó una valoración de la prueba ilógica al apreciar la concurrencia del requisito relativo al "suficiente grado de integración en la sociedad española", a pesar de constar en el expediente y también se cita en la sentencia "la falta de integración del recurrente en la sociedad española". A juicio del recurrente, constando prueba documental cualificada, no es posible dicha conclusión con un mínimo de lógica. Y concluye señalando que, en casos como éste, la Sala sentenciadora debió, o bien examinar directamente al interesado, o bien ordenar la retroacción de actuaciones.

TERCERO .- Como antes apuntamos, se ha suscitado en este caso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA, a cuyo tenor la Sala dictará Auto de inadmisión "en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad".

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, resulta evidente la concurrencia de los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida, pues, en efecto: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada; b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales; y c) el escrito de interposición del recurso de casación se funda en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional.

El tema realmente controvertido es si, al margen de estas consideraciones, debe apreciarse la concurrencia de la causa de inadmisión planteada, por concurrir los requisitos exigidos a tal efecto por el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional.

CUARTO .-Acerca de la interpretación de dicho artículo 93.2.e) nos hemos pronunciado en recientes Autos de esta Sala y Sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 ( RRC 3287/2009 y 2785/2009), señalando en este último lo siguiente:

"[...] para responder a ese interrogante resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible. Por eso, esta Sala ha afirmado reiteradamente que la finalidad del recurso de casación es corregir los errores en que hubieran podido incurrir los Tribunales de instancia en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia.

Es en este contexto como debe entenderse la previsión del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a cuyo tenor el recurso de casación carecerá de interés casacional cuando no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad.

El precepto contempla dos supuestos diferenciados en los que puede apreciarse carencia de interés casacional como causa de inadmisión del recurso de casación: el primero, cuando el recurso no afectare a un gran número de situaciones, y, el segundo, cuando no poseyera el suficiente contenido de generalidad.

Respecto del primero de los supuestos enunciados y a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esa causa de inadmisión, resulta obligado partir de la base de que cuando en el recurso de casación se plantea, como corresponde conforme a su naturaleza, una cuestión atinente a la recta interpretación y aplicación de una norma jurídica, siempre cabrá sostener que la cuestión suscitada trasciende del caso litigioso y puede proyectarse sobre otros pleitos, pues lo habitual es que las normas jurídicas se aprueben con vocación de generalidad, siendo excepcionales las llamadas "normas singulares" o "normas de caso único".

Por eso, de aceptarse acríticamente la tesis consistente en que la concurrencia de la causa de inadmisión que nos ocupa debe descartarse siempre que la cuestión interpretativa y aplicativa de la norma, cuya infracción se denuncia, pueda repercutir sobre otros casos, la causa de inadmisión del artículo 93.2.e) sería prácticamente inaplicable y su inclusión en la Ley de la Jurisdicción resultaría superflua por inútil desde el momento que su operatividad real quedaría apriorísticamente reducida a casos anecdóticos; conclusión que, obviamente, ha de rechazarse, pues es evidente que si el legislador ha incluido en la Ley procesal esta causa de inadmisión del recurso de casación, es porque a través de la misma pretende filtrar y delimitar los asuntos que merecen ser examinados en el marco de este recurso extraordinario.

Sobre la base de estas consideraciones debe apreciarse la exigencia de que el asunto no afecte a un gran número de situaciones para que el recurso sea considerado carente de interés casacional.

Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del articulo 93.2 de la Ley Jurisdiccional, que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.

Por el contrario, debe afirmarse que un asunto revestirá un contenido de generalidad que justifique su admisión, entre otros, en los siguientes casos: primero, cuando se trate de un recurso que plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre el que no haya doctrina jurisprudencial, o aún habiéndola haya sido desconocida o infringida por el Tribunal de instancia; segundo, cuando se trate de un recurso que, aun versando sobre cuestiones que ya han sido examinadas y resueltas por la jurisprudencia, realiza un enfoque crítico de la misma que pudiera dar pie a una reconsideración de dicha doctrina y eventualmente a su cambio; y tercero, cuando el asunto suscitado, aun sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, plantea una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Ahora bien, esta enumeración se realiza de forma ejemplificativa, y carece de pretensión de exhaustividad, lo que permitirá que en adelante este Tribunal, atendiendo a las singularidades que presente el caso concreto, delimite con mayor precisión el alcance de este concepto jurídico indeterminado.

No es ocioso señalar que el Tribunal Constitucional ha llegado a conclusiones similares en la reciente STC (Pleno) 155/2009 de 25 de junio de 2009, donde, interpretando una causa de inadmisión del recurso de amparo constitucional que guarda similitudes con la aquí concernida, consistente en carecer el recurso de amparo de "especial trascendencia constitucional", ha afirmado lo siguiente:

"Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC . En este sentido considera que cabe apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido. Tales casos serán los siguientes: a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE ; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la Ley o de otra disposición de carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la Ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional ( art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (RCL 1985\1578, 2635) ); g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios".

QUINTO .- Proyectadas estas consideraciones sobre el caso que ahora nos ocupa, hemos de concluir que este recurso de casación carece de interés casacional y, por ende, resulta inadmisible, toda vez que la parte recurrente en casación no plantea ninguna cuestión dotada de un contenido de generalidad y entidad jurídica tal que justifique su examen por el Tribunal Supremo. Más bien al contrario, se trata de una cuestión de carácter marcadamente casuístico y perfiles singulares. Por añadidura, no se plantea en el recurso de casación ninguna cuestión interpretativa y aplicativa de normas jurídicas, en torno a la cual se revele necesario el examen y la respuesta del Tribunal Supremo. Lo único que se discute en este recurso es la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia en torno a la acreditación, o no, en este concreto supuesto, del "suficiente grado de integración en la sociedad española" a efectos del reconocimiento de la nacionalidad española, de donde se infiere la carencia de interés casacional del recurso.

SEXTO .- En definitiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional, procede declarar la inadmisión del presente recurso; no obstando a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia que, en relación a la causa de inadmisión sometida a debate, ya han recibido cumplida respuesta a través de lo expuesto anteriormente en el cuerpo de esta resolución; sin que proceda imponer las costas, ex art. 93.5 de la misma Ley.

En su virtud,

Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, contra la Sentencia de 15 de septiembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 33/2014, resolución que se declara firme; sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados