ATS, 17 de Marzo de 2016

PonenteANTONIO DEL MORAL GARCIA
ECLIES:TS:2016:2666A
Número de Recurso20490/2015
ProcedimientoCausa Especial
Fecha de Resolución17 de Marzo de 2016
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

AUTO

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Marzo de dos mil dieciséis.

Dada cuenta. Por recibidos los anteriores testimonios que remite la Excma. Sala, únanse a la pieza de instrucción de su razón, y a la vista de los siguientes,

HECHOS

ÚNICO.- La Sala con fecha 23 de febrero pasado, dictó auto en cuya parte dispositiva, dice:

"... LA SALA ACUERDA : Se tendrá por personados y parte, en concepto de acusación popular, al Procurador Sr. Laguna Alonso, en la representación que ostenta de DON Teodulfo , DON Carlos Antonio , DOÑA Agustina y DOÑA Catalina , con quienes se entenderán las sucesivas diligencias, una vez que presten la correspondiente fianza, facultando al Instructor para que acuerde lo procedente conforme establece el art. 280 de la LECrm..." .

RAZONAMIENTOS JURíDICOS

ÚNICO.- El Auto de la Sala de Admisión de 23/2/16 acordó que se tendrá por personada a la acusación popular, ejercitada por Don Teodulfo , Don Carlos Antonio , Doña Agustina y Doña Catalina , una vez que presten la correspondiente fianza, facultando a este Instructor para la imposición de la misma prevista en el art. 280 LEcrm, auto que devino firme al no haber interpuesto recurso alguno contra el mismo.

Así tal como prevé el art. 125 CE ., el ejercicio de la acción popular se condiciona al cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos. Entre ellos, tal como ya establecía la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 280 , se encuentra la obligación impuesta al particular de prestar fianza para responder de las resultas del juicio. Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial posterior ya a la Constitución, reguló dicho presupuesto en su artículo 20.3 imponiendo la necesidad de adecuación de la cuantía de la fianza de tal suerte que no se erija en obstáculo insalvable para el ejercicio de dicha acción popular.

Se trata en definitiva de asumir la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional que, ya en una de sus primeras sentencias dejó dicho que la exigencia de una fianza no es en sí misma contraria al contenido esencial del derecho, siempre que su cuantía, en relación a los medios de quienes pretenden ejercitarlo, no impida u obstaculice gravemente su ejercicio, pues ello conduciría en la práctica a la indefensión que prohíbe el artículo 24.1 de la Constitución . ( STC 62/1983 y 113/1984 ).

Ponderando pues las resultas del juicio constituidas, en principio, por las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para Don Teodulfo , Don Carlos Antonio , Doña Agustina y Doña Catalina , y la previsible asequibilidad de su prestación por éstos, fijo en 3.000 euros la fianza que, en metálico, debidamente consignado, deberá ser prestada, como presupuesto para su intervención como parte en el presente procedimiento.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:

EL INSTRUCTOR ACUERDA, imponer a la acusación popular DON Teodulfo , DON Carlos Antonio , DOÑA Agustina y DOÑA Catalina una fianza de 3.000 euros (tres mil euros), para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la presente causa, debiendo prestarse en metálico, debidamente consignado, en el plazo de ocho días desde la notificación de esta resolución.

Prestada la fianza o transcurrido el plazo sin efectuarlo, dese cuenta y se acordará.

Así lo acuerda, manda y firma el Excmo. Sr. Magistrado Instructor, de lo que como Secretario, certifico.

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