ATS, 13 de Enero de 2016
| Ponente | JESUS SOUTO PRIETO |
| ECLI | ES:TS:2016:1174A |
| Número de Recurso | 3393/2014 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 13 de Enero de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a trece de Enero de dos mil dieciséis.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Souto Prieto
Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Ceuta se dictó sentencia en fecha 26 de septiembre de 2013 , en el procedimiento nº 293/2013 seguido a instancia de COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) contra LOOMIS SPAIN S.A., sobre conflicto colectivo, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 22 de mayo de 2014 , que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 1 de agosto de 2014, se formalizó por el letrado D. Lorenzo Rosa Rodríguez en nombre y representación de COMISIONES OBRERAS, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 7 de septiembre de 2015, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( SSTS, entre otras muchas, de 6 , 13 y 14 de julio de 2015 , rcud 1758/2013 , 2691/2014 y 1405/2014 ).
El sindicato CCOO de Ceuta presentó demanda de conflicto colectivo contra la empresa LOOMIS SPAIN S.A. solicitando que se declarase el derecho de los trabajadores de dicha empresa en Ceuta a percibir el plus de vinculación a la bonificación de cuotas a la Seguridad Social establecido en el Acuerdo de 4 de enero de 2012 (BOCCE de 27 de enero de 2012) suscrito entre la Confederación de Empresarios de Ceuta y los sindicatos CCOO y UGT. Las relaciones laborales de las partes se rigen por el convenio colectivo nacional de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. La sentencia recurrida ha desestimado la demanda razonando que el pacto es un acuerdo sobre materia concreta del art. 83.3 ET en el que los destinatarios directos de las cláusulas normativas no son las partes negociadoras sino los trabajadores y empresarios individuales así como los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo. Y ese ámbito no incluye las actividades de vigilancia y seguridad en el apartado 1º: "1°.- Conforme a la norma referida, el ámbito del presente acuerdo comprende los sectores de agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua; gestión de residuos; construcción distinta a la de edificios; comercio; transporte y almacenamiento; turismo; información y comunicaciones; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares; educación; agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otros servicios". En consecuencia, para aquellos sectores como el de seguridad privada solo se establece un "consejo" de adoptar el acuerdo pero sin cláusula normativa alguna, pues la Confederación de Empresarios de Ceuta no tiene capacidad para suscribir un acuerdo sobre materia concreta que modifique los convenios de ámbito superior.
El letrado del sindicato CCOO interpone el presente recurso para sostener que el acuerdo de materia concreta tiene carácter estatutario y obliga por tanto a la empresa demandada aunque no lo haya suscrito. Alega como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Valladolid, de 21 de octubre de 2009 (r. 1220/2009 ), dictada en una reclamación de cantidad promovida por una trabajadora de Eulen S.A. que viene prestando servicios en el hospital Río Carrión. El fundamento de la demanda son los acuerdos suscritos el 25 de enero de 1993 entre la empresa entonces adjudicataria del servicio de limpieza y el comité de empresa del hospital. La sentencia razona en primer lugar sobre la eficacia del acuerdo y seguidamente sobre el alcance obligacional de las empresas que se han ido haciendo cargo del servicio de limpieza, llegando a la conclusión de que la empresa que se hace cargo de la contrata está obligada a aplicar los pactos colectivos preexistentes a la plantilla y por extensión a las personas contratadas para el centro de trabajo en el que se aplicaba el pacto colectivo.
Como se advierte de lo expuesto es inapreciable la divergencia doctrinal alegada en el recurso porque falta la necesaria identidad en los hechos, pretensiones y fundamentos, así como en las materias planteadas. En la sentencia recurrida se pretende la declaración del derecho a percibir un determinado plus por los cuatro trabajadores que la empresa demandada, de implantación nacional, tiene en el centro de Ceuta, con fundamento en un Acuerdo suscrito al amparo del art. 83.3 ET y cuyo ámbito de aplicación no incluye el sector de seguridad y vigilancia. Lo pretendido en la sentencia de contraste es el abono de ciertos conceptos salariales con base en unos acuerdos suscritos en su día entre la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y el comité de empresa del hospital donde presta servicios la actora. Y la controversia se plantea por el hecho de que la empleadora no suscribió el pacto en el que se fundamenta la reclamación de la actora, lo que decide la Sala aplicando el criterio de no discriminación salarial por razón de la fecha del contrato. Por consiguiente, los debates se plantean en términos distintos como consecuencia de los diferentes supuestos de hecho sobre los que decide cada sentencia.
De conformidad con lo establecido en los artículo s 219 y 235.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas al tratarse de proceso sobre conflicto colectivo en el que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Lorenzo Rosa Rodríguez, en nombre y representación de COMISIONES OBRERAS, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 22 de mayo de 2014, en el recurso de suplicación número 437/2014 , interpuesto por LOOMIS SPAIN S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Ceuta de fecha 26 de septiembre de 2013 , en el procedimiento nº 293/2013 seguido a instancia de COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) contra LOOMIS SPAIN S.A., sobre conflicto colectivo.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
