ATS, 10 de Febrero de 2016

PonenteFRANCISCO MARIN CASTAN
ECLIES:TS:2016:788A
Número de Recurso2595/2014
ProcedimientoCIVIL
Fecha de Resolución10 de Febrero de 2016
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

AUTO

En la Villa de Madrid, a diez de Febrero de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

  1. - La representación procesal de D. Nemesio y Dª Ángela presentó el día 24 de septiembre de 2014 escrito de interposición de recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada con fecha 22 de julio de 2014 por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección Tercera), en el rollo de apelación n.º 3205/2014 , dimanante del juicio verbal n.º 633/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Donostia-San Sebastián, al que se acumuló el juicio verbal 860/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Donostia-San Sebastián.

  2. - Mediante diligencia de ordenación de fecha 25 de septiembre de 2014 la referida Audiencia Provincial tuvo por interpuestos los recursos y acordó elevar las actuaciones a este Tribunal Supremo, habiéndose notificado dicha resolución a las partes litigantes comparecidas por medio de sus respectivos procuradores.

  3. - Con fecha 22 de octubre de 2014 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del procurador D. Pablo Sorribes Calle, en nombre y representación de D. Nemesio y Dª Ángela , personándose en calidad de recurrente. Con fecha 11 de noviembre de 2014, se ha personado ante esta Sala la procuradora Dª. María José Moruno Cuesta, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE000 Nº NUM000 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, en calidad de parte recurrida.

  4. - Por la parte recurrente se han efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la Disposición Adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial .

  5. - Mediante providencia de fecha 9 de diciembre de 2015, se acordó poner de manifiesto a las partes personadas, por el plazo de diez días, las posibles causas de inadmisión de los recursos.

  6. - El procurador Sr. Sorribes Calle, en la representación que ostenta, presentó escrito ante esta Sala mediante el cual formuló las alegaciones que tuvo por conveniente en favor de la admisión de los recursos interpuestos. La procuradora Sra. Moruno Cuesta, en representación de la parte recurrida, presentó escrito manifestando su conformidad con las causas de inadmisión puestas de manifiesto por esta Sala.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Marin Castan

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. - Por la parte demandada, apelante y hoy recurrente, se formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación al amparo del artículo 477.2.3.º de la LEC contra una sentencia que ha sido dictada vigente la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, en un juicio verbal procedente de un juicio monitorio sobre reclamación dineraria de cuotas comunitarias, tramitado por razón de la cuantía siendo esta inferior 6.000 euros; posteriormente se acumuló otro juicio verbal seguido entre las mismas partes en el que se reclamaba una cantidad también inferior a 6.000 euros. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, se resolvió por Sentencia dictada, con fecha 22 de julio de 2014, por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa , constituida por un único Magistrado actuando como órgano jurisdiccional unipersonal.

  2. - Pues bien, el recurso de casación incurre en causa de inadmisión, por no ser la Sentencia recurrible en casación ( artículo 477.2 y 483.1 de la LEC ), al no haber sido dictada por la Audiencia Provincial como órgano colegiado. En este sentido se ha pronunciado esta Sala en Autos de fecha 26 de febrero de 2013 ( recurso de queja nº 247/12), de 11 de junio de 2013 ( recurso de casación 1449/12), de 10 de septiembre de 2013 ( recurso de casación 2672/13 ) y, más recientemente, de 28 de octubre de 2015 (recurso extraordinario por infracción procesal 1957/14), entre otros muchos.

    En las anteriores resoluciones se sienta la doctrina de que la nueva configuración del recurso de casación, respecto a la contenida en la LEC 1881 permite concluir que este recurso se estableció contra las sentencias dictadas por un órgano colegiado. La identificación del término Audiencias Provinciales con órganos colegiados está en consonancia con la introducción en la LEC de la modalidad de recurso de casación consistente en la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, pues solo puede hablarse de jurisprudencia de las Audiencias Provinciales si nos referimos a ellas como órganos colegiados.

    Tras la última reforma del recurso de casación, por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, se mantiene en el artículo 477 de la LEC la referencia expresa a las Audiencias Provinciales y se potencia de manera extraordinaria el recurso de casación por existencia de interés casacional. No hay en esta reforma referencia alguna que permita deducir que se haya querido establecer el acceso a la casación de las sentencias dictadas en apelación por un solo magistrado, en los supuestos que contempla el artículo 82.2.1.º.II de la LOPJ . Esta omisión de referencia expresa a estas sentencias puede razonablemente ser interpretada en el sentido de que su intención es excluir estas sentencias del recurso de casación. A esta conclusión se llega partiendo de dos razonamientos:

    i) Si se pretendía que esas sentencias tuvieran acceso a la casación se hacía necesaria una disposición expresa, ya que implica un cambio en la configuración inicial en la LEC del recurso de casación que -como se ha dicho- se contempló contra las sentencias dictadas por órganos colegiados.

    ii) Y -la razón más significativa- la finalidad perseguida con la reforma de la LOPJ, efectuada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que introdujo la modificación en el artículo 82.2.1.º.II LOPJ , y por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. En las Exposiciones de Motivos de ambas normas está plasmada la intención del legislador de reducir el tiempo de respuesta en los litigios y especialmente clara es la Exposición de Motivos de la primera de estas leyes. En ella se declara expresamente que se ha reformado el artículo 82 [LOPJ ] para la tramitación de los recursos de apelación frente a las resoluciones dictadas por los Jueces de Primera Instancia en procesos seguidos por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, que serán resueltos por un solo magistrado, designado por turno de reparto. Con ello se logrará reducir el tiempo de respuesta en la segunda instancia en conflictos que, por tratarse de asuntos que no revisten especial complejidad, no precisan ser resueltos por un órgano colegiado.

    Parece contradictorio con la voluntad expresa de la norma que -excluidos por la LOPJ determinados asuntos del examen de un órgano colegiado en la segunda instancia porque su escasa complejidad no lo requiere- se entienda que pueden ser vistos en casación por un órgano colegiado superior en el orden civil como es el Tribunal Supremo.

    Parece contradictorio con la finalidad perseguida con las citadas reformas hacer -ante el silencio de la ley- una interpretación extensiva de la procedencia del recurso, que no se ajusta al criterio restrictivo seguido en la última reforma en materia de recursos, respecto a los litigios seguidos por razón de la cuantía de escasa relevancia, como se pone de manifiesto por la limitación del recurso de apelación establecida en el artículo 455.1 LEC .

    Circunstancias las expuestas y razonamientos que son plenamente aplicables al caso planteado, pues al haberse seguido el procedimiento por razón de la cuantía, siendo esta inferior a 6.000 euros y haberse dictado la sentencia por un órgano unipersonal de la Audiencia Provincial, la sentencia no es recurrible en casación. En nada influye ni a la cuantía, ni al tipo de procedimiento seguido, ni al hecho de que se haya conocido la apelación por un solo magistrado la circunstancia de que se acumulasen dos juicios verbales, uno en el que se reclamaban 4.626,38 euros y otro en el que se reclamaban 2.193,21 euros, pues como dispone el art. 252 regla 5ª de la LEC , «[n]o afectarán a la cuantía de la demanda, o a la de la clase de juicio a seguir por razón de la cuantía, la reconvención ni la acumulación de autos».

  3. - En virtud de cuanto ha quedado expuesto en la fundamentación jurídica que antecede, no es posible tomar en consideración las manifestaciones realizadas por la recurrente en el trámite de alegaciones, en relación a la admisión de los recursos interpuestos, ya que lo cierto es que, como se ha afirmado antes, esta Sala ha conformado una doctrina constante y consolidada sobre el acceso a la casación de las sentencias dictadas en juicios verbales tramitados por razón de la cuantía, como el caso que nos ocupa, sin que esta Sala se vea vinculada en modo alguno por el hecho de que la Audiencia Provincial haya dado a la parte la posibilidad de recurrir.

  4. - La falta de recurribilidad de la sentencia, determina conforme a la DF 16.1.5.ª de la LEC la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal. Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

  5. - Siendo inadmisibles los recursos, tal circunstancia supone la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

  6. - Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 de la LEC y habiéndose presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas generadas a la parte recurrente.

LA SALA ACUERDA

  1. ) No admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de D. Nemesio y Dª Ángela contra la sentencia dictada con fecha 22 de julio de 2014 por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección Tercera), en el rollo de apelación n.º 3205/2014 , dimanante del juicio verbal n.º 633/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Donostia-San Sebastián, al que se acumuló el juicio verbal 860/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Donostia-San Sebastián.

  2. ) Declarar firme dicha sentencia.

  3. ) Imponer las costas procesales a la parte recurrente, que perderá los depósitos constituidos.

  4. ) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno de conformidad con lo establecido en los arts. 483.5 y 473.3 de la LEC .

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.

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