ATS, 10 de Septiembre de 2015
| Ponente | SEGUNDO MENENDEZ PEREZ |
| ECLI | ES:TS:2015:7235A |
| Número de Recurso | 1044/2015 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 10 de Septiembre de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diez de Septiembre de dos mil quince.
PRIMERO .- Por la Procuradora de los Tribunales, Dña. María Leocadia García Cornejo, en nombre y representación de D. Clemente , D. Isaac , D. Sabino , Dña Erica , D. Marco Antonio , Dña Rosalia y D. Cesar ha interpuesto Recurso de Casación contra la Sentencia 141/2015, de 17 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , dictada en el Procedimiento Ordinario 409/2014, en materia de colegios profesionales.
SEGUNDO .- Mediante Providencia, de 25 de mayo de 2015, se acordó dar traslado a la parte recurrente por plazo de diez días para que en su caso formulara alegaciones sobre la inadmisión del recurso opuesta por el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Urbana de España en su escrito de personación, de fecha 15 de abril de 2015, alegando el carácter irrecurrible de la sentencia y la defectuosa preparación del recurso. Trámite que ha sido cumplimentado por la parte recurrente.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, Magistrado de la Sala
PRIMERO .- La Sentencia impugnada desestima el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gerona/Girona y Provincia y de D. Clemente , D. Isaac , D. Sabino , D. Ricardo , D Juan Antonio , Dña Erica , D. Marco Antonio , Dña Rosalia y D. Cesar , contra el Acuerdo, de 16 de enero de 2014, del Consejo Rector del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Urbana de España, mediante el que se impone a cada uno de los actores personas físicas, en cuanto miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial recurrente, la sanción de inhabilitación para ocupar cargos directivos por un periodo de diez meses o a abonar 22.202,27 euros directamente al Consejo General.
SEGUNDO .- En relación con las razones por las que el Consejo General recurrido se opone a la admisión del recurso de casación (carácter irrecurrible de la resolución judicial impugnada, por insuficiente cuantía, así como la defectuosa preparación del recurso) es criterio de esta Sala que, en el trámite de personación a que se refiere el artículo 90.3 de la Ley Jurisdiccional , la parte recurrida sólo puede oponerse a la admisión del recurso por las causas previstas en el artículo 93.2.a), no en los demás casos a que se refieren las letras b), c), d) y e) del citado artículo 93.2, es decir, porque el escrito preparatorio del recurso sea defectuoso, al no haberse observado los requisitos exigidos al efecto, o porque la resolución impugnada no sea susceptible de recurso de casación, toda vez que la posibilidad que el artículo 90.3 brinda a la parte recurrida para oponerse a la admisión del recurso, al tiempo de comparecer ante este Tribunal, es la consecuencia, como claramente se desprende de su texto, de la imposibilidad legal en que la misma se encuentra de reaccionar frente a la providencia que tenga por preparado el recurso de casación, contra la que dicha parte no puede interponer recurso alguno.
Por tanto, las causas de inadmisión alegadas caben ser opuestas, al encontrar su encaje en el artículo 93.2.a) de la Ley de esta Jurisdicción .
TERCERO .- Aun cuando el artículo 89.1 de la Ley Jurisdiccional no establece un listado de los requisitos de forma cuya concurrencia ha de plasmarse en el escrito de preparación, este Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto en multitud de resoluciones la necesidad de hacer constar ya en dicho escrito, primero, el carácter recurrible de la resolución que se intenta impugnar; segundo, la legitimación de la parte recurrente; tercero, el cumplimiento del plazo legalmente fijado para presentar el escrito de preparación, y cuarto, la intención de interponer el recurso de casación contra la sentencia o auto impugnados ( AATS de 10 de octubre de 2010 , 6 de mayo de 2010 , 11 y 18 de julio de 2007 , y 16 de octubre de 2008 , recursos de casación 573/2010 , 951/2010 , 4875/2009 , 9741/2003 , 2132/2004 y 4184/2007 , entre otros muchos). No obstante, ha de precisarse que esta enumeración no agota las exigencias formales predicables del escrito de preparación del recurso de casación, pues tan sólo enuncia aquéllas que aparecen desconectadas de los concretos motivos de casación que sustentarán el indicado recurso.
Así, a esos requisitos ha de añadirse la necesidad de anticipar en el mismo escrito de preparación los concretos motivos -de entre los previstos en el artículo 88.1 LJCA - en que se fundamentará el escrito de interposición, cualesquiera que sean en cada caso dichos motivos; de manera que es carga del recurrente en casación indicar ya en la fase de preparación los concretos motivos en que se fundará el recurso, con indicación de los concretos preceptos o jurisprudencia que se reputan infringidos o del contenido de las infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretendan denunciar y desarrollar en el escrito de interposición del recurso de casación , aunque fuere de forma sucinta. Si así no se exigiera, es decir, si se estimara innecesario anticipar el motivo o motivos al que se acogerá el escrito de interposición, en los términos expresados, el trámite de preparación quedaría privado de su sentido y finalidad característicos , desde el momento que el Tribunal a quo quedaría desprovisto de elementos de juicio para verificar que el recurso de casación cumple el más primario requisito de procedibilidad , cual es que se funda formalmente en uno de sus cuatro motivos, con indicación de las infracciones normativas o jurisprudenciales denunciadas , y no en otro tipo de consideraciones ajenas al sistema de la Ley procesal; y la parte recurrida carecería de la información necesaria al respecto para adoptar la posición procesal que estimara pertinente. Esta exigencia de expresión de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales en el escrito de preparación existe tanto cuando la resolución impugnada procede de los Tribunales Superiores de Justicia como de la Audiencia Nacional y cualquiera que sea el motivo del artículo 88.1 que se utilice, doctrina que ha venido siendo recogida por esta Sala Tercera del Tribunal Supremo en numerosos pronunciamientos, del que es fiel exponente el Auto de 10 de febrero de 2011 (Rec. 2927/2010 ), seguido de otros posteriores, entre los que pueden citarse los Autos de 26 de mayo de 2011 (Rec. 7033/2010), de 16 de junio de 2011 (Rec. 7046/2010 y 258/2011), de 30 de junio de 2011 (Rec. 772/2011) y de 12 de abril de 2012, RC 5595/2011.
Y más aún, en el caso específico de impugnación de sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en relación con el cauce casacional del apartado d) de dicho artículo 88.1, no sólo apuntar el motivo sino también justificar que la infracción de normas de Derecho estatal o de Derecho comunitario europeo ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia. Así, se precisa que tales sentencias -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada-, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) Que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) Que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) Que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
CUARTO .- Pues bien, en el presente caso el escrito de preparación presentado ante la Sala a quo por la representación procesal de los recurrentes no cumple con los requisitos expuestos con anterioridad, toda vez que no se indica en el escrito preparatorio , de forma determinada, concreta y precisa, las infracciones que se reputan a la Sentencia que se combate en casación, siendo su contenido más bien el de un escrito de alegaciones. En efecto, el escrito de preparación incluye un apartado Cuarto donde los recurrentes llevan a cabo una exposición sobre los motivos en los que se fundamentará el recurso, sin que se llegue a invocar ninguna disposición como vulnerada por la sentencia, sino que, únicamente, al final del mismo, se realiza una mera alusión a tres Sentencias de este Tribunal, si bien sin efectuar ninguna indicación sobre su objeto o contenido, ni aún menos sin que se pongan en relación con la ratio decidendi de la sentencia que se impugna en casación. No existe vinculación alguna con la razón de decidir de la sentencia (que ni la existencia de un acuerdo unilateral de separación del Consejo General adoptado por un Colegio provincial, ni la ausencia de suscripción de un convenio de colaboración ampara legalmente el incumplimiento por el colegio provincial de sus obligaciones, así como que las cuotas devengadas y no abonadas tenían carácter firme, al no haber sido impugnadas), con lo que no se habría llevado a cabo el exigible juicio de relevancia, toda vez que, en ningún caso, justifica -aun mínimamente- en qué medida, cómo o en qué sentido la supuesta infracción de esas Sentencias ha podido incidir en el fallo de la sentencia recurrida; y sin que la mera afirmación apodíctica de que la Sentencia de instancia conlleva su vulneración,sea suficiente para poder tener por cumplida la exigencia mencionada .
La primera fase de preparación del recurso de casación no se configura en el sistema de la Ley Jurisdiccional como un mero formalismo carente de mayor trascendencia, sino más bien como un trámite que adquiere sustantividad propia, en cuanto ha sido establecido por el legislador con la evidente finalidad de permitir al mismo Tribunal que ha dictado la resolución judicial efectuar un primer juicio sobre la procedencia del recurso y constatar si se dan las condiciones previstas en la Ley de la Jurisdicción para darle trámite y remitir lo actuado ante el Tribunal Supremo; y con el propósito de proporcionar a la parte recurrida información acerca de los motivos en que se fundamentará el recurso de casación. Obvio es que esa finalidad sólo puede cumplirse si la Sala a quo y las partes disponen de toda la información necesaria para formar criterio sobre tal cuestión; de ahí que sea carga del interesado en recurrir en casación proporcionar ya en el escrito de preparación los datos indispensables para comprobar el cumplimiento de esos requisitos, sin que, por lo demás, esta carga procesal que sólo al recurrente afecta, pueda ni deba ser cumplida o completada por la Sala, de oficio y en perjuicio de la parte procesal enfrentada a quien pretende recurrir.
Siendo, por tanto, evidente, que no se cumplen las exigencias formales del citado escrito, procede declarar la inadmisión del recurso, de conformidad con el artículo 93.2.a) de la Ley Jurisdiccional .
QUINTO .- Y sin que quepa estimar las alegaciones de los recurrentes, en las que sostienen que el escrito de formalización es - sic - literosuficiente , toda vez que la causa de inadmisión opuesta por el Consejo General no se refiere al escrito de interposición, sino al de preparación , debiendo señalarse que según doctrina de esta Sala no cabe integrar el escrito de preparación con el de interposición ( ATS de 11 de septiembre de 2014, RC 2231/2013 , con cita en el de 12 de enero de 2012, RC 2084/2011 ).
En conclusión, tales alegaciones no combaten en modo alguno los razonamientos jurídicos expresados por la Sala con antelación, que sirven de base a la declaración de inadmisión del recurso.
SEXTO .- La apreciación de la causa de inadmisión expuesta con anterioridad hace innecesario abordar la causa restante opuesta por la parte recurrida.
SÉPTIMO .- Deben imponerse las costas procesales causadas por este incidente a la parte recurrente, al ser inadmisible su recurso de casación, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139. 3 de la LRJCA , fija en 1.500 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida, por todos los conceptos.
Por lo expuesto,
Declarar la inadmisión del Recurso de Casación interpuesto por la representación procesal de D. Clemente , D. Isaac , D. Sabino , Dña Erica , D. Marco Antonio , Dña Rosalia y D. Cesar contra la Sentencia 141/2015, de 17 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , dictada en el Procedimiento Ordinario 409/2014, resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este incidente, con el límite fijado en el último de los Razonamientos Jurídicos.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
