ATS, 15 de Julio de 2015

Con fecha 27 de abril se presentó, en el Registro General de este Tribunal Supremo, escrito del procurador Sr. Rodríguez-Jurado Saro, en nombre y representación de Sabino , interponiendo demanda de error judicial, en relación con el auto de 03.04.14 del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid , dictado en el Procedimiento Abreviado 443/14, que elevó la detención efectuado el 01.04.14 a prisión provisional; tras ello fue imputado, junto con tres personas más, por delitos de robo violento y lesiones, y acusado por tales delitos por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales, tras el correspondiente juicio oral ante el Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid, celebrado el 23.01.15 , el 27.01.15 se dictó sentencia absolutoria. El tiempo privado de libertad fue de 302 días (días 1 y 2 detención y del 03.04.14 al 27.01.15 prisión provisional), prisión provisional acordada con evidente error judicial ya que: "...las pruebas que motivaron la decisión de privación de libertad de mi representado son las mismas que se han analizado y valorado por el Juez sentenciador, pues todas las que se citan en la Sentencia y que han sido descartadas por su nula eficacia probatoria obran en el expediente instructor a los folios que asimismo se citan, sin que ante el Juzgado Sentenciador se hayan aportado nuevas pruebas que sostengan, siquiera a posteriori, la correcta actuación judicial en la adopción de la medida de privación de libertad y la base de las acusaciones, lo que pone aún más de manifiesto el error judicial en que se ha incurrido en este caso...".

El Ministerio Fiscal, por escrito de 30 de junio, dictaminó: "...la prisión decretada se llevó a cabo de manera justificada con absoluto respeto a lo dispuesto en los arts. 502 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , siendo puestos en libertad los detenido el día de la fecha de la sentencia, en la que declarando cometido el delito y con ello la existencia del hecho, se absolvió a los acusados en aplicación del principio pro reo, en razón de las discordancias sobrevenidas respecto a la prueba testifical sobrevenida."

Con fecha 11 de junio la Abogacía del Estado presentó escrito en el Registro General de este Tribunal Supremo interesando su personación, acordando por providencia de 3 de julio tenerlo por personado y parte.

La Ley Orgánica 6/1985, de de 1 de julio, del Poder Judicial, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 121 de la Constitución , ha configurado diversos mecanismos dentro del Título V del Libro III dedicado a "la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia" (arts. 292 a 297, ambos inclusive) destinados a que se produzca el efectivo resarcimiento patrimonial en los dos supuestos contemplados en su art. 292.1: a) daños que sean consecuencia en cualesquiera bienes o derechos por error judicial y b) los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Doble vía que tiene igualmente un tratamiento procesal distinto.

En el supuesto de error se precisa una previa declaración judicial, que reconozca la existencia del mismo, rrt. 293.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el segundo supuesto, el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, basta con formular petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, art. 293.2 .

El demandante acude a la primera vía, y funda su pretensión en el error judicial que nace, a su juicio, el 1 de abril de 2014 cuando fue detenido con motivo de la investigación del delito de robo con violencia y de lesiones en la persona de Carlos Ramón . El demandante fue puesto a disposición de la autoridad judicial el día tres, acordándose su ingreso en prisión por medio de auto de 3 de abril de 2014 (Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, Procedimiento Abreviado 443/14). Tramitada la correspondiente instrucción, el Fiscal formuló acusación por los dos delitos. Celebrado el juicio oral, el Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid dictó sentencia absolutoria el 27.01.2015 , por lo que fue puesto en libertad el mismo día, permaneciendo 302 de privación indebida de libertad.

Dado que el Juzgado de lo Penal nº 23 en la sentencia de 27 de enero de 2015 le absuelve de toda responsabilidad penal al considerar que no se ha proporcionado suficiente prueba incriminatoria contra el acusado, entiende el demandante que ha existido error judicial y que debe ser declarado así, de acuerdo con las previsiones señaladas en el artículo 293.1 de la LOPJ , al haber estado detenido policialmente dos días y en prisión provisional durante trescientos sin causa que lo justifique.

El art. 294 LOPJ contiene unos condicionantes para el reconocimiento de un derecho a indemnización por prisión provisional injustificada (absolución por inexistencia del hecho o sobreseimiento libre por esa precisa causa) que fueron objeto de una interpretación extensiva por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Sin embargo, como consecuencia de algunos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha recuperado la exégesis más estricta de ese título de indemnización. La interpretación última de esos requisitos corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la competente para conocer en vía judicial sobre las resoluciones administrativas que puedan recaer. La jurisprudencia había ensanchado los supuestos del art. 294 LOPJ la posibilidad de reclamación de indemnización, cuando la literalidad de la ley sólo se refiere a la absolución o sobreseimiento por inexistencia del hecho imputado, habiendo asimilado a ellos lo que vino a denominar inexistencia subjetiva: el hecho había sucedido pero en él no había participado el acusado; es decir, resultaba acreditada la ausencia de participación de quien había padecido prisión preventiva, con ello se discriminaba entre las sentencias absolutorias que declaraban no acreditada o no suficientemente probada la participación de un acusado en los hechos; de aquellas otras que consideraban probado que no había tenido intervención alguna. Solo estas últimas servían de título para una petición basada en el art. 294 LOPJ .

Ello fue replanteado a raíz de algunos pronunciamientos del TEDH que consideraron contrario al Convenio de Roma y en particular a las exigencias de la presunción de inocencia la diferenciación entre unos y otros absueltos. No podría formarse un grupo de absueltos de segunda categoría. Eso supondría tanto como exteriorizar, pese a la absolución, dudas sobre su culpabilidad, así la STEDH, de 13 de julio de 2010 - caso Tendam c. España-. Ese planteamiento también incide de alguna manera en el cuerpo doctrinal de esta Sala Segunda. Si hasta ahora veníamos entendiendo, no sin algunos matices, que la indemnización por prisión preventiva padecida tenía su régimen específico y excluyente en el art. 294 LOPJ y por tanto rechazábamos por vía de principio general toda petición de declaración de error judicial sustentada en esa situación procesal, ahora queda claro que la indemnización por prisión preventiva no agota sus posibilidades en el art. 294 LOPJ . Este precepto contemplaría exclusivamente un supuesto singularizado por esas premisas que se exigen y que hacen innecesaria, por superflua, toda tarea tendente a constatar la presencia de un error. La absolución (o sobreseimiento) por inexistencia del hecho de quien ha sufrido prisión preventiva origina una lógica presunción legal de que la privación de libertad no estuvo justificada y merece una reparación. Pero son imaginables otros supuestos en que nazca un derecho a la indemnización por error judicial en virtud de una prisión preventiva aunque no concurran las exigencias del art. 294. Paradigmático sería el caso del exceso en la prisión preventiva. Pero cabrían muchos otros: imposición de pena de multa; condena por falta; algunos casos de sobreseimiento provisional; prisión provisional injustificada por falta de sus requisitos, aunque luego le pueda ser abonable y siempre que se acrediten perjuicios...; y a partir del giro jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (ver sentencias de 23.11.10 [recursos de casación nº 4288/2006 y 1908/2006 ], y las de 24 de mayo , 7 , 14 , 20 , 21 y 27 de junio de 2011 [ recursos 1315/07 , 5241/10 , 606/07 , 1565/10 y 1488/07 ]), algunos supuestos de lo que se venía denominando "inexistencia subjetiva" en los que pueda tratarse de "errónea" la decisión de prisión preventiva. En todos esos casos el procedimiento a seguir no sería el previsto en el art. 294, sino el genérico del art. 293: declaración de error.

El recurrente de forma explícita y argumentada intenta abrir ese camino: funda su pretensión en el art. 293. El cauce elegido en el actual estado de la cuestión es correcto. Ha de obtenerse previamente la declaración de error judicial. La jurisprudencia de esta Sala de la que en principio podría deducirse que todos los casos de reclamación de indemnización por prisión preventiva han de canalizarse por los arts. 294 y 293.2 ( AATS de 28 de mayo de 1987 , 8 de junio de 1988 , 19 de mayo de 1989 , 12 de junio de 1990 o de 22 de septiembre de 1995 o SSTS de 8 de junio de 1988 , 4 de junio y 13 de mayo de 1991 , 26 de septiembre de 1992 ) ha de entenderse corregida. De hecho no faltaban resoluciones aisladas que admitían la competencia para declarar el error judicial derivado de una decisión de prisión preventiva cuando se basa en presupuestos diferentes de los establecidos en el tan citado art. 294 LOPJ ( SSTS de 19 de mayo de 1989 , 12 de febrero de 1990 , 13 de noviembre de 1991 , o, expresamente, 22 de diciembre de 1990 que argumenta que el art. 294 abre una vía privilegiada que no excluye la ordinaria cuando el reclamante alberga dudas sobre la concurrencia de sus requisitos).

Ahora bien, lo que no es asumible es valerse del art. 293.1 para orillar los requisitos generales del error judicial del art. 294. Hay que comprobar el fundamento de la demanda que debe imputar el error al auto de prisión preventiva o a su prolongación. No basta enarbolar la posterior absolución. Los requisitos que se exigen para apreciar el error judicial han de aplicarse íntegramente.

Examinada desde esa perspectiva - art. 293.1 LOPJ - la demanda, se comprueba una notable falta de consistencia de fondo. En efecto, pese a que el solicitante establece correctamente que el error estribaría tanto en el acuerdo de prisión preventiva como en su mantenimiento a lo largo de la causa, razona fijándose casi exclusivamente en los argumentos utilizados por el Juzgado de lo Penal, que considera que no se ha producido suficiente prueba incriminatoria contra los acusados, ordenando la inmediata puesta en libertad del hoy demandante y demás acusados, absolviéndoles de toda responsabilidad penal. Pero si el error hay que detectarlo en la decisión de prisión preventiva, la argumentación habrá de resaltar por qué aquélla medida no debió haberse adoptado.

Sin perjuicio de que cabrían algunas matizaciones, la decisión de prisión preventiva ha de ser analizada desde una perspectiva ex ante, y no ex post. Es decir, se tratará de dilucidar si en aquellos momentos iniciales de la instrucción con los elementos de que se disponía y atendidas todas las circunstancias era procedente o no decretar la prisión preventiva. Además, no bastará con concluir que quizás no debiera haberse dictado; habrá que demostrar que se decretó de forma claramente equivocada. Cuestión distinta es que lo que la sentencia argumenta pueda servir en alguna medida para identificar los indicios que existían en aquellos primeros momentos pues a ellos se refieren también.

Cabe una prisión preventiva decretada correctamente que vaya seguida de una sentencia absolutoria también correcta: porque se desvanecen los indicios que existían; porque el testigo se retracta de la inicial declaración; porque desaparecen pruebas; o sencillamente porque las exigencias indiciarias para una prisión preventiva se mueven lógicamente en un escalón inferior y menos riguroso a las requeridas para una sentencia condenatoria y se manejan además otros parámetros (riesgo de fuga, peligro de reiteración delictiva...). Como cabe igualmente que una equivocada decisión de prisión preventiva preceda a una sentencia condenatoria (porque existiendo indicios suficientes de comisión del delito y participación en él del inculpado, sin embargo no concurriese ninguno de los otros factores exigibles para legitimar esa medida). La absolución no atrae automáticamente la etiqueta de "indebida" para la prisión preventiva previa.

La jurisprudencia se ha pronunciado sobre el significado que debe conferirse al concepto "error judicial" . Ha mantenido invariablemente que debe ser interpretado con un criterio restrictivo.

En ninguna forma, como razona también el Fiscal, podría hablarse de error judicial en la decisión de prisión preventiva adoptada en el caso actual, dados los parámetros que han de usarse para llegar a esa evaluación. Sería preciso que la aplicación de la norma al caso enjuiciado fuese disparatada, extravagante o desprovista de todo fundamento legal y doctrinal. El error judicial debe reunir las características que se recogen en la STS (Sala Tercera) de 8 de septiembre de 2011 (recurso de revisión 139/2009 ), recuerda : "(...) tanto la Sala del artículo 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , (por todas, STS 23-2-2011 y 31-5-2011 ) como esta Tercera, vienen declarando en relación con las características que ha de reunir el error, lo siguiente: (a), «sólo un error craso, evidente e injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial, pues este procedimiento no es, en modo alguno, una nueva instancia en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente»; (b), «el error judicial, considerado en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como consecuencia del mandato contenido en al artículo 121 de la Constitución , no se configura como una tercera instancia ni como un claudicante recurso de casación, por lo que sólo cabe su apreciación cuando el correspondiente Tribunal de Justicia haya actuado abiertamente fuera de los cauces legales», no pudiendo ampararse en el mismo «el ataque a conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales»; (c), «el error judicial es la equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley»; (d), «el error judicial es el que deriva de la aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido» y «ha de dimanar de una resolución injusta o equivocada, viciada de un error craso, patente, indubitado e incontestable, que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas, que rompan la armonía del orden jurídico»; (e), «no existe error judicial cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica», «ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico»; (f), «no toda posible equivocación es susceptible de calificarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta una desatención del juzgador, por contradecir lo evidente o por incurrir en una aplicación del derecho fundada en normas inexistentes, pues el error judicial ha de ser, en definitiva, patente, indubitado e incontestable e, incluso, flagrante»; y, (g), «no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador»".

No cualquier resolución judicial luego corregida o enmendada da lugar a un error judicial en el sentido del artículo 293, y la consiguiente obligación del Estado de indemnizar los daños resultantes. Es necesario que se trate de un error patente, claro, evidente o injustificado.

En el caso que nos ocupa la decisión de acordar la medida cautelar de prisión preventiva con los indicios existentes en aquel momento no merece el calificativo de "disparatada". Antes bien, se presentaba como la única razonable al haberse apercibido dos testigos de la situación tomando la matrícula del vehículo marca Wolkswagen Golf de color negro que resultó pertenecer en los Registros de Tráfico a Sabino . Debe destacarse en este orden cómo la testigo Sra. Celia reconoció fotográficamente al acusado Sabino como la persona que llegó conduciendo el vehículo citado. Practicada diligencia de reconocimiento volvió a identificar al mismo. De igual manera el Sr. Estanislao , pareja de la testigo anterior reconoció primero a través de fotografía y después en rueda al acusado Sabino , así como a Franco , quien abandonó con el anterior el lugar de los hechos en el vehículo que aquel conducía. No efectuándose otros reconocimientos en Sala ante el deseo de los testigos de declarar con biombos y no enfrentarse visualmente a los acusados.

Visto lo que antecede, la prisión decretada se llevó a cabo de manera justificada y con respeto a lo dispuesto en los arts. 502 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , siendo puesto en libertad el detenido el día de la fecha de la sentencia, en la que, declarando cometido el delito y con ello la existencia del hecho, se absolvió a los acusados en aplicación del principio pro reo, en razón de las discordancias sobrevenidas respecto a la prueba testifical sobrevenida. Que algunos de esos indicios no pudieran tenerse en cuenta en la sentencia no retrotrae su ineficacia al momento en que se dictó la prisión preventiva.

El régimen legal en materia de indemnización por prisión preventiva es el diseñado en los arts. 293 y 294 LOPJ . Se puede considerar más o menos restrictivo, más o menos acertado, pero es el que debe aplicarse. Una absolución no comporta automáticamente la necesidad de indemnizar por la prisión preventiva padecida en esa causa.

En ese contexto es inviable considerar errónea la decisión de decretar la prisión preventiva, por lo que procede inadmitir a trámite la demanda de error judicial con imposición de las costas al demandante ( art. 293 e) LOPJ .