ATS, 19 de Febrero de 2015
| Ponente | JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ |
| Número de Recurso | 1956/2014 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Febrero de dos mil quince.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Luis Gilolmo Lopez
Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Oviedo se dictó sentencia en fecha 27 de noviembre de 2013 , en el procedimiento nº 224/2013 seguido a instancia de D. Anton contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias, en fecha 21 de marzo de 2014 , que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 6 de mayo de 2014, se formalizó por la letrada Dª Concepción Trabado Álvarez en nombre y representación de D. Anton , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Y por escrito de fecha 17 de junio de 2014 y para actuar ante esta Sala se designó al procurador D. Nicolás Álvarez Real.
Esta Sala, por providencia de 12 de diciembre de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia impugnada revoca la dictada en la instancia --que había reconocido la situación de incapacidad permanente absoluta-- y desestima la demanda. El actor, nacido en 1961, fue declarado afecto de incapacidad permanente total para su profesión habitual de picador el 23/12/05, al apreciarse que padecía, como dolencias más significativas: "Intervenido por hernia discal L4-L5 en 1999. Fibrosis con engrosamiento de raíz L5 izquierda. Pinzamiento parcial L4-L5 con acuñamiento L1 en grado I." Dicho cuadro se traduce, como secuela funcional relevante, en álgias vertebrales, fundamentalmente en lumbalgia crónica. Actualmente presenta el siguiente cuadro patológico: "Lumbalgia crónica, en paciente intervenido en HD L5-S1. Lumbartrosis, fibrosis con engrosamiento de L5 izquierda. Polineuropatía mixta, preferentemente sensitiva discal, simetría con afectación tanto axonal como deslimielizante de grado moderado, predominando en extremidades inferiores y siendo más acusada la afectación sensitiva. Manometria con hipotensión en reposo (incontinencia fecal ...). Espirometría relación FVC/FEVI 83,99% Rx de tórax no se observa patrón nodular característico de neumoconiosis". La Sala razona que si bien existe una agravación en el estado del demandante, no tiene la suficiente intensidad para reconocer un nuevo grado de invalidez.
La sentencia seleccionada como contradictoria, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28/05/13 (R. 2443/12 ), revoca en parte la dictada en la instancia y declara a la actora en situación de incapacidad permanente total derivada de accidente no laboral. La demandante, de profesión dependienta de panadería, acredita las siguientes lesiones: "Parto distócico instrumentado con lesión de ambos esfínteres anales y fístula recto- vaginal. Intervenida quirúrgicamente en mayo de 2009 mediante esfínteroplastia y sección del recto fistuloso y plastia muscular entre recto y vagina, con mala evolución y reintervención en enero de 2010 con reparación de la fístula, resección del trayecto fistuloso y reconstrucción del suelo pélvico. Refiere incontinencia fecal. Exploración física con fístula vagino-rectal solucionada, pérdida fecal rectar y portadora de compresas permanente. Trastorno adaptativo mixto de grado moderado".
De lo expuesto se desprende que las sentencias comparadas no son contradictorias pues, además de diferir las lesiones y limitaciones objetivadas a los respectivos demandantes, y de tratarse en la recurrida de una pretensión de revisión por agravamiento, ambos pronunciamientos reconocen la situación de incapacidad permanente total.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado en los autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001 ), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002 ), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002 ), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003 ), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002 ) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003 ). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» ( sentencia de 17 de febrero de 2010, R. 52/2009 ).
Las alegaciones de la parte recurrente no pueden tener favorable acogida, pues se oponen a lo señalado en los fundamentos jurídicos anteriores. Por lo que se refiere a la invocación del derecho a la tutela judicial, es innecesario, por lo reiterado de la misma, citar la doctrina constante del Tribunal Constitucional sobre el alcance del derecho al acceso a los recursos, desde la perspectiva del referido derecho fundamental. Se trata de un derecho que ha de ejercitarse en los términos que el legislador haya decidido configurar, y respecto del que no rige el principio "pro actione", quedando preservado el derecho constitucional concernido mediante una resolución desestimatoria de la procedencia del recurso que se encuentre razonablemente motivada, como es el caso.
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada Dª Concepción Trabado Álvarez, en nombre y representación de D. Anton , representado en esta instancia por el procurador D. Nicolás Álvarez Real, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias de fecha 21 de marzo de 2014, en el recurso de suplicación número 369/2014 , interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Oviedo de fecha 27 de noviembre de 2013 , en el procedimiento nº 224/2013 seguido a instancia de D. Anton contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
