STS, 25 de Septiembre de 1985

Infracción de Ley por errónea interpretación del apartado tercero del articulo treinta y dos de la Ley de diez de marzo de mil novecientos ochenta (Estatuto de los Trabajadores), que conlleva violación de lo establecido en los artículos cuarenta y cuatro de la Ley Hipotecaria, en relación con el número dos del artículo cuarenta y dos de la misma, y del artículo mil novecientos veintitrés del Código Civil, que establecen la preferencia de los créditos anotados sobre los posteriores. Se ampara este motivo en el número cinco del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Declarada en la sentencia que motiva el recurso, la preferencia de los créditos del Estado sobre los que por indemnizaciones ostentaban los actores, el problema queda reducido a determinar si la preferencia que la sentencia decreta de los créditos por salarios sobre los créditos del Estado, es o no conforme a Derecho. Se trata indudablemente de créditos por salarios distintos de los devengados en los últimos treinta días de trabajo, no sólo porque en autos no resulta probado que lo son referidos a ese período de tiempo, sino porque incluso de la propia postura procesal de los actores, invocando en pro de su tesis el párrafo tercero del artículo treinta y dos, se deduce claramente que se trata de salarios devengados en fechas anteriores a esos treinta días, para los cuales, concretamente el número uno del citado artículo treinta y dos, establece la absoluta preferencia. Aplicada la excepción, los créditos del Estado anotados en el Registro en fechas anteriores al nacimiento de los créditos que los demandantes invocan, tienen que ser necesariamente preferentes. Estimamos perfectamente claro, que el crédito anotado a favor del Estado, por gozar de preferencia sobre cualquier derecho inscrito con posterioridad, tiene que considerarse incluido en la excepción contenida en el último inciso del tan repetido artículo treinta y tres del Estatuto de los Trabajadores y la sentencia que por el presente recurso combatimos, al no haberlo hecho así, ha incidido en el motivo de casación aducido en el epígrafe.

Infracción de Ley por violación de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo treinta y dos de la Ley diez de marzo de mil novecientos ochenta . Se ampara este motivo en el número cinco del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de. Enjuiciamiento Civil . En el supuesto de que el anterior motivo de casación no prosperase, la sentencia tendría que ser casada no obstante, al no haberse tenido en cuenta por la Sala el precepto contenido en el número seis del artículo treinta y dos del Estatuto de los Trabajadores que, limita el ejercicio de los derechos de preferencia del crédito salarial a un año, contado desde el momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos. Si en autos consta que el reconocimiento de los salarios debidos es muy anterior en un año a la fecha de interposición de la demanda, es indudable que en el momento en que debieron percibirse es anterior a la fecha de las conciliaciones y, por tanto, desde este momento en que se incumplió el pago por la empresa, hasta aquél en que se ejercitó la acción por los demandantes, transcurrió con mucho exceso el plazo de un año que el precepto establece, quedando en su razón inexistente la preferencia que establece el número tres del propio artículo treinta y dos, a cuyo amparo se ha accionado y que la sentencia ha decretado. La sala, al no aplicar este precepto concreto, no obstante haber sido invocado por esta representación, ha infringido el precepto legal citado en el epígrafe, incidiendo en su razón la sentencia en el motivo de casación del epígrafe.

Infracción de Ley por violación del artículo setenta y tres de la Ley General Tributaria de veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, del artículo treinta y siete del Reglamento General de Recaudación de catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, en relación con lo dispuesto en el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley Hipotecaria. Se ampara este motivo en el número cinco del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todos los preceptos citados establecen la preferencia del Estado sobre cualquier otro acreedor, aun cuando lo sea por derecho inscrito para el cobro de la anualidad corriente y la última vencida de las contribuciones e impuestos que graven los bienes inmuebles, y esta preferencia, no obstante su claridad, sobre las cantidades debidas por contribución territorial urbana, relativa a los inmuebles embargados, no ha sido tenida en cuenta por la Sala Sentenciadora, incidiendo en su razón por esta causa, en el motivo de casación enunciado.

RESULTANDO que admitido el recurso e instruido el recurrente, único comparecido, se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Rafael Pérez Gimeno.

CONSIDERANDO que en el presente recurso de casación, deducido directamente contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Oviedo, al amparo del nuevo artículo mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser estrictamente jurídicas las cuestiones a resolver, deben destacarse los siguientes e indiscutidos antecedentes tácticos: Primero: La Recaudación de Tributos del Estado, Zona Primera de Oviedo, inició en 1980 expediente de apremio contra la empresa "Enrique Rodríguez, Construcciones, S. A.", por débitos fiscales del Impuesto de Tráfico de Empresas, al que después se acumularon otros por el mismo y otros conceptos tributarios, embargándose bienes de la empresa deudora que provocaron las correspondientes anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad de fechas ocho de enero y seis de agosto de mil novecientos ochenta y uno, siete de abril de mil novecientos ochenta y dos y veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y tres; seguido dicho expediente de apremio por los trámites del Reglamento General de Recaudación, se señaló para la subasta el día diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y tres, publicándose al efecto los correspondientes edictos. Segundo: En la misma fecha señalada para la subasta, por los demandantes, trabajadores en su día de la citada empresa, se formuló reclamación previa en vía administrativa, invocando en apoyo de sus pretensiones el artículo treinta y dos, tres, del Estatuto de los Trabajadores, y en seis de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro se interpuso la demanda de tercería de mejor derecho ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Oviedo, en la que se solicitaba se dictase sentencia declarando el mejor derecho de los actores para cobrar los créditos salariales comprendidos en el indicado número tres del artículo treinta y dos del Estatuto , reconocidos en los correspondientes actos de conciliación celebrados ante la Magistratura de Trabajo en seis de julio y diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, así como también dicho mejor derecho para cobrar los créditos por indemnizaciones derivadas del cese en el trabajo, motivado por el expediente de regulación de empleo, a cuya demanda se opuso la Abogacía del Estado alegando en síntesis: a) que el citado precepto se refiere a créditos salariales, no a créditos por indemnizaciones; b) que el número seis de dicho artículo dispone que el plazo para ejercitar el derecho de preferencia es de un año a contar del momento en que debió percibirse el salario, y tal plazo había transcurrido; c) que el artículo cuarenta y cuatro de la Ley Hipotecaria en relación con el artículo mil novecientos veintitrés del Código Civil concede preferencia a los créditos anotados preventivamente sobre los salariales reclamados, y d) que los créditos por Contribución Urbana que también se persiguen tendrían preferencia sobre los salariales objeto de tercería. Tercero: El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia declarando la preferencia del crédito salarial que por importe de 8.714.478 pesetas les fue reconocido en acto de conciliación ante la Magistratura de Trabajo sobre los bienes embargados a la empresa por la Hacienda Pública, absolviendo a los demandados, Estado y empresa, del resto de los pedimentos, es decir, de los créditos por las indemnizaciones por cese en el trabajo.

CONSIDERANDO que, según dispone el número cuatro del artículo treinta y dos del Estatuto de los Trabajadores, las preferencias reconocidas en los números precedentes a los créditos salariales - privilegio absoluto para el cobro de los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional (número uno), privilegio, también, absoluto para los créditos salariales respecto de los objetos elaborados por los trabajadores mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario (número dos) y privilegio general para los restantes créditos salariales sobre cualesquiera otro, excepto con relación a los créditos con derecho real en los supuestos en los que éstos sean preferentes con arreglo a la Ley Hipotecaria- son de aplicación, tanto en el supuesto de procedimiento concursal, como en cualquier otro en el que concurran con otro u otros créditos sobre bienes del empresario, y según establece el número seis del mismo artículo , el plazo para ejercitar el derecho de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescriben tales derechos; pues bien, si a tenor del indicado número cuatro de dicho precepto el trabajador está facultado para hacer valer sus derechos, tanto en un proceso de ejecución universal en el que ocupará para el cobro de su crédito el lugar privilegiado que le corresponda, como en un proceso singular de ejecución, en este último caso por el cauce incidental de la tercería de mejor derecho al objeto de ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante (artículo mil quinientos treinta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil), es claro que de acuerdo con el indicado número seis del artículo treinta y dos, tal privilegio debe ejercitarlo dentro del plazo de un año contado en la forma expuesta, so pena de fracasar en su pretensión si se le excepciona la prescripción extintiva de tal preferente derecho al cobro; excepción que fue esgrimida por la Abogacía del Estado en primera instancia y cuyo rechazo fundamenta el segundo motivo de casación aquí formulado al amparo del número cinco del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal , en su nueva redacción -y de examen preferente por razones lógico- procesales-, y en el que se denuncia la infracción de Ley por violación de lo dispuesto en el repetido apartado seis del artículo treinta y dos, argumentado a tal efecto que si en autos consta que el reconocimiento de Tos salarios debidos y, por tanto, también la fecha en que debieron percibirse, es muy anterior en un año a la fecha de interposición de la demanda y, por tanto, desde el día en que se incumplió la obligación de pago por laempresa hasta aquél en que se ejercitó la acción por los demandantes recurridos había transcurrido con exceso el plazo de un año que el precepto establece, es indudable, se dice, que en tal fecha había prescrito la preferencia; motivo que debe prosperar, pues si la citada normativa completada con el artículo cincuenta y nueve, contemplan como supuestos distintos la prescripción del crédito y la prescripción de la preferencia o privilegio -distinción, también, admitida expresamente en el artículo mil novecientos veintinueve del Código Civil- debe aceptarse la posibilidad de hipótesis en que con subsistencia del crédito se haya extinguido la preferencia, y ello porque la pervivencia del crédito está supeditada a su reclamación o ejercicio frente al empresario deudor, mientras que la preferencia se actúa, o bien concurriendo al procedimiento concursal, o bien en el caso de ejecución singular, formulando la correspondiente tercería al objeto de que se declare el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante con el producto de la venta de los bienes embargados, es decir, en uno y otro caso, la preferencia se ejercita respecto a los acreedores del deudor, no respecto a éste, a quien, en definitiva, sólo de forma muy relativa le afecta el orden o preferencia en los pagos con el producto de sus bienes; de donde se deduce que, como en el caso aquí contemplado, los créditos que fueron reconocidos en los actos de conciliación celebrados los días seis de julio y diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos se referían a salarios devengados, iodos ellos, con anterioridad al mes de mayo de mil novecientos ochenta y dos y la reclamación administrativa previa a la tercería de mejor derecho para reintegrarse con prioridad a la Hacienda Pública de los expresados créditos salariales se formuló el día diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y tres, fecha en que estaba señalada la subasta de los bienes inmuebles embargados en el procedimiento de apremio administrativo -embargos anotados preventivamente en el Registro de la Propiedad en ocho de enero y seis de agosto de mil novecientos ochenta y uno, siete de abril de mil novecientos ochenta y dos y veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y tres, con los efectos derivados de la publicidad registral que sus asientos proclaman- es claro que cuando en dicho diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y tres se suscitó tal tercería en el procedimiento de apremio, ya había prescrito el derecho de preferencia que se invoca por haber transcurrido con exceso el plazo de un año desde que los créditos salariales eran exigibles e incluso desde que fueron reconocidos en los referidos actos de conciliación, por lo que no pueden pagarse con preferencia a los créditos fiscales por los que se sigue el procedimiento de apremio iniciado en mil novecientos ochenta y uno; procediendo, en consecuencia, estimar el motivo y con él el presente recurso de casación, casando la sentencia y en mérito de los fundamentos expuestos desestimar la demanda de tercería de mejor derecho interpuesta, sin hacer expresa imposición de las costas de Primera Instancia, y acordando respecto a las de este recurso que cada parte pague las suyas.

CONSIDERANDO que aun cuando la estimación del anterior motivo hace innecesario el estudio de los dos restantes, no obstante no es ocioso entrar en su examen, ya que en cualquier hipótesis se llegaría a una estimación parcial del recurso, aunque se hubiese rechazado la prescripción de la preferencia, y así, respecto al motivo formulado en primer lugar al amparo del número cinco del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal y en el que se denuncia la infracción por errónea interpretación del apartado tercero del artículo treinta y dos del Estatuto de los Trabajadores de diez de marzo de mil novecientos ochenta , que conlleva la violación de lo establecido en los artículos cuarenta y cuatro de la Ley Hipotecaria, en relación con el número dos del artículo cuarenta y dos de la misma y del artículo mil novecientos veintitrés del Código Civil, que establecen la preferencia de los créditos anotados sobre los posteriores, debe tenerse en cuenta que si razones de política legislativa basadas en la necesidad de proteger la percepción de los salarios, única fuente de ingresos de muchos trabajadores, ha llevado históricamente a conceder determinados privilegios a los créditos salariales para cobrar con preferencia a los demás acreedores concurrentes, privilegio de carácter absoluto respecto a los salarios de los últimos treinta días dentro de ciertos límites cuantitativos, privilegio, también, absoluto en relación con los bienes elaborados por los trabajadores y privilegio especial respecto a los restantes créditos salariales, a los que se atribuye el carácter de singularmente privilegiados con preferencia sobre cualquier otro, tales razones de política social no se han estimado suficientes para que en el último supuesto no prevalezcan, sobre los créditos salariales, aquellos de otra naturaleza con derecho real en los casos en que sean preferentes con arreglo a la Ley Hipotecaria; supuesto este último que es parcialmente el de litis, en cuanto la tercería de mejor derecho deducida por los trabajadores demandantes contra el Estado en el procedimiento de apremio seguido por la Recaudación de Tributos contra bienes de tal empresa por débitos fiscales, cuyo embargo fue anotado preventivamente en el Registro de la Propiedad, se apoya en el indicado número tres del artículo treinta y dos del Estatuto de los Trabajadores, quedando, por tanto, centrado el problema en si la anotación preventiva de embargo -que según la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de mil ochocientos sesenta y uno vino a sustituir a las antiguas hipotecas judiciales- constituye o no un derecho real y, en consecuencia, si el crédito con ella garantizado es o no preferente al salarial, y, a tal efecto, si tal anotación implica la afectación de los bienes objeto de ella al pago del crédito que motivó el embargo, o como dice la doctrina científica, un derecho de realización de valor en garantía de la satisfacción de tal crédito, hasta el punto de que, según el párrafo final del artículo treinta y ocho de la Ley Hipotecaria , el procedimiento de apremio sobre los bienes embargados continúa, aunque hayan pasado a ser propiedad de un tercer poseedor, y si a tenor del artículo setenta y uno de la propia Ley los bienes o derechos realesanotados pueden ser enajenados o gravados, sin perjuicio del derecho de la persona, a cuyo favor se haya hecho la anotación, es indudable que concurren en la repetida anotación los caracteres de inmediatividad y absolutividad propios de los derechos reales sobre bienes inmuebles, aunque sus efectos no se asimilen totalmente a los del típico real de garantía, es decir, a la hipoteca, pues así como respecto de ésta y por aplicación de los principios hipotecarios, y más concretamente del principio de fe pública registral, el contenido del Registro al tiempo de la inscripción se considera exacto e íntegro, prevaleciendo, en consecuencia, sobre los actos dispositivos o de gravamen que no consten en sus asientos, aunque sean anteriores, sin embargo, las referidas anotaciones preventivas no modifican la situación jurídica preexistente a su acceso al Registro, de forma que los créditos contraídos a los actos dispositivos otorgados con anterioridad no resultan afectados por la anotación, regulándose la respectiva preferencia por lo dispuesto en el artículo mil novecientos veintitrés y concordantes con el Código Civil al que remite el artículo cuarenta y cuatro de la Ley Hipotecaria, según los cuales gozan de preferencia los créditos preventivamente anotados en el Registro, en virtud de mandamiento judicial por embargo, sobre los bienes anotados y sólo en cuanto a los créditos posteriores a la anotación; por todo lo cual debe concluirse que los créditos del Estado por los que se sigue el apremio administrativo, preventivamente anotados en el Registro, gozarían de preferencia sobre todos los créditos salariales posteriores a dicha anotación, lo que equivale a decir que las anotaciones preventivas practicadas en ocho de enero y seis de agosto de mil novecientos ochenta y uno, en cuanto se refieren a débitos fiscales del año mil novecientos ochenta tienen preferencia sobre los créditos salariales objeto de la tercería; preferencia que no puede predicarse totalmente de la anotación practicada el siete de abril de mil novecientos ochenta y dos en cuanto existen créditos salariales de fecha anterior y que, desde luego, debe rechazarse en relación con la anotación llevada a efecto el veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y tres, dado que los repetidos créditos por salarios son indudablemente anteriores; lo que en la hipótesis de no haberse estimado la prescripción del derecho de preferencia, la tercera hubiera prosperado en los indicados términos parciales; argumentación que se robustece con sólo tener en cuenta que sí, por una parte, los créditos con garantía real, como los hipotecarios, tienen indudable preferencia sobre los créditos salariales del número tres del artículo treinta y dos por aplicación del principio de fe pública registral, y, por otra parte, los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad tienen prioridad respecto a los créditos hipotecarios posteriores a la anotación, es indudable que el crédito anotado preventivamente debe prevalecer sobre el salarial por ser también preferente al hipotecario; razonamientos los anteriores que conducirían en la misma hipótesis dialéctica a dar preferencia sobre cualquier otro acreedor y sobre el tercer adquirente, aunque haya inscrito sus derechos en el Registro, a los débitos fiscales relativos a la anualidad corriente y la última vencida y no satisfecha de las contribuciones e impuestos que graven los bienes inmuebles, a tenor del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley Hipotecaria en relación con el artículo setenta y tres de la Ley General Tributaria y demás concordantes, en cuanto dichos créditos singularmente privilegiados afectan tales bienes como si de una hipoteca legal tácita se tratara.

CONSIDERANDO que por lo expuesto en el referido considerando procede estimar el recurso, casando la sentencia impugnada y en mérito de lo dispuesto en el artículo mil setecientos quince de la Ley Procesal Civil en su nueva redacción y en atención a los fundamentos jurídicos allí expuestos, desestimar la demanda de tercería por haber prescrito el derecho de preferencia de los créditos salariales ejercitado en tal procedimiento incidental; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas de primera instancia y acordando respecto a las de este recurso que cada parte pague las suyas.