STS, 7 de Febrero de 1985

Por infracción de Ley de la doctrina legal concordante, al amparo de lo dispuesto en el artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la norma contenida en el artículo mil novecientos cuarenta, en relación con el artículo mil novecientos cincuenta y dos, del Código Civil, infringidas por el concepto de interpretación errónea, ya que el justo título para adquirir, por usucapión ordinaria, la parcela quince del mapa topográfico catastral de Los Llanos, en Churriana de la Vega, no puede ser un título jurídicamente perfecto para transmitir el dominio, ya que en ese caso sobraría esta institución, bastando el que existe en este caso y se declara erróneamente insuficiente por la sentencia impugnada. El justo título al que se refiere la Ley para adquirir el dominio por prescripción, no es sino el preciso para adquirir la posesión. Es decir, que el hecho básico es la posesión legítima. Como consecuencia de lo anterior, el título que, puede ser justo es aquel que, en apariencia podría transmitir el dominio, aunque por defectuoso e incompleto no es apto para ello por sí mismo y ha de ser subsanado por la prescripción adquisitiva. Así la sentencia de ese Alto Tribunal de cuatro de julio de mil novecientos sesenta y tres y de once de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco. Pues bien, en el presente caso, el hecho de que haya error en los linderos de la escritura pública de veintiséis de octubre de mil novecientos sesenta y tres, por la que mi mandante adquirió la finca, parcela quince de autos, no hace ineficaz el título para su adquisición por usucapión ordinaria, como afirma la sentencia recurrida. La razón es clara, todas las parcelas de dicha zona carecían en absoluto de valor, por no ser aptas para el cultivo. Sólo mis poderdantes tuvieron interés en su adquisición por necesitar grandes superficies baldías para secar y engavergar las plantas de lino de la importante explotación que pusieron en marcha a comienzo de los años cincuenta. Fue por ello que adquirieron dichas fincas y las poseyeron quieta y pacíficamente a título de dueños, hasta que al aumentar su valor por razones urbanísticas, la Corporación demandada discutió sus derechos, ya transcurrido el término de diez años, preciso para la usucapión ordinaria. La realidad es que mi mandante no poseía de hecho sino de derecho, aunque la deficiencia del título no operase la efectiva transmisión de la propiedad de la finca.

Por infracción de ley y de la doctrina legal concordante, al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la norma contenida en el párrafo segundo del artículo trescientos cuarenta y ocho del Código Civil, en relación con el artículo ciento tres número cuatro de la Ley Hipotecaria y el artículo ciento setenta y tres de su Reglamento, infrigidas por el concepto de interpretación errónea, ya que para que prospere la acción reivindicatoria basta con que se identifique la cosa y pueda ser restituida, sin que el hecho de que la desposesión sea parcial signifique imposibilidad de que prospere la acción, cuando como en el presente caso las fincas de mis mandantes números doce, trece y dieciséis, del Polígono de autos están identificadas y también la que aparece inscrita a nombre del Ayuntamiento de dicha localidad, en el Registro de la Propiedad, con el número dos mil cuatrocientos cuarenta y tres, y fue base para el deslinde administrativo que obra en autos, por lo que la parte en que coinciden unas y otras es perfectamente determinable. En tal sentido la jurisprudencia de ese Alto Tribunal de veintidós de mayo de mil novecientos veintiocho, tres de abril de mil novecientos treinta y veintiuno de febrero de mil novecientos cuarenta y uno. El problema que plantea la sentencia recurrida respecto a la parte de dichas fincas que detenta el Ayuntamiento y a la cancelación parcial de la inscripción registral existente a favor de éste, está resuelto al estar identificadas las fincas de mis mandantes y las del Ayuntamiento. ¿Qué es lo que hay que cancelar y restituir a la posesión y dominio de mis mandantes? La respuesta es obvia, justamente la parte coincidente entre las citadas parcelas, identificadas y la inscripción del Ayuntamiento también identificada, es decir algo perfectamente determinable.

RESULTANDO que el Procurador Don José Sánchez Jáuregui en nombre y representación del Ayuntamiento de Churriana de la Vega ha interpuesto contra la meritada Sentencia recurso de casación por infracción de ley con apoyo en los siguientes MOTIVOS:

Amparado en el párrafo primero, del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por estimarse que el fallo de la sentencia recurrida contiene violación por inaplicación del artículo trescientos cuarenta y ocho, párrafo segundo del Código Civil en relación con la reiterada doctrina jurisprudencial que proclama que para que pueda prosperar la acción reivindicatoría sobre el dominio de los inmuebles, es preciso acreditar el requisito de la plena identificación de los mismos. La doctrina jurisprudencial declara, de forma clara y rotunda, que uno de los requisitos para que prospere la acción reivindicatoría es el de la precisa identificación del objeto que se reivindica. Así la sentencia deveinticinco de abril de mil novecientos setenta y siete, la de nueve de junio de mil novecientos ochenta y dos y de doce de abril de mil novecientos ochenta. Hacemos constar, muy expresamente, que esta parte recurrente opera, en este motivo, con la técnica del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no con la del número siete, porque no está imputando a la Sala sentenciadora ningún error de derecho, ni de hecho, sino que lo que ha querido poner de relieve ha sido el extremo de que es el propio Tribunal "a quo» el que, en diversas manifestaciones y consideraciones, ha hecho patente la falta de identificación de las parcelas doce y once y trece del Catastro parcelario, por lo menos, en lo que afecta a su correlación con la finca registral del Ayuntamiento número dosmil cuatrocientos cuarenta y dos. La duplicidad de titularidad "en parte» que se destaca por el Tribunal de instancia, así como la discordancia e indeterminación de los linderos, y la falta de concordancia en cuanto a las cabidas, nos mueve a opinar que se ha infringido, por inaplicación, la reiterada jurisprudencia, antes comentada que exige una total y perfecta identificación de los bienes objeto de las acciones reivindicatorías: problema que vio muy claro el Juzgado de Primera Instancia número uno de Granada. Insistimos aquí en que, al colindar las parcelas que se atribuye Don Millán con otras del Ayuntamiento de Churriana, era también absolutamente indispensable, a nuestro modo de ver, el que se hubiera ejercitado, al mismo tiempo que tal acción, la de deslinde, según sentó, en un caso semejante la sentencia de esa Excma. Sala de doce de abril de mil novecientos ochenta . A nuestro limitado criterio, si se confirma en estos aspectos que analizamos, la sentencia recurrida, se originarán posteriormente, en ejecución de la misma, problemas verdaderamente insolubles, especialmente, si se recuerdan los confusionismos y divergencias en aspectos tan sustanciales como el señalamiento de linderos y la extensión superficial de las fincas.

Amparado en el párrafo primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por estimarse que el fallo de la sentencia recurrida contiene violación por inaplicación del artículo seiscientos nueve, párrafo segundo del Código Civil, que proclama que la propiedad se adquiere y tramita por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Es de gran importancia recoger la declaración de la resolución recurrida: "es cierto, y los propios actores lo reconocen, que se les privó de la posesión en el deslinde administrativo practicado en el año mil novecientos setenta y seis, sin que se haya, a pesar de sus alegaciones, acreditado que volvieran a recuperarla después por caducidad del expediente». La fundamental consecuencia que se deriva de la realización del deslinde de mil novecientos setenta y seis, que entrañó -a los ojos de la Sala de instancia- la pérdida de la posesión, para Don Pedro Antonio , de las parcelas catastrales números once, doce y trece, es que, cuando el mismo transmitió éstas, o sea, las fincas referidas en la escritura pública notarial de cinco de octubre de mil novecientos setenta y siete, (que, como ya se dijo en el motivo anterior, equivalen a dichas parcelas catastrales, once, doce y trece), a su hermano Don Millán , fue materialmente imposible llevar a cabo la tradición, precisamente, por haber perdido la posesión un año antes el vendedor, Don Pedro Antonio . Siendo lo anterior indiscutible, también debe ser una necesaria consecuencia la de la estimación por la Sala de nuestra tesis en el sentido de que, aunque existió "título» en la referida compraventa de cinco de octubre de mil novecientos setenta y siete, sin embargo, no hubo "modo», es decir tradición; de lo que, a su vez, se desprende el que Don Millán no adquirió la propiedad de las fincas, según el sistema español recogido en el párrafo segundo del articulo seiscientos nueve del Código Civil.

Amparado en el párrafo primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por estimarse que el fallo de la sentencia recurrida contiene una aplicación indebida del artículo mil novecientos cincuenta y siete del Código Civil, en relación con el artículo mil novecientos cuarenta y uno del mismo texto, y con las parcelas catastrales números once, doce y trece, cuya usucapión se entendió por la Sala de Instancia consumada por el actor Don Millán , así como en relación con los demás preceptos y Jurisprudencia que se citan. Como quiera que, según se ha visto en el motivo de casación anterior, Don Pedro Antonio no tenía ya la posesión de las parcelas catastrales números once, doce y trece en cinco de octubre de mil novecientos setenta y siete, que fue cuando transmitió por compraventa las mismas a su hermano Don Millán , lo único que se podía reconocer al mismo era que ya había consumado a su favor la prescripción adquisitiva, o usucapión, ordinaria, por el transcurso del plazo de diez años a partir de la anterior escritura pública notarial de veintiséis de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho, la que se consumó con la tesis de la Sala de instancia en el año mil novecientos sesenta y ocho. El Tribunal "a quo» parte de la base en su sentencia de que la usucapión favorece al actor, Don Millán y esto no lo consideramos exacto, porque el que operó a su favor la prescripción adquisitiva fue su hermano, Don Pedro Antonio , que fue el único que, según aquella Sala, tuvo en su poder material y efectivo las parcelas desde el año mil novecientos cincuenta y ocho al año mil novecientos sesenta y ocho. Nos queda por ver el problema de si este derecho de "usucapión» lo transmitió Don Pedro Antonio a Don Millán , y el mismo lo resolvemos nosotros, al contrario de lo que se hace en la sentencia recurrida, en el sentido de que no se operó tal transmisión de la prescripción adquisitiva ya "ganada» por Don Pedro Antonio . Las razones que nos mueven a efectuar tal opinión son las siguientes: el propietario de un bien puede transmitir a otro la propiedad, si se da el título y el modo, o la tradición, es decir, la posesión real y efectiva; y, por otro lado, un poseedor, que no tenga título, puede transmitir a otro su posesión (artículocuatrocientos sesenta-segundo del Código Civil), pero lo que no se puede nunca transmitir, según pensamos, es un derecho de "usucapión» estrictamente considerado, que no vaya acompañado de posesión real alguna. El caso que se nos ha planteado es algo especial, puesto que no creemos que hayan existido nunca muchos parecidos: un poseedor de un bien prescribe "contra tabulas» el mismo (y también "secumdum tabulas» ya que se ampara en otro título inscrito y discordante con el otro) T, y, al finalizar el correspondiente período, no ejercita ninguna acción contra el anterior propietario con inscripción registral válida, sino que hace caso omiso de su nueva situación dominical, y enajena la finca cuando se da la circunstancia de que ya no tiene la posesión de ella por haber sido privado de la misma, cabalmente, por el primer propietario inscrito. Y esto fue lo que ocurrió en el supuesto del Ayuntamiento de Churriana, primer propietario inscrito; de Don Pedro Antonio el prescribiente "contra tabulas» y "secundum tabulas»; y de Don Millán el comprador de las fincas cuando el enajenante ya carecía de la posesión de ellas, aunque sucediera que tuviera a su favor una usucapión ya consumada.

RESULTANDO que admitidos los dos recursos e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

VISTO siendo Ponente el Magistrado Don José Luis Albácar López.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que el primero de los recursos presentados lo fue por la representación de los actores apelantes, Don Pedro Antonio , Don Millán y Don Baltasar , y se funda en dos motivos, de los cuales el primero se articula "por infracción de ley de la doctrina legal concordante, al amparo de lo dispuesto en el artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por infracción de la norma contenida en el artículo mil novecientos cuarenta, en relación con el artículo mil novecientos cincuenta y dos, ya que el título para adquirir por usucapión ordinaria la parcela quince del Mapa Topográfico Catastral de los Llanos, en Churriana de la Vega, no puede ser un título jurídicamente perfecto, para transmitir el dominio, ya que en ese caso sobraría esta institución», y debe ser rechazado, toda vez que, si bien es cierto que esta Sala tiene declarado que "el artículo mil novecientos cincuenta y dos entiende por justo título el que legalmente basta para transferir el dominio o el derecho real de cuya prescripción se trate, preceptuando el artículo mil novecientos cincuenta y tres que el título para la prescripción ha de ser verdadero y válido, habiendo sostenido la Jurisprudencia de esta Sala que aún cuando exista algún defecto o vicio originario ello no puede servir de obstáculo para que opere la prescripción adquisitiva, pues para subsanar tales vicios o defectos existe la prescripción, que de otro modo sería una institución inútil» (sentencia de once de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco ) también lo es que, declarado como fundamento fáctico por la resolución recurrida en relación con la referida parcela número quince, que con la demanda se presentan diversas escrituras de adquisiciones de la finca, en todas las cuales se dan los mismos linderos, linderos que según la demandada son erróneos y que estos títulos no se identifican sobre la parcela número quince como se pretende en la demanda, sin que tal hecho haya sido combatido en casación al amparo del número siete del artículo mil seiscientos noventa y dos, única vía útil para ello, es obvio que debe prevalecer la conclusión a que llega la resolución que se recurre de la imposibilidad de prescripción ordinaria, por no ajustarse el título a la parcela que se pretende adquirir por prescripción, razón por la que debe decaer este primer motivo.

CONSIDERANDO que en parecidos términos habremos de pronunciarnos con relación al segundo y último motivo de este recurso, formulado " por infracción de Ley y de la doctrina legal concordante, al amparo del articulo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la norma contenida en el párrafo segundo del artículo trescientos cuarenta y ocho del Código Civil, en relación con el artículo ciento tres de número cuatro de la Ley Hipotecaria y el artículo ciento setenta y tres de su Reglamento, infringidas por el concepto de interpretación errónea», y en el que se alega que para que prospere la acción reivindicatoría basta con que se identifique la cosa y pueda ser restituida sin que el hecho en que la desposesión sea parcial signifique imposibilidad de que prospere la acción, por lo que, al estimarse por el recurrente acreditado el dominio por parte del mismo de las parcelas números doce, trece y dieciséis así como su desposesión parcial por parte del Ayuntamiento demandado, debió de prosperar la acción reivindicatoría, motivo que, como dijimos, también habrá de verse rechazado puesto que proclamado por la resolución que se recurre, en relación con la parcela número dieciséis, que no existen en los autos elementos de prueba de los que pueda deducirse que se haya precisado la extensión en que se haya desposeído al actor, ni en la demanda se ha concretado, lo que hubiera sido necesario para precisar lo que habría que restituir la corporación demandada, y, con relación a la parcela número doce, que no puede acordarse la restitución de la misma por no concretarse qué porción de parcela ha sido objeto de desposesión, es lo cierto que tales afirmaciones, como cuestiones de hecho que son, no aparecen adecuadamente combatidas en concepto de error en la apreciación de la prueba, por lo que deben reputarse inmutables las afirmaciones fácticas de la sentencia recurrida.CONSIDERANDO que si entramos ya a examinar el segundo recurso, veremos que lo anteriormente apuntado es enteramente aplicable al primer motivo, suscitado por la corporación demandada, en concepto de recurrente, ya que amparado este primer motivo "en el párrafo primero, del articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil por estimarse que el fallo de la sentencia recurrida contiene violación por inaplicación del artículo trescientos cuarenta y ocho, párrafo segundo, del Código Civil, en relación con la reiterada doctrina jurisprudencial de que para que pueda prosperar la acción reivindicatoría sobre el dominio de los inmuebles es preciso acreditar el requisito de la plena identificación de la finca», alegándose en el cuerpo de dicho motivo que las parcelas doce, once y trece no se hallan plenamente identificadas y, sin perjuicio del error no esencial en que incurre el recurrente, al olvidar que respecto a tales parcelas la resolución que se recurre no estima la acción reivindicatoría, sino simplemente la declarativa de dominio, cuyo éxito exige, sin embargo, y en la misma medida que aquélla, el requisito de la identificación de la finca, ha de proclamarse que, como tiene sentado una constante doctrina de esta Sala, la cuestión de hecho que, como tal, corresponde sentar al Tribunal de instancia, y que una vez sentada tan sólo puede ser impugnada al amparo del ordinal séptimo del articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que al no haberlo hecho así, procede la desestimación de este motivo.

CONSIDERANDO que por lo que se refiere al segundo motivo de este segundo recurso, formulado, como todos los demás, al amparo del ordinal primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "por estimarse que el fallo de la sentencia recurrida contiene violación por inaplicación del artículo seiscientos nueve, párrafo segundo del Código Civil, que proclama que la propiedad se adquiere y tramita "por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición» y a través del cual se alega por el recurrente que las aludidas parcelas catastrales, números once, doce y trece, que fueron transmitidas por su titular anterior Don Pedro Antonio a su hermano, Don Millán , en escritura pública de cinco de octubre, no pudieron ser adquiridas por éste toda vez que, al haber sido desposeído aquél el año anterior por el deslinde efectuado por el Ayuntamiento no pudo operarse la tradición de las fincas, será también objeto de rechazo por desconocer que, gracias al mandato del artículo mil cuatrocientos sesenta y dos del Código Civil, y habiéndose operado la venta de tales parcelas en escritura pública, el otorgamiento de ésta equivale a la entrega de la cosa siempre que, como sucede en el presente caso, no se estipulase ni resultase de la escritura lo contrario, por lo cual, habiéndose operado la tradición instrumental de las repetidas parcelas habrá de entenderse que el actor Don Millán adquirió el dominio de las mismas, en la fecha de otorgamiento de la escritura pública de compraventa de ellas.

CONSIDERANDO que, finalmente, también deberá rechazarse el motivo tercero de este segundo recurso, amparado en el ordinal primero de) artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "por estimarse que el fallo de la sentencia recurrida contiene una aplicación indebida del artículo mil novecientos cincuenta y siete del Código Civil, en relación con el artículo mil novecientos cuarenta y uno del mismo texto, y con las parcelas catastrales números once, doce y trece de cuya usucapión se entendió por la Sala consumada por el actor Don Millán , así como en relación con los demás preceptos y jurisprudencia que se citan», puesto que como acertadamente razona la resolución recurrida, con relación a las parcelas once y trece, únicas que reputa adquiridas por prescripción, puesto que la número doce lo fue por transmisión del título, hay que reconocer que los actores poseyeron de buena fe, en concepto de dueño y con justo título el tiempo necesario para la usucapión desde el año mil novecientos cincuenta y nueve en que se inició su posesión hasta el año mil novecientos setenta y seis en que se les privó de la posesión por el Ayuntamiento, en virtud del deslinde administrativo, por lo que cuando se operó la transmisión por Don Pedro Antonio a Don Millán , ya había transcurrido, con creces el plazo prescriptivo, habiendo pasado a su dominio las fincas aludidas, y teniendo en su consecuencia facultades para transmitirlo por escritura pública de venta a su hermano Don Millán , por todo lo cual debe decaer este tercer y último motivo.

CONSIDERANDO que el rechazo de todos y cada uno de los motivos comporta el de los recursos interpuestos, respectivamente por Don Pedro Antonio , Don Millán y Don Baltasar y el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, con expresa imposición a cada uno de los recurrentes de las costas causadas por su recurso, y sin que proceda la pérdida del depósito, que, por no ser enteramente conformes las anteriores sentencias, no llegó a ser constituido.

FALLAMOS

que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación por infracción de ley interpuestos por Doña Natalia , Doña Paula , Don Pedro Antonio , Don Millán y Don Baltasar y por el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Granada, en fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y dos . Condenamos a cada una de las partes recurrentes al pago de las costas ocasionadas en sus respectivosrecursos; y a su tiempo, comuniqúese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Manuel González Alegre.- Carlos de la Vega.-Rafael Casares.-Jaime Santos.-José Luis Albácar López.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr. Don José Luis Albácar López, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico.-Antonio Docavo.-Rubricado