STS, 20 de Noviembre de 1984

Basado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega la infracción, por interpretación errónea del artículo mil quinientos cuatro del Código Civil. Al absolver en la sentencia recurrida a la Sociedad demandada, no dando lugar a la resolución del contrato de compraventa de bienes inmuebles solicitada, resulta que mi mandante, tiene otro camino para la realización de su derecho, más que cobrar el resto del precio aplazado de la compraventa y ello es en realidad la concesión de un nuevo término para pagar el precio aplazado, después del requerimiento notarial por el que se le notificó la voluntad de resolución del contrato, lo que expresamente prohibe a los Jueces el último párrafo del artículo mil quinientos cuatro citado como infringido. Y en tal sentido las sentencias del Tribunal Supremo de treinta de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, tres de marzo de mil novecientos sesenta y siete, cinco de mayo de mil novecientos sesenta y siete y treinta de junio de mil novecientos setenta y tres . Veremos: a) que la falta de pago del precio aplazado no es solamente la que determina el incumplimiento de la condición que origina la resolución, sino que tal hecho ha de ir acompañado del requerimiento, han de darse conjuntamente la falta de pago y el requerimiento, b) Que el artículo mil quinientos cuatro dicho, permite pagar al comprador una vez vencido el término y mientras no se haya practicado requerimiento, pero que una vez practicado el requerimiento el Juez no podrá conceder nuevo término; y c) Que dicho artículo mil quinientos cuatro es aplicable a todas las compraventas de inmuebles. Y en los hechos del presente pleito, veremos: A) que hubo falta de pago del total precio aplazado, que se practicó al requerimiento. B) Que nunca se pagó ni se ofreció el pago del precio aplazado antes del requerimiento notarial y C) que el contrato es una compraventa de inmuebles, con precio aplazado, y que al no pagarse a su debido tiempo dicho precio, mi mandante tiene la facultad de resolver la obligación. Y al no darse lugar a la resolución, lo que implica la concesión de nuevo término para pagar al comprador, se na infringido el último párrafo del artículo mil quinientos cuatro citado.

Basado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega, infracción por aplicación indebida del artículo mil ciento veinticuatro en su párrafo tercero, fundamento legal en el que se basa la desestimación de la demanda, ya que el artículo mil ciento veinticuatro de Código Civil es una norma de carácter general para toda clase de contratos bilaterales, en los que se pueden dar muchos supuestos fácticos, pero cuando se trata de la compraventa de bienes inmuebles, con precio aplazado, sin que deje de ser aplicable el artículo mil ciento veinticuatro citado en sus párrafos primero y segundo, o sea en cuanto a la facultad resolutoria del contrato, por el contratante que cumple, frente al que ha incumplido sus obligaciones, el artículo mil quinientos cuatro del Código Civil con carácter de especialidad para el caso que contempla de compraventa de bienes inmuebles,establece textualmente que "hecho el requerimiento, el Juez no podrá conceder nuevo término". Y, es visto que se aplicó indebidamente este párrafo tercero del artículo mil ciento veinticuatro, ya que se debió aplicar el artículo mil quinientos cuatro dicho. Porque los tres presupuestos que configuran (compraventa de inmuebles con precio aplazado; falta de pago del precio aplazado; y requerimiento notarial en forma), se dan en el caso que nos ocupa y los reconoce la sentencia recurrida como ciertos, y hasta como reconocidos en la contestación a la demanda, y por lo tanto, siendo de inexcusable aplicación el párrafo último del artículo mil quinientos cuatro por ser de carácter específico, frente al párrafo tercero del artículo mil ciento veinticuatro, por su carácter genérico.

Basado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción por violación del artículo mil quinientos seis del Código Civil al no ser aplicado el mismo. No dando lugar a la resolución del contrato en la sentencia recurrida, aun reconociendo que se dan los presupuestos exigidos en el artículo mil quinientos cuatro, es visto que se viola el artículo mil quinientos seis citado por inaplicación del mismo.

Basado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos, se alega la infracción por violación, al no ser aplicada la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias de fechas treinta de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, tres de marzo de mil novecientos sesenta y siete, cinco de mayo de mil novecientos sesenta y siete y treinta de junio de mil novecientos setenta y tres , que señalan el sentido e interpretación de los artículos mil quinientos cuatro y mil ciento veinticuatro del Código Civil. Doctrina que fue desconocida por la sentencia que recurrimos al dictar el fallo desestimatorio de la demanda, que implica la concesión de un nuevo término para pagar.

Basado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción por violación del artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil. La presunción en que se basa la sentencia recurrida es la de existencia de "mora accipiendi" en el actor, y basa dicha presunción en el hecho de que la voluntad de cumplimiento de la sociedad demandada se demuestra no sólo por su propia manifestación, sino en que los otros cuatro copropietarios se avinieron a percibir su participación en el precio aplazado, y de esa presunción, desprende la "mora accipiendi". Ello no resiste el más elemental análisis, porque no existe enlace "preciso y directo según las reglas del criterio humano" entre el pretendido hecho y la actitud de mi mandante, que tiene que ver con las manifestaciones y los actos de terceros, su "mora accipiendi" sólo se podría apreciar si se hubiera negado a cobrar el precio aplazado de la compraventa, antes de practicado el requerimiento notarial, y de autos se desprende que todas las ofertas de pagarle se hicieron mucho después del requerimiento.

Basado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega la infracción de la doctrina legal sentada por las sentencias del Tribunal Supremo interpretativas del artículo mil doscientos cuarenta y nueve del Código Civil siguientes: A) la de diecinueve de mayo de mil novecientos sesenta y uno. B) la de veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y tres y C) la de veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, que establecen "que la presunción, como medio hábil de prueba requiere que se apoye en hechos ciertos". Ni la presunción de voluntad de pagar de la sociedad demandada, ni la segunda presunción, consecuencia precisamente de la primera, de la existencia de "mora accipiendi" en mi mandante, se apoyan en hechos ciertos, pues la falta de voluntad de pagar, cuando debía, o sea, antes del requerimiento de quince de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, consta en forma indubitada en el propio requerimiento, por lo que el verdadero hecho cierto es contrario al que se toma como tal para basar las presunciones.

Basado en el número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega la infracción del artículo mil doscientos cuarenta y nueve del Código Civil por error de derecho en la apreciación de las pruebas. La presunción de "mora accipiendi" en mi mandante, único fundamento del fallo absolutorio que compartimos, se basa única y exclusivamente en otra presunción.

Con lo que resulta que se ha tomado por "hecho que esté completamente acreditado" según exige el artículo mil doscientos cuarenta y nueve que consideramos infringido, no un hecho, sino una presunción, y tampoco en último término un hecho probado completamente, sino en primer lugar una simple manifestación de la sociedad demandada, que nada prueba, y en segundo lugar una conducta posterior de los otros cuatro copropietarios, en virtud de la que, por fin, se avienen a percibir su parte en el precio aplazado. Pero dicha conducta, por ser posterior al requerimiento, no demuestra ni acredita la voluntad de pagar de la sociedad demandada cuando debía hacerlo, o sea, antes del requerimiento.

Basado en el número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley deEnjuiciamiento Civil, se alega la infracción del artículo mil doscientos cuarenta y nueve del Código Civil, por error de hecho en la interpretación de la prueba, ya que la presunción que obtiene la sentencia recurrida de que la conducta de los otros cuatro copropietarios demuestran la voluntad de pagar de la sociedad demandada, es un evidente error de hecho, si observamos que el requerimiento notarial, documento auténtico y reconocido de contrario que basamos este motivo, lo practicaron tres de los cinco comuneros, en nombre propio y en el de la comunidad de propietarios, lo que demuestra y deja completamente acreditado todo lo contrario de lo que presume la sentencia que recurrimos, o sea, que con anterioridad al quince de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro , en que se practicó el requerimiento no existía voluntad de pagar en la sociedad demandada.

Basado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega la infracción de doctrina legal por interpretación indebida de la misma de las sentencias del Tribunal Supremo de cinco de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, cuatro de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, dos de enero de mil novecientos sesenta y uno, nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y ocho y tres de junio de mil novecientos setenta , que son todas las citadas en la sentencia recurrida y en las que se basa el fallo que combatimos. Dice que ninguna de estas doctrinas sentadas por el Tribunal Supremo son aplicables al caso que nos ocupa, porque las dos primeras sentencias, o sea, las de cinco de mayo de mil novecientos cincuenta y tres y de cuatro de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho se trata de discutibles incumplimientos de obligaciones accesorias o complementarias a la principal de pago. En nuestro caso sólo hay una clara obligación de pago incumplida. En las de dos de enero de mil novecientos sesenta y uno y la de nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, se estimó como hecho probado que no hubo incumplimiento por lo que no podía decretarse la resolución, pero en el caso que nos ocupa el contundente requerimiento nos demuestra el incumplimiento de los compradores. En la de veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y ocho, se declaró probado el ofrecimiento de pago anterior al requerimiento. En el caso que nos ocupa no se ofreció el pagó antes del requerimiento por lo que tampoco es aplicable dicha sentencia para fundamentar el fallo que combatimos.

RESULTANDO que admitido el recurso e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

VISTO siendo Ponente el Magistrado don José María Gómez de la Barcena López.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que con amparo sustantivo en los artículos mil ciento veinticuatro y mil quinientos cuatro del Código Civil, el actor, aquí recurrente, ejercitó una acción resolutoria, como propietario de una quinta parte de las dos parcelas, que conjuntamente vendió, con los cuatro restantes copropietarios, por quintas partes indivisas, a la entidad demandada, por el precio de setecientas mil pesetas, enajenación materializada en documento privado de fecha diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y tres, del que se abonó en dicho acto la suma de trescientas cincuenta mil pesetas, difiriendo el pago del resto, a un plazo de dieciocho meses, fraccionando a su vez en otros tres los dos primeros a razón de ciento dieciséis mil pesetas cada uno, y un tercero de ciento dieciocho mil pesetas, con el abono del siete por ciento anual de la cantidad que en cada momento se adeudara que se uniría al pago de cada uno de los plazos, pactándose, en la cláusula quinta, que el documento sería elevado a escritura pública cuando lo pidiera la entidad compradora, y como quiera que había transcurrido el plazo para el abono de la cantidad aplazada, se operó un requerimiento resolutorio, constante en acta notarial de fecha quince de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, instado por el accionante, en unión de los copropietarios vendedores señores Jesús Ángel y Adolfo ; pretensión resolutoria a la que la entidad interpelada se opuso, recayendo las sentencias de primer grado y de alzada, ambas absolutorias de la demanda, aunque por distintos cauces, asentándose tal repulsa, en la aquí impugnada, en que, con posterioridad al requerimiento notarial, antes aludido, los cuatro restantes copropietarios habían recibido del comprador su parte proporcional en el precio aplazado, otorgando la más formal carta de pago, en documento notarial, aportado con el escrito de contestación a la demanda, dando lugar tal hecho acreditado -que el aquí impugnante no combate en el recurso-, a que su inicial posición en la demanda, en el sentido de que la acción la ejercitaba, tanto por sí como en interés de la comunidad vendedora, se modificara en el escrito de réplica, reduciéndola a la quinta parte indivisa de las fincas vendidas, habida cuenta de lo que restaba por satisfacer del precio era la cantidad de setenta mil pesetas, quinta parte del aplazado a percibir por el demandante, y los intereses pactados, a la vista de lo cual la Sala de Instancia concluye que no existe voluntad reiteradamente rebelde por parte de la demandada adquiriente, sino simple retraso, dado que los otros cuatro vendedores percibieron su parte de precio y si una negativa del propio actor a percibir el resto aplazado, referido a su quinta parte, entendiendo que carecería "de sentido lógico", la falta de pago voluntario del tal resto, ante lamagnitud de la unidad industrial, montada sobre las parcelas enajenadas, que, excluido su valor, alcanza la suma de más de cuarenta y siete millones de pesetas, como la prueba pericial acreditó.

CONSIDERANDO que es doctrina mantenida con reiteración por esta sala, que tanto para los supuestos del ejercicio de la acción resolutoria contemplada en el artículo mil quinientos cuatro del Código Civil, en el supuesto de venta de bienes inmuebles, como en el que con carácter genérico otorga el artículo mil ciento veinticuatro de dicho cuerpo legal, en el caso de obligaciones recíprocas, para que la resolución pueda ser acogida, no es bastante un simple retraso en el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, sino que ha de patentizarse la existencia de una voluntad obstativa al cumplimiento de lo convenido, que por su transcendente importancia, pueda justificar la resolución, sentencias de quince de abril y diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y uno, siete de marzo y cinco de mayo de mil novecientos ochenta y tres y siete de marzo y veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro ; siendo la valoración de la tal conducta contumaz, un presupuesto de orden fáctico, cuya apreciación corresponde a la Sala de Instancia, sentencias de treinta de marzo, diez y quince de abril, diecinueve y veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y uno y quince de abril y diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos ; de tal manera que, si en aquella se excluye por apreciación probatoria -como en el caso enjuiciado acaecesólo por la vía del ordinal séptimo del articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede atacarse tal conclusión, denunciando los errores de hecho o de derecho en los que el Juzgador de Instancia pudiera haber incidido.

CONSIDERANDO que de acuerdo con lo antes razonado, prima el examen de los motivos séptimo y octavo del recurso, ambos aducidos con apoyo procesal en el número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Rituaria, denunciantes, el primero de ellos, del "error de derecho", en el que se dice incide la sentencia impugnada, en la apreciación de las pruebas, por "infracción del artículo mil doscientos cuarenta y nueve del Código Civil", acusando el segundo, "la infracción del artículo mil doscientos cuarenta y nueve por error de hecho en la interpretación de la prueba"; motivos que, a la sola vista de su enunciado, ha de perecer, sin entrar en el examen de su contenido, y ello, porque, en ambos se involucran errores de hecho y de derecho que exigen formulación separada y dado que en el primero no se invoca el concepto en el que articulo que se cita haya sido infringido, y en el segundo se apoya el error, en un documento, el requerimiento notarial, que al haber examinado por la Sala de Instancia, carece de autenticidad a efectos de la casación.

CONSIDERANDO que si la realidad afirmada por la Sala "a quo", se ausencia de voluntad rebelde imputable a la entidad demandada, permanece incólume, a efectos de la casación, automáticamente decaen los motivos primero al quinto, todos articulados con apoyo procesal en el ordinal primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Adjetiva, por cuanto, a la vista de la doctrina jurisprudencial examinada en el segundo de los considerandos de esta sentencia, no se ha producido, ni la interpretación errónea del artículo mil quinientos cuatro del Código Civil - motivo primero-, ni la aplicación indebida del artículo mil ciento veinticuatro -motivo segundo-, ni la inaplicación del artículo mil quinientos seis -motivo tercero-, ni la violación, también por inaplicación, de la doctrina jurisprudencial que invca -motivo cuarto-, ni tampoco la violación del artículo mil doscientos cincuenta y tres del repetido Código sustantivo -motivo quinto-.

CONSIDERANDO que también han de claudicar los dos motivos restantes, ambos amparados en el ordinal primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Trámites, denunciante el sexto de la "infracción" de la doctrina legal a la que alude, y se da por reproducida por la ausencia de cita del concepto de infracción y el noveno, por el confusionismo que entraña, ya que acusa la "interpretación indebida" de la Jurisprudencia que también invoca, pues en su enunciado se contiene la denuncia de dos infracciones distintas, la de interpretación, ha de entenderse como errónea, en tanto la expresión indebida, sólo puede admitirse referida a la aplicación de una determinada norma o doctrina jurisprudencial, con lo que en definitiva dentro del mismo motivo se contiene la denuncia de dos conceptos compatibles referidos a una misma doctrina, lo que, en aras a la claridad exigida por el artículo mil setecientos veinte de la citada Ley, exigía una formulación separada, incidiendo en causa de inadmisión, que en este trance deviene en causa de desestimación.

CONSIDERANDO que la repulsa de los nueve motivos examinados, determina la del recurso en su totalidad, debiendo ser impuestos las costas causadas en su sustanciación a la parte recurrente, de acuerdo con el artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley Procesal, sin pronunciamiento sobre el depósito.

FALLAMOS

que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Eduardo , contra la sentencia pronunciada por la Sala Primera de lo Civil de laAudiencia Territorial de Valencia, en fecha cuatro de junio de mil novecientos ochenta y dos . Condenamos a dicha parte recurrente, al pago de las costas ocasionadas en este recurso; y a su tiempo, comuniqúese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Carlos de la Vega.- Jaime Santos.- José María Gómez de la Barcena López.- Rafael Pérez Gimeno.- José Luis Albácar.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr don José María Gómez de la Barcena López, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico.- Antonio Docavo.- Rubricado.