STS, 21 de Mayo de 1984

Por infracción de ley, comprendida en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La ley infringida es la contenida en el artículo mil doscientos ochenta y uno del Código Civil , en relación con el artículo cincuenta del Código de Comercio . El concepto en que se cometió la infracción es por violación. La sentencia recurrida, al enfrentarse con la cuestión capital de si el Acuerdo del Consejo de Administración de quince de junio de mil novecientos setenta y tres por el que se tuvo a mis representadas como renunciantes a la suscripción de acciones nuevas de la ampliación acordada en el Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de veintisiete de abril de mil novecientos setenta y tres, se acomodaba o no a éste, sienta como conclusión que aquél, o sea el impugnado en el litigio, se acomodaba totalmente a éste y constituye su correcta ejecución al tener por renunciadas a las demandantes al derecho de suscripción de las nuevas acciones y ofrecer éstas a losdemás socios. Al razonar así incurre en la infracción acusada, porque en el Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de veintisiete de abril de mil novecientos setenta y tres, por ninguna parte aparece la exorbitante facultad que se tengan por renunciados al derecho preferente de suscripción de las acciones nuevas a los accionistas que incurran en retraso en el cumplimiento de la obligación de efectuar el desembolso en el plazo estipulado. De suerte que para tener por renunciadas a las demandantes a su derecho de suscripción preferente tenían que haber ocurrido dos acontecimientos: uno, que no les interesase, y dos, que no cediesen los derechos a otros accionistas. Y, sin embargo, faltando ambos acontecimientos, e incluso con la admisión como probado de que las demandantes en treinta de abril comunicaron por carta a la sociedad el propósito de suscribir todas las acciones que pudieran corresponderles en la ampliación (Considerando primero de la sentencia de la primera instancia). Y sin expresa manifestación de no interesar la suscripción ni de no ceder los derechos a otro accionista, las tiene por renunciadas a la suscripción de sus acciones nuevas, pese a los actos concluyentes de la carta expresando el deseo de suscribirlas, del dinero en poder de la sociedad al efecto y de la remisión de otra suma aceptada por ésta. Y es de acotar con la reiterada doctrina de esta Sala, conforme a la cual la renuncia de derechos ha de ser explícita, clara y terminante, sentencias como las de diecisiete de noviembre de mil novecientos treinta y uno, treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, trece de junio de mil novecientos cuarenta y dos y de dieciséis de diciembre de mil novecientos once .

También por infracción de ley y comprendido en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El precepto legal infringido es el artículo mil doscientos ochenta y dos del Código Civil . El concepto de la infracción es por violación. En efecto: para llegar la sentencia recurrida a la drástica consecuencia de entender comprendido en el Acuerdo de la Junta General el que adopta el Acuerdo del Consejo de Administración, prescinde de lo dispuesto en el articulo mil doscientos ochenta y dos del Código Civil que manda atender "principalmente» a los actos de los contratantes, coetáneos y posteriores al contrato. Tales son en este caso la imputación de sumas existentes en poder de la sociedad y, sobre todo, la aceptación de la suma recibida el día seis de junio para imputarla a la suscripción de acciones. Acto este de indudable significación a estos efectos. Lo cierto es que es un acto posterior, auténtico, de la sociedad que le vincula a sus consecuencias..

Por infracción de ley, comprendido en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El precepto infringido es el artículo mil doscientos ochenta y tres del Código Civil . El concepto de la infracción es por violación. Previene que no deberán entenderse comprendidos en los términos de un contrato cosas distintas y casos diferentes que aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Regla de interpretación de los negocios jurídicos que conviene exactamente a la cuestión litigiosa, partiendo de los términos del mismo y de los que se destacan los siguientes: "todos los accionistas tendrán derecho a suscribir acciones nuevas en la proporción en que posean antiguas y obligación de efectuar los desembolsos en el plazo estipulado». "De no interesar a todos los actuales accionistas, podrán ceder sus derechos a otros accionistas y en su defecto el Consejo las ofrecerá a prorrata a los demás accionistas, y de no suscribir éstos podrá ofrecerlas libremente». Del texto de este último párrafo aparece que la facultad de ofrecer las acciones a los demás accionistas, que ejercitó el Consejo de Administración en el Acuerdo impugnado, no estaba comprendido en el Acuerdo de la Junta Genera de cuya ejecución se trataba, porque claramente establecía éste que era para el supuesto de que no interesase la suscripción y no se cediesen en tal caso los derechos a otro socio.

También por infracción de ley, comprendido en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El precepto infringido es el artículo cuarenta y cuatro de la Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno . El concepto de la infracción es por interpretación errónea. En efecto: la sentencia recurrida entiende que el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Sociedades Anónimas contiene un precepto imperativo, su primer párrafo y otro facultativo, el segundo , no siendo éste aplicable a la cuestión debatida por entender que para que lo fuese tendría que haberse rigurosamente cumplido el primero. Pero al razonar así interpreta erróneamente el precepto, porque: a) Efectivamente, el primer párrafo del citado artículo establece la obligación del accionista de aportar la porción de capital no desembolsado en la forma prevista por los Estatutos o en su defecto por Acuerdo de la Junta General, precepto de carácter imperativo que configura la obligación del accionista. Pero el segundo párrafo es facultativo sólo en el sentido de la elección entre las tres soluciones para el supuesto de impago en la forma prevista en el Acuerdo en la Junta General; es decir, que la sociedad podrá elegir cualquiera de las tres soluciones, y elegida una, su aplicación es tan preceptiva como lo que dispone el párrafo primero.

Por infracción de ley, comprendido también, en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El precepto infringido es el artículo noventa y dos de la Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas , en relación con el treinta y nueve, derecho segundo. El concepto de la infracción es por interpretación errónea. Derecho mínimo del accionista, como lodenomina el artículo treinta y nueve de dicha Ley , es el preferente a la suscripción de nuevas acciones, que se ejercitará dentro del plazo que concede la Administración de la sociedad. La sentencia interpreta erróneamente dichos preceptos al sostener que el transcurso del plazo señalado sin la aportación total del desembolso supone la no suscripción por no interesar a los accionistas en cuanto a las acciones que corresponderían a la parte no desembolsada de su total. Porque la suscripción de acciones nuevas por los accionistas, derecho mínimo, aunque la sentencia entiende que no es contrato obligacional sino real, se configura por toda la doctrina como derecho que acarrea la obligación de desembolsar el precio de dichas acciones. Y lo que no cabe es confundir el ejercicio de tal derecho con la obligación de desembolsos. Otra cosa sería si se hubiese manifestado el deseo de suscribir sólo parte de las acciones, o hasta donde alcanzase la suma en poder de la sociedad y la otra remitida pero con la manifestación expresa de suscribir todas las que correspondan, es evidente que ambas sumas iban imputadas a la suscripción total, produciéndose un insignificante retraso en el resto.

Por infracción de ley, amparado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El precepto infringido es el artículo mil ciento setenta y cuatro del Código Civil, párrafo segundo . El concepto en que se comete la infracción es por violación. La sentencia recurrida, en el séptimo Considerando, al tratar la cuestión discutida en autos de si la imputación de las sumas recibidas por la sociedad a un número determinado de acciones suscritas era o no correcta, no aplica este precepto. Y razona que no estamos ante varias deudas sino ante una sola derivada de un solo acto de suscripción de acciones que, si no se realiza totalmente, hay que imputar el realizado al número de acciones que correspondan, ya que se desembolsan por entero y no por partes alícuotas. El razonamiento de la sentencia es erróneo, porque el accionista puede suscribir todas las acciones que proporcionalmente le correspondan, o suscribir alguna o algunas, renunciando al resto o vendiendo los derechos sobrantes; y si manifiesta la voluntad de suscribirlas todas, la suma que ya tenía en su poder la sociedad y la que recibe posteriormente, no puede ésta imputarla a determinadas acciones sin el consentimiento del accionista. Que el desembolso sea total o parcial, es otra cuestión que en nada afecta a la aplicación de este precepto; lo que no cabe es que la sociedad, unilateralmente, haga la imputación en la forma que la hizo para tener por renunciada la suscripción del resto.

RESULTANDO que admitido el recurso e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Rafael Pérez Gimeno.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que la cualidad de socio de una sociedad anónima lleva consigo, entre otros, el derecho de preferente suscripción en el supuesto de emisión de nuevas acciones, derecho proclamado en el artículo treinta y nueve-segundo de la Ley de Sociedades Anónimas y desarrollado, fundamentalmente, en el artículo noventa y dos de dicha Ley al disponer que en toda elevación de capital con emisión de nuevas acciones, los antiguos accionistas podrán ejercitar, dentro del plazo que a este efecto les conceda la administración de la sociedad y que no será inferior a un mes, el derecho de suscribir en la nueva emisión un número de acciones proporcional al de las que posean, surgiendo frente a tal derecho la principal y casi única obligación del accionista, consistente en realizar la aportación del capital a que ascienda las acciones suscritas, aportación que debe acomodarse a las exigencias contenidas en los estatutos sociales o, en su caso, en el acuerdo de emisión adoptado por la Junta General, entrando en las facultades de esta Junta el disponer, bien que el desembolso sea por el total importe de las acciones suscritas, o bien que sea parcial, con un mínimo de la cuarta parte, debiendo fijarse en esta segunda hipótesis las condiciones en que deberá de realizare la parte de capital que no se desembolsó al suscribirlas, normativa en este punto del pago total o parcial sustancialmente coincidente con lo dispuesto en los artículos ocho y once , relativos al tiempo de constituirse la sociedad.

CONSIDERANDO que si en el caso aquí contemplado la Junta General Extraordinaria celebrada el veintisiete de abril de mil novecientos setenta y tres acordó aumentar el capital social en la cuantía de diez millones de pesetas, representadas por veinte mil acciones nominales que podían ser suscritas por los accionistas en proporción a las acciones antiguas que poseyeran, previo desembolso en metálico que debía efectuarse en el momento de la suscripción, con plazo máximo hasta el treinta de mayo siguiente, es manifiesto que dicha Junta, órgano soberano de la sociedad, optó no sólo por el desembolso total, sino, también, por unificar el tiempo de suscripción y el de pago, de forma que la falta de desembolso impedía que se tuviese por verificada la suscripción, opción que al no conculcar la legalidad aplicable ni vulnerar los estatutos por ser una de las posibles alternativas a elegir, debe tenerse por válida y eficaz, por lo que la decisión del Consejo de Administración, que tuvo por renunciantes a las actoras respecto a la suscripción de las acciones cuyo importe no desembolsaron dentro del expresado plazo máximo, se acomodó el citadoacuerdo de la Junta General y la sentencia de instancia que así lo proclama no infringió por violación el artículo mil doscientos ochenta y uno del Código Civil en relación con el artículo cincuenta del Código de Comercio , según se denuncia en el primer motivo formulado al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos y que por ello debe rechazarse, pues con el transcurso del indicado plazo caducó su derecho preferente de suscripción, así como el de ceder tal derecho a otro accionista, debiendo, igualmente, rechazarse el segundo motivo amparado en el mismo ordinal del artículo mil seiscientos noventa y dos y en el que se acusa la infracción, por violación, del artículo mil doscientos ochenta y dos del mismo cuerpo legal, pues aunque es cierto que la sociedad aceptó una cantidad recibida el día seis de junio, es decir, después de finalizado el plazo señalado y la aplicó a la suscripción de acciones por su importe, ello no refleja más que un acto de condescendencia al que no venía constreñida la sociedad y que, desde luego, no le vincula como acto propio para aceptar cantidades recibidas con posterioridad: no pudiendo correr mejor suerte el tercer motivo que con apoyo, también, en el número primero, denuncia la violación del artículo mil doscientos ochenta y tres del citado Código , pues, según se deduce de lo expuesto, tanto la decisión de suscribir con desembolso simultáneo del capital suscrito, como la alternativa de ceder tal derecho a otro accionista, debió realizarse dentro del plazo señalado, en cuanto tal plazo era el previsto por la Junta General para llevar a término la acordada ampliación de capital.

CONSIDERANDO que como el artículo octavo de la Ley de Sociedades Anónimas no exige para la válida constitución de una sociedad de tal naturaleza que se desembolse totalmente el capital suscrito, el artículo cuarenta y cuatro de dicha Ley previene, para el caso de que se hubiese acordado el desembolso parcial, que el accionista deberá aportar a la sociedad la porción de capital restante en la forma prevista por los estatutos o en su defecto por el acuerdo de la Junta General; y como el acuerdo de emisión de nuevas acciones por aumento del capital social puede disponer el pago parcial de las acciones suscritas, el artículo noventa dispone que tal acuerdo debe fijar las condiciones en que deberá realizarse la parte no desembolsada al suscribirlas; deduciéndose de dicha normativa que los presupuestos de hecho que contempla son aquellos en los que, bien en el momento de la constitución del ente social o bien en el posterior de ampliación de capital se acuerde válidamente la suscripción total de las acciones y el desembolso parcial de su importe con previsión del posterior reintegro del resto, es decir, en tales supuestos los socios cumplen lo establecido en los estatutos o en el acuerdo social aportando la porción convenida y comprometiéndose al desembolso del resto hasta completar el valor nominal de las acciones suscritas, acciones cuya titularidad adquieren aunque sea con dicho compromiso de pago del resto pendiente; hipótesis totalmente distinta a la contemplada en el caso de litis, en donde, según se deduce de lo hasta aquí expuesto, las actoras no llegaron a adquirir la titularidad de las acciones, a cuya suscripción tenían derecho preferente, al no desembolsar su total importe dentro del plazo señalado en el acuerdo de emisión, por lo que la normativa del citado artículo cuarenta y cuatro , cuyo presupuesto de hecho lo constituye el acuerdo de emisión de acciones con desembolso parcial, no es aplicable al presente supuesto, y, por tanto, no son aplicables los procedimientos judiciales o extrajudiciales en dicho precepto previstos para hacer efectiva la aportación parcial no efectuada; conclusión que lleva consigo la repulsa del motivo cuarto que denuncia la interpretación errónea del citado artículo cuarenta y cuatro , en cuanto al no haberse aplicado no pudo interpretarse incorrectamente; el rechazo del motivo quinto que acusa la interpretación errónea del artículo noventa y dos , en relación con el artículo treinta y nueve-segundo , dado que, como tantas veces se ha repetido, el derecho de suscripción preferente exige su ejercicio dentro del plazo previsto, requisito que la sentencia declara acertadamente que no se cumplió al no haberse realizado a su tiempo el desembolso importe de las acciones que les correspondían; y la desestimación del sexto y último motivo, ya que la sentencia de instancia al afirmar que estamos en presencia de un acto de suscripción de acciones con exigencia de pago total y que, en consecuencia, había que aplicar la cantidad entregada al húmero de acciones que con ella se podían adquirir, no viola el artículo mil ciento setenta y cuatro del Código Civil , pues si la suscripción exigía el desembolso completo de su importe, no puede admitirse la argumentación de las recurrentes tendente a que las cantidades por ellas entregadas debió haberse imputado parcialmente a la totalidad de las acciones que proporcionalmente tenían derecho a suscribir.

CONSIDERANDO que por todo lo expuesto procede desestimar el recurso de casación con condena en costas a la parte recurrente por imperativo del artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley Procesal Civil , sin que deba hacerse pronunciamiento sobre el depósito por no haberse constituido al ser disconformes las sentencias de instancia.

FALLAMOS

que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por doña Silvia y doña Susana , contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo, en fecha veintidós de octubre de mil novecientos ochenta y dos . Condenamos a dicha parte recurrente, al pago de las costas ocasionadas en este recurso; y a su tiempo,comuniqúese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Manuel González Alegre.- Carlos de la Vega.- Antonio Sánchez.- Cecilio Serena.- Rafael Pérez Gimeno.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr don Rafael Pérez Gimeno, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.-Antonio Docavo.- Rubricado.