STS, 25 de Abril de 1981

Comprendido en el número segundo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción de Ley, por violación de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Al amparo de lo dispuesto en el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haber incurrido la sentencia recurrida, en error de hecho en la apreciación de las pruebas, que resulta de documento auténtico que demuestra la evidente equivocación del juzgador.

Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haber incidido el Juzgador de Instancia en error de hecho en la apreciación de las pruebas, que resulta de documentos auténticos.

AI amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haberse producido error de hecho en la apreciación de las pruebas que resulta de documentos auténticos que demuestran la evidente equivocación del juzgador.

Al amparo de lo dispuesto en el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; por error de hecho que resulta de documento auténtico que demuestra la evidente equivocación del juzgador.

Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haberse incurrido en la sentencia recurrida en error de hecho que resulta de documento auténtico.

Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , error de hecho en que Incide la sentencia recurrida y que resulta de documento autentico que demuestre la evidente equivocación del juzgador.

Infracción de Ley por violación de lo dispuesto en los artículos 1.249 y 1.253 del Código Civil y de la doctrina de esta Sala, contenida en sentencias de 11 de noviembre de 1954 3 de marzo de 1955 y 24 de mayo de 1972 .

Comprendido en el número primero del articulo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , violación por no aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.445 del Código Civil y en la doctrina de esta Sala comprendida en sentencias de 27 de mayo de 1961 y 16 de octubre de 1965 .

Visto, siendo Ponente el Magistrado don Antonio Fernández Rodríguez.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que procede estimar el primero de los motivos en que se apoya el recurso de casación de que se trata, fundamentado por los recurrentes, al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en violación del artículo 359 de ésta, porque, como se pone de manifiesto en tal motivo, si es cierto que inicialmente aparece demandado don Luis Miguel , esposo de la también demandada doña Consuelo , es igualmente exacto que compareció aquél y formulada por el mismo excepción, con el carácter procesal de dilatoria, de falta de personalidad, con base en que la compraventaafectada por la litis en cuestión y en la que intervino su mencionada esposa, motivó la llamada al proceso de dicho excepcionante, no tiene carácter ganancial, ni por tanto le afecta, al estar su matrimonio regido por el sistema de separación de bienes pactado por los cónyuges antes de contraer matrimonio, fue acogida por auto dictado el 10 de diciembre de 1976 por el Juez de Primera Instancia de Gandía , que obtuvo firmeza procesal, lo que determinó la desvinculación del juicio planteado del indicado inicialmente demandado don Luis Miguel , que en consecuencia quedó fuera del debate jurídico-procesal de dictarse sentencia contra él en cuanto a las pretensiones planteadas en la súplica del escrito inicial de demanda, por lo que al contener la sentencia recurrida declaraciones con relación a él incide en aspecto coincidente con situación de incongruencia, generante en definitiva de violación del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el aspecto eminentemente sustantivo que implica, en cuanto previene que las sentencias deben proyectar sus declaraciones con relación a los demandados, y no a los que no lo sean, o que habiéndolo sido dejaron de serlo, pues lo contrario conduciría a indudable vulneración de los esenciales principios de audiencia y contradicción imperantes en nuestro ordenamiento jurídico procesal, y mayormente debido a que esa manifestación de aspecto de incongruencia surge, ineludiblemente, de que siendo los componentes de toda pretensión judicial el sujeto, el objeto y los fundamentos determinados por la causa o razón de pedir, conduce a que los sujetos frente a quienes se dicta la sentencia han de ser los mismos que figuran en la pretensión, es decir, las partes, de tal manera que cuando, como en el presente caso ocurre, la sentencia contiene condena, produciendo un cambio en una determinada situación jurídica, respecto a quien no ha sido parte en el pleito, adolece de vicio de incongruencia.

CONSIDERANDO que tratando de los motivos segundo y tercero, con los que los recurrentes pretenden viabilizar el mencionado recurso planteado, al amparo ambos del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con fundamento en error de hecho que pretenden evidenciar, respectivamente, en orden a la apreciación de compraventa absolutamente simulada a que llega la sentencia recurrida, en cuanto establece situación de convivencia entre los designados vendedora y compradores y disposición, mediante el otorgamiento de la escritura en cuestión, de todo el patrimonio de la primera , su desestimación se produce con sólo tener en cuenta que si ciertamente, como en dichos motivos se expresa, la manifestación de herencia de doña Catalina constatada mediante escritura notarial de 7 de diciembre de 1971, así como la de compraventa objeto de controversia de 14 de noviembre de 1974, y la papeleta de conciliación fechada en Piles el 3 de septiembre de 1976, acompañado con el inicial escrito de demanda como documento número 8, 9 y 8 bis, respectivamente, se asigna a la mencionada vendedora doña Lucía un domicilio diferente del que entonces designaba a los mencionados compradores doña Eugenia , doña Consuelo , doña Asunción y don Carlos Antonio , y que por la referida escritura pública de 14 de noviembre de 19/4 no dispuso de todo el patrimonio la precitada doña Lucía , por evidenciarse de la también invocada escritura de manifestación de herencia de 7 de octubre de 1971 que aquélla no hizo disposición de la finca designada como "un campo de tierra huerta, situado en término de Piles, partida de Terranova, de cabida 3 hanegadas y 12 brazos, equivalente a 25 áreas, 43 centiáreas; que linda: por Norte, Fermín ; Este de Alexander ; Sur de los herederos de Salvador ; y Oeste de Casimiro , "heredada por la meritada transmitente de su hermana doña María, como se expresa en dicha escritura de manifestación de herencia de 7 de diciembre de 1971, tampoco cabe desconocer, de una parte, que tales documentos no tienen el carácter de auténticos, que pretenden darle los recurrentes a efectos de casación, por requerirse a tal fin que demuestren por sí solos la irrealidad de lo apreciado por la Sala sentenciadora de instancia, sin necesidad de acudir a interpretaciones, hipótesis, analogías o deducciones (sentencias, entre otras, de 26 de octubre de 1961, 31 de noviembre de 1963 y 11 de noviembre de 1966 ), carácter que no se produce en los documentos en que los relacionados motivos segundo y tercero se amparan, desde el momento en que lo único que ponen de manifiesto, bajo un aspecto, es que en ellos se documenta domicilio diferente, pero no ausencia de convivencia, pues ésta de hecho puede existir aunque se tenga asignación documentada de diferente domicilio, y bajo otro aspecto, debido a que el haber heredado una finca no quiere decir que siga existiendo en su patrimonio; y de otra parte, y en todo caso, por la Sala sentenciadora de instancia, para llegar a la apreciación, de simulación, con la consiguiente declaración de inexistencia, de la tan referida nominada escritura de compraventa de 14 de noviembre de 1974, lo hace no exclusivamente sobre la base del domicilio que tuvieren, respectivamente, los que se designan vendedora y compradores, y completa desaparición del caudal hereditario de aquélla, sino en conjunción con otros aspectos fácticos que establece, y que no son atacados por los mentados recurrentes, como son el parentesco entre dichos nombrador vendedor y compradores, al ser tía y sobrinos, respectivamente, ser atendida aquélla por éstos, continuar la titulada transmíteme en la posesión de las fincas que se dicen enajenadas, rindiéndole el padre de los demandados, pretendidos adquirientes, cuentas hasta su muerte, ocultación de la venta, silenciando su existencia al ser requeridos los padres de los tan invocados demandados, que se dicen adquirientes, en acto de conciliación con la finalidad de practicar la partición y adjudicación de los bienes que constituían el "residuo» áe fideicomiso creado por la causante doña Nuria , a la que corresponde la finca de que se trata, a pesar de conocer el aludido padre de los demandados, que se designan adquirientes, la existencia de la tantas veces aludida escritura de pretendida compraventa de 14 de noviembre de 1974, por haber intervenido personalmente en ella en representación, ante Notario, de un hijo suyo menor de edad, precioestablecido para la transmisión en cuantía inferior en poco más de cinco veces al peritado judicialmente y falta de constancia de la posesión y disfrute de la fiduciaria otorgante de dicha escritura de las cantidades dinerarias que se concretan en precio que debían obrar en su poder.

CONSIDERANDO que a igual solución desestimatoria es de llegar en orden al motivo cuarto que, amparado también en el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , formulan los recurrentes por pretendido error de hecho en la apreciación de las pruebas, que trata de justificarse con el contenido de la ya citada escritura de manifestación de herencia de doña Nuria de 7 de octubre de 1971 (documento número S de los acompañados a la demanda), que aquéllos entienden evidenciar de la circunstancia de que la finca consistente en un campo de tierra secano, regadío situada en término de Piles, Partida de la Vela, de cabida 6 hanegadas, 2 cuarterones y 33 brazos, o sea, 55 áreas, 63 centiáreas, no estaba incluido en el fideicomiso de residuo creado testamentariamente por aquella causante, puesto que, según la indicada escritura de manifestación de herencia, se adjudicó dicha finca a la fallecida doña Lucía , designada fiduciaria, para pago de deudas, formándose una hijuela al respecto, por lo que, en criterio de los referidos recurrentes, podía dicha fiduciaria disponer libremente de la misma, y en consecuencia transmitirla a quien estimase procedente; porque estándose en presencia de un fideicomiso de residuo, en cuanto que la causante doña Nuria , mediante el testamento que otorgó el 12 de junio de 1969, y que rige su sucesión, instituyó por su heredera, con facultad de disponer de los bienes hereditarios sólo por actos invertivos por título de venta, a su hermana de doble vínculo doña Lucía , a cuyo fallecimiento los bienes de esa herencia que ésta no hubiera vendido los herederán, como herencia directa de la testadora, sus también hermanos de doble vínculo doña Catalina y doña Luisa , en la proporción de cuatro séptimas partes la primera y tres séptimas partes la segunda, significativo de que la citada doña Lucía fue instituida heredera con declaración de que los bienes de que ésta no hubiere dispuesto pasarían a su muerte a otro sucesor -sus referidos hermanos de doble vínculo doña Catalina y doña Luisa -, determinante de la modalidad "sio aliquid supererit», o sea, de que los herederos fideicomisarios solo recibirán en su día lo que quede o reste, si queda algo, que implica en nuestro derecho, en esencia, una modalidad fiduciaria condicional, como tiene declarado esta Sala en sentencia de 13 de febrero de 1943 , de tal manera que los fideicomisarios no adquieren derecho alguno hasta que la condición se cumpla, esto es, hasta que fallecido el fiduciario pueda saberse si hay o no residuo, por lo que a la muerte del testador únicamente surge a favor de los instituidos una expectativa de derecho a adquirir el concepto de heredero, y que sólo se perfecciona cuando se extingue la vida del primer llamado, como ponen de manifiesto las sentencias de esta Sala de 13 de noviembre de 1948, 26 de noviembre de 1951, 10 de julio de 1959 y 29 de enero de 1962 , entre otras, claro es que no puede detraerse de la herencia bienes determinados asignándolos el heredero fiduciario o los contadores partidores, a una adjudicación para el pago de deudas en una cuantía determinada, sin contar con la voluntad o aquiescencia de los herederos fideicomisarios, como ha sucedido en el presente caso, tanto porque con ello se desvirtuaría el destino dado por la causante a los bienes fideicomitidos -adquisición hereditaria de los que no hubieran sido vendidos por el heredero fiduciario-, cuanto por impedirlo lo normado en los artículos 781 y párrafo segundo del artículo 783 del Código Civil , que en cuanto previenen que la esencia que da vida y configura a la sustitución fideicomisaria es la conservación y transmisión a un tercero de todo o parte de la herencia, con obligación impuesta al fiduciario de entregar la herencia al fideicomisario, sin otras deducciones que las que correspondan por gastos legítimos, créditos y mejoras, salvo el caso de que el testador haya dispuesto otra cosa, cual no ha efectuado en el supuesto ahora contemplado, impiden que la tan citada heredera fiduciaria pueda adjudicarse una de las fincas comprendidas en el fideicomiso de residuo mencionado para pago de deudas de la herencia consistentes en bajas de ella por gastos de entierro y funeral referente a la causante y deuda por causa de crédito o préstamo que a aquélla había sido concedido, pues para atender a ello si bien podía haber dispuesto venta que posibilitase adquirir medios económicos con que atender al pago de dichas deudas, manteniendo en el haber hereditario el exceso que de la venta se obtuviese a consecuencia del principio de subrogación real respecto de los elementos resultantes de un cambio o mutación necesaria o sufrido por necesidad en los bienes fideicomitidos, no le facultaba para mantener en su patrimonio un bien que venía adscrito al tan repetido fideicomiso de residuo, y que tenía en su día y caso, de no haber sido vendido, que pasar a los herederos fideicomisarios, con la deducción que también se hiciere en su día, con cargo al haber hereditario transmisible de los mencionados abonos realizados, desde el momento que, en materia de fideicomiso, las careas extraordinarias de la herencia que recaigan sobre el capital constituyen solamente un gasto legítimo reclamable a la restitución.

CONSIDERANDO que tampoco procede acoger los motivos quinto, sexto y séptimo, que los tres con base en el número séptimo del articulo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se fundamentan por los recurrentes en pretendido error de hecho, en orden a los aspectos respectivamente de inexistencia de precio en la nominada compraventa en cuestión, inexistencia de necesidad de dinero por parte de la titulada vendedora y no justificación de poder económico adquisitivo para la compra de la finca de que se trata, con apoyo en el documento número 5 de los acompañados con el escrito de contestación a la demanda, en el que aparece como los demandados doña Consuelo doña Nuria , Doña Lucía y don Carlos Antonio , satisfacieran a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia la cantidad de 397.395,92 pesetas, enpago de las operaciones vencidas de préstamos de garantía personal que tenía concertados la designada vendedora doña Lucía , certificación librada por el Registrador de la Propiedad de Gandía, como Liquidador del Impuesto de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales de dicho Partido Judicial, acreditativo del impuesto de sucesiones, a consecuencia de la liquidación practicada por la manifestación de herencia de la fallecida doña Nuria , cuyo impuesto fue pagado el día 6 de febrero de 1973, es decir, el mismo día en que se produjo ese reintegro; ascendiendo a 216.010 pesetas la liquidación que había sido aplazada, y la certificación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia en que se hace constar expresamente la cancelación del indicado préstamo y se acredita la existencia de capital suficiente por parte de los relacionados demandados para pago del precio y concretamente cuanto se contrae al que fue manifestado, al que se fijó en la nominada compraventa a que el proceso se refiere, toda vez que esos documentos lo único que revelan es la realidad de los indicados pagos y las extracciones de dinero que expresan, pero no que, en contra de lo apreciado por la Sala sentenciadora de instancia, existiese realmente precio en la indicada nominada compraventa, inexistencia de necesidad de dinero por parte de la titulada vendedora y no justificación de poder económico adquisitivo para la compra de las fincas referidas, al no destruir sin duda alguna, cual requiere toda invocación de error de hecho, la apreciación que contiene la sentencia recurrida que tales actividades y comportamientos dinerarios, por el resultado de la prueba de presunciones derivadas de manifestaciones fácticas establecidas al respecto, pudieran obedecer a una toma de dinero por los propios administradores y subsiguiente devolución, con lo que nada significa de desprendimiento de dinero propio.

CONSIDERANDO que la inconsistencia del motivo octavo, que los recurrentes comprenden en el número primero del tan invocado artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por pretendida violación de los artículos 1.249 y 1.253 del Código Civil , y de la doctrina de esta Sala contenida en las sentencias de 11 de noviembre de 1954, 3 de mayo de 1955 y 24 de mayo de 1972 , surge de que careciendo de fuerza obstativa los argumentos expuestos en los precedentes Considerandos al fin de desvirtuar los aspectos de hecho en que se soporta la resolución impugnada para llegar a la solución de ineficacia, por causa de simulación, de la compraventa cuya realidad se pretende por los demandados recurrentes y la recurrida niega, queda vivo el módulo probatorio apreciado por la mencionada resolución impugnada mediante la vía de la prueba de presunciones, toda vez que entre los hechos reconocidos como acreditados y la consecuencia apreciada se da el enlace preciso y directo, según la regla del criterio humano, para establecer la inexistencia de la compraventa que se pretende como real, al pregonar que tal alegada relación jurídica responde exclusivamente a una donación ilícita, en cuanto tiende a impedir la efectividad de los derechos que tiene la demandante recurrente sobre las fincas afectadas por la escritura en cuestión.

CONSIDERANDO que asimismo es de rechazar el motivo noveno, formulado por los tan citados recurrentes, al amparo del número primero del artículo 1.692 de la referida Ley de Enjuiciamiento Civil , en pretendida violación, por no aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.445 del Código Civil y de la doctrina de esta Sala comprendida en sentencias de 27 de mayo de 1961 y 16 de octubre de 1965 , porque si ciertamente la fijación en una compraventa de un precio que resulte inferior, y en consecuencia desproporcionado al normal, carece de trascendencia y relevancia al respecto, dado que en nuestro derecho el "pretio viliare facta» no origina la invalidez radical del contrato, por no estimarse indispensable la existencia de exacta adecuación entre el elemento integrante del pacto, y el verdadero valor de la cosa enajenada con relación a la percepción de beneficio al enajenante, es igualmente de tener en cuenta que la sentencia recurrida no se basa exclusivamente en tal circunstancia, para llegar a la solución que acoge de ineficacia como compraventa, de lo consignado en la escritura pública de 14 de noviembre de 1974, objeto de controversia, sino como uno de los elementos considerados, en conjunción con los demás apreciados, para reconocer una situación jurídica de simulación de la indicada venta litigiosa, encubridora de una donación ilícita por hallarse otorgada en evidente perjuicio de los derechos de a actora.

CONSIDERANDO que al estimarse el primero de los motivos formulados, revelador de la infracción a que el mismo se contrae, es de declarar haber lugar a la casación pretendida, y en lo que se refiere al aspecto a que dicho motivo se contrae, pero no a los demás de la sentencia recurrida al que no afecta, puesto que, como ya tiene declarado esta Sala en sentencias de 8 de junio de 1945 y 6 de julio de 1949 , el defecto apreciado con la estimación de dicho motivo primero, no afecta al resto de la sentencia; sin pronunciamiento sobre depósito al no haberse constituido por no ser conformes de toda conformidad las sentencias de primera y segunda instancia; y procede dictar, por separado, sentencia sobre los extremos del pleito respecto de los cuales recae la casación; todo conforme previene el artículo 1.745 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de ley y de doctrina contra la sentencia dictada, con fecha 3 de noviembre de 1978, por la Sala Primera de lo Civilde la Audiencia Territorial de Valencia , interpuesto por doña Patricia , doña Consuelo , don Germán , doña Asunción y don Carlos Antonio , y por acogida del motivo primero en que dicho recurso se ampara; cuya sentencia casamos y anulamos; no hacemos especial imposición de costas causadas en el presente recurso; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Antonio Fernández Rodríguez.- Jaime de Castro García.-Carlos de la Vega Benayas.-Jaime Santos Briz.-José María Gómez de la Barcena y López.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Antonio Fernández Rodríguez. Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha, de que como Secretario certifico.

Madrid, a 25 de abril de 1981.-José Sánchez Oses.- Rubricado.