STS, 24 de Mayo de 1980

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistiendo la infracción en la interpretación errónea del artículo 1.451, párrafo primero, del Código Civil , en relación con la doctrina legal que lo interpreta y con la norma del artículo 1.281, primero , del mismo Cuerpo legal.

Se articula también al amparo de¡ número primero, del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistiendo la infracción en violación de la norma contenida en los artículos 609, párrafo segundo, y 1.095 del Código Civil .

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se articula este motivo, consistiendo la infracción en violación del artículo 1.413, primero, en relación con el 1.407, ambos del Código Civil ; sentencias de 13 de marzo de 1964 y 26 de diciembre de 1970 .

Se interpone al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistiendo la infracción en violación del artículo 1.091 del Código Civil en relación con la cláusula segunda , c), de los contratos que han sido objeto de la litis.

Se interpone al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistiendo la infracción en violación, por no aplicación, del artículo 1.284 del Código Civil al interpretar la Sala sentenciadora la cláusula segunda, párrafo primero , de los contratos origen del pleito.

Se articula al amparo del número tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistiendo la infracción en violación del artículo 359, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al otorgar el tercer pronunciamiento del fallo recurrido más de lo pedido por los actores.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistiendo la infracción en violación de la norma contenida en el último párrafo del artículo 1.100 del Código Civil .

También al amparo del número tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistiendo la infracción en violación del artículo 359, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al no contener el fallo declaración sobre algunas de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito.

Visto, siendo Ponente el Magistrado don Antonio Fernández Rodríguez.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que, como cuestión previa esencial en orden a la adecuada solución que han de merecer los motivos en que se basa el recurso de casación de que se trata, ejercitado por demandado don Antonio , es de tener en cuenta que la sentencia recurrida, según se deduce del contenido de sus Considerandos y de los que expresamente acepta de la dictada en fase procesal de primera instancia,claramente establece que en, las relaciones jurídicas concertada entre dicho demandado recurrente y los demandantes doña Clara , doña Frida , doña Milagros , don Inocencio , don Octavio , don Silvio y don Carlos Manuel , en orden a las viviendas en cuestión, reflejadas en los documentos acompañados al escrito inicial de demanda bajo los números uno a siete, contienen consentimiento acerca de la cosa vendida y el precio cierto, aunque éste pone su exacta determinación cuantitativa, se supedite a la cantidad máxima que autorice la calificación definitiva que en su día se asignase a dichas viviendas, por su carácter de Protección Oficial Subvencionadas, e incluso que el mencionado demandado recurrente percibió diferentes cantidades a cuenta de los precios de las expresadas viviendas y establecimiento de pacto comisorio expreso.

CONSIDERANDO que, por otra parte, y en relación con el primero de los motivos en que se soporta el recurso de casación de que se trata, formulado, con amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en pretendida interpretación errónea del artículo 1.451, párrafo primero, del Código Civil , por entender el mencionado recurrente que las indicadas relaciones jurídicas convenidas entre él y los relacionados demandados, en cuanto a las referidas viviendas son significativas no de una compraventa propiamente dicha, como la Sala sentenciadora de instancia reconoce, sino de un mero contrato preparatorio de compraventa, o con mas precisión una simple promesa de compraventa, es de reconocer que si ciertamente en estas situaciones jurídicas, cuya especialidad consiste en que a lo que las partes se comprometen es a celebrar un futuro contrato sobre las líneas del primero, que por ello mismo puede calificarse de auténtica ley de bases del siguiente y cuya tuerza vinculante queda atemperada a la que deriva de su propia esencia consistente en "obligarse a obligarse», por consecuencia de la normativa sancionada por dicho párrafo primero del artículo 1.451 del Código Civil , no sigue nuestro ordenamiento jurídico, según tiene proclamado esta Sala en sentencia de 7 de febrero de 1966 , el principio de equivalencia a la compraventa, acogido en el artículo 1.Í89 del Código Civil francés, inspirador, en muchos aspectos, al Código Civil español, que, con base en la regla antigua "pactum de vendendo est vendido», proclamó que la promesa de venta equivale a la venta siempre que exista consentimiento recíproco de las dos partes sobre la cosa y el precio ("La promesse de venta vaut vente, lorsquil y a consentement reciproque des deux parties sur la chose et sur le prix»), por entender que las dos partes han contraído obligaciones que son en esencia idénticamente iguales a las que asumen el comprador y el vendedor dado el carácter de contrato sinalagmático que es la compraventa, pero cuya apreciación viene jurisprudencialmente rechazada, y de ello son exponente, entre otras, las sentencias de este Tribunal de 11 de novimbre de Í943, 28 de marzo de 1944, 15 de marzo de 1945, 26 de octubre de 1946, 1 de julio de 1950, 5 de octubre de 1961 y 26 de marzo de 965 , pues, aparte que en el aspecto histórico, constatado concretamente en los "Motivos y comentarios» redactados por la Presidencia de la omisión elaboradora del Proyecto de Código Civil español de 1851, determinante de una interpretación moralmente auténtica de su espíritu y disposiciones , ya se cuidó de resaltar alguna importante diferencia que separa en todo caso la promesa de vender y la venta misma, la interpretación lógica exige que la voluntad de los contratantes sea respetada, distinguiendo el contrato definitivo de compraventa - de la mera promesa de compraventa, aplicando al primero las reglas de este específico contrato y a la segunda simplemente las normas generales relativas a las obligaciones y contratos, descartando en consecuencia el criterio de equiparación e identidad entre ambas figuras jurídicas, es sobre la base, requerida por las sentencias de esta Sala de 11 de noviembre de 1943 y 25 de marzo de 1957 , de que se pruebe que los contratantes al pretender vender y comprar quisieron excluir los efectos de la compra actual.

CONSIDERANDO que teniendo en cuenta lo expuesto en el precedente y los aspectos fácticos establecidos en la sentencia recurrida, a que se hace mención en el primero de los Considerandos de la presente resolución, que no han sido atacados por el recurrente, sino implícitamente por él aceptados, en cuanto que se basa precisamente en ellos para argumentar en el desarrollo de dicho motivo primero, es de llegar a la solución desestimatoria de éste, porque, como certeramente aprecia la resolución impugnada, con la fundamentación que la misma acoge en sus Considerandos y de la que deduce de los que acepta de la sentencia de primera instancia, los contratos de que se trata no son mero contrato preparatorio de compraventa, o con más, precisión de una simple promesa de compraventa, sino de real y efectiva compraventa, pues que la circunstancia de que se hubiera producido acuerdo en orden a la cosa a vender y el precio asignable a tal venta, solamente supeditado a la que correspondiese, en asignación oficial a la Cédula de Calificación Definitiva, con percepción de cantidades a cuenta de tal precio y establecimiento de "pacto comisorio expreso», pone de manifiesto que se está en presencia de una relación jurídica por la que el demandado recurrente don Antonio pretendió efectivamente vender, y los demandantes recurridos doña Clara , doña Frida , doña Milagros , don Inocencio , don Octavio , don Silvio y don Carlos Manuel pretendieron efectivamente comprar, generando en consecuencia una situación de compraventa actual al tiempo del otorgamiento de los contratos afectados por la controversia de que se trata, pues mal se compagina la pretensión de existencia de un mero contrato preparatorio de compraventa, o con más precisión una simple promesa de compraventa, con la situación, como la actual, que producido acuerdo contractual en relación a cosa a vender y precio a pagar por ella, con entregas de cantidades a cuenta de tal precio e incluso existencia de pacto comisorio expreso, que son aspectos característicos de real y efectivacompraventa.

CONSIDERANDO que la consistencia de los razonamientos consignados en el precedente conducentes al reconocimiento de que se está en presencia de reales y efectivos contratos de compraventa, y no de meros contratos preparatorios simples promesas de compraventa, surge, además, de que para llegar a comprender los términos, alcance y efectos del vínculo jurídico de compraventa que comprende no se precisa acudir a nuevas y especiales manifestaciones de voluntad, al venir proclamadas en la relación jurídica creada al respecto, porque como tiene declarado esta Sala en sentencias de 5 y 9 de julio de 1940, 1 de julio de 1950 y 21 de diciembre de 1955 , la nota peculiar del contrato preparatorio, también reflejado en la expresión precontrato, es la indeterminación específica de los requisitos esenciales del convenio que los interesados quieren celebrar en definitiva, siendo preciso para conseguir esta finalidad el otorgamiento de un futuro contrato por el cual se completen los requisitos que en el primero quedaron indeterminados, de tal manera que siguiendo la pauta clara y precisa que señalan los jalones del convenio imperfecto, perfeccionado y consumado no se requiera una nueva manifestación de voluntad cuando ésta viene ya suficientemente expresada en el convenio originario.

CONSIDERANDO que a la solución de apreciación de reales y efectivas compraventa que acoge la recurrida sentencia, y se reitera en la presente, en nada obstan las circunstancias de que el importe del definitivo precio hubiese quedado supeditado al máximo que autorizase la calificación definitiva de las viviendas en cuestión y que en los contratos suscritos entre demandante y demandados al respecto se consigne, tratando de dichos convenios, "contrato de compromiso de compraventa», y en relación con los contratantes que el vendedor "promete vender» y el comprador "promete comprar», lo primero, por la sencilla razón de que, si a tenor del artículo 1.447 del Código Civil el precio se tendrá por cierto cuando se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada, claro es que esa certeza se produce cuando se supedita, como en el presente caso ha ocurrido, al que corresponde conforme a precios máximos asignables legalmente a las viviendas construidas, como también sucede en el supuesto contemplado, bajo el régimen de Protección Oficial Subvencionada, ya que, como tiene declarado esta Sala en sentencia de 21 de abril de 1956 , la certeza del esencial elemento de la compraventa no supone el que necesariamente se precise su cuantía en el momento de la celebración del contrato, sino que puede hacerse su determinación dejando su señalamiento a un tercero, lo que hace las veces de condición; y segundo, en razón a que conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente, entre otras, las sentencias de esta Sala de 15 de marzo de 1976 , los convenios jurídicos no se califican por las denominaciones que les atribuyan los contratos, sino por lo que real y efectivamente corresponda por su intrínseca naturaleza y contenido obligaciones.

CONSIDERANDO que tampoco es de acoger el segundo de los motivos en que se basa el recurso de que se viene haciendo mención, que el recurrente don Antonio fundamenta., al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en pretendida violación de la norma contenida en los artículos 609, párrafo segundo, y 1.905 del Código Civil , porque si ciertamente dichos preceptos sancionan que la propiedad sobre los bienes se adquiere, entre otros medios, por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición y que el acreedor no adquirirá derecho real sobre la cosa que haya obligación de entregar hasta que le haya sido entregada, como consecuencia de qué, como tiene reconocido ésta Sala en sentencias de 15 de abril de 1947, 29 de octubre de 1962 y 24 de septiembre de 1963 , no se halla incorporada al derecho positivo español la moderna doctrina, acogida por otras legislaciones, de que el consentimiento que perfecciona el contrato de compraventa transmita al comprador la propiedad de la cosa vendida sin necesidad de que medie la tradición material, de tal manera, como indica la sentencia, también de esta Sala, de 30 de junio de 1962 , el Código Civil español, por su inspiración en el Derecho Romano, la propiedad, y por consiguiente el dominio, no se transmite por la mera perfección del contrato, si no es seguida de la tradición, tampoco cabe desconocer cual hace dicho recurrente al formalizar el examinado motivo segundo, que, como ya ha tenido ocasión de proclamar este Tribunal en sentencia de 29 de marzo de 1965 , siendo el contrato de compraventa un negocio jurídico (¡le naturaleza y efectos puramente obligatorios que sirve de título traslativo y adquisitivo, no cabe confundir ese título obligatorio, representativos del dominio a favor del comprador, con el derecho real sobre la cosa, generado por la tradición o entrega significativa de relación directa de potestad y señorío, toda vez que, según indica la sentencia de 31 de marzo de 1962 , configurada la compraventa en nuestro derecho como contrato consensual, del que surge al obligación de entrega de la cosa vendida y de pagar el precio estipulado, hay que distinguir el momento de la refección del contrato, producido por la coincidencia del consentimiento sobre la cosa y el precio, de la consumación, emanante de la tradición real o ficta de la cosa, que determina la transformación del originario "ius ad rem» en un "ius in re mediante el cual se transmite el dominio de lo comprado, con la consecuencia jurídica, reconocida en la sentencia de 5 de junio de, 1945 , de que en el caso de realidad de contrato de compraventa, no seguida todavía de tradición, cual sucede en el supuesto ahora examinado, si bien no cabe considerar propietario al comprador en tanto dicha tradición no se produzca, no impide, comprador tenga facultad de exigir el cumplimiento contractual, y por tanto, la entregade la cosa vendida; todo lo cual revela que, en contra de la apreciación del recurrente, las viviendas en cuestión vienen enajenadas desde el mismo momento del otorgamiento de los examinados contratos de compraventa, o sea a partir de los diversos meses del año 1972 en que fueron otorgados aquéllos, puesto que, en el orden jurídico de la compraventa, una cosa es el acto de enajenar, significado por el convenio obligacional manifestado al efecto, y otra la entrega, productora de derechos reales de ella derivados.

CONSIDERANDO que en lo referente al motivo tercero, que en el mencionado recurso se plantea por el recurrente, al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en violación que alega producida del artículo 1.413, primero, en relación con el 1.07, ambos del Código Civil , por entender que carecen de validez los contratos de compraventa tan citados ante la presunción legal ganancial de las viviendas a que afectan y efectuar la enajenación el marido recurrente sin consentimiento de su esposa, no ratificado por ésta, ni formular desistimiento de no impugnarlos, su desestimación surge, de una parte, por tratarse de una cuestión nueva, al no haber sido planteada en las actuaciones de que proviene el presente recurso, y, por tanto, no examinable en éste, dado que en materia de casación es fundamental, cuando se formulan por pretendida infracción de ley o doctrina legal, que sus alegaciones y razonamientos se refieren a lo que en el pleito se haya debatido, sin que sea lícito propone cuestiones que no lo ha sido en él oportunamente (sentencias de esta Sala además de otras, de 16 de julio de 1935, 22 mayo de 1936 y 7 de diciembre de 1943 ); y, de otra parte, a causa de que, dada la normativa legal imperante al tiempo del otorgamiento de los relacionados contratos de compraventa, y concretamente del párrafo segundo del artículo 1.413, en relación con el 1.407, del Código Civil , el acto de disposición que haya realizado el marido sin el consentimiento de la mujer solamente puede generar anulabilidad del acto únicamente a instancia de la mujer, o en su caso de sus herederos, pero no del marido, pues al ser ella la destinataria del sistema protector instaurado, es la única legitimada para ejercitar la pertinente acción (sentencias de esta Sala de 7 de febrero de 1964, 6 de mayo de 1969 y 26 de diciembre de 1969 ), porque sería arbitrario y opuesto al principio de que nadie puede ir contra sus propios actos si se le permitiera impugnar el contrato fundándose en la inobservancia de un requisito a él sólo imputable (sentencia de 13 de marzo de 1964 y 22 de junio de 1966 ), por lo que no, instada en la litis de que se trata la ineficacia por tal causa de los contratos de compraventa tan citados por la esposa del vendedor doña Amelia , a pesar de haber sido demandada sobre su cumplimiento y consiguiente efectividad, son válidos tales contratos y de obligado cumplimiento, afno corresponder, según viene indicado, dicha acción al marido (sentencia de 6 de mayo de 1969 ).

CONSIDERANDO que es igualmente de rechazar el motivo cuarto, que, amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se fundamenta por el recurrente en violación del artículo 1.091 del Código Civil , en relación con la cláusula segunda c) de los contratos objeto de litis, en cuanto ésta previene que las sesenta mensualidades representativas del precio "empezaron a contar desde la fecha de la Calificación Definitiva», y la sentencia recurrida, en el pronunciamiento tercero de su fallo, condena a que en ejecución de sentencia se determinen los vencimientos de esos sesenta plazos "a partir de la entrega de la posesión de las viviendas enajenadas a los actores», puesto que, en discrepancia con lo- aducido por el meritado recurrente, tal modalidad de declaración de condena en manera alguna desconoce la "Ley del contrato» que impone el citado artículo 1.091 del Código Civil , dado que tal expresión contractual de que las referidas mensualidades, representativas del precio, se empezarán a contar desde la fecha de la Calificación Definitiva "hay que entenderla coordinada y supeditada con la efectividad previa de todas las condiciones determinantes de la exigibilidad del precio, y entre ellas, concretamente, el de aceptar el vendedor la efectividad de los contratos de compraventa en cuestión, y por tanto la obligación de entrega de las viviendas que son su objeto, a la que se opuso el tan aludido vendedor, y cuya obligación de entrega reconocida por la sentencia recurrida, lleva a la solución correcta que ésta acoge de determinar los expresados vencimientos de aquellas sesenta mensualidades», que en manera alguna se contradice con lo pactado de que "empezaran a contar desde la fecha de la Calificación Definitiva», pues con ello lo que se quiere decir es que la efectividad de tales sesenta mensualidades se producirá por determinación en fase de ejecución de sentencia con remisión a partir de la fecha de Calificación Definitiva, aunque con supeditación al reconocimiento de la contraprestación obligada de entrega de lo vendido.

CONSIDERANDO que la inconsistencia del motivo quinto, interpuesto igualmente con base en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por aducir el recurrente violación, por no aplicación del artículo 1.284 del Código Civil , al interpretar la Sala sentenciadora de instancia la cláusula segunda, párrafo primero , de los contratos origen del pleito en el aspecto referente a la fijación del precio de los contratos de que se vienen haciendo mención por remisión "al que autoricé la Calificación Definitiva», surge de tener en cuenta que el precio de venta máximo asignable a las viviendas enajenadas antes de la publicación del Decreto 1.009 de 1974, de 29 de marzo , será no el que éste establece, sino el que resulte de la aplicación de las normas de la legislación vigente en la fecha del otorgamiento del contrato o de la primera entrega de cantidades a cuenta del precio, según dispone el párrafo a) de la Disposición Transitoriatercera del Decreto 477 del 72, de 4 de marzo , porque producido en este caso, cual reconoce la sentencia recurrida, tal evento de otorgamiento de los contratos de compraventa en cuestión e incluso de primera entrega de cantidad a cuenta del precio, con anterioridad a la publicación del citado Decreto número 1.009, de 29 de marzo de 1974 , el precio máximo de venta a tener en cuenta es el derivado de la normativa contenida en el también aludido Decreto número 477, de 4 de marzo de 1972 , conforme reconoce y aplica la tan repetida sentencia recurrida, y tiene ya declarado esta Sala en sentencia de 20 de diciembre de 1979

, toda vez que al haberse dado las dos causas excluyentes de la aplicación del repetido Decreto de 29 de marzo de 1974 , las normas aplicables como de imperativo cumplimiento, para fijar el precio que en definitiva fue remitido por las partes al que resultase de la Calificación Definitiva, "son las prevenidas en el precitado Decreto de 4 de marzo de 1972 , que es a las que, para tal supuesto, se remite la Cédula de Calificación Definitiva, de manera clara y en forma que no ha lugar a otras interpretaciones afectantes al precio convenido para las tan repetidas compraventas, cumplimentando el requisito de la determinación del precio exigido por la normativa legal que autorizan los artículos 1.445 y 1.447 del Código Civil .

CONSIDERANDO que tampoco es de acoger el motivo sexto, articulado, al amparo del número tercero, del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por pretendida violación del artículo 359, párrafo primero, de la misma Ley procesal, por esta mar el recurrente que el pronunciamiento tercero del fallo recurrido otorga más de lo pedido por los actores, en cuanto que mientras en la súplica del escrito inicial de demanda se solicita que se declare y condene a los demandados "a determinar el importe y vencimiento de los sesenta efectos cambiarlos», dicho fallo dispone al respecto "que en ejecución de sentencia se determinará el importe y vencimiento de los sesenta efectos cambiados», pues este pronunciamiento al limitarse a desplazar a la fase de ejecución de sentencia tal determinación solicitada, es tan sólo una mera manifestación complementaria de lo solicitado, que, sin alterar los pronunciamientos principales, es simplemente conducente a la efectividad del fallo, lo que en manera alguna genera falta de congruencia (sentencias, entre otras, de 7 de enero de 1920 y 28 de noviembre de 1933 ).

CONSIDERANDO que es asimismo de rechazar el motivo séptimo, porque la resolución impugnada ninguna violación produce de la norma contenida en el último párrafo del artículo L100 del Código Civil, alegando por el recurrente amparado en el tan repetido número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sino que, por el contrario, se acomoda a dicho precepto legal sustantivo, ya que si es cierto que según éste la mora en las obligaciones recíprocas no nace hasta que los otros obligados han cumplido su obligación, también lo es que la misma norma jurídica, interpretada "a contrario &en-su», previene, en materia de "compensado mora» derivada de la "exceptio non adimpleti contratus» que erige en las obligaciones bilaterales, sinalagmáticas y recíprocas, que la mora se produce para el contratante incumplidor cuando el otro se había allanado a cumplir lo que le incumbía, y "que es precisamente lo producido en el caso ahora examinado, desde el momento' que los demandantes compradores se mostraron conformes a dar efectividad, y consiguiente cumplimiento a los contratos de compraventa en cuestión en sus adecuados términos y alcance reconocidos en la sentencia recurrida, y que es lo procedente, con resistencia a ello por parte del demandado comprador al pretender darle eficacia en otros términos no procedentes.

CONSIDERANDO que finalmente es inviable el motivo octavo, que, con base en el número tercero, de! tan repetido artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se formula, fundamentado en pretendida violación del artículo 359, párrafo primero, de la meritada Ley de Trámites Civil , por la circunstancia de que la pretensión deducida por los actores era que se condenara a los demandados a una serie de pedimentos, en tanto que él fallo recurrido condena sólo al demandado en sus pronunciamientos primero y cuarto -en esté concretamente a don Antonio -, de forma que al demandada ni se le condena ni se le absuelve en el fallo, habida cuenta, de una parte, que la corrección de dicha limitación personal en orden a tales pronunciamientos es lógica consecuencia de la forma en que los vínculos contractuales a que afectan fueron llevados a cabo, puesto que si solamente intervino personalmente como vendedor el mentado don Antonio , lógico es que con él se entienda única mente la condena a la obligación de su cumplimiento, y con más precisión la de la entrega de lo vendido y la indemnización de daños y perjuicios por la demora en tal entrega; y de otra parte, debido a que al establecer el referido fallo de la sentencia en cuestión la condena "a los demandados a estar y pasar por las precedentes declaraciones» en tal fallo contenidas, indudablemente está revelando el alcance y efectos de todo lo instado en la súplica de la demanda, en los términos personales correspondientes que acoge, y por tanto que no se deja de cumplir la obligación impuesta de que en la sentencia se condene o absuelva al demandado, pues tanto lógica como jurídicamente aquello a que se contraiga y limite una declaración de condena implica absolución de lo restante.

CONSIDERANDO que, por lo expuesto, es de desestimar el recurso de casación ejercitado por don Antonio , con condena a éste en todas las costas, y con pérdida del depósito constituido; todo ello a tenor de lo prevenido en el artículo L948 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto a nombre de don Antonio , contra la sentencia que, con fecha 23 de junio de 1978, dictó la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia territorial de Valencia; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas y a la pérdida de la cantidad, que por razón de depósito, ha constituido, a la que se dará el destino que previene la Ley; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió,

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Manuel González Alegre.--José Antonio Sellas.-Antonio Fernández Rodríguez.-Jaime Castro.-Carlos de la Vega.-Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Antonio Fernández Rodríguez, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública, la misma, en el da de su fecha de que como. Secretario certifico.

Madrid, 24 de mayo de 1980.-José Sánchez Oses.-'Rubricado.