STS, 17 de Junio de 1980

Fundado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuanto el fallo contiene violación del artículo 1.214 del Código Civil regulador del "onus probandi", según el cual incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento. El primer pedimento de la demanda, contraído a que fuera mi hoy representado condenado a hacerles formal entrega de los legados constituidos en su favor por su común causante don Guillermo y a que concretamente el contenido en la cláusula novena de su testamento referido a determinada era, o por ser más exactos a "la era que el testador posee en Castellnou de Seana", fuera cumplido con la finca que describía en el hecho tercero de la demanda, se recoge y estima en la sentencia recurrida en cuanto confirma la sentencia de Primera Instancia en que se dice que la era aludido por el testador es precisamente el "solar destinadora era" por los demandantes pedida, en cuanto afirman que ésta era la única era que el testador tenía y siguió teniendo, y a la que el legado en cuestión había de referirse. A lo largo de todo el procedimiento se rechaza la existencia registral y real de ese, solar dedicado a era que los demandantes, por sí mismo, describen y ni siquiera está catastrada. Y siendo por lo tanto un hecho afirmado por la actora del que resulta su aseveración de que esa era la finca que debía, ser entregada por el heredero en pago del legado constituido por el testador, su prueba le incumbía inexcusablemente en cuanto no solamente no se reconocía sino que se debatía como fruto de una imaginación desbordada por el demandado. Es principio general de derecho consignado en el precepto violado, que aquel que reclama el cumplimiento de una obligación tiene el deber de probar su existencia, justificando cumplidamente su alegato que componen los hechos que aduce específicamente constituidos de su derecho. Carga de la prueba de que los actores se desentendieron totalmente,- hasta el punto de haberse limitado a la original creación puramente mental de la finca que describen con pelos y señales en el papel y a olvidarse después de la practica probatoria tan elemental como necesaria para que pudiera su tesis acogerse, salvo infracción del principio general recogido en el precepto cuya violación ha sido plena y totalmente producida. Que aun teniéndose como se ha tenido en la sentencia recurrida, por justificado que la "era" a entregar era la reclamada por los actores, si ello se hubiera debido a la confesión practicada como diligencia a tenor de lo dispuesto en "1 artículo 340 , y así se hubiera estimado, la infracción señalada subsistiría porque el que para mejor proveer se pruebe lo qué debió probar el afirmante de la obligación cuyo cumplimiento pide, no puede exonerar a éste ni condenar el principio "actore non probante, reus est absolvendus" cuyo principio complementario del recogido en el artículo 1.214 del Código Civil , recogido en la doctrina jurisprudencial de esta Sala.

Fundado en el numeró séptimo del artículo 1.692 de la Ley Procesal Civil , por haber existido error de derecho en la apreciación de las pruebas, que si en su conjunto evidencian lo infundado de la pretensión actora, separadamente patentizan también su improcedencia y falta de justificación. Quedando así constatado él error de derecho que en la apreciación de esta prueba a padecido, en cuanto se condena a la entrega de una finca que tanto con la escritura de manifestación de herencia de la señora viuda del testador, como con la del heredero se demuestra que no existía en el patrimonio o caudal relicto cuando el señor Guillermo falleció. Depase patentizada la equivocada interpretación de la prueba de confesión judicial, que no ha podido, al igual que la prueba documental, aplicada con arreglo a las reglas de valoración que así han resultado violadas, servir al hecho que implica la condena a la entrega de la finca reclamada por los demandantes y, si tales reglas de valoración se hubieran, tenido en cuenta, tal pretensión hubiera tenido que ser desestimada, acreditando así que la preexistencia de tal finca en el caudal relicto era una afirmación no probada más que con la confesión de los propios demandantes, que conforme al mencionado artículo 1.232 del Código Civil, párrafo primero , es absolutamente inoperante. Practicada también la prueba de reconocimiento judicial a solicitud de la actora, que pidió el reconocimiento de la "era" demandada, de otra finca obrante el número octavo de la escritura de manifestación aportada a la contestación y de la era de trillar parcialmente entregada en pago de su legado al actor don Evaristo por ser la única era existente en el patrimonio hereditario, la diligencia de tal reconocimiento obra a los folios 209 y 210 de los autos, limitándose a una descripción sumaria e inútil a efectos de la prueba de que la era demandada hubiera pertenecido al caudal relicto, por lo que, conforme al artículo 1.240 que regula la valoración de esta probanza, es tan inoperante que no ha podido servir en absoluto al pronunciamiento condenatorio relativo a la cuestión que nos ocupa, que es la primera enunciada en el primer considerando de la sentencia de Primera Instancia. Habiendo resultado violada aquella norma de valoración en cuanto a esta prueba de reconocimiento judicial se refiere, que no podía justificar que la era legada fuera la que en el fallo se dice. La prueba testifical de la parte actora en- hada ha podido contribuir a tener por probada la existencia de la "era" demandada en el patrimonio del "de cuius". Así se acredita constatando que solamente dos preguntas del interrogatorio obrante al folio 118 de los autos se refieren a la mencionada "era", concretamente la tercera y la cuarta, que ni se refieren a propiedad, sino a "poser" y a "tener" y para nada aluden a que dicha "era" figurara en el patrimonio hereditario y a que, en su caso, no hubiera sido vendida por la usufructuaria. Conscientes de que el artículo 1.248 relativo a la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos esadmonitivo y no preceptivo, queremos limitarnos a constatar que los seis testigos de la actora que comparecen a declarar de los siete propuestos, en nada han contribuido a la obligada justificación por parte de la demandante de que al fallecimiento de la viuda y usufructuaria del testador con facultades de venta, hubiera quedado la "era" reclamada. Porque aparte de acreditar el error de derecho sufrido en la apreciación de las pruebas a que este motivo casacional se contrae, tiende- también a no dejar de tener en cuenta todos los elementos integrantes de la prueba, para salir al paso de la obvia objeción derivada del principio de la apreciación conjunta de la misma. En cuya misma línea demostrativa de que es la conjunta apreciación de las pruebas lo que propicia el rechazo de la demanda en cuanto se refiere a la "era" reclamada sin justificación probada y aun cuando la carga de la prueba correspondía íntegra y exclusivamente a si los actores, según se sentó en el anterior motivo, señalamos que tampoco de ninguno de los elementos probatorios aportados por la demanda, ni actual mandante, resulta nada en pro de esa justificación de existencia en propiedad en el caudal partible de la "era" demandada, al fallecimiento de la viuda del testador. Al igual que la restante prueba, toda la prueba tanto del actor como del demandado apreciada en su conjunto y por separado, esta documental de mi conferente ha sido también apreciada con error de derecho, contraviniendo la norma legal sobre valoración de esta prueba que se contiene en el ya citado artículo 1.218 del Código Civil . Resultando así, que es el conjunto de las pruebas de ambas partes el que, como resulta de la contemplación particularizada de todas ellas, acredita el error sufrido al tener por acreditado lo que por ningún medio, ni prueba alguna se ha demostrado.

Fundado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haber incurrido el fallo que se recurre en violación e inaplicación del principio de doctrina legal "nemodat quit non habet", recogido por la doctrina jurisprudencial, que al amparo del número cuarto del artículo 1.º del Código Civil , que igualmente ha resultado violado, se alega. Acreditado por todas las pruebas el hecho negativo de la afirmación contraria en cuanto a que la "era" que el fallo impugnado condena a entregar, hubiera quedado en el patrimonio hereditario después del fallecimiento de la viuda usufructuaria del testador, o lo que es igual, no habiéndose probado tan necesario particular frente a la constante negativa de la parte demandada, quedó acreditado en autos que el señor Adolfo no había recibido dicho inmueble, que las meras afirmaciones sin probanza le acusaban de tener. Que es la operación por pasiva que equivale a que la actora no probó, como debía inexcusablemente hacer, que dicha "era" había llegado al heredero vía testamento, fallecimiento del testador, usufructuaria y fallecimiento de la usufructuaria. De donde resulta la aplicabilidad rigurosamente ineludible del principio del derecho enunciado como infringido, precisamente por su no aplicación. El examen de la prueba practicada a instancias del actor, en su conjunto examinada en el motivo que antecede, demostrativo de que prescindió total y absolutamente de tratar de justificar su afirmación por mi representado negada siempre. De donde resulta que no podía ser condenado mi hoy representado a entregar lo que, según el resultado conjunto y total de las pruebas practicadas, no quedado demostrado que tenga, sino todo lo contrario: el "solar destinado a era" que no puede dar ni entregar porque no lo tiene, según demostrado probatoriamente queda.

Fundado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por incurrir el fallo impugnado en violación de Ja doctrina aplicable al caso del pleito, que determina el valor vinculante de los actos propios, contra los que no se puede ir: cuya doctrina, como verdadero principio general de derecho, se recoge en reiterada jurisprudencia de este alto tribunal. Señalándose esta infracción al amparo del número cuarto del artículo 1.º del Código Civil , que también ha resultado violado, en defecto de Ley o de costumbre. Prescindiendo de que el conjunto resultado de las pruebas acredita la conclusión fáctico- probatoria más evidente errónea y aun cuando se hubiere demostrado la existencia de la "era" demandada en poder del señor Adolfo , por haberla éste recibido al fallecimiento de la usufructuaria señora Almudena , de conformidad con lo que no ha pasado de puoniria, y aunque así no hubiera sido ello no podía implicar consecuencia alguna para el contrato celebrado por escritura pública entre el codemandante don Evaristo y el hoy recurrente, el día 14 de agosto de 1970, cuatro años antes -por unas semanas no se produce la prescripción- y cuyo contrato se acompaña por copia con la demanda. Y el fallo ha incurrido en violación del principio que impedía al señor Evaristo ir contra sus propios actos, cuya razón pudo haber sido la de una propia conveniencia que solamente podía deshacer pidiendo la nulidad por concurrencia de error, violencia, intimidación o dolo, pero nunca "como consecuencia" de que fuera otra la finca legada.

Cuarto (bis).-Fundado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haber violado el fallo recurrido la normativa contenida en el artículo 1.265 del Código Civil, en relación con el 1.300 y 1303 del propio Código, según los cuales solamente mediante la acción de nulidad podía declararse la del contrato suscrito por el señor Adolfo con el señor Evaristo , para la entrega del legado, todos cuyos preceptos han resultado por ello violados. El fallo de la sentencia de Primera Instancia que la de apelación confirma consolidando sus pronunciamientos lógicos después de condenar al demandado a otorgar escritura pública de entrega de legados a cada uno de los actores, entre los que el señor Evaristo se encuentra, entendiendo que la finca legada debe ser la que los actores demandan, y como derivación de ello, no por ninguna razón específica, declara la nulidad de la escritura por la que este señor había aceptadootro inmueble en pago de su legado: "declarándose, en su consecuencia, la nulidad parcial de la escritura de entrega de legado otorgada en 14 de agosto de 1970", se dice "por tratarse de finca distinta de la legada", se añade. Existente el contrato celebrado, por concurrir el consentimiento al objeto y la causa que el artículo 1.261 exige, y no pudiéndose dudar de la causa motivadora ni del objeto -que podía ser cualquier cosa material-, el acto propio que la celebración de dicho contrato implicaba para cada una de las partes, solamente podía desvincularse por razón de la concurrencia de alguno o de algunos de los vicios que invalidan el consentimiento, conforme al artículo 1.265 del Código Civil . Lo que automáticamente y "por consecuencia" no podía determinar dicha nulidad era el que se dijera que era otro objeto, otra finca, lo que debía entregar el heredero a los legatarios, si uno de "líos libremente había estado conforme, por razones que pueden ser múltiples y válidas, con recibir otro inmueble, era necesario actuar la nulidad conforme al artículo 1.300 del propio Código -ya que aún era posible, puesto que faltaban semanas para la prescripcióny por ello, la nulidad declara "en consecuencia" de algo distinto a vicio del consentimiento, cuando la causa y el objeto no se resistan, ha implicado la inaplicación clara y terminante de dichos preceptos, razón suficiente para la casación. Debiendo también apreciarse la violación del artículo 1.303 del propio Código , que requiere se disponga la restitución de lo que hubiese sido materia del contrato, una vez declarada la nulidad del mismo y que, naturalmente, dada la peculiaridad improcedentemente derivativa de la nulidad declarada, no se ha ordenado, con el enriquecimiento injusto que en todo caso se originaría, entregando al mismo legatario, titular ya de una" participación sobre una finca, otra participación igual sobre otro inmueble.

Fundado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por haber incurrido el fallo impugnado en violación positiva del artículo 6.°, párrafo cuarto , y del artículo 1.275, ambos del Código Civil , en cuanto ha permitido que surta efectos el contrato de compraventa de la casa sita en la calle de DIRECCION000 , número NUM001 , de Castellnou de Seana, por virtud del cual solamente se pretendió la ilícita desviación del curso sucesorio. En la cláusula tercera de su testamento, el causante el señor Guillermo ordenó otro legado en favor de su sobrino don Abelardo de la casa número NUM001 de la calle de DIRECCION000 de Castellnou de Sena, habiéndole premuerto el legador al testador, soltero y sin descendencia, según obra acreditado en autos. Dicho legado que había quedado inoperante, incrementaba, o debía incrementar en cuanto a la casa legada la herencia de mi conferente, heredero universal del causante. Precisamente con el deshonesto propósito de que dicho inmueble, concretamente la casa y el corral de dicha finca, cuyo cobertizo no se vendió; la señor Almudena , viuda y usufructuaria con facultad de vender que habitaba y vivió hasta su fallecimiento en dicha casa, convino con su sobrino don Luis Antonio , codemandante, que éste figuraba como comprador de la casa, con la finalidad de desviar el curso sucesorio en perjuicio del señor Adolfo y se llevó a cabo tal simulada enajenación. Que no fue nunca una verdadera compraventa, porque la presunta vendedora siguió siempre viviendo en la casa sin que en la escritura aparezca como hubiera sido más que natural, obligado, reserva alguna de disfrute o retención posesoria a su favor, ya que solamente iba a surtir la venta de efectos después de su muerte; sin que haya quedado el natural rastro de la salida y la entrada de las 400.000 pesetas que se figuran como precio. Porque esta operación de venta es la fórmula discurrida por el grupo de los actores 'señores Abelardo Patricia Evaristo Guadalupe Catalina Luis Antonio , que se unieron en contra de su primo de otra línea, de la materna, porque entendieron que al ser declarado heredero y ellos meros legatarios, habían de hacer todo lo posible por llevar hacia ellos el patrimonio hereditario, al entenderse en el último considerando de la Sentencia de Primera Instancia que las pruebas han sido insuficientes para desvirtuar lo que en la escritura consta, se ha violado el artículo 1.275 por ser lícita la causa del contrato, así como el artículo 6.°, cuarto, ambos del Código Civil , por el ilícito resultado perseguido.

Visto siendo Ponente el señor don Antonio Sánchez Jáuregui.

CONSIDERANDO:

Que como antecedente necesario para la adecuada resolución de los temas que los motivos primero, segundo, tercero, cuarto y cuarto bis del recurso plantean, es necesario dejar establecido que todos ellos se refieren a la determinación de cual sea el objeto verdadero del legado dejado por el común causante de actores y demandado don Guillermo en la cláusula novena de su testamento, al consignar textualmente: "Lega por partes iguales para el heredero y legatarios todos, la era que el testador posee en Castellnou de Seáha", por ser tesis de los actores que la "era" en cuestión es la que describían en su demanda con fijación de extensión superficial y los correspondientes linderos y sostener, por el contrario, el demandado que el objeto legado no podía recaer sobre otra que la "era de trillar" descrita en la escritura pública por la que, en su calidad de heredero del señor Guillermo , hizo entrega de la parte que en la misma le correspondía al legatario y uno de los actores en la litis, don Evaristo .

CONSIDERANDO que la sentencia del Juzgado cuyas consideraciones acepta en su integridad la; resolución de la Audiencia, haciendo un pormenorizado y racional análisis de las pruebas practicadas, é incluso de la actitud procesal del demandado, llega a la conclusión de que la "era" a que se refería ladisposición testamentaria consignada en el razonamiento que antecede, no podía ser otra que la pretendida por los actores en su demanda, rechazando explícitamente, tras la adecuada argumentación, que al cosa legada pudiera identificarse con la finca que, como tal, señalaba el demandado, estableciendo igualmente la aludida sentencia del Juzgado "que la debatida finca que reclaman los actores formaba parte de la masa hereditaria y en tal concepto la tiene el heredero".

CONSIDERANDO que la simple lectura del segundo considerando de la sentencia del Juzgado, extractado en lo fundamental en el razonamiento que antecede, hace decaer el primer motivo del recurso, pues formulado al amparo de lo preceptuado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, denuncia la violación del artículo 1.214 del Código Civil , siendo así que la Sala de Instancia no invirtió en su fallo el principio de la carga de la prueba, sino que dio por probados los hechos constitutivos del derecho que se reclama por los actores y hoy recurridos, a más de que, como ya dijo la sentencia de esta Sala de 28 de enero de 1974 , no puede darse al "onus probandi" un significado tan rígido que obstaculice el ámbito propio de la apreciación judicial, siendo cuestión distinta, pero que no constituye infracción del precepto legal dicho, aquella que pueda derivarse de la equivocada, valoración de los elementos probatorios obrantes en las actuaciones, tema que se plantea en otro motivo del recurso.

CONSIDERANDO que en el segundo motivo del recurso, formulado al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia por el recurrente haber incurrido la Sala sentenciadora en error de derecho en la apreciación, de Jas pruebas, aduciendo el supuesto error en relación a la prueba documental con cita del artículo 1.218 del Código Civil , de Confesión judicial con invocación de lo dispuesto en el artículo 1.232 del propio cuerpo legal sustantivo, de reconocimiento judicial, haciendo mención del artículo 1.240 del mismo Código y testifical, bastando el simple análisis de los varios apartados en que el motivo se diversifica para llegar a la conclusión de su procedente desestimación, por cuanto: a) El Tribunal de Instancia al establecer que la finca que' reclaman los actores formaba parte de la masa hereditaria del señor Guillermo y en tal concepto la tenía el heredero, no vulneró lo dispuesto en el artículo 1.218 del Código Civil , en Orden a la apreciación de la prueba documental constituida por la escritura pública de manifestación de herencia otorgada por la viuda del testador y la de igual carácter otorgada por el demandado señor Adolfo ; ya que al constituir meras declaraciones' de los intervinientes en las mismas no hacen prueba contra quienes, cual los demandantes, no son causahabientes de aquellos; b) tampoco vulneró la resolución impugnada lo dispuesto en el artículo 1.232 del Código Civil en orden a la apreciación de la prueba de confesión judicial del demandado, pues las afirmaciones de dicha resolución sobre la preexistencia de la finca pretendida por los actores en el caudal relicto al fallecimiento del señor Guillermo , no se fundamentan en que el referido demandado al absolver posiciones así lo reconociera; c) la prueba de reconocimiento judicial constató el "hecho" de la existencia en la realidad de la finca descrita por los actores en su demanda, siendo indudable que al apreciar tal realidad de hecho la sentencia recurrida no infringió lo dispuesto en el artículo 1.240 del Código Civil respecto al alcance de esta prueba, constituyendo cuestión distinta la referente a la justificación de si la finca que existe en la realidad es la que, con la denominación de "era», fue objeto de legado contenido en el testamento del señor Guillermo , justificación que la sentencia recurrida admite, apreciando otros elementos probatorios; y d) respecto a la prueba testifical es reiterada la jurisprudencia de esta Sala de que, contra la apreciación de la misma que hagan los Tribunales "a quo", en uso de las facultades que tanto el artículo 1.258 del Código Civil, como el 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil les confiere, no se da el recurso de casación, pues ambos artículos dejan al arbitrio del Tribunal de instancia, conforme a las reglas de la sana crítica, la graduación de la fuerza de aquélla prueba -sentencias de 17 de diciembre de 1974, 7 de febrero de 1972 y 25 de noviembre de 1976 , entre otras muy numerosas-.

CONSIDERANDO que la desestimación del segundo motivo del recurso, al dejar incólume la afirmación de la resolución impugnada de que la finca reclamada por los actores formaba parte de la masa hereditaria del señor Guillermo y en tal concepto la tenía su heredero, aquí recurrente, hace decaer el motivo tercero del mismo, habida cuenta de que, formulado al amparo de lo dispuesto en el número primero del artículo 1.692 de, la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia la violación, por inaplicación, de la doctrina legal, contenida en las sentencias de esta Sala que cita, sancionadora del principio de derecho "nemo dat quod non habt", el ser obvio que este principio atendida la aludida afirmación no ha podido ser vulnerado, dado que el heredero demandado puede hacer entrega de la finca que, como objeto del legado, reclaman los actores

CONSIDERANDO que siendo presupuesto para la acogida del motivo cuarto del recurso la estimación de la procedencia del motivo cuarto bis del mismo, se impone invertir para su análisis el orden en qué son formulados y comenzando por el referido cuarto bis, éste se articula al amparo del ordinal primero del artículo 1.692 de la. Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciando violación del artículo 1.265 del Código Civil, en relación con el 1.300 y 1.303 del propio Código, mas quedar firmes en casación las afirmacionescontenidas en el tercer considerando de la Sentencia del Juzgado en el sentido de que el consentimiento prestado por el legatario don Evaristo al negocio jurídico de entrega de legado contenido en la escritura pública al efecto otorgada en 14 de agosto de 1970, la había sido, en lo referente a la "era de trillar" descrita en dicha escritura, con "error que recaía sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato (sobre la propia identidad de la cosa legada)", es indudable que la resolución recurrida en cuanto decretó, conforme a lo postulado en la demanda, la nulidad parcial de la mencionada escritura pública, aplicando rectamente la preceptiva contenida en el párrafo primero del artículo 1.266 del Código Civil , no violó por concepto alguno lo dispuesto en los artículos 1.265 y 1.300 del propio cuerpo legal y con respecto a las consecuencias de tal declaración de nulidad previstas en su artículo 1.303 , las mismas en el supuesto concreto que nos ocupa no son otras que las implícitas en el propio pronunciamiento de quedar sin efecto el negocio jurídico, pues al referirse éste a la transmisión del dominio de una novena parte indivisa y permanecer el dominio de las ocho novenas partes restantes en poder del heredero, ninguna transmisión material se operó que obligue a restituir lo que realmente no fue recibido y menos unos frutos no percibidos bajo concepto alguno, procediendo, en definitiva, la desestimación del analizado motivo cuarto bis del recurso.

CONSIDERANDO que la desestimación del motivo cuarto bis del recurso, decide la suerte del articulado bajó el apartado cuarto del mismo, pues amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , acusa la violación de la doctrina de los actos propios, citando las sentencias de este Tribunal que la sanciona, Con olvido de que, fundado en el hecho de que el actor don Evaristo , en la escritura pública cuya nulidad parcial se postula en la demanda, aceptó del heredero la entrega de los bienes que por legado del señor Guillermo le correspondían, entre ellos la "era de trillar" descrita en dicha escritura, tal acto de aceptación no es jurídicamente válido y ello impide la aplicación del invocado principio, al ser indispensable para ello, según Jurisprudencia de esta Sala, contenida en sus sentencias de 18 de junio de 1952 y 7 de diciembre de 1966 que los actos propios sean jurídicamente válidos, y no lo son los realizados por error sustancial qué vicia el consentimiento prestado, según prescriben los artículos 1.265 y 1.266 del Código Civil , por lo que siendo idéntico el supuesto contemplado en él caso de la presente litis, se hace inconclusa la procedencia de la desestimación del motivo referido.

CONSIDERANDO que el motivo sexto y último que resta por analizar, ya que los motivos quinto y séptimo no superaron el trámite de admisión, se concreta a denunciar, con fundamento en el ordinal primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la violación del artículo 6.°, párrafo cuarto y del artículo 1.265, ambos del Código Civil , por entender el recurrente ser ilícita la causa que motivó el otorgamiento de la escritura pública de compraventa por la que doña Almudena , viuda del señor Guillermo , vendió al actor don Luis Antonio la casa sita en la calle DIRECCION000 , número NUM001 , de Castellnou de Seana, ya que, según su tesis, la supuesta compraventa encubría un contrato absolutamente simulado era el que el precio era ficticio, habiendo de decaer este motivo ya que, como el propio recurrente señala, la sentencia de Primera Instancia declaró que las pruebas habían sido insuficientes para desvirtuar lo que en la escritura consta y la afirmación que en ella se hace de la entrega del precio en metálico y a estas conclusiones ha de estarse en casación al no haber sido combatidas por la vía adecuada.

CONSIDERANDO que la desestimación del recurso en su totalidad lleva anejos los pronunciamientos sobre costas y pérdida de depósito que para el caso determina el artículo 1.748 de la Ley de Enjuiciamiento . Civil.

Fallamos:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la representación de don Adolfo , contra la sentencia que con fecha 2 de mayo de 1978 dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona ; condenamos a dicho recurrente al pago de las costas, y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal; y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación que remitió.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Andrés Gallardo.-Antonio Fernández.- Carlos de la Vega.-Antonio Sánchez Jáuregui.-Jaime Santos.-Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Antonio Sánchez Jáuregui, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente que ha sido en estos autos, celebrando audiencia pública la misma en el día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.

Madrid, a 17 de junio de 1980.-José Sarabia.-Rubricados.

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