STS, 26 de Septiembre de 1994

Por infracción del art. 347 bis, segundo párrafo del Código Penal, por inaplicación de la agravante específica de clandestinidad industrial. SEGUNDO.- Infracción del art. 347 bis. segundo párrafo del Código Penal por inaplicación de la agravante específica de desobediencia a órdenes expresas de la Administración de corrección o suspensión de la actividad contaminante. TERCERO.- Infracción del art. 69 bis del Código Penal por no aplicación de la continuidad delictiva. CUARTO.- Indebida aplicación de los arts. 19, 101 y ss. de la responsabilidad derivada del delito declarado probado por la sentencia en cuestión. QUINTO.- Por infracción de Ley, art. 849.1 de la LECr. al no haber aplicado correctamente lo preceptuado en los arts. 109 y 110 del Código Penal, por no incluir expresamente la condena en costas a las causadas por esta acusación particular.

RECURSO DEL ACUSADO Claudio .- PRIMERO.- Por infracción de Ley al amparo del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del primer párrafo del artículo 347 bis del C.P. SEGUNDO.- Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849, número 1 de la L.E.Cr. por cuanto la sentencia que se impugna aplica indebidamente el artículo 15 bis del Código Penal y en relación al mismo, los artículos 1 párrafo primero, 12 número 1, 14 número 1 y 347 bis párrafo primero. TERCERO.-Por infracción de Ley del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del artículo 15 bis del C.P., en relación con el artículo 14.1 y 347 bis del mismo texto.5.- Instruídas las partes de los recursos interpuestos la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento para la Vista, se celebró la misma el día 14 de Septiembre de 1.994, en la que informaron el Letrado de la acusación particular (que lo hizo de acuerdo con el escrito de formalización de su recurso, si bien renunció al motivo 4º e impugnó el recurso interpuesto por el acusado), el del condenado en la instancia (de acuerdo con el escrito de interposición de su recurso, e impugnó los de las acusaciones pública y particular) y el Ministerio Fiscal (que mantuvo su recurso e impugnó el interpuesto por el acusado).

El inicial motivo del recurso del acusado -condenado en la instancia como autor de un delito contra el medio ambiente-, con sede formal en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia infracción, por aplicación indebida, del artículo 347 bis del Código Penal, ya que dicha figura de "peligro concreto", exige como uno de sus elementos imprescindibles para su apreciación y consecuente sanción, el objetivo de "resultado", consistente en que los vertidos puedan llegar a "perjudicar gravemente" las condiciones de vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles, y en el supuesto, aún admitiendo la realidad del vertido, no cabe deducir de ello que los mismos hubieran perjudicado gravemente las referidas condiciones de vida animal o vegetal, por otra parte no descrito en el "factum" de la resolución impugnada.

Respuesta penal a la previsión contenida en el párrafo 3º del artículo 45 de la Constitución (para los que vulneran lo dispuesto en los párrafos 1º y 2º, que, según la doctrina mayoritaria -como dice la S. de 11 de Marzo de 1.992- optan por un concepto de "medio ambiente moderadamente antropocéntrico", en cuanto primariamente se adecua al "desarrollo de la persona" y se relaciona con la "calidad de vida" a través de la "utilización racional de > los recursos naturales" -agua, aire y suelo, no sólo aisladamente considerados, sino en su conjunto, formando así el "ecosistema"- y se añade como parte integrante del mismo la defensa y restauración del medio ambiente), el artículo 347 bis del Código Penal (redactado según la Ley 8/1.983, de 25 de Junio) recoge tres tipos penales, uno principal y básico, descrito en su párrafo 1º y dos derivados, cualificados o agravados, contenidos en los dos párrafos siguientes, para por fin en el 4º y último explicitar una peculiar medida de seguridad.

El comportamiento típico, definido como se ha dicho, en el párrafo 1º del precepto, partiendo como elemento normativo de la figura de la vulneración de las Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente, señala como elementos nucleares del tipo el "provocar" o "realizar" directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, con lo que, con dicha descripción y hasta ahora -como dice la S. antes citada de 11 de Marzo de 1.992- estamos sólo ante una infracción de mera actividad, que deviene con el cumplimiento, también exigido, de que las emisiones o vertidos han de poner en "peligro grave" la salud de las personas o "perjudicar gravemente" las condiciones de vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles, en un "delito de peligro concreto" para la salud pública y "de perjuicios" también para la vida animal o vegetal, de tal manera que -como se lee en la S. de 5 de Octubre de 1.993- la consumación del ilícito se produce por la creación del riesgo mediante la realización de alguna de las actuaciones previstas en el tipo contenido en el precepto y si el peligro o el posible perjuicio se efectivan, estaremos -según expresa la S. referida de 11 de Marzo de

1.992- ante delitos de lesión, que se castigarán separadamente, en tanto que el delito de riesgo tiene un alcance colectivo y el de lesión o resultado individual o específico (daños, lesiones, etc.).

La aplicación de la doctrina precedentemente expuesta, síntesis de las dos SS. referidas y de la de 30 de Noviembre de 1.990, únicas dictadas por esta Sala sobre la matería, al "factum" acreditado, atrae el rechazo de la censura contenida en el motivo ahora analizado, ya que el "hecho acreditado" en la resolución impugnada, intangible dado el cauce casacional elegido, clara y paladinamente dice al respecto "Dichas sustancias (gasolina, gas-oil, fuel-oil y aceites usados de coche) no biodegradables, fueron detectados a lo largo de la referida acequia hasta la zona de la laguna denominada >, desde el preciso lugar, en que se encuentra el Depósito Municipal de >, y no en el tramo anterior de acequia anterior a aquel. Su presencia en el agua produce tanto efectos físicos, al crearse una capa superficial y al sedimentarse, como efectos químicos de envenenamiento de las aguas; ambos susceptibles de producir la degradación del ecosistema afectando a los organismos fotosintéticos que constituyen la base de la cadena trófica, hasta producir la muerte de peces y aves, de las que en la època referida existían en la laguna varias especies protegidas...".

Además, en el fundamento jurídico 1º de la sentencia de instancia, al valorar los vertidos y a su vezcomo complemento del "factum" acreditado, se añade que "el peligro grave quedó descrito a través de la prueba pericial practicada en el acto del juicio oral, así como de la documental (folios 194 a 205) que se ratificó y se dió por reproducido en el mismo, acreditándose asímismo la relación de causalidad entre el vertido de autos y dicho peligro grave, no interrumpida ni coadyuvada, dicha relación, por efecto de ningún otro agente contaminante de posible influencia en la zona" y se recalca que "además del espacio natural en sí, puesto en peligro, dicho informe pericial puso de relieve las graves consecuencias que puede tener el vertido de los residuos descritos para la cadena trófica de la Reserva Natural, tanto por los efectos físicos determinantes de afectación de las plantas subacuáticas y organismos fotosintéticos que constituyen el más bajo escalón de la cadena trófica, hasta la posible afectación física de las especies protegidas de aves que se describen; como por los efectos químicos de envenenamiento de las aguas perjudicial para la fauna piscícola y para la flora".

El motivo pués y como se anticipó, debe ser desestimado.

Por el mismo cauce procesal, el motivo 2º, alega infracción, por aplicación indebida, del artículo 15 bis, en relación con los artículos 1.1, 12.1, 14.1 y 347 bis 1, todos del Código Penal, ya que si bien el recurrente era directivo u órgano de gestión de una persona jurídica, no realizó comportamiento activo u omisivo en el hecho por el que viene condenado.

Como dice la S. de 30 de Noviembre de 1.990, el concepto jurídico de autor abarca, en un sentido amplio, a todo el que causa el resultado típico, y en un sentido estricto o restrictivo, al que realiza la acción típica. La reforma de 1.983 introdujo el artículo 15 bis que complementa y perfila el contenido del artículo 14 del Código Penal individualizando la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la figura del que actuare como directivo o encargado de un órgano de gestión o en representación legal o voluntaria de la misma, viniéndole atribuida dicha responsabilidad por su capacidad decisoria en torno a los actos que constituyen el núcleo del tipo delictivo que se le imputa o incardina.

El artículo 347 bis del Código Penal sitúa la acción típica en la realización directa o indirecta, en el supuesto contravertido, de vertidos de cualquier clase en las aguas contraviniendo las Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente. El gerente de la " DIRECCION001 ." ( DIRECCION000 ), que tenía por objeto la retirada de vehículos abandonados en la vía pública de la ciudad de Barcelona y la posterior destrucción y aprovechamiento de la chatarra resultante, lo que se llevaba a cabo en el Depósito Municipal de "El Palmeral", ubicado en el término municipal de El Prat de Llobregat, era (según el hecho probado) el hoy recurrente, con misión exclusiva de dirigir y administrar los asuntos sociales, atendiéndolos de manera constante, pudiendo establecer a tal efecto las normas de gobierno interno y de régimen de administración y gobierno, mediante ordenar, organizar y reglamentar los "servicios técnicos" y administrativos de la sociedad, con lo que era el máximo responsable del funcionamiento de la empresa, en el sentido de atribución clara y precisa del protagonismo decisivo en la dirección técnica y proceso de funcionamiento de la empresa que estaba a su cuidado.

Desde este punto de vista resulta incuestionable que el acusado asumió las funciones directivas en cuanto al funcionamiento de la destrucción de los vehiculos reseñados, correspondiéndole vigilar no sólo el vertido de los residuos a la zona acuifera cercana al establecimiento o depósito "El Palmeral", sino la adopción de las medidas correctoras que el Ayuntamiento de el Prat de Llobregat propuso y de las que se hace eco el fallo de la sentencia criticada y las que conocía sobradamente. Consecuentemente, al actúar como lo hizo, atrajo hacia si las condiciones, cualidades o relaciones que vendrían atribuidas al sujeto activo del hecho punible, de tal manera que -como se lee en la S. citada de 30 de Noviembre de 1.990- se homologa con el autor directo y material de la ejecución del hecho que se describe en el número 1º del artículo 14 del Código Penal (en relación y concordancia con igual número del 12), al haber aportado una decisiva contribución a la realización del hecho por el que justa y ortodoxamente viene condenado.

En consecuencia, el motivo no puede por menos que perecer.

El motivo 3º y último del recurso del condenado en la instancia, residenciado igualmente por la vía de corriente infracción de Ley y número 1º del artículo 849 de la Ley adjetiva reiterada, denuncia conculcamiento del artículo 15 bis del Código Penal, en relación con el 14.1 y 347 bis del mismo texto punitivo, ya que la sentencia impugnada condena al recurrente como autor de un delito contra el medio ambiente, cuando lo cierto es -según el hecho probado, inatacable en el cauce esgrimido- que las labores de prensado y, en su caso, posterior vertido de las sustancias residuales, eran llevadas a cabo por la empresa individual "Hierros y Metales Hugo ", la que, de estimarse la responsabilidad penal, sería de los directivos de dicha empresa.Frente a lo alegado en la crítica casacional que contiene el motivo, la Sala no puede por menos que resaltar que el Derecho punitivo es un Derecho de "hechos" y siendo su autor el responsable del delito y como se ha dicho en precedente fundamento el recurrente ha realizado la acción típica, debe responder de la misma, sin que pueda imputarse a un tercero.

Como se dice en el relato descriptivo, DIRECCION000 contrató con "Hierros y Metales Hugo " las labores de destrucción y achatarramiento de los vehículos en una zona de destrucción, de 1.750 metros cuadrados de superficie hormigonada, "que quedaba bajo la gestión de DIRECCION000 " y posteriormente en el fundamento jurídico 2º, la relación entre la empresa del recurrente e "Hierros y Metales Hugo ", era gestionada por aquella por lo que no puede hablarse de participación en el hecho delictivo de persona o personas distintas a las imputadas como responsables.

El motivo pués, debe ser desestimado y al haber corrido igual suerte los restantes integrantes del recurso, éste debe ser rechazado en su totalidad.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, en plenario elevadas a definitivas, en la 2ª consideró que los hechos eran constitutivos de un delito contra el medio ambiente de los párrafos 1º y 2º del artículo 347 bis del Código Penal, por concurrir las agravaciones específicas de "clandestinidad" o sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de las instalaciones de la empresa DIRECCION000 , de la que era "gerente" el inculpado, y de "desobediencia" a órdenes expresas de la Administración de corrección o suspensión de la actividad contaminante.

El Tribunal Provincial no aprecia las agravaciones postuladas por el Ministerio Público y condena al acusado como autor de un delito contra el medio ambiente del párrafo 1º del artículo 347 bis referido.

Contra la resolución de instancia, el Ministerio Fiscal, reiterando la postura originaria, se alza en impugnación casacional que vertebra por dos motivos, ambos por corriente infracción de Ley y vía del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en los que se aduce vulneración, por inaplicación del párrafo 2º del artículo 347 bis del Código Penal, por desconocimiento respectivo de las agravaciones específicas de "clandestinidad" y "desobediencia".

Como se apuntó precedentemente, el referido artículo 347 bis del Código punitivo vigente, incluye en sus párrafos 2º y 3º dos figuras agravadas que, con la mayoría del sector doctrinal imperante en la materia y escasa doctrina de esta Sala, muy bien podemos enmarcar como agravación por "incumplimiento de obligaciones administrativas" (las del párrafo 2º) y por creación de "un riesgo de especial deterioro" (las del párrafo 3º), recogiéndose en el primer grupo, que es el que interesa en el supuesto cuestionado las acciones "cualificantes" y que son: "la clandestinidad", es decir el funcionamiento de la industria sin haber pedido u obtenido la debida autorización, aprobación o licencia que se prevé en las distintas normas ambientales que regulan la materia; "la desobediencia" a órdenes expresas de la Administración, relativas a suspensión de actividades o a la corrección de las mismas por razones de contaminación; a la aportación de "información falsa" sobre aspectos ambientales de la industria o, en fin, por "obstruccionismo" a la actividad inspectora de la Administración. Agravaciones que, en régimen "alternativo", por su "especialidad", deberán prevalecer sobre otros tipos penales, previstos en el Código Penal, que pudieran concurrir, así, "ad exemplum", desobediencia (artículos 237 y 570.5 y 6), mientras que otros, como las falsedades documentales del artículo 303, podrían ocasionar no ya un concurso de normas, sino de delitos, a resolver conforme a lo previsto en el artículo 71 del Código Penal reiterado.

El planteamiento de la cuestión, precedentemente expuesta, permite el análisis conjunto de los dos motivos y al hacerlo, la Sala no puede por menos que acoger la censura que los mismos contienen. En efecto, con relación a la primera parte, recogida en el motivo 1º, el sentenciador resuelve el problema de forma negativa, negando lo postulado al efecto por el Ministerio Fiscal, ya que -dice en el último párrafo del fundamento jurídico 1º de la resolución puesta en tela de juicio- si la "clandestinidad" a que se refiere el párrafo 2º del artículo 347 bis, se interpreta como una calificación autónoma, como si se considera (en posición mayoritaria de la doctrina) integrada precisamente por dicha falta de autorización, no puede ser apreciada, puesto que, en el primer caso, la existencia de un Decreto de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona encargando a DIRECCION000 la realización de la actividad de destrucción de vehículos mediante prensado en el Depósito Municipal de "El Palmeral", es incompatible con toda idea de ocultación, encubrimiento o secreto en la actividad, pues dicha disposición es pública, amén de que la realización misma de la actividad se efectuaba sin tales connotaciones de secreto, y en el segundo supuesto, la falta de autorización debe referirse por exigencias del tipo, al funcionamiento de la industria (no al vertido) y al momento de la perpetración del delito, y, si bien es cierto que la autorización municipal no había sido concedida, si se había atendido al requerimiento del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat paraque se instara la concesión de la oportuna licencia, conociendo dicho Ayuntamiento que la actividad se desarrollaba, de modo que tan solo después de producido el vertido acordó la suspensión de la misma y, todo ello, es también incompatible con el concepto de clandestinidad apuntada en segundo lugar.

Dicha tesis no puede compartirse por la Sala, puesto que, por una parte, eso sí como hipótesis, entiende la agravante de "clandestinidad" como sinónimo de actividad oculta, encubierta o secreta, contraria al que la legislación administrativa vigente otorga al ejercicio de actividades industriales, y, por otra, partiendo de la tesis doctrinal mayoritaria, no aprecia la agravación específica tantas veces citada de "clandestinidad", a pesar de carecer de autorización administrativa de funcionamiento, por que la misma se había solicitado, pues el hecho de solicitar (en el caso de autos, a posteriori de los hechos enjuiciados) una autorización de funcionamiento industrial de la que se carecía (y se sigue careciendo) en modo alguno legitima los actos llevados a cabo sin la existencia de la misma, situación resuelta en sentido contrario y caso similar por la S. de esta Sala de 11 de Marzo de 1.992, precedentemente citada, en la que se apreció la agravante de "clandestinidad" industrial a la actividad carente de Licencia Municipal de la localidad, pese a haberse solicitado la misma y denegada.

Con respecto a la segunda parte de la crítica casacional, "desobediencia", objeto concreto del motivo 2º, el Tribunal Provincial omite cualquier argumentación sobre la misma.

Siguiendo en el discurso, lo cierto es que en el supuesto de autos, el Depósito de Desguace de Vehículos y sus instalaciones de almacenaje de aceites minerales, gasolina, gas-oil y otros residuos líquidos procedentes del desguace y prensado, carecían, tanto unos como otros, de todo tipo de autorización de las Administraciones Públicas competentes (Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, Junta de Sanejament y Junta de Residus del Departament del Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Industries y Activitats Clasificades de la Conselleria d'Industria de la Generalitat de Catalunya) para su funcionamiento, actividades, almacenaje y tratamiento posterior de los residuos.

Así se recoge, con algún error técnico, en el 1º de los antecedentes de "hecho" de la sentencia criticada, al decir que "la referida actividad, iniciada sin Licencia Municipal del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, motivó el requerimiento de éste a fin de que el Ayuntamiento de Barcelona -único partícipe en DIRECCION000 - solicitara dicha licencia, presentando éste un proyecto del que el primero, a través de sus órganos técnicos discrepó precisamente en las materias relativas a eliminaciones de aceites y grasas, y sistema de eliminación de aguas residuales. La actividad de prensado y achatarramiento de los vehículos depositados se efectuaba sin que DIRECCION000 contara con autorización alguna de la Junta de Resíduos de la Generalitat de Catalunya para verter aguas residuales (sic), ni figurara dada de alta como productora de resíduos".

Consecuentemente, el acusado recurrido, actuó como gerente de DIRECCION000 , desconociendo la normativa administrativa aplicable al tipo penal enjuiciado, no otra y en síntesis que el artículo 9 de la Directiva Comunitaria 78/319 CEE, de 20 de Marzo de 1.978, sobre resíduos tóxicos y peligrosos, de aplicación directa en España con arreglo al artículo 189 del Tratado de Roma (necesidad de autorización administrativa para la instalación y depósito de resíduos tóxicos); el artículo 29 del Decreto Legislativo 2/1.991, de 26 de Septiembre, de la Generalitat de Catalunya, en los mismos términos que la Ley Básica Estatal; el artículo 34 a. del referido Decreto Legislativo, que considera infracción grave el vertido no autorizado de tales resíduos y el depósito incontrolado y sin autorización de los mismos; el artículo 4.2 de la Orden de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Catalunya relativa al tratamiento y eliminación, de aceites usados, requiriendo la necesidad de autorización administrativa expresa para tales actividades y que, a la vez, considera clandestina la actividad que carezca de la referida autorización; los artículos 6, 16, 17, 29 y siguientes del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubles, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1.986 y el artículo 3 de la Orden para su aplicación de 15 de Marzo de 1.963; los artículos 89, 92, 95 y concordantes de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1.985 y 259 del Reglamento del Dominio Público Hidraúlico de 11 de Abril de 1.986, así como los artículos 3.1º y 7.2º de la Directiva Comunitaria 76/464 CEE, de 4 de Mayo de 1.976, relativa a la Contaminación por determinadas sustancias tóxicas vertidas en el medio acuático de la CEE, por lo que se refiere a la necesidad de obtención de autorización administrativa para cualquier tipo de vertido contaminante, sin la cual el mismo debe reputarse clandestino.

Refiriéndonos al segundo extremo de la censura, esto es a la agravación específica de "desobediencia a órdenes expresas de la Administración de corrección o suspensión de la actividad contaminante", preciso es destacar que pese a que el Tribunal Provincial no admita la misma (tácitamente, claro está, por que no se pronunció ni argumentó sobre la "desobediencia" referida), en el relato descriptivo de su sentencia, párrafo 9º, expresamente se dice "la inódeneidad de dicho sistema para evitar que lassustancias contaminantes salieran al exterior a través de los tubos descritos era > a través de los > que, ante la aparición de sustancias vertidas que alcanzaron la laguna de > en varias ocasiones, >, tras las oportunas comprobaciones e incoación del oportuno expediente >...", para en el fundamento jurídico 2º, párrafo 3º, ratificando el hecho probado, reseñar que "... los elementos subjetivos del expresado tipo delictivo, concurren en DIRECCION000 , tanto en lo referente al conocimiento de las deficiencias... que el sistema instalado para la decantación de resíduos presentaba, como en las características del mismo y la existencia de los tubos a través de los cuales se produjo el vertido, pués > el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat >.

A pesar de ello, no muy congruentemente, la sentencia de instancia entiende, en el fundamento de derecho 1º, como anteriormente quedó dicho, "aunque si bien es cierto que la autorización municipal no había sido concedida, si se había atendido al requerimiento del Ayuntamiento... para que se instara la oportuna concesión de la licencia...", pues ello contradice lo precedentemente expuesto y hasta el propio fallo de la propia resolución, que acuerda la clausura de la zona y las instalaciones destinadas a destrucción de vehículos... mientras dichas instalaciones no estén provistas de la fosa estanca que concreta y sistema de conducción del agua residual de la forma y manera que se determina, lo que dió lugar a la denegación de la solicitud formal que llevó a cabo el Ayuntamiento de Barcelona, por inidoneidad del sistema y ausencia de dichas medidas correctoras.

En conclusión, los motivos 1º y 2º del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, proceden ser estimados, dictándose a continuación la sentencia prevenida en el artículo 902 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la corrección punitiva pertinente.

Los motivos 1º y 2º del recurso interpuesto por la representación causídica y defensa técnica de la LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL (DE.PA.NA), acusador particular, que por corriente infracción de Ley y vía formal del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncian vulneración, por no aplicación, del párrafo 2º del artículo 347 bis del Código Penal, en tanto y cuanto la sentencia de instancia no aprecia la agravación específica de "clandestinidad" industrial y "desobediencia" a órdenes expresas de la Administración de corrección o suspensión de la actividad contaminante y que, salvo matices circunstanciales, muy específicamente en cuanto a sistemática y redacción, tienen un contenido impugnativo si no igual, muy similar a los del recurso formalizado por el Ministerio Público, deben ser acogidos y ello en virtud de las razones aducidas en los fundamentos jurídicos 4º, 5º y 6º, sin necesidad de mayor argumentación que sería reiteración de lo ya dicho.

El motivo 2º del recurso de la acusación particular precedente e inmediatamente referida, por la misma vía formal, aduce infracción del artículo 69 bis del Código Penal, por no aplicación de la continuidad delictiva.

El motivo carece de fundamento atendible y debe ser rechazado. En efecto, la no aplicación al supuesto enjuiciado de la continuidad delictiva, la basa la Sala de instancia, en el párrafo 9º del fundamento jurídico 1º de su sentencia, "en que, aún cuando en los hechos declarados probados se hace referencia a anteriores hallazgos de sustancias vertidas de posible igual origen a las procedentes de vertido a finales de Febrero y aún cuando en los informes obrantes en la causa (se refiere a informes técnicos) se hace mención a los mismos, la no constancia de las circunstancias en que se produjo el vertido que se menciona, y aún la afirmación que se desprende del informe pericial obrante al folio 197 (Tomo IV) del carácter accidental del mismo, impide la apreciación de continuidad delictiva, puesto que no cabe apreciar la homogeneidad en que la misma debe basarse". Dicha motivación, explicitada conforme a lo normado en el artículo 120.3 de la Carta Magna, resulta lógica y razonable y en todo momento acorde con la doctrina de la Sala dictada en interpretación del delito continuado y así, la contenida, entre otras, en las SS. de 4 de Julio, 16 de Septiembre y 24 de Octubre de 1.991.

El motivo pués y como se anticipó, procede ser desestimado.

El 4º motivo fué renunciado por la representación de la acusación particular en el acto de la vista, lo que obliga al análisis del 5º y último que, igualmente por corriente infracción de Ley y vía del número 1º de la Ley rituaria tantas veces citada, aduce vulneración de los artículos 109 y 110 del Código Penal, por no incluir la sentencia de instancia, de una forma expresa, la condena en costas a las causadas por referida acusación particular.

En su desarrollo argumentativo se explicita la causa de pedir y tesis mantenida, en la iniciada yposteriormente confirmada por la S. de esta Sala de 9 de Febrero de 1.981, la que se pronuncia en el sentido de que, por regla general, la condena en costas incluirá las causadas por la acusación particular, con excepción de los supuestos "en los cuales la intervención de las partes sea notoriamente supérflua, inútil e incluso perturbadora, introduciendo en el proceso penal tesis cuya heterogeneidad cualitativa era patente respecto a la acusación pública y que no prosperaron en la sentencia condenatoria, las Audiencias, no deberán imponer al procesado o procesados las costas causadas con esta intervención tan vana e incondudente"; debiendo por consiguiente, aplicarse la regla general del pago de las costas, como, recientemente y en caso similar, se hizo en la S. de 30 de Noviembre de 1.990.

Como dice la S. de 2 de Febrero de 1.994, derogado el artículo 802 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la reforma operada por la Ley Orgánica 7/1.988, de 28 de diciembre y habida cuenta de la remisión que a las normas comunes de la Ley se hace en el artículo 780, introducido por la citada reforma, habrá que estar, en esta materia, al mandato del artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del que pudiera inferirse, en relación con el artículo 109 del Código Penal, que el condenado deberá satisfacer, igualmente las costas de la acusación particular. No obstante, ello no se puede afirmar en todo caso ya que si bien se constituye en "regla general" no faltan excepciones que permiten, en supuestos muy especiales excluir la imposición de costas de la acusación particular cuando haya introducido tesis y peticiones inviables, perturbadoras y absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal, lo que venía siendo declarado por la doctrina de esta Sala inclusive en el sumario ordinario, como es exponente la S. de 7 de Marzo de 1.989, que expresa dicha posición extendiéndola a "cualquiera que sea el procedimento seguido".

En el supuesto enjuiciado, tramitado por el denominado "procedimiento abreviado", obvio resulta que derogado el artículo 802, según estaba redactado con anterioridad a la Ley Orgánica 7/1.988, de 28 de diciembre, por la Disposición derogatoria de la misma, el sentenciador no puede tener en cuenta la norma inexistente

III.

FALLO

QUE DESESTIMADO EL RECURSO DE CASACION por infracción de Ley, interpuesto por el acusado Claudio , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Novena), con fecha 1 de Octubre de 1.993, en causa seguida contra el mismo y otros dos, por un delito contra el medio ambiente, e imposición de las costas de dicho recurso a referido impugnante, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION por infracción de Ley, interpuestos por el MINISTERIO FISCAL y la LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL (DE.PA.NA.) acusador particular, contra referida sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Novena) de 1 de Octubre de 1.993, y en su virtud casamos y anulamos la sentencia dictada por dicha Audiencia, con declaración de oficio de las costas de dichos dos recursos.

Comuníquese ésta resolución y la que seguidamente se dicte a la mencionada Audiencia, a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Prat de Llobregat, con el número 570 de 1.992 (procedimiento abreviado) y seguida ante la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Novena), por delito contra el medio ambiente, contra Claudio , y otros dos, y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 1 de Octubre de 1.993, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Roberto Hernández Hernández, hace constar lo siguiente:

Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia impugnada, excepto los párrafos 8º y 10º del fundamento jurídico 1º y 1º del 3º, que se sustituyen por lo dicho en los de igual clase de la precedente sentencia rescindente que se reproducen.

La estimación de los motivos 1º y 2º del recurso de la acusación particular, coincidentes con la impugnación causada por el Ministerio Fiscal, que se acoge igualmente, obliga a fijar la multa en el grado superior al establecido para el tipo básico previsto en el párrafo 1º del artículo 847 bis del Código Penal, aplicando lo preceptuado en el artículo 76 del Código punitivo citado.

III.