STS, 9 de Noviembre de 2000
| Ponente | RAMON RODRIGUEZ ARRIBAS |
| ECLI | ES:TS:2000:8142 |
| Número de Recurso | 3291/1995 |
| Fecha de Resolución | 9 de Noviembre de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a nueve de Noviembre de dos mil.
VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 3.291/95, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada en 26 de Enero de 1995, por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el recurso número 1766/92, sobre solicitud de devolución de retenciones del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, en el que ha comparecido como parte recurrida el Instituto Catalán de la Salud, representado por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, con la asistencia de Letrado, habiendo comparecido, también como recurrida la entidad "Centro de Diálisis Bonanova, S.A.", representada por el Procurador D. Carlos Mairata Laviña, asistido por Letrado.
La Sala de esta Jurisdicción, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional, con fecha 26 de Enero de 1995, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por Centro de Diálisis Bonanova S.A., y en su nombre y representación el Procurador D Carlos Mairata Laviña, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 11 de junio de 1992, debemos declarar y declaramos no ser ajustada a Derecho la resolución impugnada, y en consecuencia debemos anularla y la anulamos, declarando el derecho del recurrente a percibir las cantidades indebidamente retenidas en concepto de IGTE correspondientes al 15 de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1984, más los correspondientes intereses legales, sin imposición de costas".
Contra la anterior sentencia, la Abogacía del Estado preparó recurso de casación, y emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente lo interpuso mediante escrito fundado en dos motivos, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de esta Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, concretamente considera infringido el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 26 de Julio de 1958 y el artículo 123,3º del Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas de 20 de Agosto de 1981 y las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de Diciembre de 1991, dictadas en los recursos de revisión números 947 y 992/90 y la sentencia de 11 de Mayo de 1994, dictada en el Recurso de Casación 1061/93, terminando por suplicar sentencia en la que estimando el recurso de casación, se case, anule y revoque la recurrida, dictando en su lugar otra más conforme a derecho, declarando ajustada a Derecho la resolución administrativa impugnada.
Conferido traslado para contestación a la representación procesal de la recurrida "Centro de Diálisis Bonanova, S.A.", lo evacuó por medio de escrito, en el que se opuso al recurso, solicitando sentencia por la que se desestime el mismo.
La representación procesal del Instituto Catalán de la Salud dejó transcurrir el plazo concedido sinformular escrito de oposición; tras de lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar en el día de ayer,
Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción, ha de examinarse de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisiblidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.
La casación contencioso-administrativa es un recurso extraordinario y limitado por razón de la cuantía, como resulta de lo establecido en el artículo 93.2.b) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción (versión anterior a la Ley 29/1998, de 13 de Julio) que al relacionar las resoluciones judiciales excluidas de ser impugnadas en casación, menciona las sentencias recaídas en asuntos cuya cuantía, cualquiera que fuere la materia, no exceda de seis millones de pesetas.
Por otro lado, es constante la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia o el ofrecimiento del mismo al notificarse la resolución impugnada, siempre, naturalmente, que la cuantía sea estimable e inferior al límite legalmente establecido.
En este asunto, la cuantía del recurso fue fijada por la Sala de instancia en la cantidad de 31.073.869 pesetas, teniendo en cuenta la consignada por la representación de "Centro de Diálisis Bonanova, S.A.". El acto administrativo recurrido -Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 11 de Junio de 1992- estimó los recursos de alzada interpuestos por el Director General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda y por el Instituto Catalán de la Salud, revocando la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Barcelona de 30 de Marzo de 1988, en el expediente 4998/86; estimatoria de la petición formulada por la citada entidad de devolución de las cuotas retenidas por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas por parte del Instituto Catalán de la Salud, como consecuencia de los servicios asistenciales prestados por dicho Centro Médico en el período comprendido de 1981 a 1984.
De los antecedentes obrantes en el expediente administrativo, resulta que los importes retenidos al satisfacer las facturas correspondientes, son los siguientes: 1.981: Noviembre 380.262, Diciembre 422.151.-1.982: Enero 537.788, Febrero 545.778, Marzo 633.053, Abril 631.824, Mayo 661.940, Junio 675.462, Julio 717.870, Agosto 637.970, Septiembre 685.296, Octubre 670545, Noviembre 673.003, Diciembre 720.943.-1.983: Enero 690.213, Febrero 661.326, Marzo 755.977, Abril 752.903, Mayo 729.548, Junio 735.695, Julio 670.545, Agosto 700.662, Septiembre 698.818, Octubre 746.758, Diciembre 787.937.- 1.984: Enero 918.470, Febrero 910.860, Marzo 988.477, Abril 900.968, Mayo 977.063, Junio 919.230, Julio 909.339, Agosto 869.008, Septiembre 879.661, Octubre 979.346, Noviembre 938.254, Diciembre 987.716.
Hay que tener en cuenta que, en aplicación de la regla contenida en el artículo 50.3 de la LRJCA -es indiferente que la acumulación se haya producido en vía administrativa o jurisdiccional-, aunque la cuantía del recurso venga determinada por la suma del valor de las pretensiones acumuladas, no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de recurrir; a lo que hay que añadir que tratándose de actos tributarios, para su cuantificación hay que atender única y exclusivamente al débito principal (cuota) y no a cualquier otro tipo de responsabilidades como son los intereses de demora o sanciones, conforme dispone el artículo 51.1.a) de la LRJCA, y como quiera que ninguno de los actos de retención tributaria individualmente considerados, excede de seis millones de pesetas, procede declarar la inadmisión del presente recurso de casación por defecto de cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2.b) de la LRJCA ,ya citado.
En consecuencia, de acuerdo con la constante y reiterada doctrina de esta Sala, contenida entre otros muchos, en los autos de 8 de junio, 17 de julio y 27 de noviembre de 1998 y 26 de marzo, 17 de septiembre y 29 de noviembre de 1999, y las recientes sentencias de 19 y 20 de julio de 2000, concurriendo una patente causa de inadmisibilidad, llegado este trámite se convierte en motivo de desestimación, lo que obliga a declararlo así; y en cuanto a costas, se deben imponer al recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 102.3 de la ley de la Jurisdicción,
Por lo expuesto en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada en 26 de Enero de 1995, por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 1766/92, con imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
