STS, 13 de Diciembre de 1995
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 13 Diciembre 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por esta Sala el presente recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal de Doña Fátima ,contra la sentencia dictada por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con fecha 19 de marzo de 1992, en el recurso núm. 2005/90, sobre sanción por infracción de la normativa de horarios de establecimientos de espectáculos públicos. Siendo parte apelada el Sr. Abogado del Estado en nombre y representación de la Administración.
La sentencia apelada contiene la parte dispositiva cuyo tenor literal es el siguiente: "FALLO: Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Don Luis Alvarez Fernández, en nombre y representación de Dª. Fátima , contra resoluciones de 15 de noviembre de 1989 de la Delegación del Gobierno en Asturias, y 28 de septiembre de 1990 de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior, representado por el Abogado del Estado, acuerdos que se confirman por ser conformes a Derecho, sin imposición de costas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Doña Fátima , que fue admitido en ambos efectos, con remisión de las actuaciones y expediente administrativo a este Tribunal, previo emplazamiento de las partes, y no estimándose necesaria la celebración de vista, presentó la parte recurrente su escrito de alegaciones en el que, después de manifestar cuanto estimó de aplicación, terminó suplicando se dicte sentencia revocando la apelada.
La parte apelada evacuó el trámite de alegaciones por escrito en el que terminó suplicando a la Sala se dicte sentencia por la que se confirme la apelada.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del recurso el día docE DE
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, en cuya fecha tuvo lugar.
Es objeto del presente recurso de apelación determinar la conformidad al ordenamiento jurídico de las resoluciones administrativas recaídas en expediente sancionador por infracción de la normativa de horarios de establecimientos de espectáculos públicos, con fundamento en lo establecido en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/82 y normativa complementaria.
Sobre la cuestión de fondo que se ventila en esta litis referida a la aplicabilidad del artículo 81.35 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, en relación con la aptitud de tales preceptos paracubrir las exigencias del principio de legalidad consagrado en el artículo 25.1 de la Constitución, es doctrina uniforme del Tribunal Constitucional y de esta misma Sala que el ordenamiento administrativo sancionador exige inexcusablemente, para su correcta aplicación según lo dispuesto en el citado precepto constitucional, la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones, las cuales necesariamente han de tener, además, adecuada cobertura en normas de rango legal. En efecto, centrándonos en el supuesto de hecho examinado, la jurisprudencia de esta Sala, si bien en alguna ocasión se mostró favorable a la constitucionalidad de la potestad sancionadora amparada en el artículo 81.35 del Real Decreto 2816/82 objeto de controversia, por entender que esta disposición encontraba la necesaria cobertura legal en la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1.959 (así, la sentencia de 9 de marzo de 1.985); sin embargo, con posterioridad ha venido estableciendo con carácter general el criterio contrario a dicha constitucionalidad en base, precisamente, a la inexistencia de cobertura legal de dicha disposición reglamentaria (por todas, Sentencias de 7 y 9 de marzo de 1.989, 16 de enero de 1.991 y, más recientemente, las de 20 de diciembre de 1.983 y 27 de junio de 1.994). Con ello no se hizo sino coincidir con el criterio expuesto posteriormente por el Tribunal Constitucional en las sentencias números 305 y 333/1993, de 25 de octubre y 15 de noviembre, respectivamente, que tratando expresamente esta cuestión declara que el citado Real Decreto 2816/82 no recibe su cobertura de la Ley de Orden Público de 1.959 ni de ninguna otra norma de suficiente rango normativo. Se concluye, en consecuencia, que las sanciones impuestas al amparo de dicha disposición reglamentaria carecen de la cobertura legal necesaria y exigible por el artículo 25.1 de la Constitución, como así lo tiene declarado una reiterada y constante jurisprudencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo que constituye ya un bloque uniforme de doctrina legal de innecesaria cita.
Los razonamientos precedentes conducen a la estimación del recurso de apelación, sin que se aprecie la concurrencia de motivos que justifiquen la expresa imposición de costas con arreglo al artículo 131 de la Ley Jurisdiccional en ambas instancias.
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de DOÑA Fátima , contra la sentencia que revocamos, y, en su lugar, debemos declarar y declaramos la nulidad de las resoluciones administrativas objeto de impugnación jurisdiccional, las que dejamos sin efecto, todo ello sin efectuar expresa imposición de costas, en ambas instancias.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Magistrado ponente, el Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de la fecha. Certifico. . Rubricado.
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