STS, 10 de Noviembre de 1998
| Ponente | JESUS ERNESTO PECES MORATE |
| Número de Recurso | 3025/1994 |
| Fecha de Resolución | 10 de Noviembre de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que, con el nº 3025/94, pende ante la misma de resolución, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra la sentencia pronunciada, con fecha 24 de febrero de 1994, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 1914 de 1992, interpuesto por la representación procesal de Doña Cecilia contra la resolución del Delegado del Gobierno en Madrid, de 14 de septiembre de 1992, confirmatoria en reposición de su previo acuerdo, de fecha 28 de abril de 1992, por el que se denegó a aquélla la exención de visado
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 24 de febrero de 1994, sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 1914 de 1992, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: « FALLAMOS: que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid don Antonio Rodríguez Chicharro, actuando en representación y defensa de DOÑA Cecilia , contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, de fecha 14 de septiembre de 1992, en cuanto desestimatoria del recurso de reposición entablado frente al acuerdo de 28 de abril del mismo año, por el que se denegó a la recurrente la exención de visado que había solicitado, debemos anular y anulamos los referidos actos administrativos por no ser ajustados a Derecho y, en su lugar, declarar el derecho de la actora a obtener la dispensa que solicitó, sin hacer expresa condena sobre las costas procesales causadas en la tramitación de este juicio».
Dicha sentencia se basa, entre otros, en el siguiente fundamento jurídico segundo: « Pues bien, es evidente que mediante la consideración como circunstancias excepcionales de tales situaciones lo que se pretende es potenciar y amparar el reagrupamiento familiar, pues no en vano la protección jurídica de la familias es uno de los principios rectores de nuestra política social (artículo 39 de la Constitución), que debe informar la práctica judicial y la actuación de todos los poderes públicos (artículo
53.3 de dicho Texto fundamental), tal y como, en supuestos análogos al presente, hemos afirmado en nuestras sentencias 547/1992, de 20 de julio, y 21/1993, de 21 de enero.
» Siendo ello así, no existe la menor duda que la situación de la recurrente, cuya buena fe no puede ser puesta en cuestión a la luz de los datos que obran en el expediente administrativo y en este juicio, en función de las circunstancias personales por ella alegadas y acreditadas, debe ser calificada comoexcepcional a los efectos que nos ocupan, dado que trata de convivir con su hermana mayor, que residía y trabajaba legalmente en España cuando la solicitud de exención de visado fue deducida, intentando así un reagrupamiento familiar, el de los hermanos, que cualitativamente en nada se diferencia de los supuestos análogos estimados como tales por la Administración del Estado en el documento parcialmente transcrito».
Notificada la anterior sentencia a las partes, se presentó por el Abogado del Estado escrito ante la Sala de instancia solicitando que se tuviese por preparado recurso de casación contra la misma y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por providencia de 15 de marzo de 1994, en la que ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante esta Sala del Tribunal Supremo.
Recibidos los autos en esta Sala, se mandó dar traslado de los mismos al Abogado del Estado para que, en el plazo de treinta días, manifestase si sostenía o no el recurso de casación preparado ante la Sala de instancia y, en caso afirmativo, formulase escrito de interposición dentro de dicho plazo, lo que llevó a cabo con fecha 16 de septiembre de 1994, basando su recurso de casación en dos motivos al amparo de lo dispuesto por el artículo 95.1.4º de la Ley de esta Jurisdicción, el primero por infracción de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, y de los artículos 5.4, 7 y 22.3 del Real Decreto 1119/86, de 26 de mayo, ya que no se ha acreditado que en los demandantes, solicitantes de la exención de visado, concurriesen razones excepcionales que justificasen la exención de visado para residencia, y el segundo por infracción de la doctrina jurisprudencial recogida en la Sentencia de 30 de septiembre de 1992, dictada por la Sección Cuarta de esta Sala, pues los solicitantes carecían de un derecho subjetivo a la obtención de visado, subordinándose la misma a la apreciación que, en uso de su potestad discrecional, hace la Administración para valorar si existen o no circunstancias excepcionales que justifiquen su concesión, y, aunque dicha discrecionalidad sea revisable jurisdiccionalmente, no existen razones para hacerlo en este caso, por lo que terminó con la súplica de que se anule la sentencia recurrida y se resuelva conforme a derecho, confirmando íntegramente los actos administrativos originariamente impugnados.
Admitido a trámite el recurso de casación, quedaron pendientes las actuaciones en poder del Secretario de Sala para su señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 27 de octubre de 1998, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la ley.
Se invoca por el Abogado del Estado en el primer motivo de casación la infracción de los artículos 12 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio y 5.4,7 y 22.3 del Real Decreto 1119/86, de 26 de mayo, porque no se ha acreditado que concurriesen en la solicitante de la dispensa de visado razones excepcionales que la justifiquen.
La Sala de instancia declara probado en el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida que la demandante trata de convivir con su hermana mayor que reside y trabaja legalmente en España, intentando así un reagrupamiento familiar, el de los hermanos que (sigue opinando dicha Sala) cualitativamente en nada se diferencia de los supuestos análogos estimados como tales por la Administración del Estado en el documento aprobado por los Ministerios de Asuntos Exteriores, del Interior y de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 1 de julio de 1988, fijando instrucciones y criterios para la aclaración de cuestiones singulares en aplicación de las normas de extranjería.
No infringe, por tanto, el Tribunal "a quo" los preceptos que se citan en este primer motivo de casación, porque, como esta Sala y Sección del Tribunal Supremo ha declarado en sus Sentencias de 24 de abril de 1994, 19 de diciembre de 1995, 2 de enero de 1996 (recursos de apelación 3604 y 4711 de 1992) y 14 de abril de 1998 (recurso de casación 541/94), si el propio Reglamento para la ejecución de la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio, establece, en su artículo 7.2 d), la posibilidad de solicitar visado por causa de reagrupación familiar, no es razonable ni justificable que, al encontrarse la hermana mayor de la solicitante de la exención de visado, única familiar que tiene y con la que convive, residiendo legalmente en territorio español, se le obligue a aquélla a salir fuera para proveerse de visado con el fin de solicitar permiso de residencia, por lo que tal circunstancia ha de considerarse como uno de los supuestos contemplados por los artículos 5.4 y 22.3 del citado Reglamento, aprobado por Real Decreto 1119/86, de 26 de mayo, y, en consecuencia, este primer motivo de casación debe ser desestimado.
En el segundo motivo de casación se aduce que la Sala de instancia, al declarar procedente la dispensa del visado, ha infringido la doctrina jurisprudencial, recogida en la Sentencia de laSección Cuarta de esta Sala, de fecha 30 de septiembre de 1992, según la cual el artículo 12 de la Ley Orgánica 7/85 no reconoce a los extranjeros un derecho subjetivo a la obtención de visado sino que consagra una auténtica potestad discrecional de la Administración.
No es aplicable la doctrina jurisprudencial invocada a los supuestos de dispensa o exención de visado por concurrir razones excepcionales para ello, pues, como hemos declarado en nuestras Sentencias de 24 de abril, 18 de mayo, 10 de julio y 8 de noviembre de 1993, 19 de diciembre de 1995 y 2 de enero de 1996, siguiendo la doctrina jurisprudencial recogida, entre otras, en las Sentencias de 22 de junio de 1982, 13 de julio de 1984 y 9 de diciembre de 1986, la simple inclusión de un concepto indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que aquélla viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, y, en consecuencia, no se está, en el caso que nos ocupa, ante una potestad discrecional sino ante el deber de otorgar la dispensa de visado por concurrir razones excepcionales, y así lo estimó acertadamente la Sala de instancia en su sentencia, por lo que ha de desestimarse también este segundo motivo de casación.
Al ser desestimables los dos motivos alegados por el Abogado del Estado para basar su recurso de casación, se debe declarar que no ha lugar a éste con imposición de las costas procesales causadas en el mismo a la Administración del Estado, a lo que aquél representa, según establece el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 93 a 101 de la Ley de esta Jurisdicción.
Que, con desestimación de los dos motivos de casación al efecto invocados, debemos declarar y declaramos que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra la sentencia pronunciada, con fecha 24 de febrero de 1994, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 1914 de 1992, con imposición de las costas procesales causadas a la Administración del Estado.
Así por esta nuestra sentencia, firme, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos , debiéndose hacer saber a las partes, al notificarles la misma, que contra ella no cabe recurso ordinario alguno. PUBLICACION.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, D. Jesús Ernesto Peces Morate, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha.- De lo que certifico.
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