STS, 5 de Mayo de 1994
| Ponente | JUAN MANUEL SANZ BAYON |
| Número de Recurso | 3239/1991 |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por esta Sala el presente recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la entidad Inversiones Recreativas Aragonesas S.A., contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 23 de febrero de 1.991, en su pleito núm. 1307/90. Sobre infracción del reglamento de máquinas recreativas y de azar. Siendo parte apelada el Sr. Abogado del Estado.
La sentencia apelada contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLAMOS:Desestimamos el presente recurso contencioso administrativo num. 1307/90, deducido por Inversiones Recreativas Aragonesas .No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales."
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación legal de Inversiones Recreativas Aragonesas, S.A. que fue admitido en ambos efectos, con remisión de las actuaciones a este Tribunal, previo emplazamiento de las partes, personándose en tiempo y forma como apelante el Procurador Sr. Pastor Ferrer en nombre y representación de Inversiones Recreativas Aragonesas, S.A. y como parte apelada el Sr. Abogado del Estado en la representación que le es propia.
Desarrollada la apelación por el trámite de alegaciones escritas, lo evacuo el Procurador Sr. Pastor Ferrer en representación de la parte apelante , por escrito en el que tras manifestar las que estimo pertinentes, terminó suplicando a la Sala, dicte sentencia estimando nuestra demanda y dando lugar al recurso de apelación, revocando la dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y declare que las resoluciones administrativas impugnadas no son conformes a derecho, anulándolas así como las sanciones impuestas, decretando que sea devuelto el dinero que se haya podido satisfacer por dicho motivo, con los intereses legales, declarando no exigible en la fecha de autos el Libro de Inspección e incidencias previsto en el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar entonces vigente por las razones alegadas, imponiendo las costas de ambas instancias a la parte demandada.
Continuado el mismo por el Sr. Abogado del Estado, lo evacuó asimismo por escrito en el que tras alegar las que estimó de aplicación, terminó suplicando a la Sala,dicte en su día sentencia por la que se confirme la sentencia apelada.
Se señaló para votación y fallo el día VEINTIOCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
En esta apelación y por la representación legal de la entidad Inversiones Recreativas Aragonesas, S.A., impugna la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 23 de febrero de 1.991 que desestimaba el recurso interpuesto contra el acuerdo del Delegado del Gobierno en Aragón de 4 de julio de 1.988 ratificado en alzada y reposición por los del Ministerio del Interior de 18 de septiembre de 1.989 y 4 de junio 1.990, que imponían a Inversiones Recreativas Aragonesas, S.A. la sanción de multa de 50.000 ptas., en base a la infracción tipificada como grave en el artículo 3.d) de la Ley 34/87 de 26 de diciembre -"No exhibir en el establecimiento los documentos exigidos"- en relación con los artículos 43.6 y 33.1.c) del Reglamento de Máquinas Recreativas aprobado por Real Decreto 877/87 de 3 de julio, al no haber entregado como propietaria de las máquinas recreativas instaladas en el Bar "Wellcome's" sito en Mequinenza, titular del mismo, el Libro de Inspección e Incidencias. El citado artículo 33.1.c) expresa que en todo momento deberá hallarse en el local donde estuvieren en explotación las máquinas el Libro de Inspección e Incidencias, en modelo normalizado que determine la Comisión Nacional de Juego.
Conforme a lo ya expuesto por esta Sala en recientes sentencias de 27 de noviembre de
1.992, 14 de diciembre de 1.992 y 16 de marzo de 1.994, para idéntico supuesto en lo esencial, hemos de reiterar ahora, en virtud del principio de unidad de doctrina, que por la entidad recurrente, y hoy apelantes, al evacuar el trámite previsto en el artículo 100 de la Ley de esta Jurisdicción, la cuestión fundamental en que basa su pretensión anulatoria de la sanción impuesta, siendo esta la exigencia, a su juicio, del libro de Inspección e Incidencias a que se refiere el artículo 33.1.c) del Reglamento antes citado, derivada del hecho de que el expresado Libro, según dicción expresa del precepto normativo al que se ha aludido, debe de serlo en "modelo normalizado que determine la Comisión Nacional del Juego" y en la fecha de 26 de abril de
1.988, -fecha en la que se constata las infracciones objeto de sanción-, la expresada Comisión Nacional del Juego no había normalizado ni determinado el modelo del Libro de Inspección e Incidencias exigido, aduciendo además, que si ello se había efectuado mediante la Circular que la sentencia apelada cita, no lo había sido dado a conocer, al menos con la misma publicidad que la norma que se pretende integrar, mediante dicha Circular, al no haber sido ésta publicada en el Boletín Oficial del Estado.
No puede compartirse la alegación referida a la inexistencia de modelo normalizado del Libro de Inspección e Incidencias a que se refiere el artículo 33.1.c) del Reglamento, pues según se hace constar en la sentencia apelada sus características quedaron determinadas por la Circular General núm. 10 del Ministerio del Interior, de fecha 30 de octubre de 1.987, que obra incorporada a los autos, por cuya razón no puede aceptarse la inexistencia de modelo normalizado del Libro en cuestión.
Ahora bien, la recurrente no niega la Circular en cuestión sino que entiende que la misma carece de eficacia por falta de publicidad adecuada, por cuya razón considera que la obligación de entrega del citado Libro al titular del establecimiento en donde se instalen las máquinas a que se refiere el artículo 43.6 del Real Decreto 877/77, de 3 de julio y la correlativa de exigencia por el titular del establecimiento a que alude el artículo 43.7 del citado Real Decreto, no es exigible si como consecuencia de esa falta de publicidad por los destinatarios del citado precepto, se desconocen las características y singularidades que el Libro citado debe de tener, mereciendo ser acogida esta alegación, pues el tipo infractor se encuentra incompleto por falta de regulación expresa. No se trata de que el Libro de Inspección e Incidencias, pueda ser cualquiera, sino que debe ser, precisamente, "en el modelo normalizado que determine la Comisión Nacional del Juego" y no otro, de donde se sigue que los preceptos que configuran las infracciones -art. 43.6 y 43.7 en relación con el artículo 33.1.c) del Reglamento-, precisa para estar completo, de una integración normativa que ha de tener al menos la misma y equivalente publicidad que la de la norma a integrar, para que pueda desplegar su eficacia sancionadora ya que constituye una concreción específica de la previsión reglamentaria contenida en el artículo 33.1.c) tantas veces citado, sin que la no publicación de la Circular General núm. 10 del Ministerio del Interior, de 30 de octubre de 1.987, que entre otras cosas integra el contenido del artículo 33.1.c) pueda tener eficacia "ad extra" sin la obligada y exigible publicidad, dado que el principio de publicidad es de inexcusable observancia para la eficacia jurídica frente a los destinatarios y para la exigencia y observancia de su contenido por los mismos, y así lo acredita que del mismo modo que la integración del artículo 53 del Real Decreto 593/1990, de 27 de abril, que aprueba el vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, en lo que el Libro de Inspección e Incidencias se refiere, se ha llevado a cabo mediante la Orden Ministerial de 25 de julio de 1.990, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 27 de julio, debió integrarse, en su día, el artículo 33.1.c) del Real Decreto 877/1987 de 3 de julio, vigente en la fecha de detectarse los hechos y las infracciones imputadas, mediante el dictado de la correspondiente disposición o circular, que en cualquier caso, dado su contenido -en lo que al aspecto aquí enjuiciado se refiere- integrador de una disposición de carácter reglamentario debió publicarse en el Boletín Oficial del Estado, y esta falta de publicidad se traduce en que la meritada Circular, al no haberse publicado en el citado Boletín, no surta efectos jurídicos de la Administración del Estado, careciendo por consiguiente de fuerza de obligar, por cuyas razones procede la estimación del recurso de apelación interpuesto y conrevocación de la sentencia apelada, la que debe dejarse sin efecto, y estimar el recurso contencioso administrativo objeto de impugnación.
No se aprecia la concurrencia de las circunstancias exigidas por el artículo 131.1 de la Ley de Jurisdicción a efectos de realizar una expresa declaración respecto de las costas producidas en el presente proceso en ambas de sus instancias.
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la entidad Inversiones Recreativas Aragonesas, S.A., contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 23 de febrero de 1.991 dictada en el recurso núm. 1307/90, y revocando dicha sentencia, que dejamos sin efecto, debemos anular y anulamos las resoluciones administrativas objeto de esta impugnación jurisdiccional, antes citadas, con devolución en su caso, de la cantidad que hubiera podido ser satisfecha por esa sanción, sin hacer expresa declaración sobre costas procesales.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr.
D. Juan Manuel Sanz Bayón, en Audiencia Pública, celebrada en el mismo día de su fecha.- De lo que certifico.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la entidad Inversiones Recreativas Aragonesas, S.A., contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 23 de febrero de 1.991 dictada en el recurso núm. 1307/90, y revocando dicha sentencia, que dejamos sin efecto, debemos anular y anulamos las resoluciones administrativas objeto de esta impugnación jurisdiccional, antes citadas, con devolución en su caso, de la cantidad que hubiera podido ser satisfecha por esa sanción, sin hacer expresa declaración sobre costas procesales. ASI por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Sanz Bayón, en Audiencia Pública, celebrada en el mismo día de su fecha.- De lo que certifico.
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STSJ Cataluña , 5 de Diciembre de 1997
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