STS, 17 de Octubre de 1994
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| Número de Recurso | 2335/1992 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 17 de Octubre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 3.616.-Sentencia de 17 de octubre de 1994
PONENTE: Excmo. Sr don Ramón Trillo Torres.
PROCEDIMIENTO: Recurso de apelación núm. 2.335/1992.
MATERIA: Derechos fundamentales: Homologación de títulos.
NORMAS APLICADAS: Real Decreto 86/1987 .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1994.
DOCTRINA: La aplicación del Convenio de 27 de enero de 1953 se basa en un principio de igualdad.
En la villa de Madrid, a diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los Sres. anotados al final, el recurso de apelación que con el núm. 2.335 de 1992, ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Abogado del Estado en nombre y representación de la Administración del Estado, contra la Sentencia de lecha 28 de septiembre de 1991, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el pleito seguido ante la misma con el núm. 100.142/1990 por el cauce procesal de la Ley 62/1978, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona , y contra la desestimación presunta por silencio administrativo de solicitud dirigida al Ministerio de Educación y Ciencia de homologación del título de Doctor de Odontología expedido en la República Dominicana. Siendo parte apelada don Isidro , representado y defendido en esta instancia por el Letrado don Carlos Sancho Domínguez y oído el Ministerio Fiscal.
Antecedentes de hecho
la sentencia apelada contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: "Fallamos: Que con estimación parcial del recurso interpuesto por el Letrado don Carlos Sancho Domínguez, debemos anular y anulamos parcialmente el acto presunto recurrido y declaramos el derecho que asiste al actor al reconocimiento en España de la validez de su título de Doctor en Odontología expedido en la República Dominicana y a obtener su homologación por el español que en equivalencia corresponda, sin expresa condena en costas."
Notificada la anterior sentencia, por el Abogado del Estado se interpuso recurso de apelación, mediante escrito debidamente fundamentado, que fue admitido en un solo electo por providencia en la que también se acordó elevar las actuaciones y expediente administrativo a este Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante el mismo por cinco días.
Remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo, se persona el Abogado del Estado manteniendo su apelación. Asimismo comparece el Letrado Sr. Sancho en representación de la parte apelada.
El Ministerio fiscal comparece y manifiesta que considera procedente la estimación del recurso deapelación.
Conclusas las actuaciones se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso el día 15 de junio de 1994. en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Siendo Ponente el Excmo. Sr don Ramón Trillo Torres, Magistrado de esta Sala.
Fundamentos de Derecho
El caso que debemos resolver es materialmente igual al que fue objeto de nuestra consideración en Sentencia de 7 de junio de 1994 . En efecto, en ambos se trata de determinar hasta dónde llega la obligación jurídica de la Administración de homologar el título de Doctor en Odontología, expedido en la República Dominicana, con el español de Odontólogo. En dicha sentencia confirmamos la tesis que sostiene la Audiencia Nacional, según la cual el principio de igualdad en la aplicación del Convenio de 27 de enero de 1953 , imponía a aquélla prestar al título presentado alguna forma de reconocimiento a efectos profesionales, sin perjuicio de que la disconformidad del interesado respecto al grado o nivel de este reconocimiento pueda dar lugar -a su vez- a un proceso contencioso-administrativo ordinario, donde sea objeto del debate la equivalencia establecida por la Administración.
Pero la identidad material que hemos puesto de manifiesto entre ambos casos no se corresponde con una igual identidad formal.
Efectivamente, en el que fue objeto de la citada Sentencia de 7 de junio de 1994 , el demandante había acudido al procedimiento especial y sumario de protección de los derechos fundamentales, impugnando la resolución administrativa expresa que le denegaba la homologación del título, a diferencia de este caso, en que presentada la solicitud el 1 de junio de 1990. el 27 del mismo mes y año el Sr. Isidro ante el silencio de la Administración, acudió a aquella vía procesal privilegiada, fundándose en que el art. S." de la Ley 62 1978 , establece que en caso de silencio administrativo, el plazo para interponer el recurso se computará una vez transcurridos veinte días desde la solicitud del interesado ante la Administración, sin necesidad de denunciar la mora. Pero a este precepto no puede dársele el sentido de que en todo caso la actuación administrativa respecto a la que se acuse alguna incidencia sobre los derechos fundamentales deba considerarse consumada y susceptible de ser enjuiciada en dicho plazo, por la vía presuntiva del silencio administrativo, porque esto supondría negar la precisa existencia de unos procedimientos administrativos que son establecidos por el ordenamiento, con la finalidad de aportar los elementos de conocimiento precisos para asegurar el acierto objetividad y legalidad de la decisión, que en ocasiones sena imposible constreñir el breve plazo que establece el mencionado art. 8 .º
En este caso es necesario traer a colación el procedimiento para la homologación de títulos académicos extranjeros de educación superior, regulado en el Real Decreto 86 1987. de 16 de enero, que establece en su art. 9 .º que en el supuesto de que la resolución de concesión o denegación de homologación se adopte de acuerdo con los tratados y convenios internacionales, el Ministerio de Educación y Ciencia tendrá la facultad de pedir informes a la Comisión Académica del Consejo de Universidades que deberá emitirlo en el plazo de tres meses, en cuyo caso -según el art. Id del propio texto reglamentario-, recibido el informe por el Ministerio de Educación y Ciencia, resolverá sobre la homologación solicitada en el plazo máximo de tres meses, que es también el de resolver cuando no se haya optado por pedir informe de la Comisión, si bien en este caso comenzara a contarse a partir de la recepción correcta y completa de la solicitud.
Según informa el Ministerio de Educación y Ciencia, respecto a la solicitud del demandante se optó por acudir al dictamen de la Comisión, al darse la circunstancia de que para obtener el título en la República Dominicana le fueron convalidadas veintidós materias por los estudios del Curso de Orientación Universitaria realizado en España. Nos encontramos, por tanto, ante una situación en la que al socaire de la norma procesal del art. S. de la Ley 62 1978 , se trata de dar por decidido por la Administración una solicitud de tramitación compleja y razonablemente no susceptible de decisión en tan corto plazo, en absoluto compaginable con el reglamentariamente previsto, por lo que sin perjuicio de la admisibilidad del recurso contencioso- administrativo sin embargo procede su desestimación, al no poderse atribuir a la Administración en el tiempo en que fue interpuesto que hubiese denegado -siquiera en forma presuntiva- la homologación solicitada.
Debemos imponer las costas de la primera instancia a la parte recurrente, sin hacer especial declaración sobre las de la apelación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10.3.º de la Ley 62 1978 y su interpretación jurisprudencial para los casos en que se revoca la sentencia que había declaradolesionado un derecho fundamental.
Estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 28 de septiembre de 1991 , dictada en el recurso 142/1990, que revocamos. Segundo. Desestimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por don Isidro contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la solicitud de homologación del título de Doctor en Odontología obtenido en la República Dominicana. Tercero. Condenamos al recurrente al pago de las costas de la primera instancia, sin hacer declaración especial sobre las de la apelación.
ASI, por esta nuestra sentencia firme, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Enrique Cáncer Lalanne.-Ramón Trillo Torres.-Gustavo Lescure Martín.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Ramón Trillo Torres, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, el mismo día de su fecha, de lo que certifico.-Sánchez Nieto.-Rubricado.
-
SAP Guipúzcoa 20/2015, 27 de Enero de 2015
...se le planteen sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un nuevo juicio (así, entre otras, SSTS de 17 de octubre de 1994 y 13 de julio de 1998 ), lo que significa que puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderación que ......
-
STS, 6 de Marzo de 1995
...especial. NORMAS APLICADAS: Art. 8º de la Ley 62/1978 . JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo, de 7 de junio y 17 de octubre de 1994 . DOCTRINA: Nos encontramos en un caso, en el que al socaire de la norma procesal del art. 8º de la Ley 62/1978 , se trata de dar por decidid......