STS, 12 de Marzo de 1993
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 12 Marzo 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
Núm. 876.-Sentencia de 12 de marzo de 1993
PONENTE: Excmo. Sr don Enrique Lecumberri Martí.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Sanciones.
NORMAS APLICADAS: Art. 29 de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado (anterior redacción).
DOCTRINA: Una Circular no publicada carece de fuerza obligatoria.
En la villa de Madrid, a doce de marzo de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al final anotados, el recurso de apelación que con el núm. 11.143/90 ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Luis Pastor Ferrer, en nombre y representación de don Romeo , contra la Sentencia de fecha 8 de noviembre de 1990 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso núm. 549/90 sobre sanción, siendo la parte apelada la Abogacía del Estado en la representación que por su cargo ostenta.
Antecedentes de hecho
La Sentencia apelada contiene parte dispositiva, que copiada literalmente dice: "Fallamos: Primero.-Desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo núm. 549/90, deducido por Romeo . Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales".
Notificada la anterior Sentencia, se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de don Romeo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la cual por providencia de fecha 15 de noviembre de 1990 , lala admitió a trámite en ambos efectos y en la que también se acordó emplazar a las partes y remitir las actuaciones y expediente a este Tribunal.
Recibidas las actuaciones, procedentes de la precitada Sala, personadas las partes y mantenida la apelación por la representación procesal del Sr. Romeo , se acuerda darle traslado para que presente escrito de alegaciones. Evacuando el trámite conferido por escrito en el sentido de que se dicte Sentencia estimando el recurso de apelación, y revocando la dictada por el Tribunal de instancia con estimación de los demás pedimentos que contiene su suplico.
Continuado el trámite por la Abogacía del Estado en su escrito de alegaciones tras exponer las que estimó procedentes terminó suplicando que se dicte Sentencia por la que se confirme la Sentencia apelada.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 2 de marzo de 1993 , en cuyo acto tuvo lugar su celebración, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.Siendo Ponente el Excmo. Sr don Enrique Lecumberri Martí.
Fundamentos de Derecho
Por la representación procesal de don Romeo se recurre en apelación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 8 de noviembre de 1990 , que desestimó el recurso jurisdiccional interpuesto contra las resoluciones del Ministerio del Interior de 27 de marzo y 22 de diciembre de 1989, confirmatorias en alzada y reposición potestativa, respectivamente, de la del Delegado de Gobierno de Aragón, de 13 de julio de 1988, que solidariamente sancionaron con multa de 50.000 pesetas a la hoy apelante, como titular del establecimiento y a la Empresa operadora de las máquinas recreativas "Maratrón, S. A.", con multa de 250.000 pesetas, al haberse comprobado que en la inspección efectuada por la 421 Comandancia de la Guardia Civil -el día 20 de marzo de 1988- en el establecimiento, denominado "Bar Mesónico", sito en Farlete (Zaragoza), se hallaba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa tipo B, modelo "Limón y Baby", careciendo del preceptivo Libro de Inspección e Incidencias. Tales hechos se consideraron contrarios a lo dispuesto en el art. 33.1 c) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Real Decreto 877/1987, de 3 de julio, en relación con el art. 43, apartado 6 , y se tipificaron y calificaron como infracción administrativa grave, según el art. 3.° d) de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre .
Sostiene la parte recurrente que la Sentencia apelada no ha considerado que la Circular núm. 10 del Ministerio del Interior de 30 de octubre de 1987 , que determina las características que han de tener los Libros de Inspección e incidencias, que precisamente por estar normalizados en modelo que determine la Comisión Nacional de Juego, requieren una homologación oficial, afín de integrar el tipo descrito en el art. 33.1 c) del Reglamento no fue publicado en el "Boletín Oficial del Estado", y por tanto carece de fuerza obligatoria a tenor de lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado .
Esta Sala, a partir de la Sentencia de 12 de mayo del pasado año, ha señalado en un caso idéntico al aquí planteado, que el Libro de Inspección e Incidencias no puede ser cualquiera, sino el normalizado que determine la Comisión Nacional del Juego, y no otro, de donde se sigue que el precepto que configura la infracción -art. 33.1 c) del Reglamento -, precisa para estar completo de una integración normativa que ha de tener, al menos, la misma publicidad que la de la norma a integrar, para que pueda desplegar su eficacia sancionatoria, ya que constituye una concesión específica de la precisión reglamentaria contenida en el art. 33.1 c) del citado Reglamento, sin que la no publicación de la Circular núm. 10 del Ministerio del Interior de 30 de octubre de 1987 , que integra el contenido de aquel precepto reglamentario puede tener eficacia ad extra sin la obligada publicidad, dado que el principio de la publicidad es de inexcusable observancia para la eficacia jurídica frente a los destinatarios y para exigencia y observancia de su contenido por los mismos, y así lo acredita que del mismo modo que la integración del art. 53 del Real Decreto 593/1990, de 27 de abril , que aprueba el vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, en lo que al Libro de Inspección e Incidencias se refiere, se ha llevado a cabo mediante la Orden ministerial de 25 de julio de 1990 -publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 27 de julio.
En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación interpuesto y revocar la Sentencia apelada, que dejemos sin efecto anulando los actos administrativos objeto del presente recurso, dejando sin efecto la sanción impuesta, y ello sin hacer un especial pronunciamiento sobre las costas de esta segunda instancia, por no apreciarse temeridad ni mala fe a tenor del art. 131 de la Ley Jurisdiccional .
Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Romeo contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 8 de noviembre de 1990 , y revocamos dicha Sentencia, así como los actos administrativos a los que se refiere que anulamos y dejamos sin efecto por no hallarlos ajustados a Derecho, sin hacer pronunciamiento sobre las costas causadas.
ASI, por esta nuestra sentencia firme, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Pablo García Manzano. Francisco José Hernando Santiago. Enrique Lecumberri Martí. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente el Excmo. Sr don Enrique Lecumberri Martí en audiencia pública celebrada en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario certifico.
Centro de Documentación Judicial
-
SAP Ávila 120/1997, 9 de Diciembre de 1997
...por la jurisprudencia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1.990, 5 de marzo de 1.991, 13 de noviembre de 1.992 y 12 de marzo de 1.993 ), y por la propia doctrina de los Tribunales inferiores, como por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 1ª, cuya Sentencia de 25 de feb......
-
SAP Granada 88/2000, 11 de Febrero de 2000
...- En la doctrina de la Sala 2ª de nuestro T.S. podemos considerar que está asentada con evidente reiteración (cfr entre otras, S.S.T.S. de 12 de Marzo de 1.993, 8 de Mayo de 1.998 y 29 de Abril de 1.999 ) la necesidad de que en toda sentencia penal condenatoria exista un análisis de los med......