STS, 5 de Junio de 1995
| Ponente | ENRIQUE CANCER LALANNE |
| Número de Recurso | 355/1987 |
| Fecha de Resolución | 5 de Junio de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Junio de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo constituida con los señores anotados los recursos acumulados que los los nºs. 251 y 355 de 1987, ante la misma penden de resolución y tramitados conforme a la Ley 62/1978, interpuestos por COLECTIVO DE IZQUIERDA SINDICAL (CIS), representado y defendido por el Letrado D. José Manuel Hernández de la Fuente y por COMISIONES OBRERAS, representada y defendida por el Letrado D. Enrique Lillo Pérez, contra el Decreto 422/1987, de 18 de Marzo, sobre servicios mínimos. Habiendo sido parte recurrida el Abogado del Estado en representación de la Administración y como Coadyuvante Repsol Petróleo S.A. (antes Empresa Nacional del Petróleo), representada y defendida por la Procuradora Dª María Rosa Vidal Gil, asistida de Letrado. Oído el Ministerio Fiscal.
Por la representación de Comisiones Obreras y de Colectivo de Izquierda Sindical (recursos que fueron acumulados por auto de 16 de Julio de 1990), se interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución la cual fue admitida por la Sala, motivando la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido se entregó a la representación de los recurrentes para que formalizaran la demanda; D. Enrique Lillo Pérez en representación de CC.OO. presenta escrito en el que después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos suplicó a Sala dicte sentencia por la que declare nula de pleno derecho por vulneración del art. 28.2 el Real Decreto 422/87 de 18 de Marzo por el que se garantiza el funcionamiento del servicio público encomendado a la empresa Nacional del Petróleo S.A. ahora denominada Repsol Petróleos, S.A.; D. Manuel Hernández de la Fuente en presentación de la Asociación Sindical Colectivo de Izquierda Sindical (CIS), presenta escrito en el que después de alegar lo que convino a su derecho suplicó a Sala declare la inconstitucionalidad del citado Real Decreto, al menos en los párrafos y apartados que señalan, como que pueden afectar al derecho de huelga de los trabajadores de la empresa Empetrol, y al derecho que tiene el Comité de Huelga para participar y decidir en la designación de los servicios mínimos para cubrir los servicios que se señalen como esenciales, durante el desarrollo de la Huelga Legal a realizar en su día por los trabajadores al servicio de la empresa Empetrol S.A.
Conferido traslado de la demanda al Abogado del Estado la contestó en su escrito de fecha 11 de Abril de 1992, en el que después de alegar lo que estimó oportuno suplicó a Sala declare inadmisible este recurso al haber sido interpuesto por personas no representadas debidamente; en su defecto, solicita la desestimación del recurso al no existir vulneración alguna del art. 28 de la Constitución.
Concedido igual trámite al coadyuvante Repsol Petróleos S.A. se presenta escrito en el que solicita resuelva declarar la inadmisibilidad de los recursos por inadecuación de su objeto con el procedimiento de la Ley 62/78 de 26 de Diciembre, por el que han sido planteados, o en su defecto acuerde en su día, previos los trámites legales de que proceda su desestimación por no incurrir el acto impugnado en vulneración alguna del ejercicio del derecho de huelga.
Por el Ministerio Fiscal en la representación que le es propia emitió su informe fechado en 23 de Septiembre de 1991, interesa la desestimación de la pretensión actora.
Solicitado el recibimiento a prueba por la parte actora por otrosí en su escrito de demanda, la Sala dictó auto de fecha 14 de Mayo de 1992, por el que se acordaba el recibimiento a prueba, la que se practicó con el resultado que obra en autos.
Abierto el trámite de conclusiones por las partes se presentaron los oportunos escritos que quedaron unidos a los autos.
Por providencia de 20 de Abril de 1995, se señaló para votación y fallo el día 31 de Mayo de 1995, en cuyo fecha tuvo lugar su celebración.
En los presentes recursos acumulados nº 251 y 355 de 1987, las entidades > y Confederación Sindical de Comisiones Obreras, impugnan por el cauce de la Ley 62/1978, el Real Decreto nº 422/1987, de 18 de Marzo, por el que se establecen los servicios mínimos esenciales para la realización de la actividad encomendada a la >, al estimar que el Decreto en cuestión vulnera los derechos fundamentales relativos a la huelga conferidos por el art. 28 de la Constitución.
La Abogacía del Estado opone la excepción de inadmisibilidad del art. 82,b) de la Ley de esta Jurisdicción, por entender que el recurso ha sido interpuesto por personas no representadas debidamente, por cuanto falta la adopción, por las entidades demandadas de los correspondientes acuerdos para interponer los los respectivos recursos. Esta excepción es reiterada por la entidad codemandada >.
La indicada excepción debe prosperar, pues en cuanto a Comisiones Obreras, si bien es cierto que ha aportado a los autos un documento relativo a que el Secretariado Confederal de Comisiones Obreras, en fecha 7 de Abril de 1987, adoptó por unanimidad acuerdo de interposición de recurso judicial contra el Decreto 422/1987, objeto de este proceso, sin embargo no existe en los autos la más mínima constancia documental de que fuera ese Secretariado Confederal el específico órgano a quien los estatutos de la Confederación atribuyan la competencia para decidir el ejercicio de acciones judiciales en provecho de la entidad. Y porque respecto a la otro entidad CIS, ni se ha hecho la anterior justificación de cual fuera el órgano estatutariamente competente para accionar, ni consta la adopción de acuerdo dirigido a la promoción de este concreto proceso. Por ello en aplicación de la doctrina jurisprudencial que se cita por los demandantes, sentencia de 26 de Enero de 1988 y 31 de Julio de 1986, entre otras muchas, procede la declaración de inadmisibilidad del recurso.
Como no se han hecho pronunciamientos directamente relacionados con el derecho fundamental alegado, no resulta de aplicación el art. 10.3 de la Ley 62/1978. Y al no apreciarse motivos para una condena en costas, conforme a los criterios generales del art. 131 de la Ley de esta Jurisdicción, no se hace una expresa condena sobre ese particular.
Por lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución.
Estimando las excepciones opuestas por la Abogacía del Estado y por el coadyuvante, debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad de los recursos contenciosos-administrativos acumulados nos. 251 y 355/1987 interpuestos por el cauce de la Ley 62/1978,por las entidades Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y Colectivo de Izquierda Sindical (CIS) contra el Decreto 422/1987, de 18 de Marzo, sobre servicios mínimos.
No se hace una expresa condena por las costas procesales causadas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma Enrique Cancer Lalanne, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha lo que certifico.
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