STS, 8 de Abril de 1996
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| Número de Recurso | 5939/1991 |
| Fecha de Resolución | 8 de Abril de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de Abril de mil novecientos noventa y seis.
VISTO por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los Señores anotados al margen, el recurso de apelación que con el número 5939 de 1991, ante la misma pende de resolución interpuesto por Doña Gabriela , representada por el procurador D. Jorge Deleito García, asistido de Letrado, contra la sentencia de fecha 21 de marzo de 1991, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el pleito seguido ante la misma con el número 844/89, sobre pensión de Orfandad. Siendo parte apelada el Ayuntamiento de Pamplona, representado en esta instancia por el procurador D. José Manuel de Dorremochea Aramburu.
La sentencia apelada contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: "Fallamos: Que estimando la demanda debemos declarar y declaramos nula por ser contraria al Ordenamiento Jurídico la Resolución nº 190 dictada por el Tribunal Administrativo de Navarra el 18 de mayo de 1989, declarando válida y conforme a Derecho la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona de 10 de octubre de 1988. Sin costas."
Notificada la anterior sentencia, por la representación procesal de Doña Gabriela , se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos por auto en el que también se acordó remitir las actuaciones y expediente a l Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes.
Recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas las partes, por la parte apelada se adujo la indebida admisión de la apelación, dándose traslado de dicha alegación al apelante y resolviéndose por Auto de la Sala de fecha 25 de enero de 1993, en el sentido de declarar debidamente admitido el recurso y acordando dar traslado a las partes para el trámite de alegaciones.
El Procurador Sr. Deleito García, evacuó el citado trámite por medio de escrito en el que después de alegar cuanto consideró procedente a su derecho, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia revocando la apelada.
Dado traslado para el mismo trámite al Procurador Sr. Dorremochea Aramburu, éste lo evacuó en escrito, en el que alegó lo pertinente a su derecho, suplicando a la Sala dicte sentencia confirmando la apelada.
Conclusas las actuaciones, se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso el día 27 de marzo de 1996, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
La sentencia apelada ha denegado a doña Gabriela el derecho a que, en su calidad dehuérfana de empleado municipal del Ayuntamiento de Pamplona, percibiese la pensión prevista en el artículo 8-3 del Reglamento del Montepío de Socorros Mutuos de dicho Ayuntamiento, por no cumplir el requisito exigido en la citada norma reglamentaria de estar impedida en absoluto para trabajar.
Siendo la cuestión debatida calificable como de personal, no es susceptible de examen jurisdiccional en segunda instancia, tal como disponía el artículo 94-1-a) de la Ley de la Jurisdicción en su redacción anterior a la Ley 10/92.
Por otra parte, si bien el Ayuntamiento de Pamplona, en su calidad de demandante planteó la posible derogación por inconstitucionalidad de la norma reglamentaria, originando así una pretensión fundada en la impugnación indirecta de una disposición general, sin embargo esto no empece a que --a pesar de lo establecido en el apartado 2-b) del citado artículo 94--, no proceda que ahora entremos en el examen de esa posible inconstitucionalidad, porque la pretensión de la apelante se basa precisamente en la afirmación de su plena y constitucional vigencia, siendo de notar que ésta es también la tesis implícita en la sentencia apelada, la cual se limita a hacer una determinada interpretación del artículo octavo del Reglamento, sin poner en absoluto en entredicho su validez, por lo que no resultan de ningún modo convincentes los argumentos desarrollados en el escrito de alegaciones de la parte apelante, dirigidos a demostrar la inviable tesis de que el fallo combatido se basa en negar la constitucionalidad del Reglamento.
No ha lugar a especial declaración sobre costas.
QUE DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por doña Gabriela contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 21 de marzo de 1991, dictada en el recurso 844/89. Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha. Lo que certifico.
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