STS 1152/1993, 3 de Diciembre de 1993

Se dicta sentencia por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Granada, de 14 de septiembre de 1988, resolviendo el juicio declarativo de Menor Cuantía interpuesto por las Comunidades de Propietarios de los Edificios DIRECCION000 , DIRECCION001 , DIRECCION002 y DIRECCION003 de la Urbanización PARQUE000 de Granada, contra 1º, la Sociedad Parque Genil S.A., y los demás codemandados que constan, Arquitecto y Aparejador de las citadas obras, y las Comunidades de Propietarios de los Edificios DIRECCION004 y DIRECCION005 , cuya demanda fue contestada oponiéndose por los codemandados, rezonándose por el Juez cuanto sigue: En el F.J. 1º, en cuanto a la excepción alegada por los codemandados, de falta de legitimación activa de las Comunidades de Propietarios demandantes, ya que, dicha legitimación corresponde a la Mancomunidad de Propietarios PARQUE000 : que debe la misma rehusarse, pues ha quedado acreditado que "cada edificio de los que forman parte las llamadas Urbanizaciones PARQUE000 , tiene una Comunidad independiente", y por lo tanto, tienen aptitud para poder ejercitar la acción correspondiente; En cuanto a las pretensiones, F.J. 2º, que se recogen en el suplico de la demanda, unas se refieren a los defectos en los garajes existentes, y otros a las terrazas cubiertas de los edificios propietarios; en lo relativo a los garajes F.J.3º, se exponen en la demanda una serie de deficiencias en la construcción, insistiendo F.J.4º, en la misma actitud la propia Mancomunidad, que ya había puesto de manifiesto los correspondientes defectos constructivos lo que dió lugar a la incoación del expediente administrativo 2.077/89 del Ayuntamiento de Granada; y así como al expediente 25/80 y 38/81 de la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, lo que motivó la Resolución del Ayuntamiento de Granada de 23 de abril de 1982; que todos los defectos expuestos, F.J.5º, se refieren a obras realizadas en el Plan Parcial Oeste de esta ciudad, y, que forman parte de las irregularidades puestas de manifiest o por la Mancomunidad citada en el expediente núm. 25/80, por todo lo cual, se razona, la competencia para la resolución de dichas cuestiones, viene dada a la autoridad administrativa correspondiente de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, procediéndose a dictar el fallo declarando la incompetencia de esta jurisdicción; apelada esa decisión por las Comunidades actoras, se resolvió la apelación en Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección 3ª de 21 de diciembre de 1990, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por las Comunidades de Propietarios de los actores, se revoca la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, admitiendo la competencia de esta jurisdicción y resolviendo el fondo de la cuestión se estimó en parte la demanda contra los tres primeros codemandados, condenando solidariamente a que lleven a cabo la reparación de los garajes y cubiertas de las edificaciones de la mentada urbanización, en los términos que se expresan en el F.J.4º, y a la citada mercantil "Parque Genil S.A." con caracter exclusivo, a que dote a los respectivos garajes, con las instalaciones que constan en el F.J. 5º, aptado. c), d) e) y f); tolerando la realización de estas obras y la dotación de las instalaciones de las Comunidades codemandadas que se contrae su parte dispositiva; todo ello por la siguiente línea de razonamiento: en el F.J.1º, se especifican los hechos de los que deben partirse, que son los siguientes: "PRIMERO: Que la entidad "PARQUE GENIL S.A.", promovió y construyó bajo el proyecto y superior dirección del arquitecto don Rafael , y colaboración técnica de los arquitectos técnicos DON Juan Luis y DON Braulio , un conjunto urbanizado denominado "Urbanizaciones PARQUE000 ", ubicado entre la CALLE000 y la Rivera del Genil, en esta ciudad de Granada e integrado porseis bloques o edificios independientes, individualizados en la escritura de obra nueva y división horizontal -otorgada por la entidad promotora en fecha 13 de diciembre de 1975- mediante las siglas A1, A2, B3, B4, C5 y C6, y conocidos más tarde por los nombres de " DIRECCION003 ", ' DIRECCION000 ', ' DIRECCION004 ', ' DIRECCION002 ', ' DIRECCION001 ' y ' DIRECCION005 ', respectivamente. SEGUNDO: Que dichos edificios fueron 'construidos bajo la normativa de la PROTECCION OFICIAL, dando lugar al expediente GR-I-528/74, que recibió Calificación Provisional el 16 de mayo de 1975, y Calificación Definitiva el 24 de febrero de 1978 (140 viviendas) y el 6 de octubre del mismo año (80 viviendas). TERCERO: Que como consecuencia de ciertas deficiencias constructivas detectadas al poco tiempo de ser habitados los edificios, y a raíz de las denuncias interpuestas por los propietarios, se siguieron los expedientes administrativos VP-GR-25/80 y VP-GR-38/81 en los que con fecha 30 de enero de 1989 y 6 de julio de 1984 recayeron sendas resoluciones, del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Conserjería de Obras Públicas y Transportes, en el primer caso (folios 26 y ss. del Rollo de Apelación), y del Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, actuando por delegación del titular del Departamento, en el segundo (folios 2.138 y ss., del Tomo IV), por las que se sancionaba a 'Parque Genil S.A.', como responsable de ciertas faltas tipificadas en el Reglamento de las Viviendas de Protección Oficial, de 24 de julio de l968. CUARTO: Que en el recurso contencioso administrativo que subsiguió al segundo de los expedientes citados, recayó con fecha 17 de noviembre de 1988 sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Nacional -hoy en trámite de apelación ante el Tribunal Supremo-, que no sólo ratificó las sanciones impuestas en vía administrativa, sino que condenó, además, al promotor y a la constructora a realizar a su costa las reparaciones necesarias en los garajes 'bajo la dirección del facultativo que la Administración designe'. QUINTO: Que dichos garajes, situados bajo los edificios ' DIRECCION003 ' y ' DIRECCION000 ' (el correspondiente a estos edificos y, además, a los edificios ' DIRECCION001 ' y ' DIRECCION005 '), y ' DIRECCION004 ' y ' DIRECCION002 ' (el correspondiente a los mismos), presentan importantes fisuras y flechamientos en sus forjados (que ya en 1980 fueron atacados por la constructora mediante la disposición de una estructura metálica sumplementaria de la originaria de hormigón, y, en alguna parte, mediante la colocación de una plancha o forjado de hormigón de refuerzo, lo que ocasiona el que en ciertos puntos la altura del garaje sea inferior a los 2 metros), así como levantamiento del pavimento en algunos puntos, e importantes filtraciones de agua, y SEXTO: Que en el informe técnico emitido por los Servicios de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 30 de septiembre de 1986 (folios 1290 y ss.), se hace notar la existencia de humedades en cubierta y cuanto de maquinaria del ascensor', si bien en este último ya se venían detectando desde el año 1981 (folios 1667 y ss.)"; En el F.J.2º se hace constar que por el Juzgado, se rechazaron las excepciones de falta de personalidad en las Comunidades actoras y la falta de personalidad en las Comunidades demandadas, por carecer del carácter por el que se las demanda, por lo que, se rechaza, en consecuencia, la también esgrimida excepción de falta litisconsorcio pasivo necesario excepciones que fueron opuestas por los cedemandados, -la promotora Parque Genil, S.A., el arquitecto y el aparejador correspondiente-, con fundamento en que no existían tantas Comunidades como bloques o edificios construidos, sino una sola Comunidad comprensiva de todos ellos, aduciendo que al inexistir en sentido propio las Comunidades de Propietarios DIRECCION004 y DIRECCION005 , debió dirigirse la demanda, contra todos y cada uno de los propietarios a ella perteneciente y, sigue diciendo la Sala, que aquietados los oponentes con la sentencia de instancia en este particular, y no ofreciéndose a este Tribunal, en modo alguno, la necesidad de abordar de nuevo tales cuestiones, y de acoger de oficio la falta de litisconsorcio pasivo necesario, hay que subrayar, la posibilidad de que en los modernos conjuntos de urbanizaciones coexista, junto a las Comunidades de Propietarios, una supracomunidad denominada Mancomunidad de Propietarios, con lo cual, ha de ratificarse lo así resuelto por el Juzgado de instancia; pasando en el F.J.3º a resolver la excepción de falta de jurisdicción, apreciada por el Juzgado de instancia; afirmándose al respecto, que tal excepción debe ser objeto de rechazo, y que eso, se deriva de que el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial aprobado por Decreto de 24 de julio de 1968, D.N. 2114 (de aplicación al supuesto de autos), de ninguna manera puede menoscabar el derecho de los adquirentes a impetrar de los órganos de la jurisdicción civil, la tutela correspondiente, ejercitando las pretensiones derivadas de la existencia de vicios ruinógenos del art. 1591; y todo ello además, conforme a lo dispuesto en el art. 111 del citado Reglamento, por lo que ha de rehusarse dicha excepción; y en cuanto al fondo del asunto, se especifica en su F.J.4º, que existe en los autos "pruebas más que suficientes de que al poco de concluirse las obras del conjunto ' PARQUE000 ', presentaban los sótanos destinados a garaje muy notables deterioros consistentes en importantes flechas y fisuras en los forjados, levantamiento del pavimento en algunas zonas, y amplias filtraciones de agua en paredes y techos, que sin duda merecen la calificación de ruinógenos con arreglo al criterio sostenido por nuestro Trubunal Supremo, V.gr., en sus Sentencias de 28 de noviembre de 1970, 3 de marzo de 1983, 9 de mayo de 1983 y 17 de febrero de 1984, y existiendo asímismo prueba de que antes del transcurso de los diez años a que se refiere el antes citado art. 1591 del Código Civil (no se olvide que la Calificación Definitiva data de 1978) habian aparecido humedades en la cubierta y en el cuarto de maquinaria del ascensor (en éste se venían detectando desde 1981 -v. informe técnico a los folios 1667 y ss.-), que también han merecido en la Jurisprudencia aquel calificativo (v. gr. , SS. de 29 de marzo de 1983 y 16 dejunio de 1984), no habiéndose ofrecido por la sociedad promotora ni por los Técnicos demandados ninguna válida prueba sobre la falta de responsabilidad de cada uno de ellos, se hace menester la condena solidaria de todos (así en las SS. del TS. de 17 de febrero de 1984, 17 de febrero de 1986, 7 de junio de 1986, 7 de julio de 1988, 3 de julio de 1989, 25 de septiembre de 1989 y 4 de diciembre de 1989) a sufragar las reparaciones precisas en tales elementos constructivos, con las siguientes puntualizaciones...", agregándose después, en sus respectivos apartados a) que estas obras podrán llevarse a cabo por Parque Genil, S.A., o bien, por otro constructor que resulte más conveniente; b) que la dirección técnica precisa para la ordenación y supervisión de los trabajos, se realizará por técnicos designados en la forma prevenida por la Ley, c) que podrá sacrificarse la altura de la planta, o plantas de garaje, en pro de una correcta reparación de los defectos estructurales, en el F.J. 5º se agrega, que por lo que se refiere a la acción de incumplimiento contractual, que se deduce, exclusivamente, contra Parque Genil S.A., como promotora de las edificaciones, debe razonarse, desglosando una por una las peticiones de los demandantes, y así se especifica en los apartados a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), en los términos que se describen en tal F.J. 5º; por último, en el F.J. 6º, se expresa que aunque resulte innecesario dirigir la demanda contra las otras dos comunidades, no obstante, resulta útil haber dirigido contra ellas el procedimiento para que de esa forma puedan tolerar la ejecución de las obras a que se contrae la parte dispositiva de la sentencia dictada; ante cuya decisión se interpne el presente recurso de casación, exclusivamente, por la entidad mercantil, Parque Genil S.A., con base a los 5 motivos de casación que integran el recurso, de los cuales, fue rehusado el 2º, en los trámites correspondientes, examinando la Sala los restantes.

En el PRIMER MOTIVO, se denuncia la incompetencia de jurisdicción, al amparo del núm. 2º del art. 1692 L.E.C., pues se afirma, que al tratarse la obra de la construcción de Viviendas de Protección Oficial sometidas al riguroso control de una determinada legislación específica, ello, en modo alguno, supone limitación al concepto amplio de propiedad, tampoco supone intervencionismo y control de la Administración Pública, la concesión de préstamos para tales viviendas, construcción y ejecución de las mismas, por lo que la solución correcta , -con arreglo a derecho-, sería la que se recoge en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, pues, lo que se reclama en la demanda, es lo mismo que se denunció ante la autoridad administrativa, "por ello -continua el motivo-, entendemos que la sentencia no está ajustada a derecho...", ya que, si está interviniendo la administración, -como ocurría-, no se conculcaba ningún precepto del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial por dejar intervenir a tal Administración, y ello, sin perjuício de dejar a salvo las acciones que correspondan, pero entendemos, una vez delimitado lo que es objeto de la competencia de cada uno". El motivo está condenado al fracaso, porque ha de repetirse la certera argumentación al respecto, que expuso la Sala en su F.J. 3º, en donde, con una serie de argumentos, desmonta la apreciación de dicha excepción realizada por el Juez de primera instancia, pues, en efecto, con independencia de que se trate de la construcción de Viviendas de Protección Oficial, y de la aplicación, en lo atinente, del correspondiente Reglamento de tales viviendas, (aprobado por Decreto 2114/68, de 24-7), y, asímismo, de la existencia de varios expedientes administrativos con varias resoluciones incluso con el acceso, en lo correspondiente, a la vía contencioso-administrativa, eso, en caso alguno, puede eliminar, lo que emerge con categoria sobresaliente, como es, que por la existencia de los diversos defectos y anomalías en la ejecución de las obras realizadas, los afectados por las mismas, esto es, los titulares o dueños dominicales de los inmuebles correspondientes, tienen derecho a que, por parte de la jurisdicción ordinaria, se tutele convenientemente la indemnidad de sus respectivas propiedades, por lo que existiendo una normativa básica y fundamental al respecto, que encauza las circunstancias del litigio, como es, la contenida, en especial, en el art. 1591 y demás concordantes del C.c., tienen esos propietarios perfecto derecho a acudir a esta via, con independencia de cuál sean las consecuencias o el resultado de los expedientes administrativos, o los trámites que hasta la fecha se estén desarrollando en la vía contenciosa- administrativa, argumentación ésta que no solo debe prevalecer, sino que, como dice la propia Sala "a quo" hasta deriva de la propia sanción contenida en citado art. 111 del Reglamento en cuestión, al expresar "que quedarán a salvo en todo caso, las acciones que puedan ejercitar los propietarios adquirentes de las viviendas, al amparo de los arts. 1484 y ss. 1591, 1909 y demás de pertinente aplicación del C.c."; sanción cuya recta hermeneútica nunca puede coincidir con la versión que entiende el motivo del recurso, en el sentido de que esa posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, debe darse una vez agotadas las acciones en vía administrativa, por cuanto que, ni es esa la letra, ni tampoco ello responde a un sentido razonable de su interpretación, ya que, como se dice, la tutela de la propiedad privada anclada hasta en el art. 33-1º de la Constitución, ha de permitir que las conductas que la menoscaben deban resolverse al socaire de la legislación sustativa que la delimita y ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria que la aplican por lo que el motivo ha de rehusarse. En el MOTIVO TERCERO del recurso, se denuncia la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia concordante, al amparo del antiguo núm. 5 del art. 1692 L.E.C., y se alude a la infracción del art. 533.2 de dicha ley en relación con los arts. 12 y 13-5º de la L.P.H., por cuanto que, según el F.J. 2º de la Sentencia recurrida, se rechazan las excepciones que se adujeron por la recurrente en la instancia, al contestar a la demanda, que este motivo se articula con carácter subsidiario al de incompetencia de jurisdicción, que se contrae en que existe una falta depersonalidad de los actores, por carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, asímismo, falta de personalidad de las Comunidades demandadas de los bloques DIRECCION004 y DIRECCION005 , por no tener el carácter o representación con que se las demanda, que toda la Urbanización PARQUE000 , en su conjunto es una unidad registral y así consta en el Registro de la Propiedad, y se ha pedido anteriormente que así se constate en el relato fáctico del presente recurso, donde se exige que solo exista por imperativo legal, un Presidente, y que éste, sea la única persona con facultades legales para ejercitar acciones ante los tribunales, en nombre de la Comunidad; que asímismo, en relación con ello, se interpone la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, por cuanto que, por las razones expuestas, por un lado, no se ha demandado a la Comunidad, y, por otro lado, careciendo de personalidad las Comunidades que actuan, tanto en la parte activa como en la pasiva, se debía haber demandado a todos los propietarios, por lo cual, al no haberse producido así, se incurre en el defecto de no haberse apreciado la excepción de falta de litisconsorcio necesario. El motivo tampoco es de recibo, ya que reproduce incidencias que se suscitaron en Primera Instancia, y que, por las características de esta Sentencia, al haber apreciado la excepción de incompetencia de jurisdicción, no fueron replanteados en la segunda instancia, al haber sido la apelación, exclusivamente, interpuesta por la parte actora; no obstante lo cual, y pretendiéndose en el motivo afirmar la falta de personalidad de los actores, que son las Comunidades de Edificios en los que se diversifica la Mancomunidad superior de la que forman parte, esto es, de Parque Genil S.A., así como tampoco, por la misma razón, al carecer de personalidad las Comunidades codemandadas, las cuales, como se ha indicado anteriormente, se trajeron al proceso "para que, en su caso, toleren la ejecución de las obras a que se condena a la recurrente", ha de responderse que las alegaciones del motivo no pueden prosperar, tanto porque, como se dice, no se plantearon en apelación, sino también por los mismos argumentos de la propia sentencia recurrida, en la idea, que se vierte en su F.J. 2º, de la posibilidad legal de que en los modernos conjuntos urbanizdos coexista junto a las Comunidades de Propietarios constituidas en cada una de las casas o edificios, otro colectivo que, en su conjunto, integra una supracomunidad, esto es, que coexista, junto a esa supracomunidad o Mancomunidad de Propietarios, otra serie de Comunidades de Propietarios que afecten asímismo a los edificios en singular, siendo ésto una práctica no solo pacífica en lo negocial, sino asímismo con relevancia jurídica, y como tal, ya se ha admitido la posibilidad de poder actuar con autonomía a cualquiera de estos dos entes, tanto en el aspecto activo o pasivo de la relación jurídico-procesal, por diversas sentencias de esta Sala (entre ellas en la de 23 de septiembre de 1991, que afirmaba ".... porque tanto doctrinal como jurisprudencialmente (SS. 18-4-88 y 13-3-89) se admite en el caso de las urbanizaciones la posibilidad de coexistencia de dos tipos de comunidades entrelazadas para su administración la propia y exclusiva de cada edificio con pluralidad de vivienda y la de la Urbanización, cada una con sus propios cometidos comunitarios, pero, hallándose ambas sometidas, en cuanto a su constitución y funcionamiento (a falta de una regulación específica de la segunda), no a la Ley de Asociaciones de 1964, como aquí pretende la recurrente, sino al régimen de la L.P.H., de 21-7-60, sin que exista inconveniente legal, ni jurisprudencial, en admitir que la defensa de aquellos intereses comunitarios que, por extravasar los propios y exclusivos de cada edificio, afecten a la generalidad o a una gran mayoría de los componentes del conjunto urbanístico, puede asumirla la expresada Comunidad de la Urbanización, porque, siendo ello así, y sin dejar de reconocer que la Comunidad de Propietarios (sea la de un edificio, sea la de la Urbanización) carece de personalidad jurídica (SS. 29-5-84 y 27-3- 88), no puede desconocerse la legitimación procesal que al Presidente de la respectiva Comunidad le viene conferida por el art. 12

L.P.H., que le otorga la representación en juicio de dicha Comunidad, estando situada su actuación entre la representación orgánica y la meramente voluntaria, llevando implícita la de todos los titulares, al actuar como órgano del ente comunitario..."), todo lo cual conduce asímismo a que tampoco sea posible apreciar esa falta de litisconsorcio pasivo necesario, por cuanto que, razonada la personalidad a efectos procesales de las comunidades que actúan en el aspecto activo, como en el pasivo, es evidente la improcedencia de demandar a todos los copropietarios titulares de los inmuebles que componen tales edificios, y menos aún, que hubiese sido la Mancomunidad o supracomunidad, (si es que estuviese formalmente constituida lo que no consta tampoco en autos F.J. 1º del Juzgado), la que hubiera tenido que ejercitar la acción correspondiente, por lo que el motivo ha de rehusarse. En el MOTIVO CUARTO del recurso, se denuncia la infracción de los arts. 1521 y 1258 C.c., en relación con el art. 111 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial según D. 2114/68 de de 24 de julio, y de nuevo, se vuelve a insistir que la recta hermeneútica de este art. 111, supone que debía haberse agotado primero la reclamación en la vía contecioso administrativa, y, tras ello, haber podido dirigir la acción contra los afectados, en base a las normas contenidas en los arts. 1591 y demás concordantes del C.c., lo cual sería -se sostiene- el recto sentido que se debía dar al art., 111 del R. de V.P.O.; argumento del motivo que asímismo, ha de rechazarse por lo anteriormente señalado, y continúa el motivo afirmando que también quiebra la sentencia por la aplicación de lo dispuesto en el art. 1591 C.c., en cuanto a la solidaridad decretada en la responsabilidad ordenada al efecto, particular que se examina dentro del marco del siguiente motivo, -el 5º-en que por la misma vía jurídica, denuncia la infracción de los arts., 1137 y ss. C.c., pues en el caso que nos ocupa, no puede condenarse de forma solidaria a Parque Genil, S.A., y al arquitecto y a los demás arquitectos técnicos, sin previamente justificar el origen de tal condena y la causa común que justifique lasolidarida, con ello se olvida que el citado art. 1591 distingue entre varias responsabilidades, y que, le incumbía a la parte actora probar el origen de los daños y la intervención en la causa de cada uno de los codemandados, que por todo ello, al no haberse apreciado así, se ha incurrido en las infracciones correspondientes. Tampoco el motivo es de recibo, ya que, aparte de que en el F.J. 4º de la Sala, se justifica, específicamente, el por qué de la imposición de la responsabilidad solidaria al expresarse que no habiendose ofrecido por la sociedad promotora, ni por los técnicos demandados, ninguna válida prueba sobre la falta de responsabilidad de cada uno de ellos, se hace menester la condena solidaria de todos ellos, lo cual, ha de mantenerse en la idea de que, no estando individualizadas las causas concretas de las deficiencias o anomalías en las construcciones a que se refiere el caso del litigio, y sin poder por tanto especificar cuales fueron las conductas determinantes de tales anomaías, sino que, en todas ellas se apreció la respectiva participación profesional o de ejecución de las partes implicadas, sin poderse -se repite-, aislar el quantum individualizador, es evidente, que, siguiendo asímismo decantada jurisprudencia, ( entre varias sentencias en la de 16 de junio de 1991, se decia: "...sin que se pueda precisar la participación concreta o individualizada de cada uno de ellos, lo que conduce a la responsabilidad solidaria de los mismos y este argumento tampoco queda desvirtuado por las alegaciones del motivo, ya que teniendo en cuenta, pues, que ese juicio calificado proviene de la constatación de una realidad inconcusa, en cuanto a la imposibilidad de poder delimitar cual ha sido la repercusión concreta en la causa asignada a cada uno de los codemandados en la producción material del daño, es evidente, que la Sala ha acoplado para ello al módulo de la solidaridad, que ya ha sido acogido por numerosas resoluciones de esta Sala"), debe mantenerse el pronunciamiento de responsabilidad solidaria, y con ello, el rehuse del motivo y en consecuencia la DESESTIMACION del recurso, con los demás efectos derivados.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español