STS, 23 de Marzo de 1995
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| Número de Recurso | 7/1992 |
| Fecha de Resolución | 23 de Marzo de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Marzo de mil novecientos noventa y cinco.
En el recurso Contencioso Administrativo nº 7/1992, interpuesto por D. Manuel Lanchares Larré, asistido de Letrado, en nombre y representación de D. Eusebio , contra la sentencia nº 352 dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 1196/91, con fecha 15 de Abril de 1992, sobre denegación de inscripción en el Registro de Auditores de Cuentas, siendo parte recurrida la Administración General del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 9ª), dictó sentencia desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de D. Eusebio , se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de Mayo de 1992, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 19 de Junio de 1992, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se estimara el recurso contencioso administrativo, se anularan los actos recurridos y se ordene la inscripción del actor en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
El recurso de casación fue admitido por Providencia de la Sala de fecha 4 de Noviembre de 1992 en en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 12 de Noviembre de 1992, sosteniendo su posición de recurrido.
Por Providencia de la Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de Marzo de 1995, en que tuvo lugar.
Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 9ª) dictó en fecha 15 de Abril de 1992, y en su recurso nº 1196/91, por medio de la cual se desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. Manuel Lanchares Larré, en nombre y representación de D. Eusebio , contra la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de fecha 27 de Julio de 1989(publicada en el B.O.E. de 8 de Septiembre de 1989), y confirmada en alzada mediante resolución del Ministerio de Economía y hacienda de fecha 12 de Enero de 1990, por la cual se denegó la solicitud del actor de ser inscrito en el registro Oficial de Auditores de Cuentas, que había solicitado, al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/88, de 12 de Julio, reguladora de la Auditoría de Cuentas.
La parte actora esgrime un único motivo de casación, al amparo del Art. 95 de la Ley Jurisdicción (redacción de la Ley 10/92 de 30 de Abril) apartado 4º por haberse producido infracción de las normas del ordenamiento jurídico en la sentencia y que luego concreta en los Arts. 7º y 13º y Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/88 de Auditoría de Cuentas de 12 de Julio y dentro de este único motivo expone de forma conjunta diversas infracciones de preceptos legales, procedimentales y constitucionales, si bien, dado que la sentencia de instancia ha declarado probado que el actor no tiene formación práctica, y siendo esa valoración de la prueba intocable en casación -como veremos-, resulta superfluo lo que pueda razonarse sobre si el actor cuenta o no con la necesaria formación teórica.
El motivo sobre la formación práctica se esgrime, al amparo del artículo 95-4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la Disposición Transitoria Primera, apartados 1 y 2 de la Ley de Auditorías de 12 de Julio de 1988, en relación con su artículo 7, por haber interpretado mal la Sala de instancia el requisito de la formación práctica necesario para acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) por la vía de la Disposición Transitoria Primera de dicha Ley. Y para contestar a este motivo hemos de hacer unas consideraciones previas sobre la naturaleza y objeto del recurso de casación.
El recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo (excepto cuando el órgano judicial de instancia, al fijar los hechos en la sentencia recurrida, haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada) que impide, repetimos, al Tribunal Supremo alterar los hechos de que ha partido el Tribunal de instancia. El requisito de "formación práctica" es explicado en el nº 2 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 12/88, diciendo que cuentan con él quienes tengan al menos "una experiencia de un año, en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, en trabajos realizados en el ámbito financiero y contable, referidos especialmente a cuentas anuales, cuentas consolidadas o estados financieros análogos". Pues bien; la forma en que el Tribunal de instancia haya interpretado ese requisito (v.g. si los trabajos han de ser o no de los llamados de auditoría externa o bastan los de auditoría interna) es una cuestión jurídica que puede ser revisada en casación por el Tribunal Supremo, ya que de otra forma se dejaría en manos de los órganos de instancia la interpretación última de los términos de las normas, (que revelan su voluntad), con olvido de la función que al Tribunal Supremo le corresponde en el recurso de casación. La interpretación correcta que ha de darse a los conceptos, incluso a los conceptos jurídicos indeterminados, corresponde, pues, al Tribunal Supremo. Ahora bien, la fijación de los datos de hecho del caso concreto, es decir, la determinación de los sucesos de la realidad a que se han de aplicar los conceptos jurídicos, es función propia de los Tribunales de instancia. Así, y en el caso que nos ocupa, la definición final de lo que haya de entenderse por "formación práctica", en cuanto concepto utilizado por la norma, corresponde al Tribunal Supremo (el cual tiene declarado que ese requisito no se refiere a cualquier trabajo referido a cuentas anuales o consolidadas o estados financieros análogos, sino a los específicos de auditoría externa), pero, una vez fijado su ámbito y su significado, corresponde a los órganos judiciales de instancia plasmar los hechos que permitirán concluir si en ese supuesto determinado es o no aplicable el concepto jurídico de que se trata (es decir, si los medios de prueba permiten acreditar o no que el interesado tiene experiencia en auditorías externas), no pudiendo el Tribunal Supremo, so riesgo de desnaturalizar la casación, alterar el resultado de la valoración de la prueba.
Pues bien, este Tribunal Supremo, en lo referente al requisito de la formación práctica, tiene declarado (v.g. dos sentencias de 11 de Noviembre de 1993, y dos de 12 de Noviembre de 1993) que para concretar este requisito, la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 19/88, de 12 de Julio, habla específicamente de "trabajos realizados en el ámbito financiero y contable, referidos especialmente a cuentas anuales, cuentas consolidadas y estados financieros análogos". Aunque a simple vista pudiera parecer que cualquier trabajo en el ámbito financiero y contable de cuentas anuales, cuentas consolidadas y otros estados financieros análogos, habilita para la formación práctica requerida, es lo cierto que la habilitación sólo puede originarse en la actividad específica a que se refiere el artículo 1 de la Ley, es decir, la consistente en la revisión y verificación de documentos contables para la emisión de un informe, pues es ésta y no otra (por muy relacionada que esté con aquélla) la actividad a que se refiere tanto la Ley (artículo
1), como la Directiva Comunitaria entronizada por ella (Arts. 1º-a) y b), y 5º de la directiva 84/253/CEE). Así se deduce también primero, de la propia naturaleza de la Disposición Transitoria 1ª, (que, como todas las de su clase, ampara a quienes, aún faltándoles algún requisito de los nuevos establecidos por la norma, venían ejerciendo la actividad regulada por ésta, y no otra actividad); segundo, del nº 4 de la citada Disposición Transitoria, que faculta para realizar los trabajos de auditorías de cuentas, hasta tanto el ICAC resolviera las solicitudes, "a aquellas personas o entidades que los vinieran haciendo" (es decir, que vinieran auditandocuentas, y no realizando cualquier otra actividad contable o financiera en materia de cuentas); tercero, de la Disposición Adicional Decimotercera de la posterior Ley 4/90, de 29 de Junio, que, al regular el problema de los no titulados, les exigió una formación práctica en trabajos referidos al "control" de cuentas; (al traer a colación esta ley 4/90 no hacemos una aplicación retroactiva de la misma, sino que la tomamos sólo como exponente posterior que revela cuál era ya de antes la voluntad del legislador); y cuarto, y finalmente, del posterior Reglamento de 20 de Diciembre de 1990 (1636/90), que en su artículo 25 define la formación práctica como "control" de cuentas; el Gobierno publicó esta norma con base en la autorización que le concedió la Disposición final 3ª de la Ley 19/88, y al redactar el artículo 25 no hizo sino realizar una precisión absolutamente necesaria para que el desarrollo normativo fuera acorde con la propia finalidad de la Ley, que, repetimos, era regular la auditoría de cuentas y no cualquier actividad en materia de cuentas. Y además, no cualquier auditoría de cuentas, sino la externa e independiente, es decir, la realizada sobre entidades distintas de la propia, como lo pone de manifiesto la exigencia de independencia que consagra el artículo 8-1 de la Ley 19/88 y el propio preámbulo de la Directiva 84/253/CEE en su considerando tercero. Pues bien; esta tesis es también la mantenida en la sentencia de instancia, y, por lo tanto, no incurre en infracción de norma alguna.
Hasta aquí el problema jurídico, que es el único en el que puede entrar este Tribunal Supremo. El problema de hecho es ya otro, a saber, si el actor ha demostrado haber realizado auditorías externas, y aquí ya resulta soberana la decisión del Tribunal de instancia, el cual, apreciando la prueba de autos, ha llegado a una conclusión negativa, que este Tribunal Supremo debe respetar.
Dado que, como hemos visto, el recurrente no cuenta con la necesaria formación práctica, según la valoración que la Sala de instancia ha hecho de los elementos de prueba, resulta innecesario entrar en el estudio de cualquier otro motivo de impugnación esgrimido, referente al requisito de la formación teórica, dado que el resultado habría de ser el mismo en cualquier caso.
Debemos, por lo tanto, declara no haber lugar al presente recurso de casación, y condenaremos al actor en las costas del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 102-3 de la Ley Jurisdiccional.
Por todo ello, en nombre de S. M. El Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos no haber lugar y desestimamos el presente recurso de casación nº 7/1992 interpuesto por el Procurador Sr. Lanchares Larré, en nombre y representación de D. Eusebio , contra la sentencia dictada el 15 de Abril de 1992 por la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 1.196/91, y condenamos a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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STSJ Castilla y León 538/2012, 12 de Julio de 2012
...significativa en la mencionada reforma legal de la Ley 45/2002. La solución adoptada en nuestras sentencias precedentes (entre otras: STS 23-3-1995 [ RJ 1995, 2181], rec. 2893/04 ; 13-5-1997 [ RJ 1997, 4270], rec. 3924/96 ; 17-6-1998 [ RJ 1998, 5784], rec. 2334/97 ; 24-9-1998 [RJ 1998, 7302......