STS, 5 de Julio de 1993
| Ponente | RAMON MONTERO FERNANDEZ-CID |
| Número de Recurso | 3955/1991 |
| Fecha de Resolución | 5 de Julio de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Julio de mil novecientos noventa y tres.
En el recurso de casación por infracción de Ley, que pende ante esta Sala, interpuesto por el acusador particular D. Víctor , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga que absolvió a Carlos María y Silvio del delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituído para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Ramón Montero Fernández-Cid, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Frias Benito.
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- El Juzgado de Instrucción número uno de Málaga instruyó sumario con el número 76 de 1985 contra Carlos María y Silvio , y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de dicha Ciudad que, con fecha 7 de noviembre de 1991, dictó sentencia que contiene los siguientes: " HECHOS PROBADOS :
Del análisis en conciencia de la prueba practicada pueden declararse como tales y así se declaran los siguientes: Los procesados Carlos María y Silvio , mayores de edad, sin antecedentes penales, presidente y secretario respectivamente de la empresa " DIRECCION000 .", en nombre de tal entidad procedieron a la venta en documento privado de nueve viviendas (cuatro el primero y cinco el segundo) del edificio que habían contraído en la calle DIRECCION001 nº NUM000 de Málaga, a los nueve querellantes Bernardo , Constantino , Domingo , Marina , Gabriel , Víctor , María Teresa , Rodolfo y Jose Carlos .- Aunque en los contratos no se dice en forma expresa que los pisos están libres de cargas y gravámenes, al establecerse la forma de pago se menciona una entrega inicial del precio, el resto en letras aceptadas por los compradores y la asunción por parte de estos del Crédito concedido por el Banco Hipotecario.
En las fechas de dichos contratos pesaba ya sobre los indicados pisos, anotación preventiva de embargo en juicios ejecutivos a instancia del Banco Central por la deuda total de 3.600.000 ptas., otro del mismo Banco por 660.000 ptas y otro a instancia de Gregorio , proveedor de materiales, por 1.500.000 ptas.- Al tenerse conocimiento por los querellantes y por otros compradores, de la existencia de tales gravámenes y otros que surgieron con posterioridad a la firma de los contratos, pero derivados de deudas anteriores, retuvieron los pagos tanto de las letras firmadas que ya habían pasado a terceros como incluso de la hipoteca,lo que notificaron alguno de ellos a los vendedores por conducto notarial al amparo de lo dispuesto por el art. 1.502 del Código Civil y, además, se dedujo la querella origen de éste procedimiento, presentada el 5 de julio de 1.985.- La situación dió lugar a diversas reuniones de los afectados que vienen disfrutando de la posesión de los pisos desde su compra con los vendedores, sin que al parecer se encontrase solución al tema.- Consta sin embargo que con fechas de 2 y 3 de octubre de 1.990, en la notaría del Sr. Brioso Escobar se otorgaron escrituras de venta de los indicados pisos a varios adquirentes, entre ellos los querellantes Bernardo , Domingo y su esposa, Víctor y Jose Carlos y su esposa, escrituras en las que constan el acuerdo de las partes consistente en la renuncia por parte de la empresa de determinadas cantidades por subsidios y del capital aún sin percibir como crédito hipotecario, en favor de los compradores para liquidar la que se dice única carga existente, la de 600.000 ptas en favor del BancoCentral, renunciando por otra parte los compradores a cuantas acciones civiles o penales tuvieran deducidas hasta el momento.-" 2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
" FALLAMOS : Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS a los acusados Carlos María Y Silvio , del delito de venta de cosa como libre sabiendo que estaba gravada por el que se les acusa, con declaración de oficio de las costas causadas y se aprueba, por sus propios fundamentos el auto de insolvencia dictado por el Instructor en la pieza de responsabilidad civil de uno de los acusados." 3.-Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley, por el acusador particular D. Víctor , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
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- La representación del acusador basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Por infracción de Ley acogido al nº 1 del art. 849 de la L.E.Civil, dado que de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida se ha infringido preceptos penales de carácter sustantivo como son los arts. 531,2º en relación con los arts. 528, párrafo 1º y 2º y 529, nº 1, 7 y 8 del Código Penal al no haber sido aplicados por la Sala sentenciadora.
Infracción de Ley, acogido al número 2 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, al haber existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros documentos probatorios.
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- Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo, cuando por turno correspondiera.
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- Hecho el señalamiento, se celebró la votación prevenida el día 23 de junio del corriente año.
Por evidentes razones lógicas es preciso iniciar el análisis fundamentador alterando el orden sistemático elegido por el recurrente y así debe tener prioridad el examen del motivo segundo y final del recurso, que en sede procesal del artículo 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento criminal denuncia la existencia de un supuesto error de hecho en la apreciación de la prueba tratado de deducir de los documentos privados de compraventa del piso y de la plaza de aparcamiento; de las certificaciones registrales de las anotaciones preventivas de embargos; de la citación de remate en juicio ejecutivo; recibos de pago de las letras, así como de las declaración de don Carlos María y de un informe pericial. El motivo debe ser rechazado, ya que los dos últimos pretendidos documentos no son tales, sino pruebas de otra naturaleza, aunque documentadas en la causa bajo fe pública judicial, por lo que incurren en la causa de inadmisión -- y ahora de desestimación-- prevista en el artículo 884-6º de la indicada Ley procesal; y en cuanto a los restantes no muestran la existencia de error alguno, pues fueron tenidos en cuenta y declarados los hechos existentes en los párrafos primero y segundo del relato fáctico de la sentencia recurrida. Y lo fueron para dar como acreditados los datos que supuestamente no se tomaron en cuenta para la subsunción. En tales condiciones el motivo decae desde su misma enunciación, pues su verdadero espacio no es otro que la rectificación del relato, ya por supresión de pasajes del mismo por la existencia de pruebas de signo contrario a lo proclamado como probado, ya por adición de otros no tomados en cuenta y que resultan de la prueba (dimensión positiva). Cuando ninguno de tales aspectos deviene obligado por la impugnación, un motivo así articulado es como "corpus sine spiritu" e incluso algo de imposible actuación, pues ya ha mucho se dijo que "ex nihilo nihil facit". Es difícil entender qué se pretendía con este motivo cuando el primer fundamento jurídico de la sentencia recurrida expresa literalmente que >.
En consecuencia, al no caber rectificación alguna de la declaración de hechos probados, el motivo debe ser desestimado.
El motivo inicial del recurso, procesalmente residenciado en el artículo 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento criminal alega la vulneración del precepto penal sustantivo constituído por el artículo 531-2º del Código penal, por falta de aplicación, así como de los complementarios artículos 528, párrafos primero y segundo, y 529- 7ª y 8ª de dicho cuerpo legal. Para el examen del motivo ha de tenerse en cuenta que si bien como declara la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala el embargo judicial está equiparado al gravamen (SSTS., entre muchas, de 20 de octubre de 1983, 7 de junio de 1986 y 28 de enero de 1991), en este tipo penal es necesario que exista engaño como en cualquiera de las modalidades deltipo de estafa (SS., entre muchas, de 18 de noviembre de 1985, 22 de mayo de 1987, 29 de marzo de 1990, 18 de enero de 1991 y 14 de septiembre de 1992); que en este tipo específico consiste en la deliberada ocultación al adquirente de la existencia de las cargas.
Y esto es lo que no aprecia la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida en su escueta pero suficiente fundamentación. De un lado parte para la sentencia absolutoria del dato del pago aplazado del precio y de otro lado de dos datos esenciales contenidos en la narración que no han sido combatidos en el motivo antecedente:
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Que los compradores vienen disfrutando de la posesión de los pisos desde la adquisición de los mismos. b) Que con fechas 2 y 3 de octubre de 1990 varios de los querellantes --entre ellos el ahora recurrente-- otorgaron escrituras de adquisición de los pisos, reconociéndose como única carga a liquidar la de seiscientas mil pesetas en favor del Banco Central. En tales condiciones la deducción del tribunal de instancia en orden a la inexistencia del engaño vivificador del tipo penal no resulta descentrada y por ello debe desestiamrse el recurso.
III.
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de Ley, interpuesto por la representación del acusador particular Víctor , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, en causa seguida a Carlos María y Silvio , por delito de estafa. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso y a la pérdida del depósito en su día constituído.Comuníquese esta resolución a la mencionada audiencia a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Ramón Montero Fernández-Cid , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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