STS, 5 de Marzo de 1998
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| Número de Recurso | 301/1994 |
| Fecha de Resolución | 5 de Marzo de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.
VISTO por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los señores anotados al margen, el recurso contencioso-administrativo que con el número 301/94 ante la misma pende de resolución, interpuesto por D. Jesús Manuel , representado por la Procuradora Doña Montserrat Gómez Hernández, contra Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, acordando el archivo de unas actuaciones promovidas por el recurrente. Siendo parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Por la representación procesal de D. Jesús Manuel , se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, acordando el archivo de unas actuaciones promovidas por el recurrente. el cual fue admitido por la Sala, motivando la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido, se entregó a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos jurídicos que consideró procedentes, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia por la que se estime el presente recurso.
El Abogado del Estado, se opuso a la demanda con su escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derechos que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso y, subsidiariamente desestimándolo.
No considerando necesaria la celebración de vista, la Sala acordó continuar la sustanciación del pleito por conclusiones sucintas, concediéndose a las partes el término sucesivo de quince días, evacuando el trámite con sus respectivos escritos en los que después de alegar lo que estimaron procedentes al caso, terminaron dando por reproducidas las súplicas de demanda y contestación.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 7 de octubre de 1997, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Con fecha 21 de octubre de 1993, la Comisión Disciplinaria del Consejo acordó archivar unas denuncias por retrasos en la tramitación de los asuntos en el Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid, porque según el informe emitido por el servicio de Inspección, no se había producido tales retrasos. En la misma resolución se acordó comunicar al interesado, "ante la insistencia de sus escritos", que el Consejo General del Poder Judicial no puede dictar instrucciones a los Jueces y Magistrados sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que llevan a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional.Como quiera que el recurrente volvió a presentar un nuevo escrito insistiendo en sus anteriores denuncias, con fecha 10 de enero de 1994 la Comisión Disciplinaria acordó estar al archivo acordado en la precedente reunión de 21 de octubre de 1993, y participar a aquél que según los informes del Servicio de Inspección no existían los retrasos denunciados. Notificado este acuerdo, el Sr. Jesús Manuel presentó una vez más un escrito reiterando la existencia de retrasos, que fue resuelto por Acuerdo de fecha 3 de marzo de 1994, del siguiente tenor: "VEINTIOCHO.- Información nº 24/93.- Unir a las actuaciones el nuevo escrito de D. Jesús Manuel y estar al archivo reiteradamente acordado".
Contra esta resolución interpone el Sr. Jesús Manuel el presente recurso contencioso-administrativo. En su escrito de demanda, reitera todas sus precedentes denuncias y solicita a la Sala que dicte sentencia "por la que se desestimen las actuaciones del Consejo General del Poder Judicial en relación con los retrasos y las irregularidades procesales habidas en el procedimiento nº 280/91 del Juzgado de lo Social nº 75 y en el Procedimiento 1072/90 del Juzgado de lo Social nº 25".
Alegada por el Abogado del Estado la falta de legitimación del demandante, como decíamos en sentencia de 23 de junio de 1997, esta alegación nos obliga a replantearnos un tema reiteradamente suscitado en procesos similares al actual y que hemos resuelto por sentencias de 19 de mayo y 2 y 6 de junio de 1997.
Decíamos en la jurisprudencia citada que " La Sala es consciente de la doctrina contenida en sentencias anteriores, que, en general, rechazaron la falta de legitimación procesal, al tiempo que confirmaban las resoluciones del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de inadmisión de recursos de alzada contra las de la Comisión Disciplinaria, de archivo de denuncias, o de archivo de actuaciones disciplinarias por falta de legitimación del demandante, pero al abordar nuevamente la cuestión se siente comprometida a reexaminarla, porque considera que existen aspectos de la misma que pueden haber pasado desapercibidos en la citada jurisprudencia y que justifican una solución diferente.
Partiendo de que la respuesta al problema de la legitimación debe ser casuística, de modo que no es aconsejable ni una afirmación ni una negación indiferenciadas para todos los casos, la Sala entiende que la existencia de la legitimación viene ligada a la de un interés legítimo de la parte, a cuya satisfacción sirva el proceso, lo que de partida sitúa el análisis en la búsqueda de ese interés, cuya alegación y prueba, cuando es cuestionado, es carga que incumbe a la parte que se lo arroga.
La Sala estima que el referente de ese interés no puede ser un determinado acto de un determinado procedimiento administrativo, que solo tiene, en su caso, una relación instrumental con la satisfacción de dicho interés, sino que éste debe tener una entidad sustantiva, y no meramente formal, y que, en principio, debe ser el mismo el que esté en la base del procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo de impugnación de las resoluciones dictadas en aquél.
La consecuencia inmediata de este planteamiento es que, si se niega la condición de parte en el procedimiento administrativo, por falta de interés en él, falta ya una base (en términos sustancialistas) para poder sustentar esa misma condición en un ulterior proceso impugnatorio de actos de aquél, pues el mero dato formal de la existencia de un acto dictado en el procedimiento administrativo no tiene entidad para alumbrar un interés nuevo, diferenciable del inexistente antes.
En esta nueva línea de reflexión la Sala comparte las razones de la jurisprudencia al principio aludida, que confirmó las declaraciones de inadmisibilidad de recursos de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por falta de legitimación de los denunciantes-recurrentes contra resoluciones de archivo de denuncias o de diligencias disciplinarias de la correspondiente Comisión del mismo, si bien da el paso nuevo de entender que las mismas razones deben extenderse al proceso.
La Sala estima que la clave para la determinación de si existe o no un interés legítimo en el proceso de impugnación de una resolución del Consejo General del Poder Judicial, dictada en expediente abierto a virtud de denuncia de un particular por una hipotética responsabilidad de un Juez, debe situarse en el dato de si la imposición de una sanción al Juez puede producir un efecto positivo en la esfera jurídica del denunciante o puede eliminar una carga o gravamen en esa esfera.
Será así en cada caso, y en función de lo pretendido, como pueda darse la contestación adecuada, no siéndolo la de que la imposición de la sanción constituye por sí misma la satisfacción de un interés, lo que constituiría una petición de principio.
El litigante que no obtiene en un proceso, o en unas diligencias judiciales, la respuesta favorable quepretende, no podrá corregir la que estima solución adversa, sobreponiendo a la vía jurisdiccional seguida un ulterior procedimiento disciplinario contra el Juez del que no obtuvo la solución de la que se estimaba acreedor.
El procedimiento disciplinario ni puede interferir un proceso en curso, ni alterar las resoluciones del mismo, ni es instrumento de satisfacción de los intereses debatidos en el proceso.
No cabe así que esos mismos intereses puedan operar como base de legitimación del denunciante, en cuanto interesado en obtener que se imponga una determinada sanción a un Juez.
Entre el interés legitimador del proceso previo y el hipotético interés en obtener la sanción de un Juez, que, a criterio de la parte, no satisfizo aquel interés del proceso, existe una diferencia cualitativa indudable, un salto lógico indiscutible."
Decíamos también que "En precedentes sentencias de esta Sala se ha hecho referencia a la posibilidad de que pueda servir de base del interés legitimador el que la imposición de la responsabilidad disciplinaria a un Juez, a consecuencia de una denuncia de parte, pueda constituir el ulterior fundamento de pretensiones de responsabilidad del Estado, prevista en el art. 121 C.E.
La Sala debe volver sobre este argumento, planteándose como cuestión lo que en él se proclama como dato.
El art. 121 C.E. tiene su desarrollo legal en el Título V del Libro III de la Ley Orgánica del Poder Judicial ("De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia"), y en concreto en el art. 293.2.
No hay base en ese concreto precepto, ni en la Ley en general, para sostener que la proclamación de la anormalidad del funcionamiento de la Administración de Justicia haya de derivar de una previa corrección disciplinaria impuesta al titular del órgano jurisdiccional al que se imputa aquélla.
Incluso un planteamiento como el que se analiza, para el que no se encuentra base discernible en la Ley Orgánica del Poder Judicial, podría generar una distorsión institucional.
Para la reclamación de indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia se concede una acción sometida a un plazo limitado de un año, y debe formularse ante el Ministerio de Justicia. Ese sistema se altera si a la reclamación referida se le antepone una a modo de acción disciplinaria ante el Consejo General del Poder Judicial, con eventual derivación contencioso-administrativa, lo que operaría en deterioro del reducido plazo de ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, que, sin duda, debe establecerse en relación con el hecho en que consiste el funcionamiento anormal, y no con la eventual sanción de quien lo hubiera ocasionado.
Reconsiderada así la relación entre la eventual responsabilidad patrimonial ex art. 121 C.E. y la responsabilidad disciplinaria del causante del funcionamiento anormal, la Sala estima que en nada se potencia la primera por la segunda, ni los procedimientos conducentes a su establecimiento respectivo, por lo que no encuentra en la referencia al art. 121 C.E. base de anclaje de un interés legitimador del denunciante en vía disciplinaria, sobre la que poder sustentar, en su caso, una hipotética condición de parte en el procedimiento administrativo a que pueda dar lugar la denuncia, o una derivada condición de parte procesal en un ulterior recurso contencioso-administrativo de impugnación de resoluciones dictadas en aquel procedimiento administrativo.
La amplitud con la que la jurisprudencia viene interpretando el art. 28.1.a) de nuestra Ley Jurisdiccional, por exigencias del art. 24.1 C.E., y la sustitución del concepto de interés directo por el de interés legítimo, no llega hasta el extremo de que no se condicione en todo caso la legitimación a la existencia de un interés real. Por decirlo con palabras del Tribunal Constitucional (S.T.C. 143/1987, F.D. 3º) el interés legítimo, al que se refiere el art. 24.1 (en el que debe disolverse el concepto más restrictivo del art.
28.1.a Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.), "equivale a titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta" (SS.T.C. 60/1982, 62/1983, 257/1988 y 97/1991, entre otras)."
Por último, analizábamos " si la modificación de los arts. 423 y 425 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 16/1994, supone que se ha atribuido expresamente a los denunciantes legitimación para la interposición del recurso contencioso-administrativo, confiriéndoles de modo especial laque no se deriva de la genérica aplicación del art. 28.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Aplicando este conjunto doctrinal al caso que aquí se debate, consideramos que fuera del hecho mismo de la eventual imposición de una sanción, en nada se vería realmente mejor protegida la situación procesal del demandante en los procesos originarios del expediente, por lo que debemos estimar la concurrencia de la excepción de falta de legitimación aducida por el Abogado del Estado.
No ha lugar a especial declaración sobre costas.
Por todo lo expuesto en nombre de su Majestad el Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,
Declaramos inadmisible el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Jesús Manuel contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por la que se reiteró el archivo de la Información 24/93. Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha. Lo que certifico.
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