STS, 13 de Febrero de 1992

La sentencia recurrida condenó a Iván , Mónica y Aurelio como autores de un delito de alzamiento de bienes cometido por comerciantes, imponiéndoles las penas de seis meses y un día de prisión menor, al tiempo que absolvió a dicho Iván de un delito de estafa.

Dichos condenados recurrieron en casación, cada uno de ellos por separado, si bien algunos de los motivos de los distintos recurrentes son coincidentes entre sí.

Aurelio , en el primero de los motivos de su recurso, al amparo del nº 1 del art. 851 de la

L.E.Cr., dice que hubo quebrantamiento de forma por falta de claridad en el relato de hechos probados, porque, a su juicio, existieron en el mismo lagunas esenciales que impiden comprender la realidad de lo ocurrido.

Examinados los puntos concretos en que se afirma la concurrencia de tales lagunas, esta Sala no puede compartir la tesis del recurrente, porque la narración de lo ocurrido que nos ofrece la Audiencia es perfectamente comprensible y,de las distintas circunstancias que se reputan omitidas, unas no son propias de este apartado de la sentencia, y otras son innecesarias dada la estructura del delito de alzamiento de bienes que luego será examinada, lo que obliga a rechazar este motivo.

El mismo Aurelio , en el motivo 2º de su recurso, por la misma vía procesal del nº 1º del art. 851 de la L.E.Cr., aduce asimismo falta de claridad porque en el relato se omite su cualidad de comerciante y, sin embargo, se le impone la pena que en el art.519 está reservado para quien ostenta tal condición.

Del mismo tenor son los motivos primeros de los otros dos recurrentes.

Todos ellos han de ser desestimados, porque lo que denuncian nada tiene que ver con el defecto deforma a que se refiere la norma procesal en que se fundan (851-1º), sino que constituye una errónea calificación jurídica, y como tal será tratado después en el fundamento de derecho 11º.

El motivo 3º del recurso de Aurelio se funda en el nº 2º del art. 849. En el mismo se dice que hubo error en la apreciación de la prueba cuando se afirma en la resolución recurrida que los deudores se constituyeron en insolvencia.

Tanto este motivo, como los segundos de los otros dos recurrentes, coincidentes en lo sustancial, tratan de hacer ver que no hubo situación de insolvencia porque quedaban bienes en el patrimonio de los deudores suficientes para cubrir las deudas tanto del Banco de Madrid como de la querellante Pilar .

Luego nos referiremos a la forma en que ha de entenderse en esta clase de delitos el requisito de la insolvencia, que no exige, como es obvio, que haya de hacerse un balance de la situación económica del deudor de modo que su pasivo supere a su activo, bastando con que no aparezcan bienes realizables libres de otra responsabilidad contra los que pudiera dirigirse el acreedor. Cualquier acto de voluntaria ocultación o exclusión de bienes del patrimonio del deudor, hecho voluntariamente por éste, con la intención de obstaculizar o impedir la vía de apremio que aquél tiene derecho a seguir para la ejecución de su crédito, constituye este delito, ya se trate de actos reales o ficticios, ya se refiere a la totalidad de dicho patrimonio o sólo a una parte.

Los Documentos que se citan en estos motivos como acreditativos del error de hecho, en realidad nada importante acreditan que pudiera ser contrario a lo que se da como probado por la Audiencia. En lo sustancial la Sala de instancia afirma que existieron unos actos fraudulentos de enajenación de parte del patrimonio de los deudores Iván y Mónica en favor del marido de esta última, y es evidente, como luego se razonará, que ello se hizo con clara intención de perjudicar a los acreedores. Frente a ello poco importa:

A). Que haya un Documento que acredite que el Banco de Madrid cobró una cantidad procedente de una subasta pública en procedimiento judicial (ni siquiera se dice cuánto se cobró, aunque al Director de esta entidad que declaró en el juicio dijo que no cubría el importe de la deuda). Tal percepción no excluye el delito y sólo habrá de servir para la liquidación final de la deuda.

2. Que la hipoteca constituída a favor del Banco de Vizcaya no cubra la totalidad del valor de las fincas hipotecadas, porque no se puede exigir a los acreedores dirigir la ejecución contra unos bienes respecto de los cuales hay una carga real que cubre la mayor parte de su valor (hipoteca de 8.181.940 pts. sobre bienes valorados en 12 millones), cuando había otros, los que se habían enajenado a favor de Aurelio

   ,que carecían de un gravamen semejante.

3. Que Pilar pudiera afirmar en alguna ocasión que debía alguna cantidad a los hijos de su difunto marido por haber pagado éstos unos impuestos que eran de su cargo, ya que siempre habrá de hacerse una liquidación. Sobre todo, ha de tenerse en cuenta que la deuda a favor de esta señora consiste en un derecho a cobrar una pensión mensual cuya cuantía va aumentando a medida que pasan los meses y no se le abona.

4. Lo que pudiera decir el escrito de querella en orden al domicilio fijado para la celebración de un acto de conciliación.

En el motivo 4º de los de Aurelio , coincidente en lo sustancial con el 3º de los de Mónica , también al amparo del nº 2º del art. 849 de la L.E.cr., se vuelve a decir que hubo error en la apreciación de la prueba, ahora por afirmarse que Aurelio colaboró en el alzamiento, citándose como acreditativos de tal error una serie de DOCumentos que tampoco acreditan nada que pudiera tener la eficacia de producir una sentencia absolutoria, por razones semejantes a las esgrimidas para rechazar los motivos examinados en el fundamento de derecho anterior.

En efecto, a la realidad del delito ahora examinado no obsta:

1. El que se omita si el precio de 4.000.000 pts. en que aparece vendido el piso era o no el adecuado, pues lo único que importa es que tal precio no se pagó. Se dice por Iván en el juicio oral que tal inmueble se dio a Aurelio en pago parcial de una deuda existente, deuda cuya realidad no estimó probada la Audiencia.

2. El que tal piso tuviera o no alguna otra carga además de la que se recoge en la sentencia.C) El valor que pudiera tener la nave adjudicada a Aurelio por 4 millones de pts.

4. Los Documentos aportados por Aurelio en los que se pretende fundar la realidad de la deuda en cuyo pago se afirma que entregaron el piso y la nave mencionados, pues ninguno de ellos tiene valor por sí para acreditar lo que se pretendió con su presentación. La Audiencia los examinó y no consideró que sirvieran para justificar deuda a favor de Aurelio . Por eso no dijo que ésta existiera y condenó porque las enajenaciones no se hicieron en pago de un crédito real, sino para impedir el cobro de los verdaderos acreedores.

En el motivo 5º del recurso de Aurelio , en base al nº 1º del art. 849 de la L.E.Cr. se dice que hubo infracción de ley por aplicación indebida del art. 519 del C.P., porque se afirma la existencia de dos deudas, una a favor del Banco de Madrid y otra a favor de Pilar , y tales deudas no consta que fueran líquidas, vencidas y exigibles cuando se realizaron los actos de enajenación por los que se condenó a los ahora recurrentes.

Este motivo coincide con el 3º de Iván y el 4º de Mónica .

Luego, Aurelio , en su motivo 6º, por la misma vía procesal, dice que se violó el mismo art. 519 del C.P. porque esas enajenaciones se hicieron sin intención de perjudicar a los acreedores, aduciendo que la afirmación de tal intención es un juicio de valor recurrible en casación, que ahora debe revisar esta Sala, ya que, en realidad hubo un pago a favor de Aurelio de créditos realmente existentes, pues no exite este delito cuando se paga a unos acreedores con preterición de otros.

Coincide este motivo 6º de Aurelio con el 5º de Mónica .

Antes de resolver sobre tales alegaciones conviene precisar el alcance de esta singular figura de infracción penal.

El delito de alzamiento de bienes constituye una infracción del deber de mantener íntegro el propio patrimonio como garantía universal en beneficio de cualquier acreedor (artículo 1.911 del Código Civil). Aparece sucintamente definido en el artículo 519 del Código Penal que utiliza dos expresiones muy ricas en su significación, conforme han sido reiteradamente interpretadas por la Doctrina y por la jurisprudencia de esta Sala, "alzarse con sus bienes" y "en perjuicio de sus acreedores".

Prescindiendo del concepto tradicional que tuvo en nuestra historia, referido al supuesto de fuga del deudor con desaparición de su persona y de su patrimonio, en la actualidad alzamiento de bienes equivale a ocultación o sustracción que el deudor hace de todo o parte de su activo de modo que el acreedor encuentra dificultades para hallar bienes con los que poder cobrarse.

Tal ocultación o sustracción, en la que caben modalidades muy diversas, puede hacerse de modo elemental apartando físicamente algún bien de forma que el acreedor ignore donde se encuentra, o puede cometerse de modo más sofisticado, a través de algún negocio jurídico por medio del cual se enajena alguna cosa en favor de otra persona, generalmente parientes o amigos, o se constituye un gravamen que impide o dificulta la posibilidad de realización ejecutiva, bien sea tal negocio real, porque efectivamente suponga una transmisión o gravamen verdaderos pero fraudulentos, como sucede en los casos tan frecuentes de donaciones de padres a hijos, bien se trate de un negocio ficticio que,precisamente por tratarse de una simulación, no disminuye en verdad el patrimonio del deudor, pero en la práctica impide la ejecución del crédito porque aparece un tercero como titular del dominio o de un derecho real que obstaculiza la vía de apremio.

La expresión "en perjuicio de sus acreedores",que utiliza el mencionado artículo 519,ha sido siempre interpretada por la Doctrina de esta Sala, no como exigencia de un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito, sino en el sentido de intención del deudor que pretende salvar algún bien o todo su patrimonio en su propio beneficio o en el de alguna otra persona allegada, obstaculizando así la vía de ejecución que podrían seguir sus acreedores.

De tal expresión así entendida se deducen tres consecuencias:

1. Han de existir uno o varios derechos de crédito reales y existentes, aunque puede ocurrir que cuando la ocultación se produce todavía no fueran vencidos o fueran ilíquidos, y, por tanto, aún no exigibles, porque nada impide que ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero aún no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes.2ª. La intención de perjudicar constituye un elemento subjetivo del tipo que impide la realización de este delito por imprudencia.

3. Se configura así este tipo penal como un delito de tendencia en el que basta la intención de perjudicar a los acreedores mediante la ocultación que obstaculiza la vía de apremio, sin que sea necesario que esta vía ejecutiva quede total y absolutamente cerrada, ya que basta con que se realice esa ocultación o sustracción de bienes que es el resultado exigido en el tipo, pues el perjuicio real pertenece, no a la fase de perfección del delito, sino a la de su agotamiento.

La jurisprudencia de esta Sala viene exigiendo ese resultado para la consumación de este delito utilizando la expresión insolvencia y la DOCtrina encuadra esta infracción junto con los delitos de quiebra y concurso bajo la denominación de insolvencias punibles, criterio sistemático que acoge nuestro Código Penal al incluir todos ellos en la misma sección bajo el título "del alzamiento, quiebra, concurso e insolvencias punibles." Ahora conviene precisar que como resultado de este delito no se exige una insolvencia real y efectiva, sino una verdadera ocultación de bienes que sea, o razonablemente se crea que puede ser, un obstáculo para el éxito de la vía de apremio, y por eso las sentencias de esta Sala,que hablan de la insolvencia como resultado del alzamiento de bienes,siempre añaden los adjetivos total o parcial, real o ficticia (sentencias de 28-5-79, 29-10-88 y otras muchas),porque no es necesario en cada caso hacerle la cuenta al deudor para ver si tiene o no más activo que pasivo, lo cual no sería posible en muchos casos precisamente por la actitud de ocultación que adopta el deudor en estos supuestos.

Desde luego no se puede exigir que el acreedor,que se considera burlado por la actitud de alzamiento del deudor, tenga que ultimar el procedimiento de ejecución de su crédito hasta realizar los bienes embargados (sentencia de 6-5-89), ni menos aún que tenga que agotar el patrimonio del deudor embargándole uno tras otro todos sus bienes para, de este modo, llegar a conocer su verdadera y real situación económica.

Volvemos a repetir que lo que se exige como resultado en este delito es una efectiva ocultación de alguno o algunos bienes que obstaculice razonablemente una posible vía de apremio con resultado positivo y suficiente para cubrir la deuda, de modo que el acreedor no tiene la carga de agotar el procedimiento de ejecución,precisamente porque el deudor con su actitud de alzamiento ha colocado su patrimonio en una situación tal que no es previsible la obtención de un resultado positivo en orden a la satisfacción del crédito.

Por lo tanto, producida la ocultación de bienes con intención probada de impedir a los acreedores la ejecución de sus derechos, ya no es necesario ningún otro requisito para la existencia del delito del artículo 519.

A la vista de la Doctrina antes expuesta no cabe duda de que en el caso presente concurrieron esos requisitos exigidos para la existencia del delito de alzamiento de bienes.

Para razonar esta conclusión, hemos de partir, dada la vía procesal utilizada por los recurrentes en los motivos ahora examinados, del relato de hechos probados que nos presenta la Audiencia Provincial en la sentencia ahora recurrida.

Hubo una situación de graves dificultades económicas en el desarrollo de las actividades de la empresa " DIRECCION000 .", que aunque no aparece expresamente afirmada en la resolución ahora impugnada, sin embargo late en el fondo del relato de hechos como razón última de todo lo que en el mismo se narra, y, desde luego, así aparece en las propias declaraciones de los acusados en el acto del juicio oral.

Ante tales dificultades, para seguir operando con el Banco de Madrid, Iván y su hermana Mónica que eran los titulares de la referida Sociedad Limitada en proporción del 60 y el 40 por ciento respectivamente, firmaron con dicha entidad bancaria una póliza de afianzamiento personal garantizando las deudas de dicha sociedad hasta un límite de seis millones de pesetas, y realizaron al efecto, como es habitual en estos casos, unas declaraciones de bienes de ambos fiadores comprometiéndose expresamente a no enajenarlos ni gravarlos mientras subsistiera esta fianza.

Tal póliza de afianzamiento se firmó el 25 de junio de 1.982, y antes de transcurrido un mes, el 20 de julio de 1.982,dichos dos hermanos vendieron por escritura pública un piso, que había sido incluido en esa declaración de bienes y que pertenecían por mitad a ambos, a Aurelio , el otro acusado a la sazón esposo de Mónica ,figurando como precio 4.000.000 pts., dándose carta de pago por 2.500.000 pts., mientras que el 1.500.000 pts. restante correspondía a una hipoteca del mismo inmueble vendido que pasaba al comprador.Asimismo, en escritura de la misma fecha, 20 de julio de 1.982, ambos hermanos extinguieron el condominio que tenían sobre una nave comercial, adjudicándose a Iván , quien por otra escritura de 21 de enero de 1.983 la adjudicó a su cuñado Aurelio en concepto de pago parcial de una deuda de 7.763.000 pts., valorándose tal nave en 4.000.000 pts., la cual luego fue vendida a otra sociedad que la inscribió a su favor en el Registro de la Propiedad.

Luego, otros bienes de los incluidos en la declaración hecha con el Banco de Madrid se hipotecaron en favor del Banco de Vizcaya para garantizar deudas que tenían Iván y Mónica , por medio de escritura de 16 de febrero de 1.983.

Con todo ello Iván y Mónica , con la colaboración de Aurelio , se constituyeron en insolvencia frente al Banco de Madrid, al que adeudaban un total de 3.519.970 pts. y frente a Pilar que era acreedora por su derecho a percibir una pensión mensual de 30.000 pts.

A la vista de tales hechos es evidente que hubo delito de alzamiento de bienes y que de él han de responder como autores los dos hermanos deudores que excluyeron de su patrimonio determinados bienes a fin de salvarlos en provecho de una familiar próximo, el otro procesado, Aurelio , que así ha de responder como cooperador necesario del nº 3º del art. 14 del C.P.

No puede caber duda de que tales enajenaciones a favor de Aurelio disminuyeron el patrimonio de los dos hermanos y que ello, junto con las hipotecas posteriores a favor del Banco de Vizcaya, impidieron, u obstaculizaron de forma importante, las posibilidades de éxito de una vía de apremio contra el patrimonio de los deudores, pues prácticamente desaparecieron de su activo la totalidad de los bienes declarados como suyos al constituir la póliza de afianzamiento.

Cierto es que produce sorpresa el que, después de las enajenaciones a favor de Aurelio , se constituyeran unas hipotecas en beneficio del Banco de Vizcaya, que era un acreedor real de los dos hermanos. Quizá la explicación se encuentre en lo que Iván declaró en el juicio oral cuando dijo que en este Banco era avalista su cuñado, a pesar de que un oficio de la misma entidad bancaria parece negarlo (folio 244 del sumario). Sin duda, la Audiencia tuvo en cuenta esta pluralidad de pruebas sobre el mismo objeto; pero, en todo caso, ello se refiere a un extremo que no incide directamente en el delito que nos ocupa, que, evidentemente, no se cometió por la hipoteca a favor del Banco de Vizcaya, sino por las enajenaciones en beneficio de Aurelio . Tal hipoteca posterior sirve para acreditar la verdadera intención defraudatoria de los deudores, quienes, por la razón que fuera, quisieron perjudicar al Banco de Madrid y a Pilar , y quizá también a otros, pero no al Banco de Vizcaya.

Por otro lado, ha de añadirse que nada importa a estos efectos la fecha del vencimiento ni la constancia de la liquidez de las deudas, pues lo único que interesa sobre este particular para la apreciación de este delito es la realidad de uno o varios créditos verdaderamente existentes, aunque aún pudieran estar sin vencer o sin concretar su cuantía cuando los actos fraudulentos se realizaran, ya que, como antes se ha dicho, es posible que,ante la perspectiva de una deuda pendiente sobre el patrimonio de una persona, incluso cuando ésta sea exigible sólo en un momento posterior, existan actos de disminución del patrimonio del deudor que encajen en la figura penal ahora examinada.

Asimismo ha de insistirse ahora en que la Audiencia no estimó como probado que Aurelio fuera acreedor, y por ello ha de rechazarse el argumento de que se pagó a unos acreedores con postergación de otros, pues tal supuesto aquí no existió.

Por último, hay que decir que hubo prueba de indicios acreditativa de que todos los ahora recurrentes obraron con la finalidad de perjudicar, al menos, a los dos acreedores, que actuaron como acusadores en la presente causa, el Banco de Madrid y Pilar .

En efecto, hay circunstancias plenamente acreditadas que nos conducen a afirmar la realidad de ese ánimo defraudatorio por la vía de un simple razonamiento lógico.

En una situación de dificultades patrimoniales por el mal resultado económico de " DIRECCION000 ." los dos socios de ésta afianzan las deudas de dicha empresa en favor del Banco con el cual está operando esta última, produciéndose así una deuda de la que tales dos socios han de responder con su propio patrimonio, existiendo además otra obligación frente a Pilar por una pensión de 30.000 pts. mensuales que tienen que pagar los dos hijos de su difunto marido.

Se hacen dos escrituras por las que dos inmuebles pertenecientes a dichos deudores pasan a la propiedad de dicho Aurelio , sin que se entregue dinero alguno por el comprador, porque se dice que habíaunos créditos de Aurelio contra Iván por importe superior al valor de dichos inmuebles.

Todo ello se hace en el breve plazo de unos meses, con una proximidad insólita entre la constitución de la fianza a favor del Banco de Madrid con la correspondiente declaración de bienes y la primera de las enajenaciones a favor de Aurelio .

Deducir de tal conjunto de circunstancias plenamente acreditadas (art. 1.249 del C.C.) la realidad de esa intención de perjudicar a los acreedores porque, ante una situación de dificultades económicas, en el seno de la propia familia se trata de salvar algunos de los bienes de los deudores en beneficio de uno de sus miembros, es algo que esta Sala estima conforme al mecanismo de la prueba de indicios o de presunciones, porque entre aquellas circunstancias probadas y este otro hecho que se trata de demostrar existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (art. 1.253 del mismo código).

De todo lo antes expuesto se deduce la necesidad de rechazar también el motivo 7º del recurso de Aurelio , en el que se alega, asimismo por el nº 1º del art. 849 de la L.E.cr., que hubo aplicación indebida del nº 3º del art. 14 del C.P., que prevé la condena como autor de quien coopera a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiere efectuado.

No parece serio poner en duda que Aurelio , esposo de Mónica , y que tuvo intervención en muchas operaciones del negocio de " DIRECCION000 .", como se acredita con los numerosos Documentos por él mismo aportados a la presente causa, y que accedió a fingir la realidad de la deuda en cuyo pago se enajenaron a su favor los dos inmuebles de autos, obró, desde luego, a sabiendas de los propósitos defraudadores de su esposa y cuñado.

La intervención de Aurelio antes descrita, sin la cual no podia haberse producido la sustración de los bienes por él adquiridos a las posibilidades de ejecución de sus créditos por parte de los acreedores, teniendo en cuenta la forma concreta en que se produjo el delito en el caso presente, es claro que ha de calificarse como una conducta de cooperación necesaria que encaja perfectamente en el nº 3º del art. 14 del C.P.,lo que obliga a desestimar también este motivo 7º.

Aurelio , en el motivo 8º de su recurso, Mónica en el 6º y Iván en el 4º, asimismo con fundamento procesal en el nº 1º del art. 849 de la L.E.cr., alegan infracción de ley por aplicación indebida del art. 519, en cuanto que fueron condenados con las penas asignadas en tal norma penal para los comerciantes cuando en el hecho probado no consta afirmado que lo fueran y que actuaran como tales, motivos que han de prosperar conforme se razona a continuación.

Desde luego no aparece en el texto de la sentencia recurrida ningún hecho o circunstancia de los que pudiera deducirse que Mónica o Aurelio hubieran de ser considerados comerciantes.

Con relación a Aurelio simplemente aparece su condición de publicista en en encabezamiento y la de esposo de Mónica después.

Respecto de Mónica nada se dice de que ejerciera alguna profesión y sólo se afirma que era propietario de un 40 por ciento de las participaciones sociales de " DIRECCION000 .", condición que no le confiere la cualidad de comerciante, porque no lleva consigo el ejercicio de actos de comercio que es lo que, conforme al art. 1º del Código de Comercio,atribuye tal condición.

Sin embargo, con relación a Iván se afirma, al final del relato de hechos probados (hecho B), que era él quien llevaba directamente la gestión de la empresa " DIRECCION000 .", es decir, Iván tenía la cualidad de comerciante en cuanto tal gestor de un sociedad que por su propia naturaleza era mercantil. En cuanto actuara en calidad de administrador o representante de tal empresa mercantil Iván tenía que ser reputado comerciante, pero no así cuando, como ocurrió en el caso presente, obrara en su propio nombre, precisamente ofreciendo su patrimonio personal en garantía de deudas ajenas, aunque estas deudas fueran las de la propia sociedad limitada que él dirigía. Y más claro aún aparece desvinculado del carácter de comerciante con relación a su acreedora Pilar , que lo es sólo como titular de una pensión que le dejó su difunto esposo, padre de Iván y Mónica , y con relación a los actos de enajenación hechos en favor de Aurelio , referidos todos al propio patrimonio y al de su hermana, nunca a bienes de la mencionada sociedad mercantil.

Aquí a cualidad de comerciante se encuentra en la sociedad limitada, no en la persona de Iván , y éste solo podía ser considerado comerciante cuando actuara como director o gerente o representante de tal sociedad, pero no cuando lo hiciera fuera de este ámbito que es lo que ocurrió en el supuesto de autos,en elque,personalmente,como particular, afianzó la deuda de " DIRECCION000 ." comprometiendo su propio patrimonio, y no el de tal empresa, y realizando los actos de enajenación a favor de Aurelio en relación con ese patrimonio personal.

Por tanto, ha de entenderse que Iván en el comportamiento por el que aquí fue condenado no actuó como comerciante.

Otra cosa habría de entenderse si Iván , siendo deudora la mencionada sociedad, hubiera actuado en su representación y en tal concepto hubiera enajenado u ocultado bienes de esa sociedad para perjudicar a los acreedores de la misma. Entonces sí habría tenido que ser condenado como comerciante en el correspondiente delito del art. 519, por aplicación del art. 15 bis del C.P.

Así pues, ninguno de los tres ahora recurrentes, ha de reputarse comerciante en los presente hechos, lo que obliga a estimar estos motivos ahora examinados.

Pasamos a continuación a tratar el tema de las costas al que se refieren los motivos 9º del recurso de Aurelio , el 7º de Mónica y el 5º de Iván , los cuales, al amparo del nº 1º del art.849 de la

L.E.Cr., estiman que fue infringido el art. 109 del C.P.por cuanto que, al existir acusación por dos delitos, con condena por uno y absolución por el otro, debió declararse de oficio la mitad de las costas y distribuir la otra mitad entre los tres condenados, no estimándose correcto lo que hizo la sentencia recurrida que condenó a cada uno de los tres ahora recurrentes al pago de una cuarta parte, cuando debió hacerlo en una sexta parte para cada uno declarando de oficio las otras tres sextas partes.

Cierto es que cuando se acusa a diversos condenados por distintos delitos en una causa penal (sentencias de 14-4-87, 16-9-88, 21-10-88, 16-2-89, 15-6-90, 14-10-90, 22-11-90, 7-5-91, 15-5-91, 11-5-91, 5-6-91, entre otras muchas) viene establecido el reparto de las costas haciendo primero una distribución conforme al número de delitos, dividiendo luego la parte correspondiente a cada delito entre los distintos condenados, sin comunicación de responsabilidades de unos con otros en caso de insolvencia de alguno, y declarando de oficio la porción relativa a los delitos o acusados que resultaran absueltos, todo ello en aplicación del art. 109 del C.P. y 240-1º y 2º de la L.E.Cr.

Conforme a tal criterio habría de entenderse que tiene razón el recurrente.

Pero este sistema de distribución, que ha de reputarse en general adecuado y correcto, puede tener sus excepciones en los casos en que no todos los delitos sean iguales o no todos los responsables penales

III.

FALLO

NO HA LUGAR A LA ESTIMACION DE NINGUNO de los motivos alegados por quebrantamiento de forma.

HA LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION por infracción de ley formulados por Iván , Mónica y Aurelio , por estimación de los motivos 4º del primero, 6º de la segunda y 8º del tercero, con desestimación de los demás, y, en consecuencia, anulamos la sentencia que les condenó por delito de alzamiento de bienes, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza con fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, declarando de oficio las costas de esta alzada y ordenando la devolución de los depósitos que se hubieran constituído para recurrir.

Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a trece de Febrero de mil novecientos noventa y dos.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, con el número 110 de

1.984 y seguida ante la Audiencia Provincial de esa misma Capital por delito de alzamiento de bienes contra los procesados Iván , Mónica y Aurelio teniéndose por reproducidos todos los datos que aparecen en elencabezamiento de la sentencia recurrida y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Delgado García, hace constar lo siguiente:

Los de la sentencia de la Audiencia.

Los de la anterior sentencia dictada por esta misma Sala en la presente causa y fecha.

Por las razones expuestas en el décimo de los fundamentos de derecho de la anterior sentencia de esta sala, ha de condenarse a los tres acusados como autores del delito de alzamiento de bienes del art. 519 del C.P., pero entendiendo que nínguno de ellos actuó como comerciante en los hechos de autos, por lo que procede imponerles la pena de arresto mayor.

VISTOS los preceptos legales de aplicación al caso.

III.