STS, 29 de Febrero de 2000
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| ECLI | ES:TS:2000:1596 |
| Número de Recurso | 327/1997 |
| Fecha de Resolución | 29 de Febrero de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Febrero de dos mil.
VISTO por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los señores anotados al margen, el recurso contencioso-administrativo que con el número 327/1997 ante la misma pende de resolución, interpuesto por don Ildefonso , contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 19 de febrero de 1997, recaido en el expediente 106/96. Siendo parte recurrida Administración del Estado.
Por la representación don Ildefonso se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 19 de febrero de 1997, recaido en el expediente 106/96 el cual fue admitido por la Sala, motivando la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido, se entregó a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos jurídicos que consideró procedentes, terminó suplicando a la Sala "dicte sentencia por la que se estimando la pretensión del recurrente se declare nulo y sin valor jurídico el acuerdo del C.G.P.J. de 19 de febrero de 1997 por no ser conforme a Derecho, y por afectar al ejercicio del Derecho fundamental a la igualdad ante la Ley, y decrete las medidas necesarias para el restablecimiento de tal Derecho".
El .Abogado del Estado se opuso a la demanda con su escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derechos que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia desestimando el presente recurso.
No estimándose necesaria la celebración del vista pública y no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, la Sala acordó continuar la sustanciación del pleito por conclusiones sucintas, concediéndose a las partes el término sucesivo de quince días, evacuando el trámite con sus respectivos escritos en los que después de alegar lo que estimaron procedentes al caso, terminaron dando por reproducidas las súplicas de demanda y contestación.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 23 de noviembre del año 2000, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
El recurrente, Juez sustituto nombrado para Sevilla en el año judicial 1995-96, impugna en este proceso el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 19 de febrero de 1997, que desestimó el recurso administrativo ordinario formulado contra la resolución del Magistrado-Juez Decano de dicha capital, de 18 de julio de 1996, por la que había rechazado la petición relacionada con el nombramiento de don Juan Luis como Magistrado Juez sustituto del Juzgado de lo Social nº 10, por baja por enfermedad de su titular, nombramiento que en escrito de 3 de julio de 1996 consideraba que habíaperjudicado a "sus derechos expectantes a la sustitución al no haberse cumplimentado lo prevenido en el artículo 212-2 in fine de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su actual redacción, y lo establecido en el artículo 143 del reglamento 1/1995, de 7 de junio, así como las Instrucciones oportunas respecto del establecimiento de determinados criterios y exigencias para autorizar la actuación de Jueces sustitutos, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 25 de septiembre de 1995. Se desconoce la existencia de turnos u orden de llamamientos que eviten la discrecionalidad". Terminaba su escrito el actor con la súplica al Magistrado-Juez Decano de "que previas las verificaciones que estime pertinentes, acuerde la publicidad de los turnos, cuadrantes o criterios que conciernen al orden de llamamiento para sustituciones de los Jueces sustitutos y bien reuniendo a los afectados o por otros medios, participe lo interesado".
El Magistrado-Juez Decano contestó a esta petición, razonando que el titular del Juzgado de lo Social nº 10 había mostrado su deseo de que se nombrase sustituto al señor Juan Luis " y que el llamamiento de Jueces sustitutos es potestad discrecional del Magistrado-Juez Decano , sin que haya lugar a acceder a sus pretensiones de reuniones de afectados ni a darle otra clase de explicaciones".
Por su parte, el hoy demandante, al impugnar en vía administrativa esta resolución, adujo como elemento central de su recurso la incongruencia de la resolución del Decano, en el sentido de que había omitido cualquier razonamiento relativo a la petición de "publicidad de los turnos (si existen), cuadrantes o sistema contable del orden de los llamamientos, criterios o reglas que custodian o avalan la designación", terminando con la petición de que se comunicase "a los interesados -Jueces sustitutos de esta capital- de los turnos u orden de los llamamientos para sustituciones correspondientes, mediante exposición, notificación o reunión al efecto, del recurrente y demás afectados o interesados".
No obstante la claridad de los términos de su reclamación, en la que sobre el presupuesto por él afirmado de que no había sido correcta la designación del señor Juan Luis , lo que trataba de evitar era que en el futuro se produjeran situaciones análogas por falta de publicidad del orden de llamamientos, sin embargo el Consejo, al pronunciarse en el recurso administrativo, se atuvo exclusivamente al examen de la legalidad del nombramiento de dicho señor, sin pronunciarse explícitamente acerca de la petición sustantiva del señor Ildefonso , relativa a la publicidad para los interesados del orden de llamamiento de los sustitutos.
A pesar de estos antecedentes, en el proceso el recurrente, apoyandose en el contenido de la decisión del Consejo, argumenta fundamentalmente sobre la nulidad del nombramiento como Juez sustituto del señor Juan Luis , aunque no dejó de hacer referencia accidental, en el apartado de la demanda en que denuncia la incongruencia de la resolución del Consejo, a la falta de publicidad del orden de llamamientos.
Ante esta situación, ciertamente podría llegar a afirmarse que medió una progresiva desviación entre la petición inicial dirigida a la Administración Judicial por el señor Ildefonso y el contenido de lo resuelto finalmente por aquella, pero al mismo tiempo hemos de ponderar que a la postre el debate en sede jurisdiccional se inclinó claramente hacia el punto relativo al examen de si había sido legal el nombramiento de don Juan Luis como Juez sustituto del Juzgado de lo Social nº 10, siendo así que, en criterio del demandante, el designado debía haber sido él.
Sobre esta concreta cuestión, a la que se ha contraido el objeto del proceso, la parte actora destaca dos puntos que a su entender vician de nulidad el acuerdo impugnado, en cuanto confirma la decisión del Juez Decano de Sevilla: el primero, que carecía de motivación y, el segundo, que por su especialización jurídica, derivada del mayor tiempo que había prestado servicios como sustituto en la jurisdicción social, le correspondía la preferencia para ser nombrado para sustituir en el Juzgado de lo Social nº 10.
Por lo que se refiere al primer punto, debemos considerar que la exigencia legal de motivación no puede identificarse con la idea de que aquella sea jurídicamente correcta en cuanto al fondo, sino que se trata de un requisito formal, que obliga a exteriorizar las razones en que se basa el órgano decisor para resolver en un sentido determinado, con la finalidad de que quienes se consideren afectados en sus intereses legítimos por la resolución administrativa puedan hacer valer, frente a aquellas razones, los argumentos que entiendan insuficientes para justificar el acto y que por eso debe ser anulado.
Conforme a esta doctrina, no nos cabe duda de que la actuación administrativa combatida en este recurso aparece formalmente motivada, siendo precisamente la legalidad de esta motivación y, a través de ella, la del propio acto administrativo impugnado, la que constituye el objeto de fondo del debate en el proceso.
Entrando en el examen de este tema de fondo, hay que partir de la base de que, encontra de lo sostenido por el Juez Decano en su acuerdo de 18 de julio de 1996, no cabe predicar la plena discrecionalidad en la designación de Jueces sustitutos para cubrir las necesidades de sustitución en casos concretos y determinados, puesto que el artículo 212-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue reformado por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, en el sentido de ordenar que "en el caso de ser los sustitutos nombrados para la localidad y el orden jurisdiccional correspondiente, serán llamados por su orden", si bien no añade nada el precepto legal sobre cual deba ser este orden, que sin embargo sí ha sido desarrollado en el artículo 143-3 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en el que se ordena que las Salas de Gobierno dicten las instrucciones oportunas para fijar los criterios determinantes del orden de llamamientos de los Jueces sustitutos, "entre los que se tendrá en cuenta el grado de especialización jurídica, el tiempo efectivo de ejercicio de funciones judiciales positivamente valoradas, la situación del órgano en el que haya de efectuarse la suplencia o sustitución y la previsible duración de éstas".
A ese respecto conviene indicar que con toda evidencia el invocado acuerdo del Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 19 de septiembre de 1995, sobre criterios y exigencias para autorizar la Actuación de Jueces Sustitutos, no responde con suficiencia al mandato reglamentario que hemos reseñado, sino que simplemente satisface lo previsto en el apartado 2 del mismo artículo 143, ya que su contenido es el de determinar los supuestos en que proceda llamar a los Jueces sustitutos, no el de fijar el orden de llamamiento entre estos, que es el supuesto al que se refiere el mencionado apartado 3 y respecto del cual se limita a hacer una mención general al mismo.
Ahora bien, la ausencia de esta ordenación específica de los llamamientos de sustitutos, por no haber cumplido con mejor detalle la Sala de Gobierno el mandato reglamentario, no excluye que sea obligado para los Jueces Decanos, al realizar los llamamientos, atenerse a los criterios establecidos en el Reglamento, reconociendoles dentro de ellos, no obstante, el mismo margen de apreciación que sería atribuible a la Sala de Gobierno, en la confección de las Instrucciones ordenadas en el Reglamento, de modo que en vez de venir delimitadas las potestades de aquellos por las Instrucciones omitidas por la Sala de Gobierno, tendrán que atender directamente a lo establecido en el Reglamento, sin mediación de las inexistentes Instrucciones.
En esta perspectiva normativa en que ha de situarse nuestra valoración del caso, observamos que tanto el demandante como el propio Consejo fijan el centro de su discurso en "el tiempo efectivo de ejercicio de funciones judiciales positivamente valoradas", como uno de los elementos determinantes de la preferencia de llamamiento entre el señor Ildefonso y el señor Juan Luis , a partir de la aceptación de que tanto en uno como en otro se acepta que concurría la precisa especialización jurídica.
Pues bien, en lo que se refiere al dato del "tiempo efectivo de ejercicio de funciones judiciales", el acuerdo del Consejo considera que el señor Juan Luis tiene ventaja en este punto, porque si bien el recurrente "estuvo al frente del Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla desde el 12 de diciembre de 1995 en que cesó su titular hasta el 1 de marzo de 1996 en que tomó posesión el nuevo titular nombrado, esto es por un periodo de 3 meses y 15 días, sin embargo don Juan Luis estuvo al frente del Juzgado nº 3 por un período de cuatro meses".
Dejando de lado el error material en que incide el Consejo al traducir a meses y días el tiempo en que afirma que el señor Ildefonso estuvo al frente del Juzgado de lo Social nº 4, puesto que vistos los datos de que parte -12 de diciembre de 1995 a 1 de marzo de 1996- serian en realidad dos meses y algo más de quince días, sin embargo de la prueba documental aportada por el demandante en sus escritos, resulta que su tiempo de ejercicio en la jurisdicción social desde el año 1994, en calidad de sustituto, excedió de los cuatro meses atribuidos al señor Juan Luis , por lo que este dato, considerado de tanta relevancia en la decisión del Consejo y ni siquiera aludido, sin embargo, por el Decanato de Sevilla, pierde su eficacia determinante del sentido de la resolución impugnada.
La pérdida de valor del razonamiento basado en el tiempo de ejercicio de funciones judiciales conduce a examinar el motivo considerado como fundamental en el acuerdo del Magistrado-Juez Decano accidental de Sevilla, de 18 de julio de 1996, y acogido también como razón complementaria para fundar la legalidad de la designación en la resolución del Consejo General del Poder Judicial: que el Magistrado titular del Juzgado de lo Social nº 10, en el que debía hacerse la sustitución, había manifestado su deseo de que se nombrase a don Juan Luis .
El acuerdo del Consejo integra esta manifestación de deseo en el criterio reglamentario relativo a la "situación del órgano en que haya de efectuarse la suplencia o sustitución", pues implicaría la consideración de que don Juan Luis era la persona idónea para el desempeño de la sustitución, atendiendo al órganoafectado.
Respecto a esta intervención, hay dos posturas en el proceso: la del recurrente, que sostiene que no hubo tal intervención, fundandose en que el Magistrado titular del Juzgado de los Social nº 10 informó en el procedimiento administrativo que, aparte de su inicial petición de sustitución, no había "habido ninguna otra comunicación al respecto", y la que sostiene la parte demandada que , como hemos dicho, parte de que tal recomendación realmente se produjo y de que se había hecho verbalmente.
Aceptando a efectos dialécticos la posición más perjudicial para el actor -cual es la de que, en efecto, el titular del Juzgado hubiera manifestado sus deseo de que el designado fuera el señor Juan Luis - sin embargo de la misma no pueden extraerse las consecuencias favorables a la legalidad del acto impugnado que se expresan en el acuerdo del Consejo.
Hemos señalado que, a falta de Instrucciones más matizadas de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los criterios fijados en el artículo 143-3 del Reglamento de la Carrera Judicial son los que directamente debían presidir el orden de llamamientos de los Jueces sustitutos, consideración a la que ahora hemos de añadir que estos criterios no son exhaustivos, puesto que el propio Reglamento no excluye que puedan valorarse otros ("entre los que se tendrá en cuenta .....").
Pero es que además, entre los expresados en el Reglamento, se contiene uno de muy flexible significación, cual es el de la situación del órgano en el que haya de efectuarse la sustitución, que sin duda permite valorar peculiaridades objetivas que hagan aconsejable designar a un sustituto concreto con preferencia a otro y que es el criterio en que se ha apoyado el Consejo para tener en cuenta la manifestación de deseo del Magistrado titular.
Ahora bien, reconociendo la amplitud de los casos que puede amparar el criterio mencionado o el carácter no exhaustivo de los descritos en el Reglamento, su propia generosidad sobre la libertad de decisión del Decano, obliga a éste a expresar el dato objetivo que justifique la designación, objetividad que, a su vez, en el caso de que el titular del Juzgado exprese su preferencia para que sea nombrado un determinado sustituto, obliga también a quien lo haga a exteriorizar el motivo de la petición, de modo que ésta no quede relegada a una mera manifestación subjetiva de voluntad del titular del órgano, sino que se haga visible el razonamiento que, en favor de la mejor prestación del servicio, justifica la petición y la decisión que, fundandose en ella, realice el Decano, en el ejercicio de las potestades que le competen para el llamamiento de los Jueces sustitutos.
El evidente incumplimiento de este requisito ha dejado en la oscuridad la razón objetiva, jurídicamente atendible, del nombramiento de don Juan Luis y de su preferencia sobre el señor Ildefonso , lo que aboca a una declaración de nulidad de la actuación administrativa enjuiciada, si bien con el único efecto en este proceso de su mero valor declarativo, al haber transcurrido tiempo ha el período para el que se había hecho el nombramiento.
No ha lugar a especial declaración sobre costas.
Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,
Que estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Ildefonso contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 19 de febrero de 1997, recaido en el expediente 106/96, desestimatorio del recurso administrativo ordinario formulado contra la resolución del Magistrado-Juez Decano Accidental de Sevilla, de 18 de julio de 1996, sobre nombramiento de Juez sustituto para el Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla, cuya nulidad declaramos. Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha. Lo que certifico.
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