STS, 19 de Mayo de 1999
| Ponente | ELADIO ESCUSOL BARRA |
| Número de Recurso | 386/1996 |
| Fecha de Resolución | 19 de Mayo de 1999 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Visto el recurso contencioso-administrativo arriba indicado, interpuesto por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María Gracia Garrido Entrena, contra el Real Decreto 2.050/1.996, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Industria Alimentaria y las correspondientes enseñanzas mínimas.
Es parte recurrida, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
1. La representación procesal del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, interpuso recurso contencioso- administrativo contra el Real Decreto 2.050/1.996, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Industria Alimentaria y las correspondientes enseñanzas mínimas.
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Mediante escrito de fecha 24 de julio de 1.996, la representación procesal del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES formuló su demanda, solicitando que se dicte sentencia por la que, estimando el recurso, declare nulos el artículo 1º y la denominación del Decreto recurrido y el apartado 2 del anexo, incluidos todos sus apartados.
El Abogado del Estado, representando y defendiendo a la Administración General del Estado, contestó a la demanda por escrito de fecha 10 de octubre de 1996, solicitando que se dicte sentencia por la que se desestime el recurso confirmando íntegramente el Real Decreto recurrido.
Ninguna de las partes solicitó el recibimiento del pleito a prueba.
Las partes, en sus escritos de conclusiones, reprodujeron su petición de la demanda y de contestación a la misma.
Por providencia de fecha 28 d octubre de 1.998 se señaló el día 12 de mayo de 1.998 para deliberación, votación y fallo, en cuya fecha tuvieron lugar dichos actos procesales. Por dicha providencia se designó Ponente al Magistrado Excmo. Sr. Don Eladio Escusol Barra.
La formación profesional proporciona unos conocimientos polivalentes con la siguiente finalidad: que quienes superen los estudios correspondientes, de grado medio o de grado superior y obtengan el correspondiente título, puedan adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida profesional.
1. Al dictar esta sentencia, debemos consignar que entre los fines del sistema educativo español está el siguiente: procurar la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales (art. 1.1.d) de la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de octubre de ordenación del sistema educativo. La formación profesional comprende una serie de enseñanzas tendentes a lograr aquella finalidad, y dan al alumno interesado que supere las enseñanzas de formación específica de grado medio, los conocimientos necesarios para obtener el título de Técnico en determinada profesión (arts. 3.1.c), 31.1, 32.1 y 2, 35.2 y 3 de la Ley Orgánica 1/1.990), y dan al alumno interesado que supere las enseñanzas de formación específica de grado superior los conocimientos necesarios para obtener el título de Técnico Superior en determinada profesión (arts.
3.1.c), 31.2, 31.3, 32.1.b) y 35.2 de la Ley Orgánica 1/1.990).
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La enseñanza superior (la universitaria), tiene una regulación propia (Ley Orgánica 11/1.983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y art. 3.7, último inciso de la Ley Orgánica 1/1.990). El título de Técnico Superior, permite el acceso directo a los estudios universitarios que se determinen, teniendo en cuenta su relación con los estudios de formación profesional correspondiente (art. 35.4 de la Ley Orgánica 1/1.990).
El Real Decreto 2.050/1.996, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Industria Alimentaria y las correspondientes enseñanzas mínimas, tiene su habilitación legal en la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de octubre, de ordenación del sistema educativo, en cuanto al o referente al establecimiento del título de Técnico Superior y en cuanto al establecimiento de las correspondientes enseñanzas mínimas para poder obtener el referido título en las actividades a que se refiere el Real Decreto impugnado (art. 35, apartados 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica 1/1.990). El título indicado permite estas actividades: gestionar una unidad o gestión en la industria alimentaria, programando, preparando y supervisando los recursos materiales y humanos disponibles y los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos fijados en los planes de producción, calidad y protección ambiental (apartado 2.1.1 del ANEXO del Real Decreto impugnado). Por ello, el apartado 2.1.2, de dicho ANEXO, relaciona las distintas capacidades profesionales que amparan el ejercicio de actividades a las que se refiere el título superior referido, Pero el Real Decreto impugnado, precisa, con toda claridad, que quien ostente el título de Técnico Superior en Industria Alimentaria actuará, en todo caso, bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos o Diplomados (apartado 2.1.1, último párrafo).
Consignadas las anteriores consideraciones generales, indispensables para resolver el presente recurso contencioso- administrativo, debemos analizar el contenido de la demanda, en la que se formulan alegaciones en base a las que se pretende que se dicte sentencia por la que, estimando el recurso, declare nulos el artículo 1º y la denominación del Decreto recurrido y el apartado 2 del anexo, incluidos todos sus apartados. La parte demandante añade que, en su caso, se plantee la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema Educativo.
La demanda, para pretender la nulidad del artículo 1º y la denominación del Real Decreto recurrido, formula una serie de argumentos a los que individualmente nos referimos a continuación:
Alega, en primer lugar, que sólo las Universidades pueden expedir títulos superiores. Este alegato no puede ser estimado porque es necesario responder a la demanda así: el sistema educativo español, comprende dos tipos de enseñanzas: las de régimen general y las de régimen especial (art. 3.1 de la ley Orgánica 1/1.990). Entre las enseñanzas de régimen general se comprende tanto la formación profesional, como la educación universitaria (art. 3.2 de la Ley Orgánica 1/1.990). La educación universitaria, que es la enseñanza superior, tiene una regulación propia como ya hemos precisado, porque su contenido es marcadamente distinto y superior al de la enseñanzas de formación profesional. Esto no impide que quien ostente el título de Técnico Superior, pueda acceder directamente a los estudios universitarios, teniendo en cuenta su relación con los estudios de formación profesional correspondiente (art. 35.4 de la Ley orgánica 1/1.990), porque éstos (quienes accedan a los estudios universitarios), han de seguir los estudios correspondientes y superarlos si quieren obtener el título universitario correspondiente, que les habilite para el ejercicio de profesión y actividades bien distintas de las que puedan ejercer quienes estén en posesión del Título de Técnico Superior. Esta distinción es suficiente para poder desestimar la demanda.En orden a la cuestión de si el Real Decreto impugnado cuenta con suficiente habilitación legal, la respuesta es afirmativa. No existe sobre el particular duda alguna. Su habilitación están en los artículos
1.1.d), 3 y 30 a 35, de la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de octubre, de ordenación del sistema educativo.
Los alegatos relativos al apartado 2 del ANEXO del Real Decreto impugnado, descansan, a juicio de la demandante, en que el ejercicio de las profesiones tituladas es algo reservado ala Ley. Los argumentos que al respecto se formulan en la demanda deben ser desestimados: la reserva de ley están para las profesiones superiores universitarias, pero en modo alguno está sometida a reserva de ley la indicación de las correspondientes enseñanzas para obtener los títulos de técnico o de técnico superior, ni la referencia al sistema productivo y capacidades profesionales de quienes habiendo cursado las enseñanzas de formación profesional y hayan obtenido el correspondiente título se dediquen a la actividad profesional amparada por sus conocimientos y título obtenido.
Y finalmente, debemos desestimar la pretensión relativa al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1.990, no por existir mérito alguno para hacer tal planteamiento.
Por todo lo razonado debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, contra el Real Decreto 2.050/1.996, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Industria Alimentaria y las correspondientes enseñanzas mínimas. Procede, por tanto, declarar que el Real Decreto impugnado es conforme a Derecho.
Dados los términos del artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, no se aprecia temeridad ni mala fe en la parte recurrente. Por lo tanto, no procede hacer pronunciamiento condenatorio sobre las costas procesales.
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, contra el Real Decreto 2.050/1.996, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Industria Alimentaria y las correspondientes enseñanzas mínimas. No ha lugar a plantear la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1.990, de Ordenación General del Sistema Educativo, que se interesa en el cuerpo de la demanda. DECLARAMOS QUE LOS PRECEPTOS REGLAMENTARIOS IMPUGNADOS SON CONFORME A DERECHO.
Sin condena en costas.
Devuélvase el expediente administrativo a la Administración General del Estado, junto con un testimonio de esta sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Eladio Escusol Barra.- Oscar González González.-Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez-Bordona. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don Eladio Escusol Barra, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que, como Secretario, certifico. Sra. Barrio Pelegrini.
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