STS, 24 de Septiembre de 1996
| Ponente | JESUS ERNESTO PECES MORATE |
| Número de Recurso | 3841/1994 |
| Fecha de Resolución | 24 de Septiembre de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y seis.
Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que, con el nº 3.841/94, pende ante la misma de resolución, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra el auto pronunciado, con fecha 15 de marzo de 1994, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en la pieza separada de suspensión, dimanante del recurso contencioso-administrativo nº 235/94 deducido por la representación procesal de Doña Nieves contra la resolución, de 4 de enero de 1994, del Delegado del Gobierno en Canarias, por la que se denegó a la recurrente la exención de visado y el permiso de residencia, advirtiéndole, al mismo tiempo, de la obligación de abandonar en el plazo de diez días el territorio nacional
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, dictó, con fecha 15 de marzo de 1994, auto, por el que no accedió a suspender la denegación del permiso de residencia pedido por Doña Nieves , mientras que accedió a suspender la advertencia de expulsión que se contenía en la resolución impugnada.
Dicha resolución se justifica por la referida Sala de instancia, entre otros, con el siguiente fundamento jurídico noveno: >.
Notificada a las partes la anterior resolución fue impugnada en súplica por el Abogado del Estado, del que se dio traslado a la parte solicitante de la medida cautelar, desestimándose por la Sala de instancia dicho recurso de súplica por auto de fecha 28 de abril de 1994, por lo que el Abogado del Estado presentó escrito ante dicha Sala, solicitando que se tuviese por preparado recurso de casación contra el pronunciamiento del auto que suspendía la obligación de abandonar el territorio nacional, a lo que accedió aquella Sala, ordenando que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, lo que se llevó a cabo.
Recibidos los autos, se dio traslado al Abogado del Estado para que, en el plazo de treinta días, manifestase si sostenía o no el recurso de casación preparado y en caso afirmativo lo interpusiese dentro de dicho término, lo que efectuó con fecha 18 de octubre de 1994, aduciendo, como único motivo, lainfracción por la Sala de instancia de lo dispuesto por los artículos 122 y 123 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la doctrina jurisprudencial aplicable en la materia, al amparo de lo dispuesto por el artículo 95.1. 4º de la Ley de esta Jurisdicción, pues si bien la ejecución de la resolución recurrida no resulta beneficiosa al sujeto pasivo de la misma sin embargo no supone que hayan de producirse efectivamente daños y perjuicios de imposible reparación para aquél y así no existe ninguna razón especial en concreto para la suspensión acordada por el Tribunal de instancia, por lo que pidió que se estime el recurso de casación y que se anule el auto recurrido.
Mediante providencia de 8 de noviembre de 1994 se tuvo por interpuesto recurso de casación por el Abogado del Estado y se designó Magistrado Ponente para que sometiese a la deliberación de la Sala lo procedente en cuanto a la admisibilidad del citado recurso de casación.
Admitido a trámite el recurso de casación, y al no haber comparecido ninguna otra parte, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó el día 12 de septiembre de 1996, en que tuvo lugar, habiéndose observado en su tramitación las reglas establecidas por la ley.
El único motivo de casación, aducido por el Abogado del Estado, se basa en la infracción, que se atribuye a la Sala de instancia, de lo dispuesto por los artículos 122 y 123 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de la doctrina jurisprudencial interpretativa de los mismos, a pesar de que el Tribunal "a quo", según hemos transcrito en el antecedente segundo, declara que, en el supuesto de expulsarse a la recurrente del territorio nacional durante la tramitación del proceso, se convertiría la sentencia en una mera declaración de derechos sin posibilidad de ejecución, con lo que, evidentemente, resultaría ilusorio el derecho a una efectiva tutela judicial.
La lacónica afirmación, contenida en el auto de la Sala de instancia, acerca de la imposibilidad de ejecutarse la sentencia si la solicitante de la medida se viese obligada a abandonar el territorio español durante el proceso, a pesar de venir precedida de largos razonamientos jurídicos, no se basa expresamente en declaración alguna de hechos concretos y determinados que, a la vista de las pruebas aportadas, acreditasen la producción de perjuicios de difícil o imposible reparación para la solicitante de la medida cautelar, pero no se puede negar que, por otra parte, se afirma tajantemente, en el mismo fundamento jurídico noveno, que >, lo que constituye una rotunda, aunque apriorística, declaración de perjuicios irreparables para la solicitante de la medida cautelar, que no ha sido combatida por el Abogado del Estado por la vía adecuada, cual es el defecto de motivación fáctica del auto recurrido, al amparo de lo dispuesto por el artículo 95.1.3º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin que el significado de la casación permita a este Tribunal transformar los motivos invocados como fundamento del mismo.
No cabe, pues, considerar que la Sala de instancia ha infringido los artículos 122 y 123 de la Ley de esta Jurisdicción cuando, para justificar su decisión de acceder a la suspensión de la obligación de abandonar el territorio español, hecha saber a la recurrente al notificarle el acto recurrido, declara que, de llevarse a cabo la expulsión, resultaría imposible ejecutar la sentencia que se pronunciase, con lo que, claramente, se conculcaría el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, por más que tal aseveración no vaya precedida de la más mínima valoración de las pruebas aportadas ni de una, al menos, sucinta declaración de hechos, que permitiese apreciar si su conclusión es o no exacta a efectos de aplicar el precepto contenido en el artículo 122 de la Ley de esta Jurisdicción, pero, como hemos señalado, tal defecto del auto impugnado debería haberse combatido por el medio que la Ley Jurisdiccional concede en el apartado tercero de su artículo 95.1, dada la exigencia de rigor formal del escrito de interposición del recurso de casación, impuesta por los artículos 95, 100.2, 101.1 y 102 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y coherente con el significado de dicho recurso, según hemos declarado, entre otras, en nuestras Sentencias de 8 de noviembre de 1993, 26 de marzo de 1994, 25 de junio de 1994, 15 de octubre de 1994, 11 de febrero de 1995, 11 de marzo de 1995, 8 de noviembre de 1995 y 17 de febrero de 1996, así como en nuestro Auto de 10 de junio de 1996 (recurso de casación 4781/1995), lo que conlleva, inexorablemente, la desestimación del único motivo de casación aducido con la consiguiente declaración de que no ha lugar al recurso de casación y el deber de imponer las costas del mismo a la Administración recurrente, como establece el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Vistos los preceptos y jurisprudencia citados así como los demás preceptos de general y pertinente aplicación.
Que, con desestimación del único motivo invocado por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, debemos declarar y declaramos que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por el mismo contra el auto pronunciado, con fecha 15 de marzo de 1994, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en la pieza separada de suspensión, dimanante del recurso contencioso- administrativo nº 235/94, al mismo tiempo que debemos condenar y condenamos a la Administración del Estado al pago de las costas procesales causadas.
Así por esta nuestra sentencia, firme, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos , debiéndose hacer saber a las partes, al notificarles la misma, que contra ella no cabe recurso ordinario alguno. PUBLICACION.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, D. Jesús Ernesto Peces Morate, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha.- De lo que certifico.
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