STS, 10 de Diciembre de 1998
| Ponente | ELADIO ESCUSOL BARRA |
| Número de Recurso | 4017/1991 |
| Fecha de Resolución | 10 de Diciembre de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
Visto por la Sección Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el recurso de APELACIÓN arriba indicado, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia de fecha 11 de febrero de 1.991, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, en el recurso número
47.443.
Es parte apelada DON Carlos Antonio , que fue debidamente emplazado pero no ha comparecido ante esta instancia.
1. La representación procesal de DON Carlos Antonio , interpuso recurso contencioso- administrativo contra la resolución de fecha 30 de abril de 1.986, de la Dirección General de Transportes Terrestres, que denegó al recurrente la autorización temporal para la apertura de una Agencia de Transportes, que domicilió en Hellín (Albacete), y contra la resolución de fecha 17 de febrero de 1.987, del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la primera resolución.
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A petición de la parte demandante se recibió el pleito a prueba y se practicó la solicitada, que concretó al contenido del expediente administrativo.
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Seguido el proceso por sus trámites, el recurso fue estimado por la sentencia de fecha 11 de febrero de 1.991, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, en el recurso número 47.443.
1. Contra dicha sentencia, interpuso recurso de APELACIÓN el Abogado del Estado.
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Ante esta Sala compareció el Abogado del Estado, para mantener la apelación, mediante escrito de fecha 28 de junio de 1.991, como parte apelada. Y en su escrito de alegaciones de fecha 2 de septiembre de 1.991, solicitó que se revoque la sentencia apelada y se confirmen los actos administrativos impugnados.
Por providencia de fecha 12 de marzo de 1.998, se nombró Magistrado Ponente al Excmo. Sr. Don Eladio Escusol Barra, y se señaló el día 3 de diciembre de 1.998 para deliberación, votación y fallo, en cuya fecha tuvieron lugar dichos actos procesales.
1. La Administración General del Estado, denegó la autorización temporal para la apertura de una Agencia de Transportes, en Hellín (Albacete), expresando en los actos administrativos impugnados que el solicitante DON Carlos Antonio , no había acreditado fehacientemente su vinculación profesional a la actividad que pretendía ejercer.
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La sentencia dictada en la primera instancia, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON Carlos Antonio , contra los actos administrativos consignados en el primero de los ANTECEDENTES DE HECHO de esta sentencia, razonando que el recurrente en la Memoria presentada y en el expediente administrativo acreditó, de manera suficiente, los requisitos exigidos por la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1.985, teniendo en cuenta que dicha orden ampara tanto a quienes se hayan dedicado a la actividad del transporte, como a los que pretendan dedicarse a esta actividad. Estimó la sentencia apelada que las limitaciones que los actos administrativos contienen carecen de fundamento.
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Frente al razonar de la sentencia, el Abogado del Estado formula, en lo que interesa a efectos de resolver la presente apelación, dos alegatos: a) que a su juicio el recurrente no acreditó su vinculación profesional con la actividad solicitada ni estar en disponibilidad de local donde desarrollarla y b), que estamos ante un caso en que se ejercitó una potestad discrecional por parte de la Administración.
Los alegatos del Abogado del Estado deben ser desestimados, por las siguientes razones:
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El alegato respecto a los requisitos objetivos que dice que no se han probado, debe ser desestimado porque del expediente administrativo se desprende que sí están probados esos requisitos y así lo entendió el Tribunal de la primera instancia al valorar la prueba, valoración que se acepta. Es evidente que el criterio subjetivo de la parte apelante no puede sustituir al criterio razonado del Tribunal a quo.
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Respecto a la potestad discrecional que menciona el Abogado del Estado, debemos hacer estas consideraciones: la potestad discrecional aparece cuando la habilitación necesaria para el ejercicio de la potestad no está totalmente predeterminada, de suerte que la Administración, a la vista de las circunstancias objetivas concurrentes completa la voluntad de la norma habilitadora. Además, el ejercicio de la potestad discrecional exige que la Administración tenga capacidad de elección entre varias soluciones válidas por permitirlas la norma jurídica. Y, en todo caso, es necesario que la resolución que la Administración adopte con el ejercicio de la potestad discrecional, debe ser suficientemente motivada, porque, como dice la jurisprudencia, en los actos reglados, su contenido está completamente determinado en el ordenamiento jurídico; en cambio, en los actos en los que pueda hacerse uso de la potestad discrecional, es indispensable que la Administración, exprese clara y suficientemente el proceso lógico que le lleve a su decisión (SSTS, entre otras de 15-6-84, 13-7-84 y 7-2-87), lo que no se aprecia por la Sala en el caso que resolvemos.
Todo lo razonado conduce a la desestimación en su totalidad del recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, contra la sentencia de fecha 11 de febrero de 1.991, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, en el recurso número
47.443.
Dados los términos del artículo 131 de la Ley Jurisdiccional, no se aprecia temeridad ni mala fe a los efectos de hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que debemos desestimar y desestimamos, en su totalidad, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, contra la sentencia de fecha 11 de febrero de 1.991, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, en el recurso número 47.443. CONFIRMAMOS, ÍNTEGRAMENTE, LA SENTENCIA APELADA.
Sin condena en costas.Devuélvanse las actuaciones judiciales recibidas y el expediente administrativo, al órgano judicial de procedencia junto con un testimonio de esta sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Eladio Escusol Barra.- Oscar González González. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don Eladio Escusol Barra, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que, como Secretario, certifico. Sra. Barrio Pelegrini.
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