STS, 19 de Noviembre de 1997
| Ponente | PEDRO JOSE YAGÜE GIL |
| Número de Recurso | 1986/1992 |
| Fecha de Resolución | 19 de Noviembre de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y siete.
Visto el recurso de apelación nº 1986/92, interpuesto por el Procurador Sr. Ibañez de la Cadiniere, en nombre y representación del Ayuntamiento de Castillo-Playa de Aro, contra la sentencia dictada en fecha 28 de Noviembre de 1991, y en su recurso nº 1208/89, por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre reclamación de cantidad contractual por adelanto de obra, siendo parte apelada la entidad "Dragados y Construcciones S.A.", representada por la Procuradora Sra. Fernández-Criado Bedoya. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.
En el proceso contencioso administrativo antes referido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección 2ª), dictó sentencia estimando en parte el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del Ayuntamiento de Castillo-Playa de Aro se interpuso este recurso de apelación, que fue admitido a trámite por providencia de la Sala de instancia de fecha 17 de Enero de 1992; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo, se personó ante la Sala el Procurador Sr. Ibañez de la Cadiniere, en nombre y representación del apelante, y también la Procuradora Sra. Fernández-Criado Bedoya, en nombre y representación de "Dragados y Construcciones S.A.", como apelado.
Por providencia de esta Sala de fecha 4 de Diciembre de 1992 se tuvo por personadas a las partes dichas, y se acordó sustanciar esta apelación por el trámite de alegaciones escritas, a cuyo efecto se concedió el plazo de veinte días a la parte apelante, (Ayuntamiento de Castillo-Playa de Aro) dentro del cual las formuló exponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que creyó oportunos, y solicitando la revocación de la sentencia recurrida y la desestimación del recurso contencioso administrativo.
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines a la parte apelada ("Dragados y Construcciones S.A.") que formuló sus alegaciones exponiendo los hechos y fundamentos jurídicos oportunos, con la suplica final de desestimación del presente recurso de apelación y confirmación de la sentencia impugnada.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se llevó a cabo por providencia de fecha 8 de Septiembre de 1997, en la que se señaló para tal acto el día 12 de Noviembre de 1997, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Se impugna en este recurso de apelación la sentencia que la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección 2ª) dictó en fecha 28 de Noviembre de 1991, y en su recurso nº 1208/89, por medio de la cual se estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Puig Olivet-Serra, en nombre y representación de la entidad "Dragados y Construcciones S.A." contra la desestimación presunta a la petición formulada por ésta al Ayuntamiento de Castillo-Playa de Aro consistente en que le pagara la cantidad de 15.888.320 pesetas, IVA incluido, por la aceleración de las obras de que aquella era adjudicataria en el Paseo Marítimo de la Playa de Aro (Gerona).
El Ayuntamiento demandado basó la contestación a la demanda (sin negar ni la aceleración de la obra, para salvar la temporada veraniega, ni tampoco la valoración de la misma) en la circunstancia de que el Ayuntamiento no fue parte contratante en el Convenio principal, sino que las partes fueron el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la entidad adjudicataria, no existiendo, por lo tanto, relación entre el Ayuntamiento y "Dragados y Construcciones S.A.", la cual, por eso mismo, no puede reclamar nada a la Corporación Municipal.
La sentencia de instancia estimó la demanda (aunque sólo en parte, pues varió el "dies ad quem" para el pago de intereses), con base en el fundamento básico de que fue el Ayuntamiento de Castillo-Playa de Aro quien contrató con la empresa constructora el adelanto de las obras, y es, por lo tanto, quien ha de responder frente a ésta, sin perjuicio de las relaciones interadministrativas entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento demandado.
Frente a esta sentencia ha interpuesto la Corporación municipal recurso de apelación, en el cual es tan poco lo que de nuevo dice que, aparte de remitirse expresamente a lo que expuso en la contestación a la demanda, sólo vuelve a negar su responsabilidad por el hecho de que la tercera parte contratante, es decir, la Administración Central, no firmó el convenio sobre la aceleración de las obras, por lo cual cabe afirmar (sigue diciendo) que este convenio no quedó perfeccionado.
Vamos a responder a la Corporación apelante con la misma concisión y brevedad que ella utiliza: está probado en autos que el Ayuntamiento de Castillo-Playa de Aro llegó a un acuerdo con "Dragados y Construcciones S.A." para acelerar las obras del Paseo Marítimo, a fin de no entorpecer la temporada veraniega, y que, por lo tanto, es dicho Ayuntamiento quien ha de pagar el correspondiente gasto. Buena prueba de que el Ayuntamiento fue parte contratante en ese convenio la proporciona el hecho de que la Corporación Municipal, en acuerdo de fecha 13 de Abril de 1987, "aprobó la relación de gastos presentada por la empresa contratista por importe de 15.888.320 pesetas", aprobación que carecía de sentido si el Ayuntamiento no fuese quien hubiera de asumir el pago de esos gastos.
Por lo demás, la sentencia de instancia explica correcta y ampliamente las relaciones existentes entre las partes interesadas, con unos argumentos que en forma alguna han sido no ya rebatidos sino ni siquiera debatidos por la Corporación apelante.
La parte apelada aprovecha la apelación para practicar unas cuentas sobre los intereses que exceden de su posición de recurrida, la cual sólo permite defender la sentencia impugnada. Sobre las bases establecidas en la sentencia, será en ejecución de ésta donde habrá de averiguarse el importe total de las cantidades accesorias según lo solicitado en vía administrativa por la parte actora.
No existen razones que aconsejen una condena en costas.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que desestimamos el presente recurso de apelación nº 1986/92, y, en consecuencia, confirmamos la sentencia de fecha 28 de Noviembre de 1991 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección 2ª) en su recurso contencioso administrativo nº 1208/89. Y sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
-
SAN, 13 de Abril de 2011
...de noviembre de 2004 , que la parte menciona en su escrito de demanda, viene a reiterar el criterio ya sentado por el Alto Tribunal en sentencia de 19 de noviembre de 1997 , recaida en un recurso de casación en interés de ley y en donde se sienta la doctrina de que no ha lugar a exigir inte......
-
SAP La Rioja 13/2016, 9 de Febrero de 2016
...resolución en lo que concierne a la suficiencia de los elementos de comprobación obrantes en la causa para continuar el proceso ( STS 19 noviembre 1997 ) . En atención a lo cual no cabe, como ya se adelantó en el acto del Juicio, sino atender a la petición realizada por la parte y declarar ......
-
SAP Córdoba 344/2011, 5 de Diciembre de 2011
...de acuerdo con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada ( art. 1.3 CC ), interpretación actualizada (por todas la STS 19.11.1997 ) que permita su adaptación a la realidad actual de la edificación, con interpretaciones extensivas sobre el concepto de ruina (que, además de la f......
-
STSJ Comunidad de Madrid 486/2017, 28 de Junio de 2017
...A sensu contrario, la condición de mero apelado " sólo permite defender la sentencia apelada " ( Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1997, rec. 1986/1992 ). En definitiva, en segunda instancia, toda pretensión de revocación o anulación de la Sentencia dictada en la instanci......