ATS, 4 de Junio de 2014
| Ponente | MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN |
| ECLI | ES:TS:2014:5780A |
| Número de Recurso | 2629/2013 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 4 de Junio de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a cuatro de Junio de dos mil catorce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Miguel Angel Luelmo Millan
Por el Juzgado de lo Social Nº 7 de los de Las Palmas se dictó sentencia en fecha 18 de enero de 2013 , en el procedimiento nº 425/12 seguido a instancia de Dª Patricia contra FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO, CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO y SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, FOGASA y MINISTERIO FISCAL, sobre despido, que estimaba la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y estimaba parcialmente la demanda interpuesta.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en fecha 19 de junio de 2013 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 24 de septiembre de 2013 se formalizó por el Letrado D. José Losada Quintas en nombre y representación de FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA), recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 4 de marzo de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
ÚNICO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 ; 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ; 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 ; 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 ; 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 ; y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Dicho presupuesto no concurre en el presente caso tal como se deduce de la comparación que ahora se realiza. Así, la sentencia recurrida confirma la improcedencia del despido de la trabajadora demandante, que había prestado servicios como "orientadora" para la Fundación demandada (Fundación Canaria de Fomento del Trabajo, en adelante, FUNCATRA), mediante dos contratos sucesivos celebrados con arreglo a la modalidad de obra o servicio determinado del art. 15.1.a) ET , "para el desarrollo del plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral" (denominado PEMO) publicado en el RD-L 2/2008 y prorrogado ulteriormente por Acuerdo de Consejo de Ministros de 30/4/2009, en el marco de colaboración que dicha fundación tenía suscrito con el Servicio Canario de Empleo (SCE), con una vigencia prevista hasta el 31/12/2012. Pero mediante comunicación de fecha de 27/1/2012 le fue comunicada a la actora la extinción de la relación laboral con efectos del 31/03/2012 por "terminación del servicio para el que fue contratado", habiéndose adoptado la misma medida con los otros 111 trabajadores adscritos a la ejecución del PEMO. La sentencia considera parte de la base -no cuestionada en suplicación- de que la contratación temporal fue regular, pero considera que la extinción del contrato se produjo antes de tiempo, pues el PEMO había sido prorrogado hasta finales del año 2012, sin que sea relevante el mantenimiento o no de la financiación.
Recurre la FUNCATRA en casación para la unificación de doctrina alegando que los contratos de obra o servicio fueron válidamente celebrados -cosa que no se cuestiona en suplicación- y que la extinción se produjo válidamente de acuerdo con el art. 49.1.c) E. Aporta de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de 9 de abril de 2007 (R. 3054/2006 ). En ese caso la trabajadora había sido contratada por la Fundación Andaluza Formación y Empleo (FAFFE), en el mes de enero de 2004, con arreglo a la modalidad de obra o servicio determinado del art. 15.1.a) ET , para "prestar apoyo técnico en el Proyecto de Modernización de Estrategias en el Ámbito de Empleo, para la puesta al día de la información de demandantes de empleo, contratos y ofertas, a través de atención y entrevistas y apoyo a la actualización de los sistemas de información" teniendo dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, con la categoría profesional de técnico. En julio de 2004 se incluyó un anexo al contrato en el que se establecía que este finalizaría a la terminación del objeto del mismo o por la falta de fondos afectados a dicho objeto. La actora había prestado sus servicios en la oficina del Servicio de Empleo Andaluz (SAE), sita en el Puerto de Santa María, en horario de 8 a 15 horas, y había realizado la actividad consistente en atender a los usuarios de dicho servicio público mediante la información general, inscripción de parados, actualización o modificación de demandas y entrevistas a los beneficiarios de Renta Agraria, para lo que utilizaba el material existente en la oficina. La FAFFE comunicó por escrito la finalización del contrato con efectos de 25 /1/2005 por expiración del periodo de vigencia de mismo. Disconforme con el cese la actora planteó demanda interesando se declarase nulo y subsidiariamente improcedente el despido acordado, alegando la existencia de una cesión ilegal entre la FAFFE y el SAE, así como el carácter indefinido de la relación por entender que el objeto real del contrato era la ejecución de las tareas normales y permanentes del Servicio Andaluz de Empleo. La sentencia de instancia declaró la existencia de cesión ilegal y la improcedencia del despido, con condena solidaria de FAFFE y SAE. Ambas partes recurrieron en suplicación, la actora solicitando que se declarara nulo el cese (por tratarse de un despido objetivo que no siguió el procedimiento adecuado), y las demandadas para que se declarara el mismo ajustado a derecho. La sentencia referencial estimó el recurso de estas últimas, revocando la resolución de instancia y absolviendo a las mismas de las pretensiones contra ellas deducidas, al no apreciar la existencia de cesión ilegal así como tampoco el fraude en la contratación temporal; en lo tocante a esto último, por entender que se cumplen las exigencias de determinación de la obra en los contratos celebrados por lo que ninguna objeción formal puede achacarse a los mismos, aun cuando su finalidad aparezca formulada con una cierta generalidad que no equivale a indeterminación del objeto, y concluir que el proyecto tiene autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal de la FAFFE.
Resulta claro, a la vista de lo expuesto, que no concurre la contradicción pues en el caso de la sentencia recurrida se declara la improcedencia del despido, partiendo de la regularidad -declarada en la instancia y no cuestionada en suplicación- de los contratos de obra o servicio celebrados, por haberse producido la extinción del último de esos contratos antes de que finalizara la vigencia del "plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral" (PEMO) que constituía su objeto, mientras que eso no sucede en la sentencia de contraste que se centra en la determinación de la existencia de cesión ilegal y del carácter fraudulento de los contratos celebrados.
Las consideraciones anteriores no quedan desvirtuadas en modo alguno por las alegaciones realizadas por la parte recurrente, en las que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 4 de marzo de 2014, sin aportar argumentos novedosos que sirvan para contradecir el contenido de la misma, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 219.1 , 225.5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas a la recurrente, y pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda de acuerdo con la sentencia de suplicación.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. José Losada Quintas, en nombre y representación de FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de fecha 19 de junio de 2013, en el recurso de suplicación número 455/13 , interpuesto por FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Las Palmas de fecha 18 de enero de 2013 , en el procedimiento nº 425/12 seguido a instancia de Dª Patricia contra FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO, CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO y SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, FOGASA y MINISTERIO FISCAL, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la recurrente, y pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
