STS, 3 de Febrero de 2000
| Ponente | EMILIO PUJALTE CLARIANA |
| ECLI | ES:TS:2000:728 |
| Número de Recurso | 412/1997 |
| Fecha de Resolución | 3 de Febrero de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Febrero de dos mil.
Vistos por esta Sección de la Sala Tercera los pre-sentes autos 1/412/1997 promovi-dos por la Letrada Dña. Julia Garmilla González, en represen-tación y defensa de Dña. Alejandra , sobre recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada, en 28 de febrero de 1991, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, referencia núm. 1.099/1987, sobre personal de la Administración Pública.
En 18 de abril de 1997, Dña. Alejandra formuló ante esta Sala demanda de revisión, más tarde ratificada por la Letrada Dña. Julia Garmilla González, contra la sentencia mencionada de la Sala de Burgos en la que, tras alegar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó del caso, pidió sentencia por la que "se proceda a revisar la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, firmada el 28 de febrero de 1991, referente al Recurso Nº 1099/87 y en su virtud ese Alto Tribunal reconozca que ha habido error judicial, lo corrija y me conceda lo solicitado en el citado recurso ...", a cuyo efecto acompañó fotocopia compulsada de la referida sentencia.
Solicitado del Fiscal el dictamen a que se refiere el Art. 1.802 de la Ley de Enjuiciamiento civil, fue evacuado en escrito de 19 de mayo de 1999, proponiendo rechazar de plano el presente recurso "por haber transcurrido sobradamente el plazo de cinco años que, como límite máximo para su interposición, establece el Art. 1.800 LEC".
Seguidamente se dio traslado de la demanda al Abogado del Estado para su contestación en plazo de seis días, trámite que fue evacuado en escrito de 23 de julio de 1999, solicitando de la Sala que "declare improcedente este recurso".
Tras lo anterior, quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar el día 1º de febrero de 2000, y
SIENDO Ponente el Magistrado Excmo. Sr. Don Emilio Pujalte Clariana.
Habiéndose alegado por el Fiscal y por el Abogado del Estado la extemporaneidad del presente recurso, es forzoso comenzar examinando dicho motivo de admisión que, de prosperar, impediría entrar en cualquier otro pronunciamiento.
Resulta acreditado que la sentencia dictada, en 28 de febrero de 1991, por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fue publicada en la propia fecha y notificada a Dña. Alejandra el 14 de marzo de 1991, en tanto que la demanda de revisión ante este Tribunal Supremo formulada por la citada señora (aun prescindiendo de la fecha en que la ratificó la Letrada Dña. Julia Garmilla) fue el 18 de abril de 1997, es decir cuando, con notorio exceso, había transcurrido el plazo de cinco años.
Sin perjuicio de que el Art. 1.798 de la Ley de Enjuiciamiento civil (a la que remite el Art. 102c-2 de la Ley de esta Jurisdicción, en su redacción dada por la Ley 10/1992) establece el plazo de tres meses en el caso de que la sentencia se hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, que es el motivo del Art. 102c-1-d) que invoca la recurrente, el Art. 1.800 dispone que «En ningún caso podrá interponerse el recurso de revisión después de transcurridos cinco años desde la fecha de publicación de la sentencia que hubiere podido motivarlo.- Si se presentare pasado este plazo, se rechazará de plano»; y esta es la situación en que se encuentra el presente recurso, como antes quedó visto.
Sin perjuicio de que, explícitamente, dice la demanda de revisión que se fundamenta en el Art. 102c-1-d) de la Ley Jurisdiccional, es decir, «Si la sentencia se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta», como quiera que a lo largo de ella se hacen referencias al "error judicial", conviene señalar que en virtud del Art. 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, igualmente sería extemporánea por haberse interpuesto transcurrido el citado plazo de tres meses.
Procediendo se rechazado de plano el presente recurso por ser extemporáneo, no ha lugar a hacer declaración en cuanto al pago de las costas, disponiendo la devolución del depósito constituido a la recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
No haber lugar al recurso de revisión promovido por Dña. Alejandra contra la sentencia dictada, en 28 de febrero de 1991, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que se rechaza de plano; sin hacer declaración expresa en cuanto al pago de las costas y ordenando la devolución del depósito a la recurrente.
Así por esta nuestra sentencia que, en su caso, se publicará en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Colección de Jurisprudencia de este Tribunal que edita el Con- sejo Gene-ral del Poder Judicial, defini-tivamente juzgando lo pronuncia-mos, manda-mos y firma-mos.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sen- tencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estan-do constituida la Sala en audiencia pública, lo que como Secre-tario de la misma certifico. Madrid a tres de febrero de 2000.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
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