STS, 24 de Octubre de 2000
| Ponente | RICARDO ENRIQUEZ SANCHO |
| ECLI | ES:TS:2000:7688 |
| Número de Recurso | 8135/1994 |
| Fecha de Resolución | 24 de Octubre de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Octubre de dos mil.
VISTO el recurso de casación, que ante Nos pende, interpuesto por la entidad mercantil Fernando Méndez, S.A., representada por el Procurador D. Luciano Rosch Nadal, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 20 de junio de 1994, sobre petición de nulidad de la cantidad reclamada por el Ayuntamiento de Sevilla en concepto de reparcelación económica, habiendo comparecido como parte recurrida la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, representada por un Letrado de su Servicio Jurídico.
Con fecha 26 de noviembre de 1991 la entidad mercantil Fernando Méndez, S.A. dirigió escrito al Ayuntamiento de Sevilla en que se pedía que se declarase la nulidad de pleno derecho del expediente nº 6/87 de reparcelación discontinua tramitado para la concesión de la correspondiente licencia de obras, y la devolución de la cantidad de 7.246.635 pesetas, satisfechas en concepto de reparcelación económica, mas los intereses legales desde la fecha en que se produjo el ingreso, y, ante el silencio de la Administración, denunció la mora el 10 de marzo de 1992, sin que aquélla dictara resolución expresa.
Contra la anterior resolución presunta se interpuso por Fernando Méndez, S.A. recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el nº 3029/92 en el que recayó sentencia de fecha 20 de junio de 1994 por la que se desestimaba el recurso interpuesto.
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 18 de octubre de 2000, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
La entidad mercantil Fernando Méndez, S.A., que el 20 de abril de 1987 satisfizo al Ayuntamiento de Sevilla la cantidad de 7.246.635 pesetas, en concepto de reparcelación económica discontinua, en aplicación de los artículos 41 a 44 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de junio de 1994, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por aquella entidad contra la denegación presunta de la petición, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, de que se declarase la nulidad de pleno derecho del expediente de reparcelación discontinua determinante de la suma expresada, y el derecho a la devolución de lo satisfecho, con los intereses legales correspondientes, petición fundada en que los indicados preceptos del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla fueron declarados nulos por elTribunal de instancia en sentencia de 26 de octubre de 1988, confirmada por la de esta Sala de 18 de octubre de 1990.
La Sala de instancia ha resuelto la cuestión planteada aplicando una reiterada doctrina de esta Sala que, tanto en supuesto de "cargas provisionales" exigidas por el Ayuntamiento de Sevilla como de "liquidaciones provisionales" giradas por el de Madrid, pero siempre a cuenta de una futura reparcelación, ha declarado que la nulidad de las disposiciones de los planes generales urbanísticos de los citados Ayuntamientos que regulaban la reparcelación económica discontinua no autorizaba la impugnación de los actos dictados en aplicación de aquellas transcurridos los plazos prescritos para ello, por impedirlo lo establecido en el artículo 120.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (LPA).
Sin embargo, como hemos declarado en sentencias de 22 de diciembre de 1992 y 4 de enero de 1996, es preciso matizar si nos encontramos ante un recurso jurisdiccional en que se accione directamente contra acto de aplicación de la norma ilegal , en cuyo caso el recurrente ha de someterse a los plazos de ejercicio de la acción establecidos en los artículos 52 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJ), o que nos encontremos ante un ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 109 LPA, puesto que en tal caso no existe plazo alguno, ya que en ese precepto se concede una acción para que, fuera de todo recurso de naturaleza administrativa, ordinario o extraordinario, y sin sujeción a los plazos de interposición de los mismos, la Administración autora de un acto o disposición general inicie el procedimiento revisorio en él reglado, lo siga por todos sus trámites y lo ultime con una resolución en el que la pretensión de nulidad ejercitada sea objeto de una decisión, contra la que, si es desestimatoria, pueda el interesado acudir a la oportuna revisión judicial.
La sentencia recurrida no ha tenido en cuenta la diferenciación a que hemos hecho referencia y desestima el recurso interpuesto por la sociedad Fernando Méndez, S.A. por entender que la liquidación impugnada había quedado firme y consentida, al no haberse interpuesto contra ella recurso alguno en los plazos ordinarios, Sin embargo, al amparo del artículo 95.1.4º LJ, la parte recurrente opone dos motivos de casación en los que, con invocación de los artículos 109 y 120 LPA, pone de manifiesto que lo que ejercitó ante el Ayuntamiento de Sevilla fue una acción de nulidad, conforme al primero de aquellos preceptos, basada en la nulidad de pleno derecho, acción para cuyo ejercicio no existe plazo alguno de prescripción. Y, en efecto, en el escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla el 26 de noviembre de 1991 se contiene una inequívoca referencia al artículo 109 LPA y a la obtención, por esta vía, de una declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación en su día girada a la recurrente en virtud de ella, así como a la devolución de lo satisfecho. Por todo ello el presente recurso de casación ha de ser estimado.
La cuestión de fondo suscitada en el proceso no es tanto si en la "carga provisional" girada por el Ayuntamiento de Sevilla a la sociedad recurrente concurre una causa de nulidad de pleno derecho que pueda conducir a que esta Sala así lo declare y condene a la Corporación demandada a la devolución de lo pagado por aquella sociedad, como la de declarar si hay indicios suficientes para que el Ayuntamiento de Sevilla inicie el correspondiente expediente de nulidad y depure el acto sometido a su conocimiento, puesto que este Tribunal Supremo tiene declarado que "en el procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos y disposiciones generales, suscitado al amparo del artículo 109 LPA, dicho examen de fondo está condicionado a la previa tramitación del procedimiento adecuado por la Administración autora del acto o reglamento sujeto a revisión, del que es pieza esencial el dictamen favorable del Consejo de Estado, de tal manera que, eludido dicho trámite, bien por total inactividad que desemboca en desestimación presunta por silencio, bien por resolución expresa que inicia el trámite pero no lo concluye, lo procedente no es que la Jurisdicción entre a conocer del acto o la norma, sino que ordene a la Administración que inicie el trámite y lo concluya dictando la pertinente resolución expresa en orden a si se produjo la nulidad pretendida (sentencias de 7 de mayo de 1992, 22 de octubre de 1990, 18 de abril de 1988 y 21 de febrero de 1983, entre otras).
La parte recurrente aduce que la nulidad de pleno derecho de la liquidación que le fue girada por reparcelación económica deriva de que se trata de un acto de aplicación de los artículos 41 a 44 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla de 1982, declarados nulos en virtud de un recurso directo interpuesto contra ellos, e invoca como causa de nulidad el artículo 47.2 LPA. Ni el precepto invocado se refiere a los actos administrativos, cuyas causas de nulidad de pleno derecho se encuentran tasadas en los tres supuestos descritos en el apartado primero de dicho artículo, ni la nulidad de pleno derecho de una disposición de carácter general determina, sin mas, que los actos de aplicación incurran en un vicio de la misma naturaleza, pero no puede menos de reconocerse que cuando se produce aquella declaración de nulidad, las peticiones de revisión presentadas conforme al artículo 109 LPA por quienes no impugnaron los actos de aplicación, confiando legítimamente en la legalidad de las disposiciones administrativas de carácter general habilitantes, merecen, al menos, ser atendidas y que losactos dictados sean depurados tras el procedimiento establecido en ese precepto. No es esto lo que solicita en este proceso la parte recurrente, sino que se declare por el Tribunal la nulidad de la liquidación practicada y se condene al Ayuntamiento de Sevilla a la devolución de lo satisfecho en virtud de aquélla. Se trata de una petición que no es cualitativamente diferente de lo pedido en vía administrativa, pero que no puede ser atendida íntegramente, en atención a la doctrina jurisprudencial antes expuesta. Por ello, hemos de estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto y condenar al Ayuntamiento de Sevilla a tramitar el oportuno expediente de revisión establecido en el artículo 109 LPA y concluir el mismo con la resolución que, tras los dictámenes preceptivos, considere procedente.
Conforme al artículo 102, de la Ley de esta Jurisdicción, no procede hacer declaración expresa sobre las costas causadas en la instancia ni en este recurso.
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Declaramos haber lugar al recurso de contencioso administrativo interpuesto por la entidad mercantil FERNANDO MENDEZ, S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de junio de 1994.
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Casamos dicha resolución.
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Estimamos en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la citada entidad contra la desestimación presunta de su petición, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, de que se declarase la nulidad de pleno derecho del expediente nº 6/1987 de reparcelación discontinua, tramitado por la concesión de una licencia de obras.
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Condenamos a la Administración demandada a la tramitación del expediente regulado en el artículo 109 LPA y a que concluya el mismo con la resolución que estime pertinente.
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No hacemos especial declaración sobre las costas causadas en la instancia y en este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de esta Sala, de todo lo cual, yo, la Secretaria, certifico.
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