STS, 9 de Febrero de 2000
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 09 Febrero 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Febrero de dos mil.
Visto el recurso de casación nº 2996/94, interpuesto por el Procurador Sr. Avila del Hierro, en nombre y representación del Ayuntamiento de Barcelona, contra la sentencia dictada en fecha 4 de Febrero de 1994 y en su recurso nº 677/91, por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre impugnación de licencia de obras, siendo parte recurrida D. Juan Ignacio , representado por la Procuradora Sra. Rodríguez Chacón. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección 3ª), dictó sentencia estimando en parte el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del Ayuntamiento de Barcelona se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de Marzo de 1994, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 29 de Abril de 1994, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se desestimara el recurso contencioso administrativo.
El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 7 de Febrero de 1996, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (D. Juan Ignacio ) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 23 de Febrero de 1996, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 10 de Enero de 2000, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 2 de Febrero de 2000, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección 3ª) dictó en fecha 4 de Febrero de1994, y en su recurso contencioso administrativo nº 677/91, por medio de la cual se estimó en parte el formulado por D. Juan Ignacio contra la resolución del Sr. Regidor-Consejero del Ambito de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona de fecha 18 de Octubre de 1990, (confirmada presuntamente en reposición), que concedió a "Red Nacional de Ferrocarriles Españoles S.A." (RENFE) licencia para la edificación de un Hotel en el emplazamiento de la Estación de Sants, Plaza de los Países Catalanes, de Barcelona.
El Tribunal de instancia estimó en parte el recurso contencioso administrativo y decidió lo siguiente:
-
- Anuló la licencia impugnada, con base en el argumento principal de que la modificación del Plan General Metropolitano que servía de apoyo jurídico a la licencia impugnada no había sido publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña en la forma establecida en el artículo 70-2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y, por lo tanto, era ineficaz, es decir, inaplicable jurídicamente; con la consecuencia entonces de ser aplicable la normativa anterior, que no preveía el uso hotelero.
-
- Decidió, además, que sólo habría lugar a acordar la demolición de lo construido si no se procedía a dotar de eficacia a la modificación del Plan General Metropolitano cuestionada mediante la correspondiente publicación de este instrumento urbanístico en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña y de no procederse a la legalización posterior mediante la concesión de la oportuna licencia de las obras llevadas a cabo.
-
- Desestimó en todo lo demás el recurso contencioso administrativo.
El Ayuntamiento de Barcelona ha interpuesto recurso de casación contra esa sentencia. En él, con el ropaje de tres ordinales, se articulan tres motivos, algunos, como veremos, sin el soporte jurídico necesario.
En el primer motivo se alega infracción de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo a tenor de la cual en la impugnación indirecta de disposiciones de carácter general no pueden alegarse vicios formales de éstas, citándose las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de Marzo de 1992 y 28 de Junio de 1993.
Ahora bien, el motivo debe ser desestimado, porque, en el presente caso, no se ha estimado el recurso indirecto por un vicio formal en la elaboración del Plan (v.g. falta de información pública), sino por un vicio que afecta a la misma eficacia de la norma, ya que, en efecto, su falta de publicación lo hace ineficaz y, por lo tanto, inhábil para servir de soporte a cualquier acto de aplicación.
En el segundo apartado se pregunta la Corporación recurrente si en la Comunidad Autónoma de Cataluña es o no necesaria la publicación del Texto íntegro de la normativa urbanística de que se trate, o por contra es suficiente la publicación del anuncio del acuerdo.
En este motivo cita la parte recurrente en casación el artículo 162-3 de la Ley 8/87, de 15 de Abril, de Régimen Local y Municipal de Cataluña y los artículos 71 y 89 del Decreto Legislativo de Cataluña 1/90, de 12 de Julio, de los que la parte quiere deducir que basta con la publicación del acuerdo de aprobación de los Planes Urbanísticos para que estos sean eficaces.
Ahora bien, a un tal razonamiento contesta muy adecuadamente el Tribunal de instancia, diciendo que la materia que nos ocupa se refiere a la eficacia de las normas jurídicas (pues los Planes de Urbanismo lo son), y que, por lo tanto, correspondiendo la misma a la competencia exclusiva del Estado, (artículo 149-1-8ª de la Constitución Española), cualquier norma autonómica ha de interpretarse de acuerdo con la normativa estatal, en este caso, con el artículo 70-2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de Abril de 1985, en el sentido en que este precepto ha sido interpretado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (véase, por todas, las sentencias de 10 de Abril de 1990, 11 de Julio de 1991 y 22 de Octubre de 1991, entre otras muchas), es decir, en el de que la eficacia de los Planes Urbanísticos, ya corresponda su aprobación definitiva a los Ayuntamientos ya a las Comunidad Autónomas, exige la previa publicación de todas sus normas y no sólo la del acuerdo de aprobación definitiva.
Bajo el ordinal III-3, se pregunta el Ayuntamiento de Barcelona sobre si es o no suficiente la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que sean eficaces los Planes de Urbanismo. Aquí la Corporación recurrente no cita norma estatal alguna como infringida, sino que se limita a reproducir dos sentencias de la propia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,una de 27 de Abril de 1992 y otra dictada en los autos 1134/90, las cuales, como es obvio, no sirven para fundamentar un recurso de casación.
En definitiva, la parte ha incumplido la carga que le impone la Ley Jurisdiccional (artículo 99-1) de "expresar razonadamente el motivo o motivos en que se ampara, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas", por cuya razón el motivo ha de ser desestimado, y, en conclusión, el mismo recurso de casación.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 102-2 de la L.J., procede condenar al Ayuntamiento de Barcelona en las costas del presente recurso.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 2996/94 y, en consecuencia, confirmamos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 4 de Febrero de 1994 y en su recurso contencioso administrativo nº 677/91. Y condenamos al Ayuntamiento de Barcelona en las costas del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
-
STSJ Castilla y León , 18 de Enero de 2001
...si esa aprobación ha sido realizada por el correspondiente órgano autonómico. Como se indica expresamente en la citada sentencia del T.S. de 9 de febrero de 2.000 "la eficacia de los Planes Urbanísticos, ya corresponda su aprobación definitiva a los Ayuntamientos ya a las Comunidades Autóno......
-
SJCA nº 1 260/2022, 17 de Octubre de 2022, de Murcia
...acto de aplicación, sin que quepa la subsanación del vicio con la posterior publicación de la normas del PGOU. En este sentido, la STS de 9 de febrero de 2000, recurso de casación núm. 2996/1994, (RJ 2000/595) precisó que estimaba el recurso indirecto, no por un vicio formal en la elaboraci......
-
STS, 14 de Julio de 2010
...de la Normas Subsidiarias de la Villa de Adeje, en las que el Plan Parcial se fundamentaba. Por todas, podemos recordar la STS de 9 de febrero de 2000, en al que, con carácter general dijimos que "Ahora bien, a un tal razonamiento contesta muy adecuadamente el Tribunal de instancia, diciend......
-
STSJ Comunidad Valenciana 597/2003, 2 de Abril de 2003
...nunca entró en vigor", haciendo una mención a la doctrina jurisprudencial vigente sobre este campo tal y como es reflejada en la STS de 9 febrero 2000, Ar. "... en el sentido en que este precepto ha sido interpretado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo... es decir, en el de que la ef......
-
El urbanismo y la jurisdicción contencioso administrativa. Estudio jurisprudencial
...efecto, su falta de publicación lo hace ineficaz y, por lo tanto, inhábil para servir de soporte a cualquier acto de aplicación» (STS de 9 de febrero de 2000). La impugnación indirecta presenta la peculiaridad de que cuando un Juez o Tribunal hubiere dictado sentencia firme estimatoria por ......
-
El ordenamiento territorial y urbanístico de la comunidad de Castilla y León
...como normas jurídicas de carácter reglamentario (p. ej. STS de 8 de mayo de 1968, AR. 2548, y muchas más hasta la actualidad, STS de 9 de febrero de 2000, AR. 595, y STC 56/1986, de 13 de mayo, FJ núm. 4). Técnica jurídica que se recoge con claridad en los arts. 7 y En este mismo sentido, t......
-
El proyecto de ley del suelo de 14 de julio de 2006 en la evolución del ordenamiento urbanístico y territorial español
...229) y 4 de noviembre de1972 (AR. 4692); aceptándolo la doctrina jurisprudencial, ya mayoritariamente, desde estos años (p. ej., STS de 9 de febrero de 2000, AR. 595), e incluso se ha asumido por el Tribunal Constitucional (STC 56/1986, de 13 de mayo, FJ núm. 4, al señalar que «... el plane......