STS, 30 de Mayo de 2000

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Madrid dictó sentencia el 20 de octubre de 1995, cuyo fallo dice:

Fallamos que estimando en parte el recurso interpuesto por el procurador de los Tribunales D. José Luis Ferrer Recuero, actuando en nombre y representación de Dña. Leonor y otros, contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación de 28 de abril de 1993 por la que se fijó como justiprecio de los bienes expropiados la suma de 2 643 481 pesetas, debemos anular y anulamos los actos impugnados y en su lugar procede fijar como justiprecio de los bienes expropiados en 5 597 016 pesetas, más los intereses legales procedentes, sin hacer expresa condena en costas.

La sentencia se funda, en síntesis, en lo siguiente:

No se ha probado la correcta clasificación del suelo como urbano.

Se trata de una expropiación fundada en la ejecución del Proyecto El Querol (Plan Parcial I/2) en las que son de aplicación los artículos 103 y siguientes del Texto refundido de 1976 y no el artículo 43 de la Ley de Expropiación forzosa.

Los valores fiscales superiores correspondientes a los ejercicios de 1981 a 1986 no cumplen con las exigencias previstas en el artículo 145 del Reglamento de Gestión Urbanística.

No se comparte, en atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el argumento de la imposibilidad de aplicar el aprovechamiento urbanístico del Plan que justifica la expropiación, cuando éste disminuye el anterior.

Se han traído testimonios de sendas pruebas periciales practicadas en otros procesos. En el informe del recurso 905/93 y en el 929/93 se obtienen valores de repercusión de 81.183 pesetas el metro cuadradoy 71.900 pesetas el metro cuadrado, respectivamente, que se aplican sobre la edificabilidad fijada en el Proyecto El Querol (0,39 metros cuadrados por metro cuadrado), descontando el diez por ciento de cesiones (0,9). Este Tribunal se inclina por estimar más ajustada la pericial del dictamen del recurso 929/93, por cuanto se toman en consideración los gastos del futuro planeamiento. El aumento del diez por ciento por grado de urbanización no se considera aplicable pues la infraestructura ha sido demolida.

El valor resultante, de 23.816 pesetas el metro cuadrado debe aplicarse sobre la superficie de 156,25 metros cuadrados, lo que arroja un justiprecio de 3. 721 250 pesetas, suma a la que debe añadirse el importe de las edificaciones y arbolado, aceptando las cantidades fijadas por el Jurado, por no haber sido desvirtuadas: edificación: 1 401 502 pesetas; construcciones 159 440 pesetas; arbolado: 48 300 pesetas; total: 1 609 242 pesetas. Añadiendo el 5 % de afección resulta un total de 5 597 016 pesetas.

Habiendo tenido lugar la ocupación el 2 de noviembre de 1989, la fecha inicial para el cómputo de los intereses de demora del artículo 56 de la Ley de Expropiación forzosa ha de ser el 3 de noviembre de 1989, sin perjuicio de los intereses previstos en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid se formulan, en síntesis, los siguientes motivos de casación:

Motivo primero. Infracción de los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 8/1990 sobre Régimen de suelo y valoraciones (conforme a los cuales debe tasarse por el valor inicial, más el cincuenta por ciento de la urbanización agregado por la incorporación del derecho a urbanizar).

Motivo segundo. Infracción del artículo 72, en relación con el artículo 39, de la Ley 8/1990 sobre Régimen de suelo y valoraciones (el aprovechamiento atribuible al suelo urbanizable es el del 50 por ciento).

Solicita que se declare haber lugar al recurso.

Este recurso fue declarado inadmisible por auto de 5 de mayo de 1997.

En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de Dña. Leonor , Dña. Paloma , Dña. Regina y D. Juan Pedro se formulan, en síntesis, los siguientes motivos de casación:

Motivo primero. Al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley de la Jurisdicción, por vulneración del artículo 105 de la Ley del Suelo de 1976.

En la sentencia se aplica el coeficiente de edificabilidad de 0,39 metros cuadrados por metro cuadrado, descontando el 10 por ciento en concepto de cesión obligatoria. Sin separarse de los criterios de la Sala, procede corregir el error padecido y aplicar la fórmula del valor urbanístico obrante en los informes periciales aplicando la edificabilidad vigente en el Plan Parcial I/2 de 1,12 metros cuadrados por metro cuadrado, teniendo en cuenta el carácter urbanístico de la expropiación y la aplicabilidad aceptada por la Sala de los criterios de los artículos 103 y siguientes de la Ley del Suelo y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística.

Motivo segundo. Al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley del Suelo, por vulneración del artículo 36 de la Ley de Expropiación forzosa.

Frente a la exigencia de tasación independiente del vuelo, el tribunal a quo considera improcedente en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico quinto el aumento del 10 por ciento que contempla el informe pericial del recurso 905/93 por entender que la demolición de la infraestructura ha implicado un coste.

Por lo demás, el valor en venta señalado en el informe correspondiente al recurso 905 es más adecuado que el señalado en el recurso 929.

Termina solicitando que se declare haber lugar al recurso y que se fije el justiprecio de conformidad con lo expuesto.

En el escrito de oposición al recurso de casación presentado por el abogado del Estado sealega, en síntesis, que los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida no se desvirtúan, a juicio de dicha representación, por las alegaciones formuladas de contrario que no sirven para acreditar la realidad de la infracción del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia, motivos en que se funda el recurso.

Termina solicitando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas a la parte recurrente.

En el escrito de oposición al recurso de casación presentado por la representación procesal de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid se hacen, en síntesis, las siguientes consideraciones:

No existe infracción del artículo 105 de la Ley del Suelo, pues, tratándose de suelo urbanizable programado, se aplica el aprovechamiento medio del Plan General (0,39 metros cuadrados por metro cuadrado), como declara el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de junio de 1993.

No hay infracción del artículo 36 Ley de Expropiación Forzosa. El segundo motivo es reiteración del primero, y el artículo 36 Ley de Expropiación Forzosa no es de aplicación por tratarse de una expropiación urbanística.

Solicita que se declare no haber lugar al recurso.

Para la deliberación y fallo del presente recurso se fijó el día 25 de mayo de 2000, en que tuvo lugar.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por Dña. Leonor , Dña. Paloma , Dña. Regina y D. Juan Pedro contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Madrid el 20 de octubre de 1995, por la que, estimando en parte el recurso interpuesto contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación de 28 de abril de 1993, se fija el justiprecio de los bienes expropiados en 5 597 016 pesetas, más los intereses legales procedentes.

En el motivo primero, al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley de la Jurisdicción, por vulneración del artículo 105 de la Ley del Suelo de 1976, se alega, en síntesis, que en la sentencia se aplica el coeficiente de edificabilidad de 0,39 metros cuadrados por metro cuadrado, descontando el 10 por ciento en concepto de cesión obligatoria. Sin separarse de los criterios de la Sala, procede corregir el error padecido y aplicar la fórmula del valor urbanístico obrante en los informes periciales aplicando la edificabilidad vigente en el Plan Parcial I/2 de 1,12 metros cuadrados por metro cuadrado, teniendo en cuenta el carácter urbanístico de la expropiación y la aplicabilidad aceptada por la Sala de los criterios de los artículos 103 y siguientes de la Ley del Suelo y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística.

El motivo debe prosperar.

De los autos se desprende que la Sala a quo acepta el resultado del dictamen pericial practicado en el proceso número 929/93 de instancia, que parte de un valor de repercusión de 71.900 pesetas el metro cuadrado, el cual se aplica al aprovechamiento señalado en el Plan General para el suelo urbanizable programado, es decir, el aprovechamiento medio de todo el suelo de esta clasificación determinado en el Plan General, que se fija en 0,39 metros cuadrados por metro cuadrado. La aplicación de un coeficiente por cesión obligatoria de 0,9 y la sustracción de 1420,62 pesetas por metro cuadrado a título de costes de urbanización arrojan el precio unitario de 23 816 pesetas por metro cuadrado al que llega la sentencia.

Esta forma de proceder infringe lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley del Suelo, pues éste ordena estar al aprovechamiento medio que corresponda al sector, y no puede tener virtualidad en contra de sus prescripciones, dado el carácter subordinado a la ley que el reglamento ostenta, el artículo 146.b) del Reglamento de Gestión Urbanística, en cuanto ordena deducir de dicho aprovechamiento, en su caso, el exceso respecto del aprovechamiento medio de todo el suelo urbanizable programado, como ya tiene declarado esta Sala en sentencias de 24 de febrero de 1982 y 26 de febrero de 1983.

En la primera de ellas se declara que la Sala no puede desentenderse del texto literal del párrafo inicial del apartado 2 del artículo 105 de la Ley del Suelo, que ordena calcular el valor urbanístico «una vez deducidos los terrenos de cesión obligatoria», frase que, por lo pronto, fuerza a deducir el 10 por ciento delaprovechamiento medio del sector ya que así lo impone incondicionalmente el artículo 84.3.b); ahora bien sobre la deducción del exceso de ese aprovechamiento del sector respecto al medio de la totalidad del suelo urbanizable programado, las vacilaciones se espesan hasta dar pie a la opinión contraria a causa de la referencia del párrafo 2º del artículo 84.2.b) a los fines de compensación previstos en el apartado 4 de este precepto y a causa también de la doble mención del valor del aprovechamiento medio del sector -en el artículo 84.3.b) y en el artículo 105.2 segundo supuesto-, ya que, no existiendo posibilidad de compensaciones por adjudicación de terrenos (artículo 84.4) falta la de dar a éstos el destino ordenado, por todo lo cual concluye la Sala que, siendo rechazable cualquier eventualidad de confiscación tácita, el sistema de expropiación no incluye como cesión obligatoria y gratuita la del exceso expresado en casos de elección de tal sistema -y sí, en cambio, sólo la del 10 por ciento impuesta sin excepción alguna-, conclusión interpretativa que parece chocar con la redacción del artículo 146.b) del Reglamento de Gestión, que añade el mandato de deducir el exceso inmediatamente después de la mención del aprovechamiento medio del sector, pero que debe mantenerse porque la vía reglamentaria no es adecuada para modificar el sentido de los preceptos de la ley tal como han sido explicados (de otro modo se aplicaría como tope máximo el valor del aprovechamiento medio del total urbanizable y por contra, por imperativo legal se utilizaría el del sector sólo para los inferiores aunque no estén previstas adjudicaciones de terrenos compensatorias ni reducción de cargas para quienes no conservan derecho dominical alguno).

En el segundo motivo de casación, aparte del aspecto que ha sido ya examinado y que determina la procedencia de casar la sentencia recurrida, se invocan, como infracciones del artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, diversos errores en la determinación del justiprecio.

Este motivo debe también prosperar.

Se alega, en primer término, que no se está de acuerdo con el Tribunal cuando en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico quinto considera improcedente el aumento del 10 por ciento que contempla el informe pericial emitido en el recurso 905/93 por coste de demolición de la infraestructura. A pesar de que el expresado aumento no ha sido objeto de consideración por el perito en el dictamen que la Sala considera aplicable, en el que, muy al contrario, se aplica una reducción por gastos de urbanización en la cuantía de 1420,62 pesetas por metro cuadrado, sino en el dictamen pericial que la Sala no acepta, lo cierto es que, como hemos declarado en casos similares al presente, y dado que el motivo por el que la Sala de instancia rechaza dicho incremento del 10 por ciento radica en que tuvieron que demolerse los servicios urbanísticos existentes, según se manifiesta en la sentencia recurrida, resulta aplicable el criterio que hemos seguido al resolverlos, entendiendo que debe ser estimado en este aspecto el motivo del recurso de casación, pues el artículo 105.3 de la Ley del Suelo de 1976 no hace distinción alguna frente a la existencia de un determinado grado de urbanización, por lo que el hecho de que el nuevo diseño urbano haya obligado a su demolición no es causa legal para excluir el incremento procedente (v. gr., sentencia de 15 de octubre de 1999). No obsta al incremento citado la procedencia de la deducción en concepto de gastos de urbanización de la suma de 1420,62 pesetas por metro cuadrado que la Sala acepta, pues resulta perfectamente compatible el incremento del justiprecio en virtud de un grado de urbanización existente con la previsión de su demolición y de la realización de una nueva urbanización que implica a cargo del propietario del terreno costes ajenos al valor económico de la primitivamente existente, que, aun siendo inútil a los efectos de realización del polígono proyectado, no resulta indiferente a los efectos de valoración del terreno expropiado.

No puede, en cambio, tomarse en consideración el hecho de que en el dictamen correspondiente al recurso 905 se llegue a un valor en venta distinto del que fija el perito en el dictamen que en definitiva el tribunal considera más convincente, pues constituye ésta una cuestión de valoración de la prueba que no puede ser revisada en casación, dada la facultad exclusiva del tribunal de instancia para fijar los hechos que deben servir de fundamento a la decisión de conflicto planteado.

El artículo 102.1.3º de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa de 27 de diciembre de 1956, aplicable a este proceso por razones temporales, dispone que en determinados casos, entre los que se encuentra el de estimación del recurso de casación por alguno de los motivos deducidos al amparo del artículo 95.1.4º de la citada Ley, la Sala resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.

De conformidad con lo razonado, el justiprecio correspondiente al suelo debe fijarse sustituyendo en la valoración efectuada por la Sala de instancia, que se acepta en las demás partes, el aprovechamiento fijado. Dada la ausencia de suficientes elementos de justificación en los autos para determinar en este momento dicho aprovechamiento, será menester que dicho valor se fije en ejecución de sentencia, con el límite impuesto por el principio de congruencia y prohibición de la reforma peyorativa, según el cual lacantidad resultante no podrá ser inferior a la reconocida por la Sala de instancia ni superior a la solicitada en su hoja de aprecio por los expropiados. A ella se añadirá el cinco por ciento de afección y los intereses legales por demora que señala la Ley de Expropiación forzosa a partir del 3 de noviembre de 1989, por las razones expuestas en la sentencia recurrida. Asimismo, habrá lugar a los intereses legales derivados de la aplicación del artículo 106 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso- administrativa a partir de la notificación de la presente sentencia, con el incremento previsto en el citado artículo si se dan los presupuestos legales para ello, dada su aplicabilidad al presente proceso en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa vigente.

Procede, en suma, estimando parcialmente el recurso interpuesto por el procurador Sr. Ferrer Recuero en nombre y representación de Dña. Leonor , Dña. Paloma , Dña. Regina y D. Juan Pedro contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación de 28 de abril de 1993 por la que se fijó como justiprecio de los bienes expropiados la suma de 2 643 481 pesetas, anular el acto impugnado, por no ser conforme a derecho, y en su lugar, declarar que el justiprecio de la finca número NUM000 del Proyecto «El Querol» deberá fijarse en ejecución de sentencia mediante aplicación del aprovechamiento medio del sector que resulte de las determinaciones del Plan General y, en su defecto, del Plan Parcial, después de deducir los terrenos de cesión obligatoria mediante la aplicación de un coeficiente de 0,9, a un valor de repercusión de 71 900 pesetas y a una superficie de 156,25 metros cuadrados, aplicando un porcentaje de incremento del 10 por ciento en concepto de grado de urbanización y finalmente deduciendo en concepto de gastos de urbanización la suma de 1420,62 pesetas por metro cuadrado. A la suma que resulte por el valor del suelo se añadirá la cantidad de 1 609 242 pesetas por valor del arbolado y construcciones. La cantidad total resultante no podrá ser inferior a la reconocida por la Sala de instancia ni superior a la solicitada en su hoja de aprecio por los expropiados. A ella se añadirá el cinco por ciento de afección y los intereses legales por demora que señala la Ley de Expropiación forzosa a partir del 3 de noviembre de 1989. Asimismo, habrá lugar a los intereses legales derivados de la aplicación del artículo 106 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa a partir de la notificación de la presente sentencia, con el incremento previsto en el citado artículo si se dan los presupuestos legales para ello.

La estimación del recurso de casación comporta la aplicación del artículo 102.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa derogada, aplicable al caso por razones temporales en virtud de lo ordenado en la disposición transitoria novena de la Ley vigente. En consecuencia, no ha lugar a la imposición de las costas causadas en la instancia, dado que esta Sala no aprecia circunstancias que aconsejen su imposición, y, en cuanto a las originadas en este recurso de casación, cada parte satisfará las suyas.