ATS, 30 de Abril de 2014
| Ponente | JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2014:4845A |
| Número de Recurso | 2569/2013 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil catorce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Luis Gilolmo Lopez
Por el Juzgado de lo Social Nº 10 de los de Valencia se dictó sentencia en fecha 18 de enero de 2013 , en el procedimiento nº 178/2012 seguido a instancia de la COMISIÓN EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE LA U.G.T. contra JUMEL ALIMENTARIA S.A., sobre conflicto colectivo, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 27 de junio de 2013 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 24 de septiembre de 2013, se formalizó por el letrado D. Fermín Rabal Fort en nombre y representación de JUMEL ALIMENTARIA S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Y por escrito de fecha 29 de julio de 2013 y para actuar ante esta Sala se designó al procurador D. José Ramón Rego Rodríguez.
Esta Sala, por providencia de 6 de marzo de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de relación precisa y circunstanciada, falta de cita y fundamentación de la infracción legal, falta de contradicción y falta de idoneidad de la sentencia de contraste. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
La sentencia recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 27 de junio de 2013 (R 937/2013 ), se dicta a propósito de una demanda de conflicto colectivo, planteada contra la empresa Jumel Alimentaria SA en relación con la obligación de los trabajadores que prestan servicios con jornada continuada de recuperar el tiempo de descanso por bocadillo.
La empresa ha notificado a los trabajadores afectados por el conflicto la obligación de recuperar 42,85 horas anuales de trabajo, bien descontándolas de la nómina como tiempo de ausencia, bien recuperándolas en el primer semestre de 2012.
En la demanda rectora del procedimiento se solicitó por el Sindicato UGT que se dejase sin efecto tal decisión. La sentencia impugnada confirma la de instancia que apreció la existencia de condición más beneficiosa y estimó en consecuencia la demanda.
Y la Sala, tras apreciar la existencia de un interés real y actual y por tanto de la adecuación del proceso de conflicto colectivo para conocer de la pretensión, ratifica la decisión de instancia, por entender que ha quedado acreditada la constante voluntad empresarial de conceder a los trabajadores el beneficio consistente en disfrutar de una pausa de bocadillo de 20 minutos diarios. Lo que determina que tal beneficio se ha incorporado a las condiciones laborales de los trabajadores con jornada continua.
Recurre la empresa en casación unificadora.
La parte recurrente presenta un escrito de formalización del recurso con incumplimiento del requisito de expresar la relación precisa y circunstanciada de la contradicción, pues en lugar de realizar con el detalle adecuado un examen comparativo de los hechos, fundamentos y pretensiones de la sentencia recurrida y los de las sentencias aducidas de contraste, se limita a establecer la doctrina que a su juicio se deduce de las sentencias de contraste o a transcribir parcialmente su fundamentación jurídica, lo que no resulta suficiente para satisfacer la referida exigencia legal, tal como viene siendo interpretada por la Sala.
Y de acuerdo con el artículo 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219. Este requisito lo viene exigiendo la Sala IV en numerosas sentencias, las más recientes, de 28 de junio de 2011 (R. 2431/2010 ), 12 de julio de 2011 (R. 2482/2010 ), 21 de septiembre de 2011 (R. 3524/2010 ) y 13 de octubre de 2011 (R. 4019/2010 ). Según el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para interponer el recurso, siendo criterio doctrinal en tal sentido que el incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social constituye un defecto insubsanable ( sentencias, entre otras, de 28 de junio de 2006, R. 793/2005 , y 21 de julio de 2009, R. 1926/2008 ).
Asimismo hay que señalar que la recurrente no cita infracción legal alguna, incumpliendo de manera manifiesta el requisito establecido en el art. 224 de la LRJS , de determinar y fundamentar la infracción legal que se imputa a la sentencia impugnada.
El recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley o, en su caso, en el quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho. Todo ello, de acuerdo con el artículo 224 1. b ) y 224.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con los apartados a ), b ), c ) y e) del artículo 207 del mismo texto legal . La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, precisa la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, consiste en expresar "separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207 , excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas". La Jurisprudencia de esta Sala ya había señalado con insistencia que dicha exigencia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» ( sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206/2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256/2007 y 4298/2006 , 14 de mayo de 2008, R. 734/2007 y 1671/2007 ; 17 de junio de 2008, R. 67/2007 ; 25 de septiembre de 2008, R. 1790/2007 ; 2 y 7 de octubre de 2008 , R. 1964/2007 y 538/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2791/2007 ; 7 de octubre de 2011, R. 3528/2010 ; 13 de octubre de 2011, R. 4019/5010 y 13 de diciembre de 2011, R. 4114/2010 ). Asimismo, concreta el art. 224.2 in fine, en el caso de que se inste en el recurso la unificación en la interpretación del derecho, deberá el recurrente hacer referencia a los particulares aplicables de las sentencias en las que se contenga la doctrina jurisprudencial cuya aplicación se pretende.
Así se deduce, no sólo del citado art. 224 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden social, cuyo artículo 477.1 prescribe que "el recurso habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso", mientras que el artículo 481.1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.2º LEC (entre otras, sentencias de 8 de marzo de 2005, R. 606/2004 ; 28 de junio de 2005, R. 3116/2004 ; 16 de enero de 2006, R. 670/2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287/2004 ; 7 de junio de 2007, R. 767/2006 ; 21 de diciembre de 2007, R. 4193/2006 ; 16 y 18 de julio de 2008 , R. 2202/2007 y 1192/2007 ; 19 y 25 de septiembre de 2008 , R. 384/2007 y 1790/2007 ; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006 ; 16 de enero de 2009, R. 88/2008 ; 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007 , 11 de octubre de 2011, R. 4322/2010 y 26 de diciembre de 2011, R. 1160/2011 ).
A pesar de los defectos formales advertidos, del detenido examen de interposición del recurso se desprende que lo que pretende la recurrente por una parte, es que se declare la inadecuación de procedimiento por no concurrir un interés real y actual de los trabajadores. Alega la recurrente que el sindicato demandante ha actuado de espaldas o en contra de los intereses de los trabajadores. Se selecciona como sentencia de contraste la de esta Sala de 7 de abril de 2008 (R. 56/2008 ), recaída en un proceso instado por las empresas Endesa SA y Endesa Generación SA a efectos de que se "declarara en los términos que las actoras postulaban cuál era la fórmula de cálculo para determinar la indemnización por pérdida de pensión por jubilación anticipada, relativa a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) 45/1998 de la primera de las mencionadas empresas."
Y la Sala termina apreciando la excepción de inadecuación de procedimiento al entender -al igual que lo hizo la Sala de instancia- que no existe una verdadera controversia entre la empresa y los trabajadores afectados por el ERE, puesto que las partes estuvieron conformes en el contenido de los Acuerdos de la Comisión paritaria de 1/12/199 y 8/3/2007, que han venido siendo cumplidos por la empresa. Alo que se suma que el suplico de la demanda es concordante con lo acordado.
Y sin que obste a tal conclusión el que determinados trabajadores hayan mostrado su disconformidad con la interpretación de los acuerdos en su caso realizada, ya que tales reclamaciones deberán tramitarse a través de los correspondientes procesos individuales.
Se desprende de lo expuesto con claridad la inexistencia de contradicción entre las sentencias comparadas, dado que nada tienen que ver ni las pretensiones ejercitadas, ni las razones de decidir recogidas en las resoluciones comparadas.
Y es sabido que el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 . Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
En el segundo motivo parece que se opone la recurrente a la apreciada existencia de una condición más beneficiosa.
Se selecciona como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 2 de diciembre de 2009 (Demanda 15/2009 ). Esta resuelve una demanda en la que el sindicato CCOO solicita que se declare el derecho de los trabajadores a continuar disfrutando de los descansos del bocadillo. Ahora bien, tal sentencia carece de idoneidad para acreditar la contradicción que se invoca, ya que se trata de una sentencia que resuelve en la instancia una demanda de impugnación de despido colectivo, contraviniendo con ello lo dispuesto en el art. 219 LPL , que, al regular el objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina, se refiere a sentencias dictadas en suplicación por los Tribunales Superiores de Justicia que fueran contradictorias entre sí (Auto TS de 19 de noviembre de 2003, RCUD 2199/2003 y STS 21 de julio de 2008, R. 1115/200 ).
En el escrito de alegaciones la recurrente insiste en la admisión del recurso pero las diferencias apuntadas y los defectos formales advertidos son claros e impiden apreciar la identidad necesaria conforme a lo expuesto en esta resolución.
De conformidad con lo establecido en los artículo s 219 y 235.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, con pérdida del depósito y sin imposición de costas, al tratarse de proceso sobre conflicto colectivo, en el que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Fermín Rabat Fort, en nombre y representación de JUMEL ALIMENTARIA S.A., representado en esta instancia por el procurador D. José Ramón Rego Rodríguez, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 27 de junio de 2013, en el recurso de suplicación número 937/2013 , interpuesto por JUMEL ALIMENARIA S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 de los de Valencia de fecha 18 de enero de 2013 , en el procedimiento nº 178/2012 seguido a instancia de la COMISIÓN EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE LA U.G.T. contra JUMEL ALIMENTARIA S.A., sobre conflicto colectivo.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
