ATS, 27 de Febrero de 2014
| Ponente | MILAGROS CALVO IBARLUCEA |
| ECLI | ES:TS:2014:3172A |
| Número de Recurso | 2801/2013 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 27 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Febrero de dos mil catorce.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea
Por el Juzgado de lo Social Nº 16 de los de Madrid se dictó auto en fecha 2 de febrero de 2012 , en el procedimiento nº 1323/10 -EJEC. 57/11 seguido a instancia de D. Remigio contra MANDARINA IMPORT EXPORT, S.L., sobre ejecución de despido, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto por D. Remigio contra el auto de fecha 14 de noviembre de 2011, confirmándolo en todos sus extremos y pronunciamientos.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por D. Remigio , siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 29 de abril de 2013 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba el auto impugnado.
Por escrito de fecha 30 de septiembre de 2013 se formalizó por el Letrado D. Fernando Abad Agüero en nombre y representación de D. Remigio , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 16 de enero de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R. 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 . Contradicción que no puede apreciarse en este caso.
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de abril de 2013 (rec. 6127/2012 ), confirma el Auto de 2 de febrero de 2012, dictado por el Juzgado de lo Social, que desestima el recurso de reposición interpuesto por la parte actora, contra el auto de 14 de noviembre de 2011 que acordaba la desestimación de la cuestión incidental promovida por el actor. Conviene tener presente que se presentó demanda en reclamación de despido que es declarado improcedente por sentencia de 21-2-2011 , adquiriendo firmeza el 4-3-2011 ; el 21 de marzo por Auto se acuerda despachar la ejecución; el 24-3-2011 se entiende por la actora que, de conformidad con el art. 56.3 ET , la empresa ha optado por la readmisión, por Auto de 29-3-2011 se acuerda despachar orden general de ejecución; por Auto de 6-5-2011 se declara extinguida la relación laboral que unía a la actora con la empresa; por Auto de 29-7-2011 se despacha orden general de ejecución y se acuerda tomar las medidas concretas; el 12-9-2011 por la parte actora se presenta escrito de ampliación de la ejecución contra la mercantil Nectarfruit Import Export S.L., y declaración de la sucesión empresarial; por Auto de 14-11-2011 se desestima la cuestión incidental promovida por el actor. Tal desestimación trae causa en que se entiende que no se ha acreditado que efectivamente acontezca la sucesión empresarial que se alega y que la relación laboral no persiste. En suplicación alega el trabajador que la nueva empresa Nectarfruit Import Export S.L. se ha hecho cargo del negocio de Mandarina Import Export SL que cesó en su actividad el 30-6-2011, iniciando la nueva empresa su actividad el día siguiente, con el mismo nombre comercial, el mismo domicilio, telefax y centro de trabajo y actividad comercial, quedando claro que también ha habido transferencia de activo, de clientela y elementos patrimoniales que permiten una explotación autónoma de la misma, así como que Nectarfruit Import Export S.L. se ha hecho cargo de los dos trabajadores que a fecha 30-6-2011 constituían la plantilla de Mandarina Import Export SL. Como advierte la resolución ahora atacada en casación unificadora, mantenidos inalterados los hechos probados, a fecha 6-5-2011 queda extinguida la relación laboral existente entre la empresa demandada y la parte ejecutante, por lo que constando que la relación laboral no está viva no puede darse la sucesión pretendida.
Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina el actor, insistiendo en su pretensión de que media sucesión empresarial, y aportando de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2009 (rec. 2684/2008 ). En ese caso los actores habían venido prestando servicios con las categorías y antigüedades que constan en el relato fáctico para la empresa GE Healthcare Bio Sciences SA- antes denominada Amserchacer Health SA- adjudicataria de la concesión de la contratación mixta del suministro de radio fármacos y del servicio de gestión de residuos radiactivos de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud hasta que, por resolución de 9 de septiembre de 2006, dicho servicio fue adjudicado a la empresa Schering España SA, que vendió a IBA Molecular Spain SA los activos de la división de medicina nuclear. El 14 de noviembre de 2006 los actores recibieron cartas de su empleador en la que les comunican que se ha otorgado a Schering España S.A. la concesión del suministro de radiofármacos y el servicio de gestión de residuos radioactivos en sus hospitales y que a partir del 15 de noviembre de 2006, dicha mercantil, o la entidad que legalmente pudiera sucederle, quedará subrogada en el contrato de trabajo. De los 25 trabajadores que venían prestando sus servicios por cuenta de la empresa Ge Healthcare Bio Sciencies SA, 21 de ellos, entre los que se encuentran los actores, fueron contratados, sin solución de continuidad, por la codemandada Iba Molecular Spain SA para realizar las tareas que venían efectuando con anterioridad, en virtud de contrato para obra o servicio determinado. En el contrato del actor figura una cláusula en la que se hace constar que el mismo no supone sucesión empresarial ni subrogación laboral respecto a la relación laboral mantenida con la empresa anteriormente adjudicataria del concurso público, siendo la actual una relación laboral nueva. Esta Sala, rectificando el criterio de las instancias judiciales previas y con remisión a una anterior resolución, considera que se dan los elementos requeridos para apreciar la existencia de sucesión de empresa, "...pues la unidad productiva que se transmite -suministro de radiofármacos y servicios de gestión de residuos radioactivos de los hospitales del SAS- constituye una entidad económica que mantiene su identidad como conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya que continua la misma actividad que venía desarrollando la anterior, en los mismos locales, con los instrumentos correspondientes para la prestación del objeto del concurso y con el stock de fármacos adquiridos a la anterior adjudicataria, Ge Healthcare Sciences S.A., siendo irrelevante, por las razones antes expuestas, que tanto los locales como los instrumentos correspondientes sean propiedad del SAS -estos últimos por la cláusula prevista para el supuesto de extinción del contrato con Ge Healthcare Bio Sciencies S.A.- y que no exista vinculación contractual directa entre cedente y cesionario. A mayor abundamiento, hay que señalar que la nueva adjudicataria comienza a desarrollar su actividad al día siguiente de expirar el contrato de la anterior, es decir, que sin solución de continuidad presta los mismos servicios en las mismas instalaciones, con el mismo equipamiento e instrumentación que la anterior...". En consecuencia, se confirma la improcedencia del despido y la condena a la nueva adjudicataria -Iba Molecular Spain SA- a las consecuencias derivadas de tal declaración.
De la comparación de supuestos de hecho enjuiciados por las respectivas sentencias, se obtiene la conclusión de que no existe contradicción entre dichas sentencias. No en vano, en el caso de contraste en atención a las circunstancias concurrentes se llega a la convicción de que ha existido la transmisión de una unidad productiva autónoma. Acreditación que no se produce en el caso de autos. Pero es que además, no puede olvidarse que lo que sucede en el caso de autos es que la relación laboral se da por extinguida y en fase de ejecución (tras la declaración de extinción) la parte actora pretende que la misma se amplíe a la comercial que considera ha sucedido a su empleadora, ampliación a la que no se accede porque ni se demuestra que subsista la relación laboral que se extinguió en fechas anteriores y desvinculadas de la subrogación empresarial, ni se acredita fraude, ni que se transmita una empresa o unidad patrimonial, ni de la prueba practicada se deduce la concurrencia de los tres requisitos necesarios para declarar la existencia de grupo de empresa con responsabilidad solidaria de sus integrantes. Y como los hechos probados no se han alterado y la relación laboral no subsiste la Sala de suplicación desestima el recurso contra el auto que rechazó la ampliación pretendida. Nada de esto acontece o se cuestiona en el caso de referencia, en el que únicamente se discute si ha existido sucesión empresarial.
Pero es que además la pretensión actora contraviene la doctrina de este Sala, pues « ... para que opere la garantía que establece el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores es necesario, salvo supuestos de fraude acreditado, que los contratos de trabajo continúen en vigor y no se hayan extinguido válidamente [ sentencias de 11 de mayo de 1.987 , 24 de julio de 1.995 y 20 de enero de 1.997 ]» ( SSTS 16-7-2003, rec. 2343/02 ; 25-9-2012, rec. 3023/11 , 5-6-2013, rec. 988/12 ). Y como en este caso no se ha acreditado el fraude hay que entender que la doctrina de la sentencia recurrida coinciden con la de esta Sala, lo que determina la falta de contenido casacional del recurso.
La función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que carezcan de contenido casacional de unificación de doctrina aquellos recursos interpuestos contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo (Auto de fecha 21 de mayo de 1992 (R. 2456/1991 ), y Sentencias de 3 de mayo de 2006 (R. 2401/2005 ), 30 de mayo de 2006 (R. 979/2005 ), 22 de noviembre de 2006 (R. 2792/2001 ), 29 de junio de 2007 (R. 1345/2006 ), 12 de julio de 2007 (R. 1714/2006 ), 3 de octubre de 2007 (R. 3386/2006 ), 15 de noviembre de 2007 (R. 1799/2006 ), 15 de enero de 2008 (R. 3964/2006 ), 21 de febrero de 2008 (R. 1555/2007 ), 28 de mayo de 2008 (R. 814/2007 ), y 18 de julio de 2008 (R. 1192/2007 ).
Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en sus pretensiones y en las coincidencias apreciables entre las sentencias comparadas, así como en el contenido casacional de la pretensión, pero sin aportar elementos novedosos o relevantes al respecto.
De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 LRJS y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Fernando Abad Agüero, en nombre y representación de D. Remigio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 29 de abril de 2013, en el recurso de suplicación número 6127/12 , interpuesto por D. Remigio , frente al auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 16 de los de Madrid de fecha 2 de febrero de 2012 , en el procedimiento nº 1323/10 -EJEC. 57/11 seguido a instancia de D. Remigio contra MANDARINA IMPORT EXPORT, S.L., sobre ejecución de despido, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto por D. Remigio contra el auto de fecha 14 de noviembre de 2011.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
