ATS, 17 de Marzo de 2014

La Capitán Auditor doña Apolonia , Juez Titular Militar Territorial nº NUM000 de DIRECCION000 , formuló denuncia que se registró con fecha 13 de junio de 2013 en la Secretaría Relatoría del Tribunal Militar Central, que dio origen a las Diligencias Previas nº 2/14/13, en averiguación del incidente ocurrido con fecha 3 de junio de 2013 entre la Capitán Apolonia y el Coronel Jefe de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR GETAFE), don Primitivo . Dichas Diligencias Previas fueron archivadas, mediante Auto de 17 de junio de 2013, por el Juez Togado Militar Central Instructor, si bien esta resolución fue recurrida en apelación por la denunciante con fecha 24 de junio siguiente, ante la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, que lo estimó y revocó el archivo mediante Auto de 3 de julio, acordándose en el mismo la continuación del procedimiento judicial.

SEGUNDO .- 1. La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, acordó la apertura de Expediente Disciplinario Judicial Militar contra la titular del Juzgado Togado Militar Territorial nº NUM000 de DIRECCION000 , que se tramitó bajo el número NUM001 , en relación con la nota informativa del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, relativa a los hechos ocurridos el 3 de junio de 2013, adoptando acuerdo con fecha 12 de junio siguiente, que decía «Los hechos anteriormente relatados pudieran ser constitutivos a los meros efectos de instrucción y a juicio de esta Sala de Gobierno, la falta grave tipificada en el art. 132.5 de la Ley Orgánica 4/1987 de 15 de julio de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar consistente en " El exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración respecto de los subordinados, jueces o miembros del tribunal ante los que se actúe, miembros de la Fiscalía Jurídico Militar, abogados, procuradores y de quienes acudieran o actuasen ante los órganos judiciales o fiscales militares en cualquier concepto si no fuesen constitutivos de delito"».

2. La mencionada Sala de Gobierno acordó a la vista del informe del Coronel Jefe del ACAR, ampliar la orden de proceder de dicho Expediente Disciplinario con fecha 27 de junio de 2013, con la siguiente fundamentación: "Vistas las circunstancias que concurren en los hechos transcritos y dado que los mismos son conexos con los que han motivado la orden de inicio del Expediente Disciplinario Judicial Militar NUM001 , por acuerdo de esta Sala de Gobierno de fecha 12 de junio de 2013, toda vez que se trata de actuaciones realizadas dentro de un mismo procedimiento judicial, en las mismas dependencias y muy cercanas en el tiempo a las que se hacían referencia en la mencionada orden de inicio, procede ampliar la Orden de Inicio del Expediente Disciplinario Judicial Militar NUM001 , con los hechos contenidos en el informe del Coronel Jefe de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Getafe".

3. La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, integrada por la totalidad de sus miembros, en la sesión celebrada el día 9 de julio de 2013 adoptó el acuerdo de suspensión del Expediente Disciplinario Judicial seguido a la recusante, en los siguientes términos: "Vista la propuesta elevada a esta Sala de Gobierno por el Instructor del Expediente Disciplinario Judicial nº NUM001 , mediante la que propone la suspensión del mencionado Expediente Disciplinario Judicial, hasta en tanto recaiga resolución firme en las diligencias Previas 2/14/13, seguidas en el Juzgado Togado Militar Central nº 2 por unos hechos en los que existe identidad sustancial con los que son objeto de instrucción en el repetido expediente y teniendo en cuenta que la instrucción simultánea de ambos procedimientos podría afectar a los derechos fundamentales de alguna de las personas que han de ser oídas en aquéllos".

   TERCERO .- 1. Notificado el Auto de fecha 22 de noviembre de 2013, por el que se admitía a trámite el Recurso de Apelación presentado por la promovente, contra el nuevo Auto de archivo dictado por el Juzgado Togado Militar Central nº 2, que se elevó para su resolución a la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, mediante escrito presentado con fecha 25 de noviembre de 2013, la representación procesal de la Capitán Apolonia formula Incidente de Recusación, contra los miembros de dicho Tribunal que han de resolver el recurso planteado. Dicha recusación se formula contra el Excmo. Sr. Presidente, General Consejero Togado don Florentino , así como tres de los Vocales Togados, Excmos. Sres. Generales Auditores don Maximino , don Vicente y don Ángel Daniel , al entender que concurre en todos ellos causa objetiva y subjetiva de las previstas en el art. 53 de la LPM .

2. Dado traslado a los Excmos. Sres. Presidente y Vocales Togados recusados, con fecha 10 de enero de 2014, presentan escrito negando la concurrencia de causa de recusación.

   CUARTO .- Tramitado el Incidente de Recusación, mediante providencia de 3 de febrero de 2014 se acuerda dar traslado al Excmo. Sr. Fiscal Togado, a fin de que en el plazo de tres días informe sobre la recusación planteada, presentando escrito con fecha 11 de febrero de 2014, en el que formula las alegaciones que constan en el rollo de Sala, informando desfavorablemente sobre la Recusación promovida por la representación procesal de la Capitán Auditor Apolonia .

   QUINTO .- Por providencia de 21 de febrero de 2014, se señala para la deliberación, votación y fallo el día 11 de marzo siguiente a las 10:30 horas, lo que se ha llevado a efecto en tal fecha con el resultado que a continuación se expone.

   Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Mendoza Fernandez

1. Aunque el derecho fundamental a recibir una tutela judicial efectiva imparcial no aparece de manera explícita en nuestra Constitución, ha sido establecido por el Tribunal Constitucional sobre la base del principio de la independencia judicial, del proceso con todas las garantías y de la figura del juez ordinario predeterminado por la Ley al reconocer a todos que el derecho a "un juicio público... con todas las garantías" incluye, aunque no sea citado de forma expresa, el derecho a un Juez imparcial, a cuya consecución tienen precisamente las causas de recusación y abstención que figuran en las leyes -así en STC 145/1988, de 12 de julio , y muchas otras posteriores-, hasta el punto de haber llegado a decirse de que "sin juez imparcial no hay propiamente proceso jurisdiccional" -SSTC 151/2000, de 12 de junio y 156/2007, de 2 de julio , entre otras-.

Y ello lo ha realizado recogiendo lo dispuesto en:

1. El artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales hecho en Roma, el 4 de noviembre de 1950, ratificado por España a través del Instrumento de fecha 26 de septiembre de 1979, que dice "Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial establecido por la Ley".

2. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos , de 10 de diciembre de 1948.

3. El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , de 16 de diciembre de 1966, ratificado por España mediante instrumento de 27 de abril de 1977.

Ya que en tales normas se reconoce que toda persona tiene derecho a ser oído públicamente por un Tribunal independiente e imparcial.

Todo lo anterior se resume en el principio establecido de una manera reiterada y pacífica en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que no es otro que el que reside en el dato de la confianza que los ciudadanos deben tener en su Administración de Justicia, a través del principio de imparcialidad objetiva y aparente.

Desde esta perspectiva, que es la que se contiene en el escrito de recusación, es conocida la doctrina del T.E.D.H. La imparcialidad exige que el juez se acerque al objeto del proceso sin haber tomado postura en relación con él ( SSTC 145/1988, de 12 de junio [ FJ 5]; 137/1994, de 9 de mayo [ FJ 5]; 47/1998, de 2 de marzo [ FJ 4]; 162/1999, de 27 de septiembre [ FJ 5]; 69/2001, de 17 de marzo [FFJJ 16 y 21]; 154/2001, de 2 de julio [ FJ 3]; 155/2002, de 22 de julio [ FJ 2]; 156/2002, de 23 de julio [ FJ 2]; 38/2003, de 27 de febrero [ FJ 3]; 85/2003, de 8 de mayo [FJ 7]) y tiene su fundamento en la exclusión de toda posible apariencia de parcialidad y en el alejamiento de toda duda sobre la confianza que deben generar los tribunales en una sociedad democrática ( SSTEDH, de 1 de octubre de 1982, el caso Piersack ; 26 de octubre de 1984, caso De Cubber ; 29 de abril de 1988, caso Belilos ; 4 de mayo de 1989, caso Hauschildt ; y 23 de octubre, caso Huber, 16 de septiembre de 1999, caso Buscemi contra Italia , 5 de febrero de 2009, caso Olujic contra Croacia ).

2. La Sala del artículo 61 LOPJ de este Tribunal Supremo se ha pronunciado igualmente en múltiples ocasiones (por todos A.TS. de 12.07.13 ) precisando que « de la lectura del art. 219 LOPJ se desprende la existencia de dos tipos de causas de recusación, unas de carácter subjetivo que atienden a la relación de los jueces y magistrados con las partes o a su interés personal directo o indirecto en el resultado del pleito, y otras que se consideran de naturaleza objetiva en cuanto que tienen que ver con la relación que el juzgador haya podido tener con el objeto propio del procedimiento.

Esta doble dimensión de las causas de recusación, subjetiva y objetiva, ha sido claramente interpretada tanto por el Tribunal Constitucional -entre otras en STC 156/2007, de 2 de julio - como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -entre otras en sus sentencias de 1 de octubre de 1982 (Piersack contra Bélgica ), y de 26 de octubre de 1984 (De Cubber contra Bélgica)- al señalar en terminología de la primera de ellas cómo "junto a la dimensión más evidente de la imparcialidad judicial que es la que se refiere a la ausencia de una relación del Juez con las partes que puede suscitar un previo interés en favorecerlas o perjudicarlas, convive su vertiente objetiva,...que se dirige a asegurar que los Jueces y Magistrados que intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto previos con el objeto del proceso".

De ellas, mientras la vertiente subjetiva exige para apreciarla llegar a la conclusión acreditada de que el Juez o Magistrado tiene esa relación o interés personal en el asunto, respecto de la objetiva se descarta de entrada cualquier interés de tal naturaleza y lo que se pretende con ella es preservar la imagen de la justicia a partir de hechos objetivos que puedan dar lugar a sospechas de imparcialidad, de forma que, como han establecido tanto el Tribunal Europeo citado como el Tribunal Constitucional español en la exigencia de imparcialidad está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática, que sólo se consigue mediante la eliminación de cualquier sospecha objetiva de imparcialidad. De aquí que la sentencia De Cubber hiciera suya en forma expresa la expresión inglesa, según la cual "justice must not only be done; it must also be seen to be done", o lo que es igual, que la justicia no solo debe ser administrada adecuadamente sino que también ha de aparecer como tal, pues "se dirige a asegurar que los Jueces y Magistrados que intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones o prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto previos con el objeto del proceso" ( SSTC 157/1993, de 6 de mayo o 47/1998, de 2 de marzo ). Según los anteriores requerimientos, es necesario determinar si se pueden considerar las aprensiones del interesado recusante como objetivamente justificadas ( STEDH de 25 de julio de 2002 , as. Perote Pellón). Es por ello que, mientras respecto de las causas subjetivas se exige la prueba clara del interés personal o incluso relacionado con las convicciones o elementos ideológicos, y no se presume nunca ( STEDH de 15 de diciembre de 2005 , Kyoruanou contra Chipre), respecto de las circunstancias objetivas basta por el contrario acreditar que existen sospechas fundadas, indicios objetivos o incluso apariencias concretas de que ha existido por parte del juzgador una relación previa con el proceso que le ha podido llevar a tener una idea preconcebida del caso o un prejuicio respecto del mismo que le puede llevar a resolver de una manera preconcebida».

De cuanto antecede no puede deducirse que cualquier intervención previa pueda ser calificada como contaminante, ni que pueda concluirse la parcialidad sobre las solas sospechas del que formula la recusación, sino que habrá de resolverse, en cada caso, si existe o no la causa de falta de imparcialidad alegada, cuando concurran hechos objetivamente acreditados - STEDH de 24 de mayo de 1989 ( Hauschildt contra Dinamarca ) y 28 de octubre de 1998 (Castillo Algar contra España ), ó SSTC 170/1993, de 27 de mayo o 162/1999, de 27 de septiembre -.

1. Con carácter previo a la aplicación de las consideraciones anteriormente expuestas al presente supuesto, y abordar si concurren las causas de recusación alegada, procede, en primer lugar, determinar si su formulación es o no extemporánea tal como sostiene el Ministerio Fiscal porque, a su juicio, << dicho impedimento aparece contemplado en el artículo 56 de la Ley Procesal Militar , que dispone que la recusación deberá proponerse "al inicio del procedimiento o tan pronto se tenga conocimiento de la causa concurrente", por lo que no cabe admitir, en el caso que nos ocupa, que habiendo podido plantear la representación causídica de la parte denunciante la recusación de los mismos miembros del Tribunal Central cuando interpuso recurso de apelación contra el primero de los autos de archivo del procedimiento, y no lo hizo, admitiendo implícitamente su aptitud procesal para resolver tal cuestión -que además, como ha quedado dicho fue resuelta en sentido estimatorio-, no cabe admitir que ahora, meses después y frente a un nuevo auto de archivo que ha sido de nuevo recurrido, intente el apartamiento de los miembros del Tribunal ad quem, recusándolos, cuando después de aquellas intervenciones no han vuelto a tener aquellos contacto alguno con uno y otro procedimientos, el judicial que continuó la instrucción y el disciplinario suspendido desde entonces >>.

2. No tiene razón el Ministerio Fiscal. Efectivamente, el derecho a un Juez imparcial no se limita al momento procesal del enjuiciamiento, sino a cualquier decisión jurisdiccional que pueda afectar a los derechos e intereses de las partes, especialmente del acusado ( STC nº 69/2001 ) FJ 17), por lo que el momento procesal para ejercitar los derechos oportunos y formular la recusación sería, precisamente, cuando se comunique a la parte la constitución de la Sala que ha de resolver el asunto concreto (art. 41 LOCOJM).

   En definitiva, se ha de estar al tiempo procesal con independencia de cualquier otra realidad fáctica ajena, por tanto, a las garantías procesales, y en este caso, el planteamiento de la recusación se hace al tener conocimiento del auto de archivo y la ulterior admisión a trámite del correspondiente recurso de apelación porque "no resulta ni mucho menos diáfano para quienes se hallan sometidos a un proceso penal... quienes van a ser los componentes concretos de la Sala que va a celebrar el juicio oral... la parte recusante no tenía porque conocer la composición exacta de la Sala.... ."( A.TS. S. 61 de 26.06.11 ).

3. Pues bien, como ha quedado expuesto en los Antecedentes de Hecho, notificado el Auto de fecha 22 de noviembre de 2013, por el que se admitía a trámite el Recurso de Apelación presentado por la promovente, contra el auto de archivo dictado por el Juzgado Togado Militar Central nº 2, y se elevaba para su resolución a la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, la representación procesal de la Capitán Moncada mediante escrito presentado con fecha 25 de noviembre de 2013, formula el incidente de recusación, contra los miembros del Tribunal Militar Central que han de resolver el recurso planteado, por lo que procede descartar el óbice de su formulación extemporánea. Dicha recusación se formula, como ha quedado dicho, contra el Excmo. Sr. Presidente General Consejero Togado don Florentino , así como tres de los Vocales Togados Excmos. Sres. Generales Auditores don Maximino , don Vicente y don Ángel Daniel , al entender que concurre en todos ellos causa objetiva y subjetiva de las previstas en el art. 53.11ª de la Ley Procesal Militar y la recogida en el art. 219.13ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

   Siendo tempestiva la recusación es posible, por ello, examinar la concurrencia de las causas invocadas.

1. Conviene precisar cuál es la tesis sostenida por la recusante, que esencialmente es la siguiente:

a.- A su juicio, concurre en los recusados el haber tenido conocimiento y analizado los hechos objeto del procedimiento, realizando incluso pronunciamientos que constituyen causa de contaminación incompatible con la imparcialidad exigida para resolverlo, porque el día 12 de junio de 2013, tres de los cuatro componentes que pueden formar parte de la Sala de Justicia, que a su vez son integrantes de la Sala de Gobierno, tuvieron un primer conocimiento al analizar el informe del Coronel Jefe del ACAR GETAFE relativo a los hechos y que sirvió de base para adoptar el acuerdo de incoación del Expediente Disciplinario Judicial nº NUM001 instruido contra ella.

b.- Esa misma Sala de Gobierno con la misma integración tuvo una segunda participación al analizar la consulta evacuada por el instructor del Expediente y que se plasmó en acuerdo de fecha 27 de junio notificado el 1 de julio donde se disponía la ampliación de la Orden de incoación del Expediente Disciplinario Judicial antes referido. Dicha resolución se dictó al recibirse en el Tribunal Militar Central, un segundo informe del Coronel Primitivo sobre hechos acontecidos en el segundo registro efectuado por la Juez Togado, hoy recusante, el día 12 de junio de 2013.

c.- La Sala de Gobierno, esta vez constituida por la totalidad de sus miembros, tuvo una tercera intervención analizando los hechos investigados en el procedimiento penal y acordando la paralización de la tramitación del Expediente Disciplinario Judicial nº NUM001 con el fundamento que aparece reflejado en el Acta relativa al Acuerdo sobre el Asunto nº 32 que se adoptó en la sesión celebrada el día 9 de julio de 2013 y que literalmente dice: "Vista la propuesta elevada a esta Sala de Gobierno por el Instructor del Expediente Disciplinario Judicial nº NUM001 , mediante la que propone la suspensión del mencionado Expediente Disciplinario Judicial, hasta en tanto recaiga resolución firme en las diligencias Previas 2/14/13, seguidas en el Juzgado Togado Militar Central nº 2 por unos hechos en los que existe identidad sustancial con los que son objeto de instrucción en el repetido expediente y teniendo en cuenta que la instrucción simultánea de ambos procedimientos podría afectar a los derechos fundamentales de alguna de las personas que han de ser oídas en aquéllos.

La Sala de Gobierno, por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: Paralizar la instrucción del Expediente Disciplinario Judicial NUM001 hasta en tanto recaiga resolución firme en las Diligencias Previas nº 2/14/13.

Comuníquese el presente Acuerdo al Instructor del Expediente Disciplinario Judicial nº NUM001 para su conocimiento y efectos oportunos".

2. Entiende la promovente que tales hechos están incursos en la causa 11ª del art. 53 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril Procesal Militar , si bien en su escrito significa que: "las causas de abstención y recusación para Jueces y Magistrados están contempladas en el art. 219 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , al que remite los artículos 52 y 54 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; que, al igual que sucede con la Ley Procesal Militar, por su antigüedad, ha sido objeto de modificaciones en la materia de abstención y recusación, con el fin de ajustarla a la realidad y al estado de derecho, aumentando las exigencias de imparcialidad de Jueces y Magistrados, introduciendo causas nuevas. En concreto, la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, redactó las ya existentes en términos de mayor exigencia dotando a las causas de un marcado carácter negativo". Igualmente añade, con la cita de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial efectuada por la L.O. 19/2003, de 23 de diciembre, el actual art. 219.13 ª establece como causa de abstención el haber ocupado "cargo público, desempeñando empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

3. Por su parte el Ministerio Fiscal en su oposición a la recusación formulada argumenta que al haberse expresamente invocado el art. 53.11ª de la Ley Procesal Militar el presente caso no tiene encaje en dicha causa, porque a su juicio, no concurren los requisitos exigidos en el artículo 53.11ª, al ser dos los procedimientos y tener distinta naturaleza, significando, además, que "van dirigidos en averiguación y esclarecimiento de las conductas observadas por dos distintos Oficiales".

La misma línea argumentativa se sostiene en el escrito de 10 de enero de 2014 que evacuaron los recusados.

1. La aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en causas de abstención y recusación es pacífica en la doctrina del Tribunal Supremo, y así (por todas) la reciente sentencia de la Sala Segunda de 4 de febrero de 2014 señala que "en nuestras leyes procesales y orgánicas aparece una institución, la recusación, también fundada en esta necesidad de proteger a las partes en los procesos en cuanto a la exigencia de tal imparcialidad, que ahora se encuentra regulada, junto a la abstención, con validez para toda clase de procesos, en los artículos 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial . Y, concretamente el art. 219 nos dice cuales son las causas que obligan al Juez o Magistrado a abstenerse y permiten a las partes recusar ofreciéndonos una relación de casos de pérdida de la referida parcialidad subjetiva u objetiva".

2. La finalidad de la norma invocada (causa nº 13 del art. 219 de la LOPJ ) tiene como objeto prevenir el riesgo de haberse formado o podido formar criterio sobre el objeto del procedimiento como consecuencia del ejercicio de ocupar cargo público, en este caso, formar parte por ministerio de la ley (arts. 33, 42 LOCOJM) de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y por ello intervenir directamente en otro procedimiento relacionado con el mismo.

   Pues bien, concurren en el presente caso tres circunstancias que hay que destacar, en primer lugar: a) que la Sala de Gobierno integrada por tres de sus miembros, tras el estudio de la Nota Informativa que les había sido remitida acordó la apertura de un Expediente Disciplinario Judicial directamente, concretamente el número NUM001 ; b) la ampliación de la orden de inicio del Expediente y, c) en tercer lugar, la Sala de Gobierno, esta vez constituida por la totalidad de sus miembros, aceptó en su sesión celebrada el 9 de julio de 2013 la propuesta del Instructor de paralizar el Expediente Disciplinario "hasta en tanto recaiga resolución firme en las Diligencias Previas nº 2/14/2013, seguidas en el Juzgado Togado Militar Central nº 2 por unos hechos en los que existe identidad sustancial con los que son objeto de instrucción en el repetido expediente y teniendo en cuenta que la instrucción simultánea de ambos procedimientos podría afectar a los derechos fundamentales de alguna de las personas que han de ser oídas en aquéllos".

   Así pues el criterio constitutivo de la causa de recusación, se pone de manifiesto de manera inconcusa a través de un hecho objetivamente acreditado, como es el expreso reconocimiento plasmado por la propia Sala de Gobierno cuando todos sus miembros reconocen y manifiestan la existencia de identidad sustancial de ambos procedimientos.

   Como recuerda el Auto de este Tribunal Supremo (Sala del art. 61 de 20 de junio de 2011) la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge en su art. 219 las causas por los que los Jueces y Magistrados deben abstenerse o pueden ser recusados por las partes, todas ellas movidas por la necesidad de mantener la exigencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la función de juzgar, no solo para que se hagan realidad las previsiones que sobre la materia se contienen en los artículos 117 y siguientes de la Constitución cuando proclama estas exigencias sino para que se convierta en auténtica realidad el derecho de todo ciudadano a una tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.2 de la Constitución , pues solo un Juez independiente de influencias ajenas al pleito que debe resolver, puede actuar con la imparcialidad que es garantía de un juicio justo. Esta misma Sala cuando analizó la abstención de un Magistrado integrante de la misma y que decidió someter a su decisión la conveniencia de su apartamiento del caso, pese a ser consciente de la persistencia de su imparcialidad real para intervenir en aquél, a fin de preservar la apariencia formal de imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional y de evitar cualquier sombra de dudas sobre la misma, estimó justificada su abstención ( A.TS. S. 61. 28.04.11 ).

3. En consecuencia, la totalidad de los miembros del Tribuna Militar Central recusados, al suspender la tramitación del Expediente Disciplinario Judicial que habían ordenado incoar a la Juez Togado, Capitán Auditor doña Apolonia , realizaron, aunque fuera de manera provisional, una valoración sobre la existencia de unos hechos acaecidos durante la ejecución del registro acordado en el seno del Sumario 12/08/13, precisamente los mismos objeto de investigación judicial y un juicio sobre una posible infracción sancionable, calificando el alcance disciplinario de los mismos y reconociendo, expresamente, la identidad sustancial de los hechos, dándose la particular circunstancia, además, en el presente supuesto, que una hipotética declaración de hechos probados en el recurso que pende ante la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central tendría carácter vinculante para la Administración a la hora de resolver el Expediente Disciplinario Judicial.

   Esa valoración previa justifica de una manera objetiva el recelo de la parte recusante acerca de su imparcialidad a la hora de examinar el Auto de archivo de las Diligencias Previas 2/14/13.

   Procede, pues, estimar la recusación formulada con las consecuencias establecidas en los artículos 64 y 65 de la Ley Procesal Militar .

   En atención a todo lo expuesto,