ATS, 19 de Febrero de 2014
| Ponente | MILAGROS CALVO IBARLUCEA |
| ECLI | ES:TS:2014:2538A |
| Número de Recurso | 1756/2013 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Febrero de dos mil catorce.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea
Por el Juzgado de lo Social Nº 10 de los de Las Palmas se dictó auto en fecha 8 de octubre de 2012 , en el procedimiento nº 368/12 seguido a instancia de D. Bartolomé contra AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A.U, Leocadia y OTROS 14 MÁS y MINISTERIO FISCAL, sobre despido, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra el auto de fecha 27/07/12 , que se mantiene en sus propios términos.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por D. Bartolomé , siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en fecha 18 de marzo de 2013 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba el auto impugnado.
Por escrito de fecha 28 de mayo de 2013 se formalizó por el Letrado D. Manuel Ruiz Santana en nombre y representación de D. Bartolomé , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 5 de diciembre de 2013, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
ÚNICO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 ; 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ; 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 ; 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 ; 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 ; y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Dicho presupuesto no concurre en el presente caso tal como se deduce de la comparación que ahora se realiza. Así, en el supuesto de la sentencia recurrida el actor ha sido uno de los 46 pilotos de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, afectados por el ERE que dicha empresa solicitó el 11/1/2011 ante la Dirección General de Empleo (DGE) del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, que afectaba en total a 260 trabajadores pertenecientes a 11 Comunidades Autónomas, y que fue aprobado por resolución de 7/3/2012. El referido actor impugnó su despido acordado por la empresa en ejecución de dicho ERE, planteando la demanda ante el Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente. El juzgado dictó auto de 27/7/2012 declarando su incompetencia para conocer de la demanda, por venir el conocimiento de la misma encomendado a la Audiencia Nacional de acuerdo con los arts. 2.n), 6.2 y 8.2 LRJS . El auto aclara que la pretensión ejercitada en la demanda es en realidad la de impugnación de la resolución administrativa que autorizó el ERE, de acuerdo con los arts. 2.n) y 151 LRJS , dado que el referido expediente se inició con anterioridad a la entrada en vigor del RD-L 3/2012. El actor recurrió dicho auto en reposición insistiendo en que su pretensión no era impugnar ninguna resolución administrativa, sino el despido individual correspondiendo por ello la competencia al Juzgado de lo Social. Pero la reposición fue desestimada por el auto de fecha de 8/10/2012 , por los mismos argumentos. El actor recurrió en suplicación y la sentencia hora impugnada desestima el recurso y confirma dicha resolución razonando que la acción ejercitada por el actor es una impugnación del despido colectivo autorizado por la Administración competente, que sería encauzable por la vía del art. 151 LRJS en su redacción anterior a la reforma operada por el RD-L 3/2012, que es la norma aplicable en atención a la fecha de solicitud del ERE, correspondiendo la competencia para su conocimiento a la Audiencia Nacional, al afectar el ERE a varias Comunidades Autónomas.
Frente a dicha resolución recurre el actor en casación para la unificación de doctrina insistiendo en que la competencia no es de la Audiencia Nacional sino del Juzgado de lo Social de Las Palmas, porque aquí no se esta impugnando ninguna resolución administrativa, sino el despido individual llevado a cabo por la demandada, aportando de contraste la sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de febrero de 2013 (R.1766/2012 ), con la que no cabe apreciar la contradicción necesaria para la viabilidad del recurso porque dicha sentencia resuelve otro tema distinto, pues en ese caso la cuestión litigiosa se limita a dilucidar cuál es el orden jurisdiccional competente, si el social o el contencioso administrativo, para conocer del pleito planteado, consistente este en la reclamación de una trabajadora incluida en un ERE autorizado por la Dirección General de Trabajo respecto de la cuantía de la indemnización fijada posteriormente por el empresario. La sentencia decide de acuerdo con la doctrina unificada de la Sala, porque la resolución administrativa no establecía indemnización alguna así como tampoco los parámetros para calcularla, y al ser entonces la reclamación contra el acto empresarial -y no contra dicha resolución- declara que corresponde conocer el litigio al orden social de la jurisdicción.
No hay contradicción porque en la sentencia recurrida se ejercita la pretensión de impugnación individual de un despido colectivo autorizado por un ERE, iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del RD-L 3/2012, y al que no resulta de aplicación la modalidad procesal del art. 124 LRJS de acuerdo con las Disp. Transit . 10 ª y 11ª de la citada norma de urgencia, mientras que en la sentencia de contraste se impugna el despido individual autorizado por ERE pero con arreglo a la antigua LPL, y a la modalidad procesal de despido. Las cuestiones planteadas son diversas pues en la recurrida se cuestiona la competencia objetiva para conocer de la pretensión con arreglo a los arts. 2.n), 6 y 8 LRJS , mientras que en la de contraste se cuestiona la competencia del orden jurisdiccional social, teniendo en cuenta lo previsto en los arts. 3.1.c ) y 3 LPL , y la jurisprudencia unificada de la Sala que fijaba el criterio de la atribución de la competencia entre dicho orden y el contencioso administrativo en materia de despido colectivos en función del objeto de la impugnación y el contenido del acto administrativo.
En su escrito de alegaciones la recurrente insiste en su pretensión y en la contradicción alegadas, sin rebatir con éxito las argumentaciones señaladas en la precedente providencia de inadmisión, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 219.1 , 225.3.4 y 5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Manuel Ruiz Santana, en nombre y representación de D. Bartolomé contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de fecha 18 de marzo de 2013, en el recurso de suplicación número 6/13 , interpuesto por D. Bartolomé , frente al auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 10 de los de Las Palmas de fecha 8 de octubre de 2012 , en el procedimiento nº 368/12 seguido a instancia de D. Bartolomé contra AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A.U, Leocadia y OTROS 14 MÁS y MINISTERIO FISCAL, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
