STS 1/2014, 18 de Febrero de 2014
| Ponente | OCTAVIO JUAN HERRERO PINA |
| ECLI | ES:TS:2014:898 |
| Número de Recurso | 9/2013 |
| Procedimiento | SALA DE CONFLICTOS |
| Número de Resolución | 1/2014 |
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Especial Art. 61 LOPJ |
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción constituido por su Presidente y los Excmos. Sres. Vocales anteriormente citados, dotados de la potestad jurisdiccional reconocida en la Constitución, dicta la siguiente:
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Febrero de dos mil catorce.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , constituido por los miembros relacionados al margen, ha visto el conflicto negativo suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Fernando (Cádiz) y la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Cádiz.
En procedimiento de ejecución de título judicial, seguido contra D. Virgilio ante el Juzgado de primera instancia nº 3 de San Fernando (Cádiz) se presentó escrito, con fecha 12 de julio de 2011, por la representación procesal del ejecutante D. Amador , solicitando la revocación de la resolución de 21 de abril de 2008 del Colegio de Abogados de Cádiz, por la que se concedió al primero el derecho de Justicia Gratuita, por considerar que había venido a mejor fortuna y a efectos de que hiciera frente a la condena en costas impuesta en sentencia de 28 de mayo de 2010. Se indicaba en dicho escrito que la parte ya había solicitado ante el Juzgado la impugnación de dicha justicia gratuita, pero había sido inadmitida por Auto de 16 de febrero de 2011, al entender que previamente debía solicitarse la revocación a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, solicitud que se formuló 18 de febrero de 2011, dictándose por dicha Comisión resolución de 15 de junio de 2011 en la que se declaraba incompetente al respecto, entendiendo que la competencia para efectuar la declaración de mejor fortuna corresponde a los Juzgados y Tribunales.
Dado traslado a la contraparte, formula oposición a la solicitud y entiende que se trata de un conflicto negativo de jurisdicción que ha de ser resuelto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
Ante una nueva solicitud de la representación procesal de D. Amador se ordenó la incorporación a las actuaciones del Auto de 16 de febrero de 2011, hecho lo cual se dictó providencia de 17 de junio de 2013 por la que se acordó la elevación de los autos al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, para la resolución del conflicto negativo suscitado.
Recibido testimonio de los autos de Ejecución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de San Fernando, se acordó la formación del correspondiente rollo y su registro y solicitar del Juzgado la remisión de los autos originales y de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita el expediente original abierto al efecto.
Recibidas las actuaciones se dispuso el traslado al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado para el trámite de audiencia correspondiente, manteniéndose por el primero que la competencia para resolver la cuestión planteada corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de San Fernando, como ya ha declarado en caso similar este Tribunal de Conflictos en sentencia de 28 de junio de 2010 , siendo de la misma opinión el Abogado del Estado, que cita al efecto la sentencia de 17 de diciembre de 2009, si bien precisa que la Administración afectada en este caso es la Junta de Andalucía.
En razón de tal alegación se abrió trámite al efecto a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Gobierno y Justicia y, transcurrido el plazo correspondiente sin hacer uso del mismo, se señaló para votación y fallo el 17 de febrero de 2014, en cuya fecha se llevó a cabo tal actividad procesal.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. Octavio Juan Herrero Pina , quien expresa el parecer del Tribunal de Conflictos.
ÚNICO.- La cuestión suscitada en este conflicto de jurisdicción consistente en determinar la competencia para resolver si el beneficiario del derecho a justicia gratuita ha venido a mejor fortuna, con los consiguientes efectos en cuanto al abono de la correspondiente condena en costas, ha sido resuelta de manera reiterada por este Tribunal de Conflictos en varias sentencias, cuyo contenido se recoge en la de 28 de junio de 2010 (conflicto 1/2010 ), en el sentido de que tal decisión pertenece al órgano judicial, según ha dejado sentado este Tribunal en la sentencia de 20 de octubre de 1999 (conflicto 5/99), reproducida posteriormente en la de 18 de diciembre de 2000 (conflicto 9/00) y seguida por la de 17 de diciembre de 2009 (conflicto 2/09).
Así en la sentencia de 1999 se indica que: "Este Tribunal de Conflictos ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre el cambio competencial que deriva del nuevo sistema que, en sustitución de los derogados arts. 13 a 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha establecido la Ley 1/1996 para acreditar la insuficiencia de recursos para litigar y facilitar la provisión de una defensa jurídica gratuita, y que ha sustituido lo que hasta entonces era una directa función jurisdiccional, por una resolución de un órgano administrativo, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, a la que corresponde ahora el reconocimiento o denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita y, al mismo tiempo, la facultad de remisión de oficio de dicha resolución en los casos de falta originaria de los presupuestos fácticos que indebidamente dieron lugar a su concesión ( art. 19 Ley 1/1996 y art. 18 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2103/1996 ). La competencia administrativa queda circunscrita a estas resoluciones de reconocimiento, denegación, o en su caso revocación por revisión de oficio, pero no contemplan el de la revocación por situación sobrevenida de mejor fortuna que prevé el art. 37 de la Ley 1/1996 .
Este supuesto se corresponde con el anteriormente regulado en el art. 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacción dada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto (y el art. 39 en la versión anterior de este código procedimental), que establecía la obligación de los condenados en costas que hubieran obtenido el reconocimiento del derecho a justicia gratuita a pagar las costas causadas en su defensa y la de la parte contraria, con una presunción de mejor fortuna similar a la que el art. 37 de la Ley 1/1996 establece. No es ocioso recordar que el supuesto previsto en dicho art. 48 era distinto del previsto en los arts. 45 y 46 (y antes en los arts. 36 y 38) de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el abono de las costas causadas en la defensa del que venciere en pleito y en relación con lo obtenido, estableciendo como límite máximo al respecto la tercera parte de lo obtenido en el proceso. Es decir, la mejor fortuna a que aludía el art. 48 no derivaba en si misma de lo obtenido en la sentencia, que sin embargo si podía dar derecho al pago de las costas de los profesionales, con una cuantía máxima legalmente prevista de un tercio de lo obtenido.
La Ley 1/1996 se mueve en una lógica distinta, en la medida que el profesional de oficio no actúa gratuitamente, pero ha mantenido la figura de la mejor fortuna sobrevenida, y sigue imponiendo en tal caso la obligación de pagar las costas causadas en su defensa y la de la parte contraria en el caso de haber sido condenado a costas.
Como en su antecedente codificado no se cuestiona el reconocimiento originario del derecho a la asistencia jurídica gratuita, sino que, como resulta también de su colocación sistemática dentro de los supuestos de reintegros económicos en relación con el pago de costas, ante el supuesto sobrevenido de una mejor fortuna que no justificaría la limitación de la efectividad del derecho de quien ha obtenido a su favor la condena en costas, se trata de dar efectividad a la condena en costas impuesta en la sentencia de origen, lo que, como destaca el Ministerio Fiscal, entra dentro de la competencia propia del órgano judicial de hacer ejecutar lo juzgado, sin que ningún precepto legal haya privado al órgano judicial de esa competencia originaria propia. No cabe hablar de un silencio o de una laguna de la ley 1/1996, sino de un propósito claro de ésta de circunscribir a unas concretas y muy limitadas funciones el ámbito de decisión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Por consiguiente, la posible exacción de costas a consecuencia de haber venido a mejor fortuna ha de plantearse y resolverse por el órgano judicial competente para la ejecución de la sentencia. Ello se corresponde además con la relevancia constitucional tanto del derecho al beneficio de justicia gratuita, como derivación del derecho a la defensa y a la asistencia del letrado, pero que no puede justificar privilegios infundados en perjuicio de la otra parte en el proceso, como de la eficacia de la cosa juzgada, siendo competencia exclusiva de los jueces y tribunales, como ejercicio de potestad jurisdiccional hacer ejecutar lo juzgado ( art. 117.4 de la Constitución ), también en relación con la condena en costas."
Como, de manera más sintética, señala la citada sentencia de 17 de diciembre de 2009, se trata de decidir sobre una circunstancia, la de la mejor fortuna sobrevenida, que condiciona la ejecución de un pronunciamiento judicial, como es la condena en costas, de cuya efectividad se trata, lo que entra en la competencia propia del órgano judicial de hacer ejecutar lo juzgado.
Por todo ello la competencia para resolver en este caso corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de San Fernando (Cádiz).
En consecuencia:
La competencia a que se refiere el presente conflicto negativo de jurisdicción corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de San Fernando (Cádiz).
Publíquese en el Boletín Oficial del Estado
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos
-
ATSJ Galicia 116/2020, 22 de Octubre de 2020
...119 de la Constitución española, por lo que éste se constituye en un mero incidente de la cuestión principal, como así lo declaran la STS de 18.02.14, las SsSCJ de 29.06.99 y 28.06.10, las SsTC 16/1994, 117/1998, 95/2003, 128/2014, 90/2015 y 124/2015 y los AaTC 120/2011 y Dispone el artícul......
-
AAP Málaga 439/2020, 22 de Septiembre de 2020
...en relación al cual se solicitaba esta revisión, decantándose por esta segunda solución la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo en sentencia de 18 de febrero de 2014 señalando que "la cuestión suscitada en este conflicto de jurisdicción consistente en determinar la competencia para res......
-
SAP Madrid 579/2020, 27 de Noviembre de 2020
...octubre de 2002 , 22 de mayo de 2003 , 3 de febrero de 2004 , 21 de octubre de 2005 , 23 de octubre de 2006 , 9 de marzo de 2011 , y 18 de febrero de 2014 ; y del Tribunal Constitucional 182/2000 y 187/2000 , ambas de 10 de julio; 93/2002, de 23 de abril ; y 126/2011 , de 18 de - Sentado cu......
-
AAP Barcelona 52/2023, 27 de Febrero de 2023
...revocación del beneficio de justicia gratuita, la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, en sentencias del 28 de junio de 2010 y 18 de febrero de 2014, declaró que "... la decisión sobre la concurrencia de una circunstancia, la de la mejor fortuna sobrevenida, que condiciona la ejecució......
-
Legitimación para recurrir
...–rec. 91/2016–. 102 Como ocurre en el caso de la citada STS UD 15.10.2013 –rec. 1195/2013–. 103 STS UD 20.07.2017 –rec. 2832/2015–. 104 STS 18.02.2014 –rec. 105 STS UD 26.01.2016 –rec. 2227/2014–. 106 STS 23.11.2016 –rec. 91/2016–: “cabría la formulación de fundamentos adicionales para resp......
-
Las tasas judiciales
...y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. 339 Aplicando idéntico criterio, véase las SSTS 18.02.2014 –rec. 74/2013–, 15.07.2014 –rec. 220/2013–, 20.11.2014 –rec. 116/2013–, UD 11.05.2016 –rec. 3323/2014–, AATS 180 EL ANUNCIO DEL RECURSO DE SUPLIC......
-
Cuestiones prácticas sobre justicia gratuita y costas a la luz de la doctrina y jurisprudencia
...a favor de la competencia de los órganos judiciales para asumir dicha función, y así por ejemplo, la sentencia de 18 de febrero de 2014 de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo (Nº de Recurso: 9/2013, Nº de Resolución: 1/2014, Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA) destacaba sobre esta pe......
-
Justicia gratuita y reintegro de las costas procesales: aspectos cuestionables de lege lata y propuestas de lege ferenda
...a su vez cita las SSTS de igual Sala de 20 de octubre de 1999 y 18 de diciembre de 2000; y 18 de febrero de 2014, FD Único [ CENDOJ núm. ROJ STS 898/2014). Siguiendo esta misma postura, entre otras resoluciones de la jurisprudencia menor, el AAP de Barcelona —Sección 4.ª— de 22 de diciembre......