ATS 2004/2013, 31 de Octubre de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 2004/2013 |
| Fecha | 31 Octubre 2013 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Octubre de dos mil trece.
Por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª), en el Rollo de Sala 19/2013 dimanante del Procedimiento Abreviado 7602/2009, procedente del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, se dictó sentencia, con fecha 24 de mayo de 2013 , en la que se absuelve a Alejo y a Valentina del delito de apropiación indebida y del de simulación de delito de los que habían sido acusados.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la acusación particular ejercida por la entidad "ECUACENTRO EXPRESS S.L", mediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales D. Javier Pérez-Castaño Rivas, articulado en dos motivos: infracción de ley y error en la apreciación de la prueba.
En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal y los acusados absueltos, mediante escrito presentado por el Procurador D. Ignacio Batllo Ripoll, se opusieron al mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Juan Saavedra Ruiz.
ÚNICO.- En el motivo primero, se invoca infracción de ley por indebida inaplicación del arts 22.6 , 250.1.6 , 250.2 y 457 del CP . En el motivo segundo, formalizado al amparo del art. 849.2 LECrim ., se invoca error en la apreciación de la prueba. Los dos motivos están, en realidad, vinculados entre sí, de ahí que los abordemos agrupadamente.
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En el motivo primero la recurrente alega infracción de ley, al concurrir como acción típica del delito de apropiación indebida, el acto de apropiación o de distracción sin título para disponer del objeto del delito, así como el perjuicio. Considera acreditado que el acusado recibió 46.116,28 euros para que los depositara en una entidad bancaria como persona de confianza de la empresa y sin embargo, se apropió de dicha cantidad alegando que había sufrido un atraco.
En el motivo segundo, la recurrente no señala documento alguno a estos efectos casacionales, pero alega que el Tribunal de instancia se equivoca en la interpretación de las declaraciones de los testigos y de las averiguaciones policiales, ya que con base en éstas queda perfectamente acreditado que el atraco no tuvo lugar y que la acusada ingresó grandes cantidades de dinero en su lugar de trabajo, en fechas cercanas al momento en que se le encarga al acusado ingresar la cantidad de dinero anteriormente expuesta.
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Es preciso recordar, como ha hecho esta Sala en diversas resoluciones, el criterio restrictivo implantado por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a la extensión del control del recurso de apelación y de casación sobre las sentencias absolutorias cuando se dirimen cuestiones de hecho relacionadas con la apreciación de pruebas personales, criterios instaurados por la sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002 , que se han visto reafirmados y reforzados en numerosas resoluciones posteriores del mismo Tribunal (SSTC 170/2002 , 197/2002 , 118/2003 , 189/2003 , 50/2004 , 192/2004 , 200/2004 , 178/2005 , 181/2005 , 199/2005 , 202/2005 , 203/2005 , 229/2005 , 90/2006 , 309/2006 , 360/2006 , 15/2007 , 64/2008 , 115/2008 , 177/2008 , 3/2009 , 21/2009 y 118/2009 , entre otras). En esas resoluciones el Tribunal Constitucional considera que se vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías cuando el tribunal de la revisión, sin respetar los principios de inmediación y contradicción, procede a revisar y corregir la valoración o ponderación de las pruebas efectuada por el juez de instancia y revoca, en virtud de una reinterpretación de unas pruebas que no ha practicado, la sentencia absolutoria apelada.
El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad, y también el de defensa impide, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que los órganos de la revisión modifiquen la valoración de tales pruebas sin haberlas practicado de forma directa y personal en la instancia de revisión. Es por ello que la pretensión de revisión que el recurrente, acusación particular, plantea sobre la base de una revaloración de la prueba, carece de posibilidad de ser estimada por no realizar esta Sala la percepción de la prueba y no disponer de la presencia del acusado para poder expresar su defensa.
En cuanto al error en la apreciación de la prueba, los requisitos que ha exigido la reiterada jurisprudencia de esta Sala para que este motivo de casación pueda prosperar son los siguientes: 1) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal; y 4) que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.
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La anterior doctrina en su proyección al caso enjuiciado nos aboca a la inadmisión del recurso. Desde la óptica de la tutela judicial efectiva observamos que se ha ofrecido una fundada respuesta a la pretensión condenatoria formulada por la acusación, aunque contraria a sus intereses.
Consta en el relato fáctico de la sentencia que el acusado era empleado del locutorio Ecuacentro Expres S.L y en fecha 6-10- 2011, recibió, según dice el apoderado de la empresa, la cantidad de 46.116,28 euros para ser ingresada en el Banco de Sabadell. La cantidad no llegó a ser ingresada habiendo denunciado el acusado haber sido víctima de un robo con violencia, hecho éste seguido en el Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid. No consta que el acusado, ni su esposa, también acusada, se apropiaran de la cantidad señalada.
Para la Sala de instancia no ha quedado probado que el acusado recibiera la cantidad concreta que la acusación particular dice haberle entregado. Por tanto, no queda probada la recepción de cantidad, pero sí ha quedado probado que el acusado llamó a la policía por haber sido víctima de un atraco, pero se desconocen las actuaciones procesales que se derivaron de dicho delito. Por tanto la Sala de instancia no considera probados la comisión de ninguno de los delitos.
Por otra parte la valoración de la prueba no cabe tildarla de irracional o ilógica y está lejos de cualquier atisbo de arbitrariedad. La sentencia no se distancia del canon constitucional impuesto por una valoración racional de la prueba. Antes al contrario, realiza una ejemplar ponderación de todos los elementos de cargo que fueron ofrecidos por la acusación particular para respaldar sus imputaciones.
Los documentos que se citan indirectamente en el recurso, (declaraciones testificales e ingresos de dinero en el locutorio de la acusada) fueron también valorados por el Tribunal de instancia y desde luego carecen de la literosuficiencia exigida para evidenciar el error en la valoración o apreciación de la prueba que se denuncia. Pero con independencia de la necesidad de rechazar esa pretendida quiebra de la coherencia lógica de la argumentación de la Sala de instancia, es obligado recordar - decíamos en las SSTS 2586/2007, 24 de abril , 1024/2007, 30 de noviembre y 120/2009, de 9 de febrero - los límites a la capacidad de impugnación que asiste a la parte acusadora para reaccionar frente a una sentencia absolutoria que no acoja la pretensión formulada. El derecho a la tutela judicial efectiva extiende su ámbito de protección a todas las partes en el proceso. Sin embargo, cuando lo que se pretende es la revocación de un pronunciamiento absolutorio, esgrimir el derecho a la presunción de inocencia supone una verdadera alteración funcional de su genuina dimensión constitucional. Dicho en palabras de la STS 1257/2000, 14 de julio -ratificadas por la STS 372/2002, 28 de febrero -, darle la vuelta al principio de presunción de inocencia e invocarlo como un derecho fundamental de carácter abstracto e impersonal, que se esgrime ante resoluciones absolutorias o simplemente desfavorables a las pretensiones de la acusación, rompe los esquemas del modelo constitucional y pretende extender, más allá de su ámbito estricto, un derecho fundamental que sólo puede tener virtualidad concebido desde la perspectiva procesal de la persona individual y física a la que se le imputa la comisión de un hecho delictivo.
Por cuanto antecede, procede la inadmisión del recurso por su falta de fundamento ( art. 885.1 LECrim ).
En consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por la parte recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Se declara la pérdida del depósito si la parte recurrente lo hubiera constituido.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
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SAP Pontevedra 34/2018, 30 de Abril de 2018
...su contenido, se suscitarían otras cuestiones . Por último y en cuanto a la resolución aludida por la parte recurrida, Auto del TS 2004/2013 de 31 de octubre de 2013, referido al error en la valoración de la prueba en el caso de sentencias absolutorias, señala " Consta en el relato fáctico ......