ATS, 18 de Septiembre de 2013

Ponente:MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Número de Recurso:3182/2012
Procedimiento:SOCIAL
Fecha de Resolución:18 de Septiembre de 2013
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social
RESUMEN

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL. La Sala considera que tales dolencias, dada su entidad y alcance funcional, no le inhabilitan para realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual, máxime constando que llevaba a su exclusivo cargo un grupo de trabajadores. La sentencia seleccionada de contraste es la dictada por esta Sala el 9 de abril de 1990, que deniega el reconocimiento de una incapacidad permanente total a la demandante, directora de una empresa en la que es la única empleada y donde desempeña esencialmente funciones administrativas y por lo tanto sedentarias, al considerar que esas funciones son compatibles con las dolencias padecidas. Se desestima la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AUTO

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Septiembre de dos mil trece.

Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea

HECHOS

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Alicante se dictó sentencia en fecha 12 de diciembre de 2012 , en el procedimiento nº 137/2011 seguido a instancia de D. Urbano contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 25 de septiembre de 2012 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 27 de noviembre de 2012, se formalizó por el letrado D. Luis Amat Navarro en nombre y representación de D. Urbano , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 27 de junio de 2013, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .

La sentencia impugnada confirma la dictada en la instancia, que ha desestimado la demanda solicitando el reconocimiento de la incapacidad permanente total. El actor, afiliado al RETA trabajaba como oficial albañil autónomo en el sector de la construcción, llevando una cuadrilla de trabajadores. Presenta el siguiente cuadro residual: neumotórax derecho espontáneo por enfisema bulloso en lóbulo superior derecho que requirió tratamiento quirúrgico con lobeclonia superior derecha el 15/07/05 por distrofia del mismo y plerectomia parietal apical por adherencias, enfisema pulmonar bilateral diseminado y generalizado, padeció un episodio de parada respiratoria el 07/10/10 e insuficiencia cardiaca congestiva el 28/03/10, e hipocinesia cardíaca global crónica más marcada en cara anteroseptal basal y media, insuficiencia respiratoria resuelta, hiperuricemia crónica, bronquitis crónica obstructiva con exacerbación AG, síndrome vertiginoso crónico (vertido periférico) estados de ansiedad dentro del periodo comprendido del 12/02/08 al 08/01/09, y trastornos neuróticos crónicos. El demandante es obeso y fumador activo importante y las antedichas patologías le acarrean limitaciones orgánicas y funcionales consistentes en disnea a moderados esfuerzos (por terreno llano si deambula deprisa) y limitación a efectos de llevar a cabo actividades con requerimientos físicos de mediana y gran intensidad y/o que conlleven permanencia en ambientes de constatada contaminación aérea y/o en altura, debiéndo seguir tratamiento farmacológico.

La Sala considera que tales dolencias, dada su entidad y alcance funcional, no le inhabilitan para realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual, máxime constando que llevaba a su exclusivo cargo un grupo de trabajadores.

La sentencia seleccionada de contraste es la dictada por esta Sala el 9 de abril de 1990 (Rec. 3277/1989 ), que deniega el reconocimiento de una incapacidad permanente total a la demandante, directora de una empresa en la que es la única empleada y donde desempeña esencialmente funciones administrativas y por lo tanto sedentarias, al considerar que esas funciones son compatibles con las dolencias padecidas.

En consecuencia, no puede apreciarse la contradicción alegada porque los pronunciamientos son coincidentes y tanto las secuelas acreditadas como las profesiones habituales de los interesados son distintas (la actora de la sentencia de contraste presenta un cuadro residual de histerectomía; intervención de colecistectomía; hernia de hiato; cervicoartrosis; espondiloartrosis lumbar; dolor y limitación funcional del hombro derecho).

Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado en los autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001 ), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002 ), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002 ), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003 ), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002 ) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003 ). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» ( sentencia de 17 de febrero de 2010, R. 52/2009 ).

SEGUNDO

De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Luis Amat Navarro, en nombre y representación de D. Urbano contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 25 de septiembre de 2012, en el recurso de suplicación número 1357/2012 , interpuesto por D. Urbano , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Alicante de fecha 12 de diciembre de 2012 , en el procedimiento nº 137/2011 seguido a instancia de D. Urbano contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.